POLITICA
Tras el revés en Diputados y los reclamos desde el CFI, Francos recibirá a una delegación de gobernadores en la Casa Rosada
Después de la presión que ejercieron los gobernadores desde el Centro Federal de Inversiones (CFI) y en la sesión en la Cámara de Diputados por las recomposiciones para los jubilados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aceptó recibir a una delegación de mandatarios este lunes, en la Casa Rosada, con agenda abierta.
Los jefes provinciales habían pedido que los recibiera Javier Milei, pero el Presidente partió ayer hacia su gira por Europa e Israel, uno de sus viajes más largos, que durará nueve días. Quien se dispuso a escucharlos en persona fue el ministro dialoguista, que hace tiempo no los recibía en grupo para discutir sus cuentas y temas de la relación fiscal entre los distritos y la Nación. Por ahora en Balcarce 50 guardan reserva sobre los detalles de la reunión, pero Infobae pudo confirmar que está en marcha su organización.
Francos les transmitió que aceptó recibirlos, pero serán los miembros de la liga de gobernadores quienes decidirán a quiénes mandan como representantes. Por ahora, confirmaron Ignacio Torres, de Chubut; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y está en duda quiénes serán los referentes del peronismo dialoguista seleccionados para encarar el diálogo con la Nación. En las provincias donde manda el PJ y la UCR eran cautas a la hora de confirmar si asistirán o no.
El ministro coordinador aceptó escuchar en persona sus reclamos luego de que los gobernadores pusieran en escena su malestar por la baja de la recaudación y el freno a la obra pública. Sabe que están preocupados por el impacto de la baja en los impuestos coparticipables y la caída en las transferencias automáticas a las provincias, que entre el 2023 y el proyectado al 2025 significó una variación real en torno al -11,5%. Según habían manifestado, querían pedirle a Milei un nuevo pacto fiscal.
En Gobierno no adelantaron si darán una respuesta inmediata. Pero teniendo en cuenta anteriores experiencias, en las provincias saben que será una primera aproximación con vistas a “ordenar” en los ámbitos impositivo, fiscal y de las obligaciones de orden federal y provincial.
Según denuncian, el rojo en sus cuentas en muchos distritos es inclusive peor que en la pandemia. De hecho, según datos de la cartera de Economía, las provincias tuvieron en mayo una caída real del 23,8% en promedio con respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de los estados de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y la ciudad de Buenos Aires, entre otros, la merma trepó a más del 25%.
Varios mandatarios hicieron sentir su malestar con la falta de respuestas de la administración nacional el miércoles, durante la sesión donde, con ayuda de sus legisladores, se aprobó el proyecto de recomposición en jubilaciones y de la moratoria previsional. En el Gobierno tomaron nota de la presión y entre ayer y hoy empezaron a moverse, desde la Jefatura de Gabinete, para convocarlos.
Ayer, en su ronda de entrevistas con medios de Santa Fe en su visita a Agroactiva, Francos adelantó la posición del Gobierno. “Hablan de planteos de infraestructura, fundamentalmente, de los anticipos del Tesoro, de gastos que nosotros hemos restringido,. Pero lo hemos hecho con conciencia y con responsabilidad. No porque porque queremos, sino porque hacía falta ordenar las cuentas”, dijo tras reunirse con el gobernador, Maximiliano Pullaro.
Esta semana, el mismo día del encuentro plagado de críticas en la sede del CFI, varios de los gobernadores se desplazaron a la Casa Rosada para adherir al régimen simplificado de ganancias que lanzó Economía hace un mes y que quieren blindar en el Congreso. En total, hasta ahora son 14 las provincias que firmaron el convenio con Nación. Pero durante los encuentros para las firmas de esos documentos no se abordaron los reclamos de los gobernadores. “Es un tema aparte, que se discutirá oportunamente”, dijeron en Balcarce 50 ese dia.
