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POLITICA

Tensión entre Junts y el PSOE a 24 horas de la votación de la amnistía por el «agujero negro» de la ley

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Para el PSOE, la ley está «cerrada» y lista para ser votada y aprobada. Para ERC y Junts, la normativa que se pondrá a consideración del Congreso tiene un «agujero negro» por el que «caerá mucha gente», al entender que el texto no blinda todas las imputaciones de terrorismo.

«Si el texto queda como ahora, evidentemente hay un agujero negro o una brecha por donde jueces como García-Castellón intentarán no solo hacer entrar a las veintiséis personas del Tsunami y los CDR que ahora serían afectadas, sino todos aquellos que puedan. No creamos que el terrorismo se circunscribe a estas veintiséis personas hoy acusadas, sino que se rescatará un listado larguísimo de personas a las que quieren perjudicar», ha advertido este fin de semana el abogado del expresidente de la Gaeneralitat de Catalunya Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en una entrevista a un medio catalán.

Vale recordar que tras la reciente imputación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por terrorismo contra Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el PSOE aceptó la pasada semana que la amnistía pueda cubrir también presuntos delitos de terrorismo «siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos». 

García-Castellón admite acusación contra Puigdemont y podria quedar fuera de la amnistía 

Pero para los independentistas, esta enmienda es «incompleta» y exigen que suprimir cualquier alusión al terrorismo. Es la «única manera» de el día de mañana un juez tipifique como terrorismo conductas que nunca se habían calificado como tales con el único objetivo de para impedir así la aplicación de la amnistía.

Según Boye, este «agujero negro» es como «la grieta en una presa que permitiría que el día de mañana se produjera una gran inundación», en referencia a una traba generalizada para beneficiarse de la amnistía. «Y ellos -por los socialistas- lo saben», ha advertido. 

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. 

 «La amnistía solo será si elimina el terrorismo de las exclusiones», ha alertado en la misma línea otro referente independentista, el profesor Josep Pagès, exdiputado en el Congreso y asesor del partido en las negociaciones sobre la ley. 

Si el texto queda como ahora, evidentemente hay un agujero negro o una brecha por donde jueces como García-Castellón intentarán no solo hacer entrar a las veintiséis personas del Tsunami y los CDR que ahora serían afectadas, sino todos aquellos que puedan. No creamos que el terrorismo se circunscribe a estas veintiséis personas hoy acusadas, sino que se rescatará un listado larguísimo de personas a las que quieren perjudicar

Lo cierto es que pese a las quejas y las presiones para introducir cambios de última hora, el PSOE rechaza abrir nuevas negociaciones. «El texto que tenemos es el definitivo», señalan en Moncloa.

Ahora Junts reclama más cambios en la ley de amnistía para asegurar el blindaje a Puigdemont

El pleno en el Congreso se iniciará este martes las 15 horas. Junts y ERC confían en abrir una negociación in extremis. La votación final requiere del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) al tratarse de una ley orgánica.

La Justicia reactiva el caso de los vínculos de Puigdemont con Rusia 

Tensión entre Junts y el PSOE a 24 horas de la votación de la amnistía por el "agujero negro" de la ley

En medio de esta tensión,  el juez del ‘caso Volhov’ ha reactivado este lunes la investigación sobre la supuesta trama rusa del procés al considerar que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron «estrechas relaciones personales» con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar «económica y militarmente» la independencia de Catalunya.

El magistrado sospecha a partir de nuevos «datos» que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una «legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos» y concluye que Rusia tenía interés en el procés por su propósito de «desestabilizar la Unión Europea».

La reactivación de este expediente tiene un fuerte impacto político: el texto de proposición de ley de la amnistía que se votará este martes excluye expresamente de su aplicación la colaboración con países extranjeros que ponga en peligro la independencia o seguridad de España o sus intereses.





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POLITICA

Las 27 tareas que tendrá el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes a la medianoche la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que estará a cargo de Federico Sturzenegger, cuya designación quedó estipulada también en la última edición del Boletín Oficial, y precisó cuáles serán las 27 funciones «particulares» que tendrá la cartera que se sumará a las de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad; Salud; y Capital Humano

«Compete al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a los cursos de acción para la implementación de la desregulación, reforma y modernización del Estado en miras a redimensionar y reducir el gasto público y aumentar la eficiencia y eficacia de los organismos que conforman la Administración Pública Nacional, la transformación de gestión, la simplificación del Estado, el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público», expresa uno de los artículos que se incorpora a la Ley de Ministerios según lo dispuesto por el Decreto 585/2024.

