«El 15 de abril fue cuando el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó oficialmente a los dos candidatos del poder ejecutivo, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, para ocupar los cargos vacantes en la Corte Suprema y a partir de la mencionada fecha se abrió el plazo a través del cual la ciudadanía tenía la posibilidad de presentar impugnaciones o avales de los postulantes», comenzó la licenciada María Hegglin.

La especialista en relaciones internacionales detalló que «el 9 de mayo cerró el plazo y desde ACIJ presentamos impugnaciones para ambos candidatos y se supone que ahora el poder ejecutivo debe leer las observaciones para luego decidir avanzar y presentarlos oficialmente al Senado para que con dos tercios de los votos de los presentes decida la aprobación o rechazo de los postulantes».

«Nosotros lo que sabemos es a través de información pública disponible, lo que investigamos vía internet y los datos disponibles en el poder judicial en el caso de Lijo y los datos de los papers que ha escrito como académico García Mansilla«, indicó la integrante de la asociación civil por la Igualdad y la Justicia. Asimismo, explicó que «a partir de ahí, sistematizamos la información, la analizamos e interpretamos quiénes eran estas personas y más allá de los rumores tratamos de ver la información para hacer una impugnación justificada».

«Uno de los decretos que reglamenta la postulación dice que los candidatos deben cumplir con un requisito mínimo de idoneidad técnica y jurídica, independencia de poderes políticos y económicos, y compromiso con los derechos humanos y democracia», resaltó Hegglin. Y destacó: «Sin embargo, en el caso de Lijo identificamos a través de pedidos de Acceso a la Justicia y del Observatorio de Causas de Corrupción del CIJ que él es juez de instrucción e investiga este tipo de casos, pero notamos en primer lugar que no es un juez eficiente por lo cual no cumple con el requisito de idoneidad».

«Los antecedentes que se publicaron en el Boletín Oficial dice que es un abogado de Buenos Aires, pero no cuenta con maestría ni doctorados, simplemente con una especialización en administración de la justicia, no tiene publicaciones o investigaciones académicas y en realidad la mayor parte de su CV consiste en eventos a los que asistió, conferencia en donde fue ponente, pero nada que dé cuenta de ser un jurista reconocido».

Finalmente, cerró: «Los datos que tenemos muestran una falta de eficacia en casos de corrupción porque notamos graves dilaciones y demoras en las investigaciones de las causas donde de ochenta y nueve casos de corrupción veintiséis siguen abiertas y de esos hay trece que se están investigando -es decir, no pasaron a juicio oral- desde hace más de diez años. Además, es el tercer juez más denunciado en Comodoro Py». (www.REALPOLITIK.com.ar)

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