El Gobierno está interesado en recomponer relaciones. Ayer, un año después de crear el Consejo de Mayo, Milei modificó por decreto la integración y el mecanismo de designación de los miembros del organismo. Es que los sectores que debían integrarlo no propusieron consejeros para formar parte del espacio de debate y elaboración de proyectos de ley y actos administrativos para la implementación del Pacto de Mayo.
“No se han recibido las propuestas de los Consejeros que lo integrarán en representación de las Provincias firmantes del ‘Pacto de Mayo’ y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del H. Senado de la Nación, de la H. Cámara de Diputados de la Nación, de las Organizaciones Sindicales de Tercer Grado y de las Entidades Gremiales Empresarias de Tercer Orden”. Ante esta situación,el Poder Ejecutivo resolvió modificar la modalidad de designación para evitar nuevas demoras.
Por las provincias, fue designado el mendocino Alfredo Cornejo, cuya vice acaba de pasarse a las filas de La Libertad Avanza. El radical logró el cargo pese a que había recibido cierta resistencia de parte de sus pares para representarlos frente al Gobierno, pero en su entorno no contestaron si estará presente en la reunión del lunes con Francos.
La agenda del presidente de Brasil en su próximo viaje a la Argentina genera una fuerte expectativa política. En medio de su participación en un encuentro regional clave, el mandatario manifestó su intención de realizar una visita de carácter personal a la expresidenta Cristina Kirchner, un gesto que requiere una autorización judicial y se contrapone con la ausencia de una reunión oficial junto a su par argentino, Javier Milei.
El arribo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva está programado para este miércoles por la noche. El mandatario brasileño aterrizará en la capital argentina para participar de una cumbre del Mercosur, donde además asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional. Su estadía será breve, ya que su partida de regreso a Brasil está prevista para el jueves después del mediodía.
La agenda oficial se centra en el organismo regional, pero el foco de atención se desvió hacia su pedido para visitar a Cristina Kirchner. La expresidenta cumple arresto domiciliario por la condena a seis años de prisión que recibió en la causa Vialidad. El encuentro solicitado se realizaría en el departamento de la exmandataria, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución.
Una de las reglas de conducta impuestas a Cristina Kirchner para cumplir su condena en el domicilio es la obligación de solicitar permiso para recibir visitas extraordinarias y justificar los motivos. Solo un grupo fijo de personas, que incluye a su custodia policial, médicos, familiares y abogados, tiene el ingreso autorizado sin necesidad de un trámite previo.
La defensa de la ex vicepresidenta apeló estas limitaciones y al uso de una tobillera electrónica ante la Cámara de Casación, pero por el momento permanecen vigentes. El abogado Alberto Beraldi tuvo que presentar el pedido formal de autorización para la visita del presidente brasilero ante el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Gonzalo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Los magistrados deben resolver en las próximas horas si habilitan el encuentro. La fecha y hora exactas de la posible visita se mantienen en estricta reserva para evitar aglomeraciones en la zona.
El Gobierno de Javier Milei espera una cumbre “fría” pero “productiva”, con el foco puesto en la ampliación de la lista de excepciones arancelarias, un paso que considera vital para un futuro acuerdo comercial con Estados Unidos.
Brasil llega con una batería de propuestas que chocan con la visión libertaria. Lula intentará imponer su agenda durante el semestre que presidirá el bloque, con iniciativas como la creación de un “Mercosur verde” y un mayor énfasis en políticas de derechos humanos.
En el reciente encuentro sobre el cuidado de los océanos en Niza, donde sostienen posiciones antagónicas sobre el cambio climático, ni siquiera se cruzaron. En la política internacional, el apoyo de Milei a Israel se contrapone con la postura más neutral de Lula.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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El presidente Javier Milei denunció formalmente ante la Justicia a la periodista Julia Mengolini por el delito de injurias, tipificado en el artículo 110 del Código Penal. El jefe de Estado tomó la decisión por los dichos que la comunicadora esgrimió en televisión, radio y redes sociales sobre el vínculo entre el mandatario y su hermana, Karina Milei, y sus perros.
