El pedido del Gobierno de reflotar en Diputados los artículos de la Ley Bases caídos en el Senado y aceptar algunos cambios introducidos, aunque otros no, abrió una discusión constitucional entre el oficialismo y la oposición. Hay bibliotecas divididas pero crece la advertencia sobre los riesgos de judicialización de algunos puntos de la norma.

La Libertad Avanza pidió una votación «mosaico»: que se validen algunos artículos con las modificaciones introducidas por el Senado -como el del RIGI– pero se insista con la redacción original tanto en puntos que salieron rechazados -como Ganancias y Bienes Personales– como los modificados. Por ejemplo, el de privatizaciones, en el que se los senadores eliminaron del listado de empresas a Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino.

La polémica surge a raíz de la interpretación del artículo 81 de la Constitución que establece que la cámara de origen (en este caso Diputados) puede aprobar el proyecto venido en revisión «con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria». «La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora», señala.

Fue un diputado radical, el formoseño y ex juez Fernando Carbajal, el primero en plantear el tema. “La Cámara de Diputados no puede insistir con Moratoria Previsional, Ganancias ni Bienes Personales. Lo que el Senado rechazó quedó afuera. El sistema es bicameral, ambas Cámaras deben aprobar”, sentenció. Hay juristas, como Andrés Gil Domínguez, con la misma postura.

Este sábado se sumó a la cruzada el gobierno de Chubut, conducido por Ignacio Torres (PRO), quien ya acudió a la Justicia contra el Gobierno de Javier Milei en otras ocasiones. Aseguran que Diputados no tiene la potestad de insistir con Ganancias y que es «inconstitucional».

«No se puede concebir en un sistema bicameral que un tributo sea creado únicamente por la voluntad afirmativa de una sola cámara, especialmente cuando ha existido un rechazo explícito por parte de la otra. Esto va en contra del principio de legalidad», apuntó el vice de Torres y ex diputado Gustavo Menna.

En Unión por la Patria prefieren no develar su estrategia y no quisieron hacer declaraciones a Clarín, pero la diputada de esa bancada, especialista en temas jurídicos, Carolina Gaillard, declaró días atrás en radio: «El artículo 81 habla de adiciones o correcciones, no habla de rechazo. Nosotros entendemos que el rechazo hace que Diputados no debiera tratarlo».

Pero en la vereda de enfrente, tanto el oficialismo como el grueso de los bloques dialoguistas retrucan ese análisis con otros argumentos legales y presentan antecedentes como pruebas.

En principio apuntan que tanto la Ley Bases como el Paquete Fiscal fueron aprobados en general por el Senado y que, por ende, el rechazo parcial de un artículo equivale a una modificación que ahora Diputados, como cámara de origen, tiene derecho a aceptar, o no.

«Diputados puede insistir en la redacción originaria en todo o en parte. En los artículos que no se incluyeron en el dictamen, en los que se retiraron al votar, o en los que se rechazaron. Todos son, a efectos parlamentarios, modificaciones», apuntó el ex diputado y actual asesor radical, Alejandro Cacace, profesor de derecho constitucional en San Luis.

Ponen sobre la mesa, además, un acta de 1995 firmada por el entonces vicepresidente Carlos Ruckauf y el titular de Diputados, Alberto Pierri, en el que acordaban «compatibilizar la interpretación» del artículo 81. Señalaban que la cámara de origen puede «aprobar algunas modificaciones y desechar otras» de la cámara revisora.

Tienen además, un listado de otras leyes aprobadas así y un fallo de la Corte Suprema de 2019, el caso Barrick, que plantea que no es judicializable la interpretación política que hace el Congreso.

Como contó Clarín, en el caso del artículo de privatizaciones, en la que el oficialismo sacó a Aerolíneas y al Correo del listado, la discusión se torna más política que técnica y los bloques ponen en juego el nivel de confianza que tiene la palabra del Gobierno. La UCR del Senado sacó un comunicado pidiendo respetar los acuerdos.

Sin embargo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos plantea que sacar a esas empresas no fue un compromiso, sino que lo hicieron porque de lo contrario se les iba a caer el artículo.

Lo cierto es que tanto los opositores más acérrimos como los dialoguistas advierten al Gobierno sobre la judicialización de esos puntos sensibles, sobre todo el de Ganancias que tiene miles de afectados.

«No me deja de llamar la atención la impericia del gobierno de no haber logrado que en la Cámara que nuclea a las representaciones de las provincias se apruebe un impuesto que se coparticipa a los gobernadores. Y advierto que ese error de gestión parlamentaria puede traer problemas de judicialización», sentenció el jefe de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, en diálogo con Clarín.

Sobre todo teniendo en cuenta que el sistema de control de constitucionalidad en Argentino es difuso, es decir que cualquier tribunal, de cualquier grado, fuero y jurisdicción tiene el deber y la facultad de analizar los planteos de ese tipo que reciban.

