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Tras el desdoblamiento de las elecciones, Cristina Kirchner intenta ordenar la interna para sostener la unidad

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Cristina Kirchner presionó (y presiona) por elecciones concurrentes en la provincia de Buenos Aires hasta dejar la interna peronista a un paso de la ruptura, pero con la fecha de votación definida por Axel Kicillof, redireccionó la estrategia para intentar sostener la unidad, sin dejar de insistir con su proyecto de concurrencia.

Ese fue el mensaje que bajó la expresidenta a intendentes kirchneristas horas después de que el gobernador anunciara el desdoblamiento. Pero en el peronismo, y en la política en general, todo es dinámico y puede cambiar; mucho depende de cómo juegue cada espacio en el tablero de ajedrez que se convirtió el territorio bonaerense.

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Leé también: La Casa Rosada acordó ayudar al gobierno bonaerense con las elecciones desdobladas y respaldó la suspensión de las PASO en PBA

Las negociaciones ahora públicas de Karina Milei -armadora política de La Libertad Avanza-, con Diego Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, del PRO, obligan al PJ a evaluar la conveniencia de acelerar en la interna o definir si es tiempo de bajar las tensiones.

Desde el inicio, Sergio Massa ofició de mediador en la disputa de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner con Kicillof, con el objetivo de sostener la unidad, una consigna que reflotó la expresidenta en el encuentro de este miércoles.

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Cristina, como conductora, cree que la elección tiene que ser concurrente, cosa que yo comparto, y hasta último momento va a intentar que sea de esa manera. Si no es de esa manera, a pesar de eso, quiere que vayamos todos juntos”, dijo la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, a Futurock.

El festejo libertario tras el desdoblamiento puso al peronismo bonaerense en alerta. Cerca de Massa recuerdan que el tigrense lo venía avisando. “Sergio nos pidió que trabajemos para construir la unidad. Y que cualquier reforma cumpla con los consensos de todos los actores posibles”.

Si perdemos la provincia, lo más probable es que perdamos la nacional y lo más probable es que en el ‘27 no podamos poner un Presidente, o Presidenta. Eso es lo que se está discutiendo”, dijo la jefa comunal de Moreno, una de las voces con línea directa con Cristina Kirchner y el nombre que en el Instituto Patria suena fuerte entre las opciones para la sucesión de Kicillof en 2027, pero que además mantiene un diálogo fluido con el gobernador.

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La elección que se juega el peronismo

Aunque Kicillof definió el desdoblamiento, el kirchnerismo insiste en que las elecciones deben ser concurrentes, pese a que el gobernador ya firmó el decreto y su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mantuvo una reunión en Casa Rosada para definir los detalles de la triple (o doble, si se suspenden las PASO) votación.

Aún tiene bajo la manga el as de tratar en el Senado de la provincia de Buenos Aires el proyecto presentado por el bloque de Unión por la Patria para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la misma ley que define las elecciones concurrentes, es decir, en la misma fecha que las nacionales.

En medio de la tensiones en el PJ, se reúnen Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. (Foto: Partido Justicialista bonaerense)

La reunión del bloque de UxP está prevista para el lunes. El objetivo es llevar a la Cámara Alta la decisión que tome Cristina Kirchner. Las opciones son varias. Pueden intentar insistir con el proyecto de concurrencia, pero el gobernador podría vetarlo e incluso judicializarse. Hay quienes creen que forzar este escenario sería para el kirchnerismo una segunda derrota, tras haber perdido la pulseada por la fecha de elecciones.

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Una segunda opción es aceptar el desdoblamiento, pero frenar la suspensión de las PASO, para darle al peronismo la oportunidad de definir los candidatos en esa instancia primaria. Lo entienden como una demostración de poder hacia Kicillof, que solo tiene a los intendentes como nombres de peso, pero no del suficiente para enfrentar a Cristina Kirchner, que -en ese esquema- sería candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral.

Cerca de Massa creen que el escenario de mantener las PASO es el más probable, aunque preferirían la tercera alternativa. Consiste en suspender las primarias, acordar una lista de unidad, con cargos y lugares definidos para cada espacio, y negociar quiénes encabezarán cada sección. Todos los espacios reconocen que hasta ahora es la opción más lejana, pero daría al kirchnerismo más tiempo para seguir presionando para que Kicillof dé marcha atrás con el desdoblamiento.

