El destino de la segunda deuda más grande de la Argentina, detrás del préstamo con el FMI que Mauricio Macri tomó en 2018, podría tener un inesperado giro favorable para el país: aunque ya firmó una sentencia que obliga al Estado a pagar 16.000 millones de dólares al fondo estadounidense Burford por el modo en que fue estatizada YPF en 2008, esta semana la jueza estadounidense Loretta Preska abrió una consulta a las partes del proceso para consultarlos sobre una inquietante denuncia que aterrizó en su escritorio y podría llevarla a anular su fallo. La Argentina tiene tiempo hasta este martes para responder al tribunal.

Se trata de la presentación que el lunes pasado realizó al organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), litigante y participante de distintos procesos judiciales en cortes internacionales en los que están en juego intereses argentinos.

Para comprender la importancia capital de la noticia, es necesario ingresar a un áspero laberinto de negociados, traiciones, oportunistas y rocosos expedientes judiciales. Veamos.

A través del abogado argentino Fernando Irazu, RAFA se presentó en el juzgado de Preska con información y documentos sobre la supuestamente fraudulenta compra en 2008 del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en connivencia delictiva con el matrimonio Kirchner, del que se sospecha fue su testaferro.

Cuando luego de la muerte de Néstor Kirchner y una jamás esclarecida ruptura de la relación de su viuda con Eskenazi, en abril de 2012 el gobierno tomó el control de la petrolera, sólo expropió el paquete mayoritario de acciones, que tenía la firma española Repsol. Ignoró a su otrora íntimo socio argentino.

Luego de algunos intentos de negociar, Petersen vendió los derechos del reclamo penal por no haber sido indemnizados, que terminaron en manos de los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park. ¿Sólo de ellos, sin ninguna participación o cláusula secreta en favor de los Eskenazi? Todos ellos juran que no.

El reclamo judicial comenzó a andar en la correspondiente sede neoyorquina, y después de otra serie de peripecias acabó con la condena a que la Argentina pague 16.000 millones de dólares a Burford y Eton.

Con las cartas echadas, el doctor Irazu presentó en el juzgado de Preska una Moción de la Regla 60 -instrumento procesal para pedir la anulación de una sentencia- que contiene la denuncia que Elisa Carrió hizo en Comodoro Py en 2006 por el supuesto vaciamiento de YPF para luego comprar más baratas sus acciones, y las sucesivas ampliaciones en 2012 y 2023, en las que acusa a los Kirchner de haber convenido con Eskenazi la captura de las acciones de la petrolera.

A través de los años, Carrió aportó más pruebas de aquella supuesta complicidad, y el posterior negocio millonario del reclamo judicial porque el Estado no pagó las acciones que tenían los Eskenazi. Para la fundadora de la Coalición Cívica, sus verdaderos dueños eran los Kirchner, que durante todo el proceso se mostraron cuanto menos tibios para defender los intereses del país y no indemnizar a Petersen (luego Burford y Eton).

Entre los sucesivos denunciados por la Coalición Cívica están desde Cristina Kirchner y Axel Kicillof hasta Julio De Vido y Carlos Zannini.

En su presentación en Nueva York, RAFA también sumó un segundo exhibit, como se llaman las nuevas pruebas con las que se pretende reabrir un caso. Se trata de un explosivo informe secreto de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) confeccionado en 2018 por su titular durante el gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici.

El trabajo de inteligencia financiera, al que ahora accedió Clarín, desmenuza paso por paso los aparentes enjuagues financieros del Grupo Petersen para hacerse de las acciones de YPF y la persistencia actual de supuestos derechos económicos sobre el resultado de la multimillonaria demanda de Burford.

«No se puede descartar que el arribo del Grupo Petersen en Repsol YPF pudo ser consecuencia de una maniobra diseñada, o planificada, con la complicidad del gobierno de turno, en ese entonces, bajo la presidencia de Cristina Kirchner«, dice el informe secreto que leyó -y consideró- la jueza Preska.

