La sede del Partido Justicialista comienza a poblarse de dirigentes y militantes, a la espera de un acto por el “Día de la Resistencia Peronista” en el que Cristina Kirchner participará. La demostración de fuerza del justicialismo, en vísperas de un posible fallo de la Corte Suprema adverso para la expresidenta, incluye un fuerte despliegue, con vallados y seguridad sobre la calle Matheu 130, en el barrio porteño de Balvanera.

Cristina Kirchner hablará hacia las 18, según anticiparon a fuentes partidarias.

El acto, que oficialmente es un recuerdo al levantamiento del general Juan José Valle contra la Revolución Libertadora, en 1956, se prepara como una muestra del respaldo a Cristina, que aspira a ser candidata a diputada bonaerense por la tercera sección electoral, pero no podría hacerlo si el máximo tribunal dejara firme su condena en la causa Vialidad, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La calle Matheu está cortada desde Yrigoyen y, sobre la calzada, está dispuesto un vallado que separa a los militantes de la entrada al partido. Otras vallas, sobre la vereda y custodiadas por personal de seguridad, enmarcan el ingreso de los dirigentes a la sede partidaria.

Según pudo constatar este medio en el lugar, Amado Boudou, Carlos Heller, Tristán Bauer, Roxana Monzón, Paula Penacca, Lucía Cámpora, Vanesa Siley, Jorge Taiana y Daniel “Tano” Catalano, entre otros, ya ingresaron a la sede del PJ.

Al llegar a la sede de la calle Matheu, la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti señaló que el eventual fallo de la Corte es “el poder económico siendo jefe de gran parte del Poder Judicial y político” y aseguró que a la exvicepresidenta de Alberto Fernández le tienen “un miedo terrible”.

Agrupaciones como La Cámpora, el Movimiento Evita, Nuevo Encuentro y Juventud Sindical, entre otras, comenzaron a congregarse frente al partido y hacen sonar bombos. Sobre la vereda, se ubicó un sistema de sonido.

Entre los dirigentes peronistas que salieron a apoyar a Cristina Kirchner, no dejó de llamar la atención el caso de Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, quien estuvo a punto de enfrentarla en una interna por la conducción del PJ nacional: “Nos preocupa profundamente que, una vez más, se intente utilizar al Poder Judicial como herramienta para resolver lo que debería dirimirse en el terreno de la política y el debate democrático”, sostuvo.

La sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo de primera instancia que suspende los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei.

El fallo de la Sala IV de la CNAT, que responde a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), ratifica la decisión inicial de la jueza Moira Fullana del Juzgado Nacional del Trabajo N° 3.

El decreto inaplicable es el DNU 340/2025, que limita el derecho de huelga ampliando los servicios esenciales. Es decir, que aumentó la cantidad de actividades que deberían garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto.

La jueza Fullana había suspendido de manera provisional los efectos de los artículos 2 y 3 del DNU 340/25, que fue dictado el 21 de mayo de 2025.

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, dice el artículo 3 del decreto de Milei, que precisa: “En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

Estas modificaciones estaban previstas en el capítulo 4 del DNU 70/23 que fue suspendido en la Justicia con un fallo de segunda instancia y que está pendiente a una definición de la Corte Suprema.

La CGT había solicitado la acción de amparo para que se decretara la invalidez constitucional de esos artículos, al argumentar que violan el principio republicano de división de poderes y el derecho y principio de libertad sindical.

Los jueces que ratificaron hoy el fallo de Fullana fueron Héctor Guisado y Silvia Pinto Varela. Asumieron que “no está resuleta la cuestión de fondo”, pero cuestionaron los intentos del Gobierno de avanzar por decreto sin discusión previa en el Congreso. “Cabe agregar que, a la fecha en que fue dictado el presente decreto, el Congreso de la Nación estaba en pleno funcionamiento, acorde con el período ordinario de sesiones”, señalaron Pinto Varela y Guisado.