Las negociaciones están en marcha. Pasado el enojo con Kicillof por haber adelantado la fecha de votación “sin consenso”, en el ala dura k creen que es hora de rearmarse.

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Leé también: Kicillof, Cristina Kirchner y Massa: el fin de la tregua y una definición que impactará en el tablero de las elecciones bonaerenses

“Veo toda la voluntad de parte de Cristina para sostener la unidad. Me asombro de la paciencia, del análisis sin enojo, porque tendría muchos motivos para enojarse. Sin embargo, está pensando cómo se puede garantizar un triunfo en la provincia de Buenos Aires”, afirmó la intendenta de Moreno.

Fernández participó de la reunión con Cristina Kirchner junto al resto de jefes comunales kirchneristas: Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús), Juan Ustarroz (Mercedes), Damián Selci (Hurlingham), Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).

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Diputados: la oposición desafía la amenaza de veto del Gobierno y buscará mejorar jubilaciones y prestaciones por discapacidad

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Pese a las amenazas de veto de por parte del Poder Ejecutivo, la oposición en la Cámara de Diputados insistirá pasado mañana en una nueva sesión especial con un temario que incomoda, y mucho, al oficialismo. Contempla un aumento excepcional de las jubilaciones y un nuevo sistema para suplantar la moratoria previsional. Además, se incluyó la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

En la sesión, convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, los opositores también pretenden llevar al recinto las iniciativas que proponen declarar la emergencia en los distritos de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. Además, buscarán emplazar a los presidentes de Educación y de Presupuesto –ambas comandadas por el oficialismo- para que se avance en una nueva ley de financiamiento universitario, iniciativa que promueven los rectores de todo el país.

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Será la segunda vez que la oposición intentará avanzar con este temario; hace dos semanas fracasaron por falta de quorum en el recinto –se sentaron 124 diputados en sus bancas, cinco menos de los necesarios para abrir el debate-, pero en esta oportunidad esperan alcanzar el objetivo. Creen que el clima social de los últimos días, marcado por la masiva y emotiva marcha que protagonizaron las organizaciones y familiares de personas con discapacidad y el conflicto salarial en el Hospital Garrahan -tema que la oposición también buscará colar en el debate-, podría ser un factor disuasorio que lleve al recinto a quienes, hace dos semanas, pegaron el faltazo.

Marcha contra los recortes para personas con discapacidad, organizaciones, familiares y prestadores de servicios de discapacidad protestan en el Ministerio de Capital HumanoHernán Zenteno

Por de pronto, el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados de Pro no solo no darán quorum sino que ya pusieron en marcha el operativo para hacer caer la sesión.

El primer puntapié lo dio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuando advirtió que si la oposición logra convertir en ley los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad el impacto fiscal será de US$ 12.000 millones.

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“Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados, que hasta ayer eran enemigos íntimos, proponen con falsa demagogia y total irresponsabilidad una sesión que costaría más de 12.000 millones de dólares, o el 1,8% del PBI -escribió Menem en su cuenta de X (ex Twitter)-. Se esconden detrás de causas nobles con el fin de romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó”.

Estos números que publicó el presidente de la Cámara baja se contradicen, sin embargo, con los informes que publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que a pedido de los legisladores hizo una estimación sobre el impacto fiscal de los proyectos que se someterán a debate en el recinto este miércoles si, finalmente, hay quorum.

El miércoles habrá una nueva marcha de los jubilados para intentar que prospere la sesión en Diputadostadeo bourbon

En efecto, sobre las iniciativas que prevén una suba por única vez del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones –para compensar la inflación no reconocida de enero de 2024- sumado a la actualización por inflación del bono de $70.000 que cobran los jubilados de la mínima, el Ministerio de Economía calculó un costo de 1,3% del PBI.

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La OPC, por su parte, precisó que la actualización del bono tendría un impacto que rondaría entre el 0,23% del PBI en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y del 0,30% del PIB si se eleva a 115 mil pesos.

Sobre la prórroga de la moratoria previsional que venció el 31 de marzo pasado -que la oposición finalmente no impulsaría en el recinto por falta de acuerdo entre los bloques- el Ministerio de Economía calculó que su impacto sería del 0,2% del PBI.

En cambio, el organismo de asistencia técnica del Congreso estimó que esta iniciativa, de aprobarse, tendría un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un impacto fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

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El tercer punto calculado por los funcionarios de la cartera que comanda Luis Caputo concluye que la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.

Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.

Desde el Gobierno ya se anticipó que no convalidarán la implementación efectiva de ninguno de esos costos, y están dispuestos en ese sentido a vetarlos si se convierten en ley.

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La Justicia suspendió el decreto que reglamenta el derecho de huelga

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El decreto 340 reglamenta el derecho de huelga en el transporte, entre otras actividades

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal suspendió provisoriamente los artículos 2 y 3 del decreto 340 que disponían la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades.

En el fallo, firmado por la jueza Moira Fullana, se declara la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la causa y hace lugar a la medida cautelar pedida por la CGT, que consideró que el decreto firmado por Javier Milei “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Conveniom 87 de la OIT y nuestra Constitución”.

En los considerandos de la sentencia, conocida este mediodía, la jueza laboral destaca que el decreto 340 fue “dictado en expreso uso de las facultades conferidas por la Constitución Nacional en el inciso 3 citado (de la Carta Magna)”, pero recuerda que “en nuestro ordenamiento constitucional el Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa” y destaca que, por ello, “la admisión de las facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de excesiva rigurosidad y con sujeción a exigencias formales”.

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“Estas circunstancias excepcionales a las que refiere la norma -agrega el fallo- presuponen que el Poder Ejecutivo no pueda, por motivo alguno, continuar con el trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes. Es así que, para el ejercicio de esa facultad de excepción, además de restringir determinadas materias y disponer la debida consideración por parte del Poder Legislativo, exige que exista un estado de necesidad y urgencia”.

La magistrada pone en duda, “en forma preliminar y sin que se pueda alcanzar un grado de certeza en el marco de la cautela solicitada, si se encuentran reunidas las circunstancias reales y emergencia suficientes para verosímilmente justificar el ejercicio de las facultades excepcionales que se conceden al Poder Ejecutivo Nacional en casos de necesidad y urgencia”.

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En ese sentido, resalta que “el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo”.

El fallo menciona, además, jurisprudencia de la Corte Suprema acerca de las condiciones que habilitan un decreto de necesidad y urgencia.

Javier Milei dictó el decreto 340 que fue frenado por la justicia laboral (Foto AP/Rodrigo Abd)

Por eso, la jueza Fullana consideró que “corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia suspender preventivamente los efectos de los arts. 2° y 3° del D.N.U. 340/25 en relación con la CGT y los trabajadores representados por esa entidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva».

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El 21 de mayo pasado, el Gobierno dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%.

La norma, que lleva el número 340, está firmada por Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU 70 en su capítulo laboral, que fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT.

El decreto 340 también reglamentaba la huelga en el sector educativo

El decreto 340, en realidad, está vinculado con el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional y su artículo 2 declara como “servicio esencial a la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin”.

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Sin embargo, en su artículo 3 modifica la Ley de Reforma Laboral N° 25.877 y allí establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.

Een el caso de los servicios esenciales, afirma el decreto, “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Y agrega que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

El sector de la salud está comprendido en la reglamentación del derecho de huelga (Foto Reuters/Tomas Morrison)

A continuación se consideran como servicios esenciales las siguientes actividades:

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a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;

c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

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d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; y

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g. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

Se consideran actividades de importancia trascendental las siguientes:

a. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;

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b. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

c. Los servicios de radio y televisión;

d. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;

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e. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;

f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;

g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y

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h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

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Una jueza laboral hizo lugar al pedido de la CGT y le puso un freno al DNU que limitaba el derecho a huelga

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Una jueza laboral falló a favor de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dio lugar un amparo para frenar el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que limitaba el derecho a huelga.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de Moira Fullana, hizo lugar a la acción de amparo sindical solicitando declarar la invalidez constitucional del DNU, que aseguraban «viola el principio republicano de división de poderes y violación al derecho y principio de libertad sindical».

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La resolución «suspende provisoriamente los efectos de los artículos 2° y 3° del D.N.U. 340/25», que limitaban el derecho a huelga.

El miércoles 21 de mayo, el Gobierno publicó un DNU con el que busca ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.

Además, en uno de los artículos, el decreto crea la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impone la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga.

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Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación.

Entre los fundamentos del amparo, la CGT sostuvo que el DNU reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e imponiendo niveles mínimos de prestación.

Por otra parte, subrayó que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.

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Por estos motivos, solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025, a los que hizo lugar la jueza laboral este lunes

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