La Casa Rosada prepara para esta semana una ronda de reuniones con gobernadores para avanzar en los acuerdos por las cajas jubilatorias no transferidas y acercar posiciones en la previa de la negociación por la reforma política. El encargado de llevar adelante esas conversaciones será el ministro del Interior, Diego Santilli, que recibirá a algunos mandatarios en Balcarce 50 y visitará a otros en sus provincias.

El movimiento forma parte de una estrategia política más amplia del Gobierno para ordenar el vínculo con las provincias antes de abrir una nueva etapa de discusiones legislativas. En el oficialismo reconocen que la reforma política todavía no está cerrada y aseguran que el documento final será presentado el martes en la mesa política.

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En el Ejecutivo sostienen que una parte central de la negociación con los gobernadores pasa hoy por el frente previsional. Hay 13 provincias que mantienen cajas jubilatorias propias y Nación dejó de girar en 2024 los anticipos automáticos, con el argumento de que primero debían completarse las auditorías técnicas de la ANSES para determinar el rojo a compensar.

La situación ya no es la misma que a fines de 2025 y hay al menos seis provincias que cerraron convenios parciales o anticipos de financiamiento con Nación: Córdoba, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Neuquén y Misiones. Mientras que Córdoba firmó en mayo de 2025 un principio de acuerdo por un flujo mensual de $5.000 millones mientras avanzan las auditorías, Entre Ríos acordó en octubre de 2025 anticipos por $48.000 millones y Chaco firmó en octubre de 2025 un esquema por $40.000 millones.

La Pampa selló además en diciembre de 2025 un convenio por $62.500 millones, Neuquén firmó en febrero de 2026 un anticipo de $48.000 millones en 12 cuotas y Misiones suscribió en marzo de 2026 un convenio para iniciar el cobro de parte de la deuda. Santa Fe aparece en ese esquema como uno de los casos centrales que el Gobierno quiere destrabar.

La provincia rechazó la oferta que le había hecho Nación por considerarla insuficiente y mantiene abierto el reclamo judicial ante la Corte Suprema, con el argumento de que no aceptará resignar fondos ni convalidar un corte del flujo mensual. En la gestión de Maximiliano Pullaro insisten además en que la deuda previsional es la principal condición para retomar un diálogo político más fluido con Nación.

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Córdoba también sigue ocupando un lugar sensible en la negociación, aunque con una dinámica distinta. Además del acuerdo original firmado con la ANSES en mayo de 2025, en los últimos días el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que los envíos mensuales pasarán de $5.000 millones a $10.000 millones a partir de mayo de 2026.

El punto técnico que miran en el Ejecutivo y en las provincias es el vencimiento de los plazos de auditoría. En el caso cordobés, el acuerdo firmado en 2025 fijó que durante ese período debían conciliarse las auditorías de los ejercicios 2019 a 2024, un proceso que distintos actores provinciales ubican con horizonte en el corto plazo. En la Casa Rosada aseguran que el resultado de esas revisiones será lo que defina el ritmo de los próximos convenios y la posibilidad de ampliar los anticipos.

Casa Rosada, Gobernadores

En las últimas horas, nuevas pruebas surgieron en la investigación judicial por el caso Libra, la criptomoneda promovida por el presidente Javier Milei con un posteo en X, hace más de un año, el 14 de febrero del 2025.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora en Diputados -un trámite paralelo a la pesquisa judicial-, detalló en radio Mitre las sospechas de presuntas conexiones entre el jefe de Estado, su entorno y empresarios, que ahora serán eje de una conferencia de prensa que se realizará esta tarde en el Congreso.

Ferraro señaló que el presidente y varios funcionarios deberán responder ante la justicia y el Congreso. Sostuvo que persisten preguntas sobre la adjudicación del contrato vinculado al token Libra y afirmó que las pruebas muestran que “el presidente mintió”.

El diputado remarcó que la investigación permitió rastrear 16 ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de intermediarios relacionados con el caso. Además, se identificaron transferencias que coinciden con un memo hallado por peritos informáticos en el marco de la investigación judicial.

En ese documento, figura el nombre de Mauricio Novelli, señalado como intermediario de pagos por cinco millones de dólares provenientes de Hayden Davis, el empresario estadounidense creador de la criptomoneda.

Ferraro describió cómo Davis transfirió fondos a distintas cuentas, que luego se derivaron a una “cueva cripto”, y que en la operación participó un jubilado de 75 años como intermediario.

Según el legislador, la ruta del dinero coincide con los registros de un memo que hallaron los peritos convocados por la Justicia en el teléfono de Novelli y fue posible reconstruirla gracias a pericias informáticas.

Las pruebas que comprometen al entorno presidencial

El diputado explicó que la Comisión no pudo vincular de forma directa a Javier Milei ni a Karina Milei con el destino final del dinero, pero sí logró establecer el rol de Novelli y Davis en las transferencias.