Federico Sturzenegger, de asesor presidencial a ministro del gobierno de Javier Milei. Foto: Clarín.

Según lo que indica ese documento, al ministerio le competen, «en particular», las siguientes funciones:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional.

3. Entender, junto con las áreas competentes, en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional y los proyectos relacionados con la desregulación económica y reforma del Estado.

4. Entender en la simplificación y reducción del Estado, con el objetivo de eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas, con la intervención de las áreas competentes.

5. Entender en la elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

6. Impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

7. Participar, junto con las áreas con competencia en la materia, en la revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y la economía.

8. Impulsar, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, reformas estructurales que impulsen la creación de empleo privado, el desarrollo económico, la equiparación de las estructuras tributarias y la eliminación de los privilegios.

9. Entender en la elaboración de propuestas para la reorganización del Sector Público Nacional con el objeto de lograr mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento.

10. Proponer a las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional la implementación de medidas encaminadas a mejorar la calidad y eficiencia de la gestión y el gasto público.

11. Entender en el diseño de políticas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de reducir el gasto público y propender a una administración pública moderna y eficiente.

12. Coordinar y controlar las acciones relativas a la reforma, transformación y modernización del Estado que se desarrollen en todos los Ministerios, Secretarías de Presidencia de la Nación y organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional.

13. Entender en la definición y monitoreo de los temas vinculados a la simplificación de trámites y procesos de la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y organismos desconcentrados, con especial foco en aquellos concernientes al sector productivo nacional en coordinación con las áreas sustanciales en la materia.

14. Impulsar los principios de calidad regulatoria y la aplicación de estándares internacionales en materia de simplificación y desburocratización de trámites y procesos del Sector Público Nacional.

15. Promover, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, procesos de reforma y modernización que sean transversales al Sector Público Nacional, en coordinación con los sectores públicos provinciales y locales, destinados a impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, desregulación, simplificación y desburocratización, fomentando el uso de herramientas tecnológicas.

16. Proponer el dictado de reglamentos para modificar y/o eliminar trámites y normativas que establezcan una carga administrativa excesiva o que incumplan con la política de calidad regulatoria vigente.

17. Entender en la transformación, modernización y desarrollo de la política de gestión del empleo público tendiendo a la optimización y fortalecimiento de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, junto con las áreas competentes en la materia.

18. Diseñar e implementar el régimen de ingresos del personal, a través de parámetros para el diseño de una carrera pública conforme las negociaciones colectivas de trabajo.

19. Entender en la implementación de las políticas relativas a la mejora estratégica de los recursos humanos y su capacitación, la política salarial del sector público, la promoción y el desarrollo de carrera de los agentes de la Administración Pública Nacional y en la propuesta de las normas reglamentarias en la materia.

20. Entender en la formulación de políticas nacionales en materia de recursos humanos, procedimiento de selección e ingreso, gestión del empleo público, evaluaciones de desempeño y compensaciones, en el ámbito de su competencia.

21. Colaborar con las áreas competentes de cada Ministerio en la sistematización de los procesos de administración de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, como la liquidación de salarios, justificación de inasistencias, otorgamiento y convalidación de licencias y protección de la salud en el trabajo.

22. Intervenir en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas de fortalecimiento institucional y en la promoción de políticas de integridad en la función pública, en coordinación con los organismos del Estado Nacional con competencias en la materia.

23. Coordinar junto con las áreas competentes, la estrategia y los estándares sobre tecnologías de la información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información de la Administración Pública Nacional.

24. Impulsar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión del Sector Público Nacional.

25. Promover, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, la implementación de los canales y plataformas digitales a fin de alcanzar un gobierno digital y tecnológico al servicio del ciudadano y del sector productivo.

26. Participar en la elaboración y ejecución de políticas vinculadas al desarrollo, uso y fomento del software público, su interoperabilidad, estandarización y reutilización por parte del Estado Nacional.

27. Promover acuerdos con organismos provinciales y locales, en el ámbito de su competencia.

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