La denuncia, a la que accedió Infobae, recayó en el juzgado criminal y correccional federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello. En ese escrito, el abogado de Milei, Francisco Oneto, detalla los hechos y fundamentos por los cuales el Presidente decidió denunciar a Mengolini.
Lo primero que menciona son los dichos de la periodista en el programa Duro de Domar, emitido por C5N: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana (…) No hice un juicio de valor, hice una descripción. Saquen las conclusiones en sus casas. Vive con 8 perros y todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana (…) ‘Sería la primera dama mi hermana si yo fuera presidente’ (…) No porque no quiera formar familia, porque está enamorado de su hermana. Y esto no está bien. Cuando vos vas al CBC y estudias en el CBC Antropología, hay una de las cositas que te enseñan. Y es que en todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú, es el tabú del incesto. No me importa nada eh”.
Luego, hace referencia a un tuit de Mengolini del 12 de agosto de 2024, en el que la conductora publicó: ““Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, (no que dormía con sus perros). Y que estaba “enamorado” de su hermana”, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”.
Milei denuncia que Mengolini afectó su honor y reputación tanto personal como presidencial y argumenta que las expresiones fueron formuladas sin justificación y con conocimiento del daño que podían causar.
Además, la defensa del mandatario aduce que hubo dolo en las injurias, es decir, que Mengolini tuvo intención de ofender o, al menos, admitió la posibilidad de hacerlo y procedió igualmente. Y cita también el principio de real malicia ya que alega que la periodista actuó con despreocupación por la veracidad de sus afirmaciones, lo cual agrava su responsabilidad.
Para respaldar esto, la denuncia del Presidente presenta como prueba una entrevista que Mengolini le realizó al constitucionalista Andrés Gil Domínguez sobre la acusación de incesto en su contra que promovieron los últimos días a través de las redes los militantes libertarios. Allí, afirma Milei, la comunicadora reconoce el impacto de este tipo de acusaciones.
“Andrés ¿te puedo hacer una consulta personal? Este fin de semana, no me acuerdo bien cuando fue, una diputada nacional posteó que yo tenía relaciones incestuosas con mi hermano. Lo aseguraron y obviamente me atacaron las fuerzas de asalto digital. Estuvieron todo el fin de semana haciéndome tendencia, asegurando que yo tenía, eso, relaciones incestuosas con mi hermano. No pararon de llegarme mensajes, privado, público, por todas partes, ¿no? Un ataque realmente con esta cosa, como muy insólita. Sobre este tipo de cosas ¿se puede hacer algo? ¿Me lo recomendarías o no? Lo que pasa es que ¿la respuesta pública cuál sería? “No tengo relaciones sexuales con mi hermano”. Es muy insólita ¿no? A mí realmente con esta me dejaron impactada. Con esta no tengo nada que decir. Por ejemplo, si yo fuera y te pidiera que fueras mi abogado, vos me dirías, porque quiero hacer algo, por ejemplo, llegaron demasiado lejos. Vos me dirás, bueno, pedimos que se baje el tweet, que obviamente eso no implica nada porque el daño está hecho ¿O qué?”, le dijo Mengolini al abogado Gil Domínguez.
Ante esto, la denuncia de Milei expresa: “Así las cosas, es evidente que la querellada entiende que afirmaciones como las que ella misma expresó en mi contra resultan muy graves, en cuanto implican un daño que no es remediable con la simple respuesta pública, sino que ameritan iniciar acciones legales como la presente. Por lo tanto, es la misma Sra. Mengolini la que da lugar a sostener que ella ha llevado adelante un actuar delictivo, el cual se corresponde con lo contemplado en el art. 110 del CP”.
Al respecto, el escrito indica que en este caso Mengolini no podrá ampararse en que sus dichos estén protegidos por tratarse de un tema de interés público: “Se cita jurisprudencia para respaldar que las expresiones indudablemente denigrantes quedan fuera del alcance de dicha eximente”.
