El Gobierno dispuso finalmente una “intervención en grado de veeduría” en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.

La decisión fue firmada esta noche por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y mantiene el plan de trabajo y los veedores que habían sido propuestos por Daniel Vítolo, el extitular de la Inspección General de Justicia. El nuevo titular de la IGJ es Alejandro Ramírez.

La resolución dispone la veeduría a partir de una solicitud formulada por la IGJ, el organismo encargado del control estatal de ese tipo de asociaciones. La medida se fundamenta en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, dice la resolución ministerial.

Estas irregularidades motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente. El ministro Mahiques designó como veedores al contador público Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortíz de Marco, según la resolución.

La misión de los veedores es “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada por la AFA a la Inspección General de Justicia”. Y además deberán “verificar la existencia de otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos de la entidad”.

Esa será la tarea de los veedores, según la resolución que lleva el número 128 de 2026 y a la que accedió .

Los lineamientos de los veedores los obligan a presentar un informe detallado respecto del contenido de los estados contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025, con sus cuentas y partidas detalladas y abiertas. Además, deben incluir su opinión fundada respecto del cumplimiento de la obligación de depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales durante ese ejercicio.

Los nuevos veedores de la AFA auditarán todos aquellos documentos relacionados con la creación, puesta en marcha y equipamiento de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA) y las “operaciones patrimoniales y financieras, adquisiciones de inmuebles, bienes muebles, derechos y contrataciones de personal, directivos y autoridades, y de los convenios celebrados por y en relación con dicha Universidad con otras universidades y/o cualquier otro tercero”.

Otra de las tareas encomendadas por Mahiques será “auditar e informar respecto de toda la relación comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza y de las operaciones existentes, concertadas y ejecutadas entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC y/o Javier Faroni y/o Erica Gillette, su mujer y titular de la firma”.

Se trata de la empresa que estaba habilitada para cobrar en el exterior los contratos de la Selección argentina y desde donde se movieron al menos 400 millones de dólares hacia sociedades fantasma o personas ignotas, sin justificación.

A su vez, los veedores deben analizar la relación entre la AFA y Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio Chiqui Tapia investigado por lavado de dinero. Se analizarán las relaciones con el resto de las sociedades de ese grupo.

La verificación deberá incluir el análisis de los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA a lo largo del desarrollo del contrato desde su celebración hasta la fecha del informe. Se deben “indicar las rendiciones de cuentas de las operaciones concertadas y/o realizadas en los ejercicios en los cuales esa entidad hubiera actuado, señalando e identificando las remesas enviadas, recibidas y percibidas por la AFA en el exterior y/o remesadas al país».

Se trata de una radiografía oficial de estos movimientos que se convertirá en prueba judicial de las causas en trámite. Además, los veedores revisarán y se expedirán respecto de toda otra información o documentación que resulte necesaria compulsar y conocer a efectos de ejercer el contralor que le impone la ley a la IGJ.

Los veedores, según la decisión administrativa, “contarán con amplias facultades para el examen de libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con la misión encomendada”.

Una vez que concluyan la tarea en seis meses deberán elaborar un informe final con sus conclusiones, sin perjuicio de la posibilidad de presentar los informes parciales que puedan considerar necesarios en los cuales consten los avances de su tarea y las eventuales situaciones que pudiesen evaluar como urgentes.

El ministerio dijo que con esta resolución se “Busca garantizar el adecuado ejercicio del control estatal sobre una asociación civil de relevancia pública, preservar la transparencia en su administración y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales que rigen su funcionamiento institucional”.

La remoción de Vítolo con la llegada de Mahiques al ministerio generó suspicacias ante la eventual protección que se pudiera dar a la organización deportiva.

Pero Mahiques, que fue propuesto como vicerrector de la Universidad de la AFA y tiene amistad con Ignacio Jaquin, un abogado asesor de la AFA, dijo que iba a mantener las decisiones de su antecesor e iba a ser inflexible.