GABRIEL BORNORONI (Jefe de bloque de La Libertad Avanza)

-¿Es legal volver a insistir con los artículos de Ganancias y Bienes Personales que fueron rechazados por el Senado?

-Sí. La cuestión del «rechazo» se da cuando la cámara revisora vota en contra de un proyecto en general, eso no fue lo que ocurrió en esta oportunidad. La Ley se aprobó en general. En discusiones como esta los antecedentes son los que más claridad pueden traer y hay varios. Cuando se sancionó la Ley 26.529 en 2009 hubo una situación similar y la cámara originaria insistió con el articulado original.

¿Y Privatizaciones? Porque ahí fue el Gobierno el que sacó a Aerolíneas y al Correo del listado antes de que se vote. Hay senadores que creen que faltan a su palabra si los vuelven a incorporar

-Nuestra posición es que Aerolíneas y el Correo deben sanearse y privatizarse, porque no podemos seguir pidiéndole a la gente que pague el déficit de empresas públicas que van a pérdida.

-La UCR del Senado sacó un comunicado pidiendo que respeten los acuerdos.

-No puedo opinar de lo que sucede al interior de otros partidos. Valoro a los diputados de la UCR que acompañaron la media sanción y espero que vuelvan a hacerlo.

-Si lo aprueban, ¿temen que se judicialice?

-Espero que no, que todos entiendan que estas leyes las pide la sociedad argentina y las necesita el presidente Javier Milei para sacar adelante el país. Tenemos que terminar con la cultura política de poner siempre palos en la rueda.

RODRIGO DE LOREDO ( Jefe de bloque de la UCR)

-¿Considera que se pueden reflotar artículos de la Ley Bases caídos en el Senado?

-La mayoría de nuestro bloque sostiene que la correcta interpretación constitucional faculta a Diputados a insistir con su proyecto original cuando se rechazó una parte del mismo. La supresión del capítulo de Ganancias y Bienes Personales configura en sí una modificación al texto y así tiene que ser interpretada. Sobran los antecedentes jurisprudenciales que sostienen esta mirada.

-¿Y en el caso del listado de privatizaciones que se modificó antes de votar?

-La privatización de aerolíneas tiene que ser aclarada. Si contó con un acuerdo de senadores y el Gobierno, o si simplemente no obtuvo el número en el recinto.

-¿Por qué cree que hay constitucionalistas y diputados que argumentan que no se puede?

-Quienes desde la Academia sostienen lo contrario son una minoría, que en esta ocasión son abrazados por un sector político que al margen de esta discusión la única voluntad que tienen es que le vaya mal al gobierno.

-¿Puede ocurrir entonces que trabajadores paguen Ganancias porque una sola Cámara lo aprobó?

-Llama la atención la impericia del Gobierno de no haber logrado que en el Senado, que representa a las provincias, no se apruebe un impuesto que se coparticipa a los gobernadores. Advierto que ese error de gestión parlamentaria puede traer problemas de judicialización, puesto que tenemos un sistema de control difuso de constitucionalidad que permite que cualquier juez termine opinando en la materia y los contribuyentes afectados, legitimados por el planteo, son cientos de miles.

OSCAR AGOST CARREÑO ( Diputado de Hacemos Coalición Federal)

-¿Por qué concuerdan en que se puede volver a votar Bienes y Ganancias, artículos caídos en la votación del Senado?

-La Constitución de 1994 establece un mecanismo con una preferencia para la Cámara de Origen para conformar las leyes e insistir. En 1995 los presidentes de ambas cámaras firman un acta acordando que se puede insistir también parcialmente. Hay cerca de 10 leyes importantes que se han aprobado con este mecanismo, entre ellos un presupuesto, una ley de salud pública, una reforma de la ley de concurso y quiebra. Y cuando llegó un caso a la Corte Suprema, que el caso Barrick, en 2019 el fallo plantea que no es judicializable la interpretación política que hace el Congreso porque es una decisión de otro poder del Estado que en la medida que no sea violatoria de claros derechos no puede ser resuelta por los jueces.

-Pero hay dos bibliotecas sobre el tema…

-Por eso, cuando tenés dos bibliotecas, la decisión termina siendo política, y los antecentes de Diputados, con una reafirmación de la Justicia, han ido para ese lado. Ha sido unánime ese criterio y jurídicamente está cubierto.

-¿Hay algún punto de los que el Gobierno propone retocar que crean que no se puede?

-En el caso de la moratoria previsional. Ahí no es posible insistir porque el miembro informante del oficialismo sacó ese tema del proyecto antes de la votación en general. El argumento que nos permite incorporar cosas que han sido votadas, es el mismo que nos dice que no se puede incorporar aquello que no ha sido votado.