Además de citar fallos de la Corte Suprema que lo respaldan, el abogado de Milei cita el principio de razonabilidad: “Se argumenta que interpretar mecánicamente la eximente implicaría desconocer el derecho al honor de figuras públicas, lo cual sería inconstitucional”.
Sobre los fallos del máximo tribunal indica: “Afirmó que el especial reconocimiento constitucional del que goza el derecho de buscar, dar, recibir y difundir información e ideas de toda Índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio” (Fallos: 308:789; 321:667 y 3170; y 332:2559). Además, ha señalado que para considerar agraviante una opinión no es determinante la presencia de mala intención o de motivos disvaliosos. Antes bien, se trata del empleo de voces o locuciones claramente denigrantes y fuera de lugar, cuya prohibición en nada resiente las condiciones que dan base a la amplia discusión acerca de temas sobre los que descansa un interés público, que toda sociedad democrática exige como condición de subsistencia».
Los abogados Fabiola Yañez solicitarán 12 años de prisión para Alberto Fernández por las distintas agresiones que la ex primera dama sufrió a manos del expresidente, según la denuncia y la hipótesis de la Justicia. La causa tiene al expresidente procesado por tres distintos hechos violencia y se encamina al juicio oral.
La etapa de pruebas está concluida. Cuando la querella, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, realice el requerimiento de elevación y pida los 12 años de prisión, será el turno de la defensa del expresidente, en manos de la abogada Silvina Carreira, y luego del fiscal que instruyó el caso, Ramiro González, que en su dictamen acusó al exmandatario de lesiones leves y graves agravadas por un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.
El juez Julián Ercolini, que procesó al expresidente por algunos de esos hechos, será quien tenga la última palabra y decida si eleva la causa a juicio oral o falta alguna medida de prueba adicional.
El caso se inició en agosto de 2024, luego de se hicieran públicos algunos chats que evidenciaban las presuntas agresiones por parte del expresidente y la ex primera dama decidiera instar la acción penal contra él. Los mensajes que trascendieron inicialmente pertenecían a una conversación en la que Yañez le decía a la entonces secretaria del presidente, María Cantero, que su jefe le pegaba.
Tras la denuncia, el juez Ercolini imputó al expresidente, le prohibió el acercamiento a Yañez y dio inicio a un escarpado proceso judicial que incluyó un allanamiento al domicilio del expresidente, peritajes de teléfonos, recusaciones fallidas, informes de distintos profesionales de la salud y varios capítulos de una guerra mediática pero asordinada entre el expresidente y Yañez, con acusaciones y denuncias cruzadas entre ambos.
En su declaración indagatoria, donde no contestó preguntas del juez ni del fiscal, el expresidente arremetió contra el juez Ercolini −a quien intentó sin éxito correr del caso−, negó las acusaciones y pidió su sobreseimiento. A través de un escrito, sostuvo que jamás ejerció violencia física contra su expareja, y que si alguien fue agredido en la pareja fue él, que debió soportar insultos y maltratos varios, agresiones que asoció a los reconocidos problemas de Yañez con el alcohol.
“Ninguno de los testigos que han pasado por esta causa han visto o han conocido de algún modo que yo haya tenido semejante conducta”, afirmó. “En este tribunal me siento como en la embajada de una potencia extranjera: aquí no se aplica la ley argentina”, sumó.
En febrero de este año, el juez Ercolini procesó al expresidente por los delitos de lesiones leves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades−; lesiones graves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja−; y amenazas coactivas. Además, trabó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y resaltó la relación asimétrica entre ambos.
“Como todo supuesto de violencia de género, este también se encuentra asentado en una relación asimétrica de poder entre Fernández y Yañez. Así el desarrollo personal, profesional, la vida política y pública del imputado se encuentra por demás acreditado y se ve contrastado con el desarrollo que tuvo la víctima, incluso luego de iniciar la relación con el nombrado, se observa un bajo perfil”, afirmó el juez.
El procesamiento fue luego confirmado por la Cámara Federal.
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