El embajador argentino ante Uruguay, Alan Beraud, confirmó que en los primeros días de julio “habrá una cumbre de presidentes” del Mercosur en Buenos Aires. Será en el marco del traspaso de la presidencia pro témpore de la Argentina a Brasil, acto que debería encontrar por primera a Javier Milei con Lula da Silva. No se aguantan, nunca se hablaron.

De acuerdo a lo que le dijo Beraud, la cumbre en Buenos Aires sera “la oportunidad” también para el primer encuentro entre Milei y Yamandú Orsi. El presidente argentino no fue a la asunción del uruguayo en la mañana del pasado 1° de marzo porque a la noche tenía la inauguración de las sesiones del Congreso. Pese a ello, Beraud aseguró que las relaciones dentro del Mercosur “funcionan muy bien”.

Los hechos recientes dan muestra de lo contrario. En su presidencia pro témpore de estos seis meses, el gobierno argentino buscó concentrar el funcionamiento del bloque en el aspecto meramente económico, lo que es un plano central para sus socios, pero no el único. Y también intentó centrar la agenda en una política «espejo» de la alianza de Milei con Donald Trump y de la búsqueda de rebajas de aranceles para ir hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. El camino no es imposible, pero tampoco fácil.

Vale recordar lo ocurrido el martes 6 de mayo pasado, cuando se realizó por zoom una reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur (RAADH) organizada por la Presidencia Pro Témpore Argentina (PPTA). Esta terminó con un estado de furia regional hacia la Argentina, y la protesta de Brasil y Uruguay porque los argentinos dinamitaron el encuentro.

La reunión estuvo a cargo del Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y de la polémica Directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Úrsula Basset. Baños es un juez penalista jubilado, amigo y vecino de country del ministro de Justicia Cúneo Libarona. Úrsula Basset es abogada católica de línea conservadora, doctora en ciencias jurídicas por la Universidad Católica Argentina. Si bien la reunión estuvo presidida por Baños, la organización, convocatoria y las intervenciones de la delegación argentina corrieron por cuenta de Basset.

Días después tomó estado público que el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil dirigió a Baños el 14 de mayo un oficio en el que expresó su “ profunda preocupación” por “el accionar de la Presidencia Pro Tempore de Argentina (PPTA)” acusándola de “violaciones a los principios de transparencia, pluralismo y participación en la conducción de las reuniones regionales”.

El oficio agregó que la Presidencia argentina omitió convocar la reunión con la debida antelación, marginó al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), central en el bloque y que tiene sede en Buenos Aires y está a cargo de la brasileña Andresa Caldas.

Además, acusaron a la Cancillería de impedir la participación calificada de la sociedad civil y se negó a firmar las actas de las reuniones, en abierta contradicción con las normativas del bloque. De manera aún más preocupante, indica el oficio, la presidencia argentina intentó restringir el derecho a la expresión de las delegaciones, pretendió imponer unilateralmente una agenda sin justificación ni debate y “trató descortésmente” a las delegaciones.

Por su parte, las organizaciones de la Sociedad Civil y la Federación Argentina LGTBI+ emitieron sendos comunicados en los que denunciaron este accionar como un retroceso institucional que vulnera los compromisos asumidos por la Argentina en materia de integración y promoción de los derechos. La invisibilización de los mecanismos participativos, el desprecio por las instancias técnicas y la negativa a registrar los debates constituyen prácticas inadmisibles que lesionan la legitimidad de los espacios internacionales, indicaron al respecto.

Asimismo, los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto de resolución en el Congreso en el que se expresa “el más enérgico repudio al accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina que, en ejercicio de la presidencia pro témpore del Mercosur, obstaculizó de manera deliberada la realización de la XLV Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del organismo regional (RAADH), atentando contra los principios de cooperación y compromiso regional en materia de derechos humanos”.

Consultadas por Clarín, algunas delegaciones que participaron de la reunión de la RAADH cuestionaron el desconocimiento de Basset de normas internacionales básicas y del Mercosur en materia de derechos humanos, indicando que se notaba que no es experta en la materia y que no tiene experiencia diplomática ni multilateral. Si bien Basset es doctora en ciencias jurídicas, su especialización es el derecho de familia, no el derecho internacional de los derechos humanos.

Aunque Basset dice valorar la elegancia en el decir y en el obrar, no es la primera vez que la nueva Directora de Derechos Humanos está involucrada en escándalos internacionales. En junio de 2024 intervino en la Asamblea General de la OEA, defendiendo posturas rupturistas que llevaron al aislamiento de la Argentina en dicho organismo (sólo fueron apoyadas por Nicaragua y El Salvador), sin tener siquiera un cargo formal en la Cancillería, realizando declaraciones en lugar de Sonia Cavallo (entonces embajadora en la OEA) o de Diana Mondino (entonces Canciller).

Además, Basset habría sido la autora intelectual de que la Argentina fuera el único país del mundo que votara en contra de las resoluciones sobre eliminación de violencia contra mujeres y niñas y de derechos de los pueblos indígenas, en noviembre de 2024 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esas resoluciones fueron votadas a favor por Estados Unidos e Israel. Lo paradójico es que Diana Mondino fue echada en octubre del año pasado por el Presidente por votar distinto a Estados Unidos e Israel la resolución sobre el levantamiento del bloqueo a Cuba.

A las preocupaciones de las delegaciones del Mercosur se sumarían las de otras democracias liberales como las de la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelandia, Costa Rica, entre otros, porque en octubre próximo la Argentina podría volver a ser electa miembro del Consejo de Derechos Humanos por tres años, en elecciones que tendrán lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Argentina ya tiene los suficientes votos acordados con otros países durante la Presidencia de Alberto Fernández.

Al respecto, las preocupaciones radican en que son conocidas las posturas de Basset en contra de la perspectiva de género, de los derechos de la comunidad LGTBI, de la Agenda 2030 y del Pacto del Futuro, y su defensa irrestricta de los llamados “discursos de odio” en las redes sociales, que justifica como parte del derecho “absoluto” a la libertad de expresión, pero que están prohibidos por la legislación vigente en la Argentina, tanto interna como internacional.

Son los llamados discursos de odio que también fueron condenados en el Tedeum del 25 de mayo por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, a los que denominó “terrorismo de las redes” citando al Papa Francisco.