Esa montaña de información precisa, detallada y documentada fue completamente soslayada por el juez que hace casi dos décadas debe investigar estos conjeturales delitos, y que ni siquiera formuló una sola citación a indagatoria en el caso. ¿Su nombre? Ariel Lijo.

«Como parte interesada, yo pedí la intervención en el caso, la investigación, la suspensión y la revocación del fallo de Preska por las razones contempladas en la Regla 60, ya que lo debe hacer la misma jueza que dictó la sentencia», dice a Clarín el doctor Fernando Irazu.

Las mociones para anular sentencias dictadas en causas civiles en los tribunales inferiores de los Estados Unidos se rigen por la Regla 60 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Por lo general, la moción no puede basarse en motivos que se hayan considerado previamente, por lo que solo puede concederse en circunstancias inusuales, como cuando la sentencia se obtuvo mediante fraude que no pudo haberse descubierto en el momento del juicio.

«El proceso fue planteado como una disputa civil o comercial, un túnel que te lleva a este resultado, cuando en realidad es un tema de derecho penal. Y los intereses del Estado Argentino e YPF con los Kirchner difieren de los intereses de los argentinos, evidentemente», desliza el titular de RAFA.

«El tema se planteó como una disputa derecho privado cuando en realidad estamos frente a un esquema criminal internacional que decanta en fraude procesal ante un tribunal norteamericano para llevarse el botín», acelera el abogado.

Irazu pidió la Regla 60 ex parte, es decir sin participación de ninguna de las otras partes del proceso, «porque solicité que se ordene una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia estadounidense y la agencias relevantes a nivel internacional, desde Estados Unidos. Argumenté que debía ser ex parte porque los investigados y eventualmente acusados no debían ser alertados.»

Pero cuando el miércoles pasado la jueza aceptó y giró su reclamo a todas las partes decidió darles vista de todo, excepto los dos exhibits: el expediente Carrió que duerme en las cajoneras de Lijo y el radiactivo informe secreto de la UIF sobre los Eskenazi.

«Es decirle a los Eskenazi, Kirchner, Burford y Eton que el Departamento de Justicia de Washington y otros organismos deben investigarlos y someterlos a proceso penal», dice el representante de la Republican Action for Argentina. «Asumo que la jueza desea ver qué tienen para decir el Estado Argentino e YPF, quienes nunca argumentaron lo que yo ahora estoy argumentando, por razones obvias: los Kirchner y los Eskenazi controlaron en la práctica el Estado Argentino e YPF en momentos clave del proceso. Cuando se inició la demanda y cuando se emitió el fallo, Kirchner estaba en el poder.»

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli redondea: «el doctor Irazu se presentó ante el juzgado de Loretta Preska para solicitar que se investigue la comisión de delitos de defraudación, estafa procesal y lavado de activos, cometidos por una asociación criminal comandada por Cristina Kirchner, utilizando de testaferros a la familia Eskenazi».

«Allí se denunció que los derechos legales para litigar contra YPF y la Argentina obtenidos por Burford fueron fruto de maniobras ilícitas de defraudación al Estado argentino y de lavado de activos en España. Por ese motivo, se solicitó que se investigue un fraude al sistema judicial estadounidense, intentando ejecutar bajo apariencia de una actividad comercial los frutos de esos delitos», concluye Campagnoli.

Mientras avanza el tic tac del reloj procesal hasta el martes, cuando vencerá el plazo para responder a Preska, crece la expectativa sobre cuál será esa respuesta por parte del gobierno e YPF: ¿apoyará y abundará la tesis con la que la Republican Action for Argentina abrió una inesperada rendija para discutir el pago de 16.000 millones de dólares? ¿Hay en esas oficinas real conciencia de la envergadura de esa responsabilidad? Clarín se contactó con la procuración del Tesoro y el ministerio de Justicia, que no quisieron responder al respecto.