Este martes la Corte Suprema de Justicia de La Nación rechazó por «inadmisibles» los planteos que formularon la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y Ministerio Público de la Defensa que pedían la revocatoria y suspensión de efectos del llamado fallo Levinas, la resolución que ratificó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como el órgano revisor en las causas que tramiten en los tribunales nacionales.

El rechazo por «inadmisible» fue con los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, mientras que Carlos Rosenkrantz, tuvo un voto concurrente.

«Tal petición resulta inadmisible. Este Tribunal ha expresado reiteradamente que no están habilitados a interponer el recurso previsto por el artículo 14 de la ley 48 –debiendo aplicarse este mismo criterio a la reposición aquí solicitada- quienes no revistan la calidad de parte con participación legitimada en el proceso, aun cuando aleguen tener un gravamen configurado por la decisión atacada; sin que se configuren las especiales circunstancias que han justificado, en otros casos, que se hiciera una excepción a tal principio”, sentenciaron expresamente los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

Mientras que el juez Carlos Rosenkrantz acompañó la decisión y remarcó: «Comparto los fundamentos del voto que antecede para rechazar el recurso interpuesto, sin que ello implique modificación alguna de mi disidencia en dicha sentencia».

La respuesta de la Corte llega en momentos en que tres cámaras que integran el fuero nacional –la Cámara en lo Civil, la Cámara del Trabajo y la Cámara del Crimen- decidieron pronunciarse en contra del fallo de la Corte Suprema y desconocer al Superior Tribunal de Justicia porteña como un órgano revisor de sus sentencias.

Hace una semana dos cámaras de la Justicia nacional, la Laboral y la del Crimen, se sumaron a la decisión de la Cámara Civil de rechazar el denominado fallo Levinas, firmado por la Corte Suprema. Se trata de una rebelión que todavía hoy preocupa al ámbito judicial.

El fallo Levinas obliga a las cámaras a remitir al Tribunal Superior de Justicia porteño..Fue firmado en diciembre por los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz. Apenas unas horas después, Maqueda dejó la Corte para jubilarse, lo que en la Cámara Civil interpretan como una evidencia de la fragilidad de esa resolución.

Si bien no fue la única vez en estos últimos años que la Corte advierte sobre el rol de los tribunales nacionales con sede en la Ciudad, el caso Levinas define con claridad que estos deben remitir a la órbita de la justicia porteña, como ocurre con el resto de los poderes judiciales de las demás provincias, en donde las decisiones son apeladas ante las cortes locales.

Desde la misma sanción de la Constitución de 1994, los jueces nacionales de la CABA resisten cualquier intento de traspaso y cumplimiento del mandato constitucional, que directamente niegan como tal con plausibles argumentos. Por cuestiones jurídicas, salariales, o simplemente de estatus -no es esta la ocasión de analizarlas-, la resistencia de los casi 500 jueces nacionales es desde entonces absoluta, y esa negativa es una de las más altas banderas de las organizaciones de magistrados.

Sin conversaciones políticas entre la Nación y la Ciudad para negociar el traspaso de la justicia nacional -tal como ocurre en las otras veintitrés provincias-, de sus jueces o al menos de sus competencias, la Corte ha ido advirtiendo sobre esta larga deuda con la Constitución. En el caso Levinas dio un paso más: renunció a entender en un caso «nacional» hasta que no se pronuncie el Superior Tribunal porteño, indicando el camino para el resto de los expedientes que busquen el recurso extraordinario federal como instancia superior a las respectivas cámaras de apelaciones.