Sobre el presunto pacto para el pago de 5 millones de dólares tras la promoción de la criptomoneda, Ferraro afirmó: “Estos montos coinciden en tres pagos anotados en el memo de Novelli, uno de un millón y dos de dos millones de dólares, tanto en cripto como en efectivo”.

El informe también da cuenta de comunicaciones entre el presidente Milei y Novelli el 14 de febrero, día en que Milei publicó en redes sociales el mensaje promocionando el token Libra. Ferraro detalló que hubo “cientos de llamados”, de los cuales ocho se registraron entre el presidente y Novelli entre las 19 y la medianoche de ese día.

La sospecha es que las conversaciones previas al tuit fueron para coordinar la promoción del contrato y del token. Tras la publicación, se intensificaron los llamados, incluyendo contactos entre Novelli y Karina Milei, así como con Santiago Caputo y Damián Reidel, entonces jefe de asesores del Presidente.

El circuito de pagos y la operatoria

Según la investigación parlamentaria, Hayden Davis viajó de urgencia a la Argentina el 30 de enero para firmar un pacto de confidencialidad. El viaje, de treinta y ocho horas, coincidió con los chats de Novelli y fue corroborado mediante pericias a dispositivos electrónicos. Ferraro subrayó que el circuito de pagos se organizó a través de cuentas y criptomonedas, y que intervinieron terceros para mover fondos hacia billeteras digitales.

La operatoria incluyó la utilización de información privilegiada. Ferraro mencionó que “treinta y seis personas accedieron a datos que les permitieron alzarse con más de un millón de dólares cada una” mediante billeteras cripto.

Críticas a la fiscalía y próximos pasos en el Congreso

Ferraro cuestionó la actuación del fiscal Jorge Taiano, a cargo del expediente, por la lentitud en la investigación. Indicó que, tras más de un año, “no se citó a declarar a ningún testigo, ni siquiera en calidad testimonial”.

El diputado adelantó que la Cámara de Diputados evaluará los próximos pasos institucionales. Esta tarde, a las 16, se realizará una conferencia de prensa para presentar el cierre de la Comisión Investigadora y poner a disposición de la justicia federal la documentación reunida sobre los pagos, las transferencias y las comunicaciones entre los involucrados.

Ferraro enfatizó que el caso involucra a la investidura presidencial y requiere respuestas tanto en el plano judicial como en el institucional.

Los últimos avances en el caso

Luego de varios meses sin demasiadas novedades, en las últimas horas se conocieron nuevos elementos en los que trabaja la Justicia respecto a la causa que investiga la caída de la criptomoneda $LIBRA, que fue difundida por el presidente Javier Milei.

El caso comenzó en la noche del 14 de febrero de 2025 cuando Milei publicó un mensaje en su cuenta de la red social X -que fijó- en el que difundió el lanzamiento del token. Pero horas después lo borró y publicó otro en el que dijo que no estaba interiorizado en la criptomoneda. Luego se supo que por su primer tuit el precio de la cripto pasó de un valor de 0,01 dólares a 5 en pocas horas y que unos pocos lograron retirar 100 millones de dólares mientras que otros perdieron miles.

Un peritaje realizado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal reveló una extensa trama de llamadas y mensajes entre la cúpula del Gobierno y el lobista argentino Mauricio Novelli en las horas críticas alrededor del lanzamiento y derrumbe del criptoactivo,

Durante la noche del 14 de febrero, Mauricio Novelli, quien se encontraba en Texas junto al creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, habría entablado un intercambio de siete llamadas con el presidente Javier Milei, totalizando 13 minutos y 10 segundos de diálogo.

La documentación analizada por la fiscalía, que incluye peritajes técnicos realizados sobre dispositivos electrónicos secuestrados a Novelli y otros implicados, muestra que los contactos incluyeron llamadas, mensajes y el uso de plataformas digitales como WhatsApp. Una parte significativa de los intercambios se habrían producido entre Karina Milei y Novelli.

A la par, los peritos encontraron un memo en el bloc de notas del teléfono de Novelli. El archivo, redactado en inglés y fechado el 11 de febrero de 2025 a las 20:05 horas, estipula el pago de 5 millones de dólares a cambio de que Javier Milei emitiera un respaldo público al activo digital. Esta suma estaría dividida en tres pagos diferenciados: un adelanto de 1,5 millones de dólares, otro pago idéntico destinado específicamente a la promoción de la criptomoneda en redes sociales, y un pago final de 2 millones de dólares, condicionado a la firma de un contrato posterior.

El Presidente no habló de la cuestión luego de que se conocieran las nuevas pruebas.

Los aumentos en las dietas de los senadores vuelven a sacudir al Congreso y exponen un privilegio en relación con los diputados nacionales, que no están enganchados a los ajustes de los trabajadores legislativos. Hay varios legisladores que ya plantean la derogación de la polémica norma sancionada en 2024.

