Kueider aseguró que el dinero de los videos en su oficina de la gobernación entrerriana corresponde a “fondos reservados” de esa provincia. Pero una pericia judicial sobre los billetes complica su versión.

Una pericia multimedia hecha sobre los videos que muestran a Edgardo Kueider manipulando dinero dentro de su exoficina de la gobernación de Entre Ríos confirma que se trata de moneda extranjera y no de pesos, algo que complica la versión del exsenador.

Kueider asegura que ese dinero corresponde a “fondos reservados” estatales, pero los fondos reservados que manejan las provincias son en pesos, no en dólares.

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A pedido del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, el Laboratorio de Multimedia Forense de la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal trabajó para establecer con certeza a qué moneda o divisa corresponde el efectivo que se ve en cajas, sobres y bolsas en aquellas secuencias captadas por las cámaras de seguridad de la oficina de Kueider.

Las filmaciones corresponden a 2018 y 2019, cuando era Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, y a su vez representante del gobernador en la distribuidora de energía Enersa.

La pericia se hizo aplicando distintas herramientas y técnicas para mejorar la nitidez, el contraste y la definición de las imágenes, y poder determinar con mayor precisión la naturaleza y características de los billetes que observan, para determinar de qué moneda o divisa se trata.

En concreto, los técnicos analizaron cinco videos, hicieron distintos “detenimientos” sobre ellos y concluyeron que se “identificaron características coincidentes entre los billetes observados en esos detenimientos y los billetes de dólares estadounidenses correspondientes a las siguientes emisiones: billete de 100 emisión 1996-2013; billete de 50 emisión 1997-2004; billete de 20 emisión 1998-2003; y billete de 10 emisión 2000-2006; billete de 5 emisión 2000-2008.

“No es plata negra, tampoco es ilícita”, aseguró Kueider en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. “Eso que se ve ahí son los gastos reservados (de la provincia de Entre Ríos), que por ley yo administraba. Cada 15 días, esa persona que entra con esa caja de resma de hojas con dinero, es un funcionario del área contable de la provincia, que en virtud del circuito administrativo correspondiente, retiraba los fondos y los traía. Procedimiento habitual en cualquier manejo de fondos reservados de cualquier Estado y organismo. Con la diferencia de que acá hay un video que muestra quiénes intervenían y dónde se guardaba la plata”.

“Son fondos totalmente lícitos, no existen fondos negros, son del Estado, destinados para lo que la ley indique, para gastos específicos. Se derivan a la Policía, a la Justicia, un montón de cuestiones que por su carácter reservado no me voy a explayar”, agregó Kueider.

Pero los fondos estatales, como los reservados, son en moneda nacional, no en dólares. Y para la jueza Sandra Arroyo Salgado la pericia sobre los billetes de los videos otorga “mayor fuerza convictiva” a esta investigación, donde Kueider está sospechado de ser la principal fuente de dinero de origen ilícito de una banda organizada para luego colocarlo en el circuito legal con apariencia lícita, mediante distintas fachadas, como empresas.

El fiscal ya había puesto el acento en la naturalidad con que Kueider y sus colaboradores disponían de grandes sumas de efectivo en oficinas estatales: “Impresionan como conductas subrepticias, por fuera del normal mecanismo de una burocracia estatal. Exceden, por lejos, lo que podría interpretarse como operaciones de caja chica o viáticos; los desembolsos no se respaldan con documentos específicos (facturas, recibos, remitos), propios de operaciones legales, rubricados por los participantes en que consten la entrega y su finalidad; y el ámbito de estas operaciones no resulta en absoluto habitual, como lo sería, por ejemplo, una tesorería”, analizó Domínguez.

Esta trama de presunto enriquecimiento ilícito está relacionada con otra, que también investiga Domínguez en San Isidro: la megacausa por las coimas que pagó en nuestro país la multinacional de seguridad Securitas. Una de las hipótesis, de hecho, es que el dinero de los videos provendría de coimas a la empresa de energía Enersa -donde Kueider era el representante del gobernador Gustavo Bordet- y no de fondos reservados. El período en que Securitas admitió haber pagado sobornos se ubica entre 2014 y 2019, y coincide con el tiempo en que Kueider fue funcionario y estuvo en Enersa.

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La causa Securitas empezó con una autodenuncia. La empresa, tras una investigación interna, detectó que sus representantes habían pagado coimas para obtener o mantener contratos en Argentina y evadir impuestos. Algunos de los blancos de esas coimas fueron dependencias de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, de Tucumán, de Entre Ríos, organismos como el Renaper, AYSA o el SENASA. Hay más de 60 imputados y hay procesamientos que están firmes.

Tras admitir los sobornos, Securitas firmó un acuerdo de colaboración con el fiscal Domínguez, homologado por la jueza Arroyo Salgado, y se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo con los sobornos y cancelar una deuda tributaria de $1.500 millones.

Además, tuvo que comprar 900 kilos de carne durante seis meses que fueron para dos comedores parroquiales a los que concurren chicos en riesgo social, uno de San Isidro y otro de Entre Ríos. Fue el primer caso donde se logró un acuerdo entre la Justicia y una empresa en el marco de la ley de responsabilidad penal empresaria, aprobada en 2018.

Edgardo Kueider, corrucpción

El gobierno de Irán expresó una fuerte condena al pedido de captura internacional que hizo el fiscal argentino Sebastián Basso contra el líder supremo iraní, Ali Hosseini Khamenei, a quien considera el principal responsable del atentado contra la AMIA en 1994. Tras la solicitud formal ante Interpol presentada por Basso, Teherán convocó al diplomático argentino Mariano Jordan para rechazar la medida y advirtió que evalúa iniciar acciones “jurídicas y políticas” si no se revierte la decisión.

El fiscal Basso había solicitado al juez Daniel Rafecas avanzar con la orden de captura internacional de Khamenei, argumentando que fue él quien autorizó el ataque terrorista a través de una fatwa. “Desde siempre y al día de la fecha Khamenei es el principal sostén de grupos que poseen capacidad militar como Hezbollah”, indicó el fiscal, y subrayó que “todo en Irán, en lo referente a la política exterior y uso de la fuerza, pasa por su decisión”.

Causa AMIA: realizarán el juicio en ausencia para los diez iraníes acusados por el atentado

La reacción iraní fue encabezada por Isa Kameli, director general de Asuntos de América de la Cancillería de ese país, quien denunció una “politización” del caso impulsada por “elementos afiliados al régimen sionista”. En un comunicado difundido por medios oficiales, Teherán afirmó que la Justicia argentina “viola los principios y normas fundamentales del derecho internacional” y sostuvo que “la República Islámica de Irán se reserva su derecho legítimo de tomar las medidas necesarias y apropiadas”.

El avance judicial incluye un juicio en ausencia, habilitado por una ley recientemente aprobada en el Congreso, que permitirá juzgar a una decena de iraníes imputados, entre ellos Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi y Mohsen Rabbani. Khamenei había sido mencionado en dictámenes del fiscal Alberto Nisman, pero nunca se había pedido su captura por su estatus como jefe de Estado. Ahora, Basso sostiene que “un análisis sensato” ya no justifica una inmunidad ante crímenes de lesa humanidad.

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