El último 11,9% de reajuste salarial, desglosado entre diciembre y mayo, en los ingresos de los empleados legislativos, generó que, por aquella resolución, las dietas de los representantes de las provincias asciendan a $11,5 millones en bruto por mes.

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Tras la polémica, la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó los aumentos correspondientes, según el acta acordada entre los representantes de ambas cámaras legislativas y los sectores sindicales de APL, ATE Y UPCN. Sin embargo, dejó en claro que estaba en contra de la medida y coló una salvedad en la resolución: “Queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”. Si un legislador decide donar el aumento o un porcentaje deberá comunicárselo a la vicepresidencia para implementarlo.

Varios senadores ya le enviaron notas a la presidencia de la Cámara comunicando las donaciones. Pero el libertario Pablo Cervi fue un poco más allá y planteó cambiar el sistema por el cual las dietas de los senadores están enganchadas a los acuerdos paritarios del personal legislativo. “Hay que discutir si ese mecanismo sigue o no”, dejando en claro que la modificación requerirá de un acuerdo político entre los diferentes sectores.

También sumó su rechazo el senador José María Carambia de Moveré por Santa Cruz: “El trabajador legislativo necesita aumentos, entonces le dan aumentos y sube automáticamente el de los senadores. Eso es lo que hay que sacar, el enganche”.

El legislador patagónico desde 2025 dona parte de su dieta y cuestiona a sus pares que no toman la decisión de derogar la polémica resolución votada hace dos años. No se descarta que haga un planteo en la próxima sesión en el Senado.

El polémico enganche

En el cierre de la sesión del 18 de abril de 2024, el exsenador Juan Carlos Romero (Cambio Federal) pidió la palabra e incorporó al tratamiento de la sesión su proyecto ya adelantado en la reunión de labor parlamentaria. El mismo se trató sobre tablas. Solo se leyó el número de expediente y ningún senador, ni aquellos que acompañaron, como los que lo rechazaron, pidieron una votación nominal para registrar la decisión de cada legislador. En menos de un minuto y a mano alzada se aprobó el proyecto que se implementa hasta estos días.

En aquel momento, las dietas de los senadores habían saltado a los 7,5 millones de pesos.

En su iniciativa, Romero fue acompañado por los senadores peronistas José Mayans y Juliana Di Tullio; los radicales Pablo Blanco y Daniel Kroneberger; la neuquina Lucila Crexell, el correntino Carlos Camau Espínola, la misionera Sonia Rojas Decut y con sorpresa de otros sectores, el libertario Bruno Olivera Lucero. El Pro de Luis Juez no acompañó el proyecto.

Ante el escándalo y el rechazo social, los jefes de bloques acordaron con Victoria Villarruel posteriores congelamientos, que la vicepresidenta dispuso y prorrogó por decreto. Pero nunca más se discutió en el pleno del recinto una solución de fondo como sería derogar aquella iniciativa de 2024 y desenganchar las dietas de los senadores de los aumentos de los empleados legislativos.

La postura del Justicialismo

No hubo comunicado de la bancada de José Mayans, solo la expresión de algunos legisladores y un gran silencio del resto. Sergio Uñac planteó que “en una Argentina golpeada por la economía, y donde millones de familias hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes, la política no puede vivir de espaldas a la realidad. Por eso, he decidido renunciar al aumento salarial previsto para quienes integramos el Senado de la Nación. Los representantes del pueblo tenemos la obligación de actuar con responsabilidad, austeridad y coherencia”.

Lo mismo hicieron los santiagueños que lidera el exgobernador Gerardo Zamora. “Esta decisión la tomamos considerando inoportuno en el marco de la situación económica que atraviesa el país y con el objetivo de contribuir a la austeridad y transparencia en el uso de los recursos públicos”, expresaron en un comunicado los legisladores Zamora y Elía Moreno del Frente Cívico y José Neder del interbloque Justicialista.

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Otros bloques

Más tarde, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se sumaron al rechazo: “Se enmarca en el compromiso asumido con el pueblo misionero, en un contexto nacional de dificultades económicas que exige responsabilidad, austeridad y empatía por parte de todos los representantes institucionales y políticos. Reafirmamos nuestro compromiso con una política al servicio de la gente, basada en el ejemplo y en la coherencia entre el decir y el hacer”.

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Mientras que desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich emitió un comunicado rechazando el aumento. En esa línea, María Emilia Orozco dijo que, “el pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios. Por eso consideramos que nuestro salario no debe ser aumentado. Los senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad, y entendemos que no es momento de avanzar con un nuevo aumento de las dietas. En un contexto en el que millones de argentinos hacen esfuerzos todos los días, creemos que la política debe acompañar con responsabilidad. Nuestro compromiso es actuar con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos”.

También rechazaron el aumento los bloques de la UCR y el Pro, que lideran Eduardo Vischi y Martín Goerling Lara, respectivamente.

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