A casi dos meses de su explosión, el cripto escándalo de la memecoin $LIBRA que salpicó al Gobierno sigue dando coletazos. Mientras en el Congreso se organizan para pedirle explicaciones a Casa Rosada por la participación de Javier y Karina Milei, en Estados Unidos un segundo estudio jurídico prepara una demanda ante tribunales de Nueva York, que podría incluir a las terminales locales del fallido lanzamiento.

Quien la encabeza es el abogado Timothy Treanor, un ex fiscal federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tiene más de 30 años de experiencia en delitos económicos (los llamados «cuello blanco»), que incluyeron varios casos con ramificaciones en América Latina. Entre ellos se destaca una investigación sobre el FIFA Gate: allí debió investigar el rol de varias figuras clave de Argentina.

La demanda se encuentra todavía en proceso de preparación y de búsqueda de pruebas, según confirmaron desde el estudio «Treanor Law PLCC». Si bien no tiene fecha de presentación ante los tribunales de Nueva York, esta semana el estudio jurídico anunció en un comunicado de prensa que están trabajando en el tema y convocando damnificados para sumarse a su acción.

Según explican, buscan dilucidar si existió «fraude en el lanzamiento de la criptomoneda que involucra al presidente Milei», además de «recuperar cerca de 280 millones de dólares de más de 75 mil inversores minoristas».

«La investigación buscará determinar si los inversores minoristas fueron engañados mediante declaraciones falsas y operaciones manipuladas, y si dicha mala conducta fue responsable de las pérdidas financieras que sufrieron», sostienen en el comunicado.

Allí también adelantan que buscarán «examinar exhaustivamente las acciones de los desarrolladores de la moneda $LIBRA y sus asociados para determinar si sus prácticas violaron alguna ley y perjudicaron a quienes confiaron en las declaraciones de los desarrolladores y promotores, así como en la integridad del mercado».

«Es importante para nosotros hablar con tantas víctimas como sea posible porque nos importa saber cuáles fueron los factores que los motivaron a invertir. Si vamos a representarlos en el juzgado queremos saber si estaban planeando ayudar a la economía de Argentina, si estaban simplemente especulando con una moneda que iba a salir a la venta. Escuchar a un pequeño número de víctimas no te da una representación clara de cómo actuaban los inversores en su conjunto», explicó Treanor en diálogo con Clarín.

Si bien evitó brindar más detalles sobre la cantidad de damnificados que representan y los puntos claves de la presentación, remarcó que vienen elaborando el caso desde febrero, cuando Milei promovió el token $LIBRA en sus redes sociales.

La demanda de Treanor sería la segunda que se presenta en tribunales de Nueva York, luego de la acción colectiva presentada en marzo por el estudio Burwick Law ante la Corte Suprema de dicho Estado. La misma apuntó contra tres empresas cripto y sus cinco líderes, incluyendo al empresario Hayden Davis (CEO de Kelsier), su hermano Gideon Davis (COO de Kelsier) o Julian Peh (Fundador y CEO de Kip Protocol).

Pero si bien Burwick mencionó a Milei y su rol a lo largo de toda su presentación, excluyó toda la plana argentina entre sus demandados. Es que la presentación apunta a recuperar el dinero de los inversores en vez de una acción penal. Dicho fin se vería complicado si se suma un Jefe de Estado a la ecuación.

Treanor prefirió no adelantar a quiénes incluiría la demanda que están armando, aunque señaló que están mirando lo que dice la evidencia y que «muestra que hubo algunas personas en Argentina involucradas».

Uno de los primeros en revelar la existencia de dicho proceso fue el abogado K Gregorio Dalbón, quien dijo que se encuentran en diálogo con el equipo jurídico. «La idea es abordar la cuestión criminal en Estados Unidos y entender que no solo es un daño patrimonial sino que el Presidente Milei cometió delitos», tuiteó pocas horas después del comunicado de Treanor.

Según pudo reconstruir Clarín, fueron desde el estudio jurídico de Treanor quienes se contactaron con Dalbón para poder intercambiar información sobre cómo abordar el caso.

«Mi colaboración es una colaboración jurídica, que sería técnica, jurídica y política. En definitiva tengo que explicarle los conceptos de lo que la Constitución Nacional autoriza o no, las actitudes de un presidente de la Nación. Le llevo casos, y jurisprudencia», respondió el ex abogado de Cristina Kirchner ante la consulta de Clarín.

En su lectura, Milei violó la «Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero», o «18 U.S.C. § 1352», sancionada en 2023 y que prohíbe que funcionarios extranjeros exijan, soliciten, reciban o acepten sobornos de empresas o personas estadounidenses, o relacionadas con Estados Unidos, mientras se encuentren en territorio estadounidense, ya sea de forma directa o indirecta.

«La ley tipifica como delito federal en Estados Unidos que un funcionario extranjero acepte un soborno de un ciudadano o residente estadounidense a cambio de utilizar su cargo para dirigir negocios, sin importar dónde se paga el soborno. Por eso creemos que el Presidente es imputable de un delito penal», sostiene.

Para Dalbón, además de Milei se deben investigar las participaciones de la secretaria General de la presidencia, Karina Milei; de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, responsables del Tech Forum; y del asesor Agustín Laje, entre otras conexiones locales.

«La prueba más importante es la charla con (Jonatan) Viale, donde reconoce que no promociona, difunde. Que es un negocio privado. Eso es incompatible con la función pública», sostiene Dalbón, quien adelantó que viajará en los próximos días a Estados Unidos para acercar material documental al equipo.

El de $LIBRA será el primer caso resonante que encabeza «Treanor Law Firm», el bufete jurídico que abrió Treanor en enero de este año luego de más de 17 años en la firma Sidley Austin LLP. Allí le tocó trabajar en varios casos de altísimo perfil, representando a empresas de todo el planeta, incluyendo varias experiencias vinculadas con Latinoamérica.

Por ejemplo, hasta 2022 le tocó ser el abogado defensor de la empresa de manejo de residuos Stericycle, que reconoció el pago de sobornos en Argentina, Brasil y México y que debió desembolsar más US$ 84 millones para resolver cargos civiles y penales

Stericycle, un proveedor de gestión de desechos médicos, pagó millones de dólares en sobornos para obtener y mantener negocios de clientes gubernamentales en Argentina, Brasil y México desde al menos 2012 hasta 2016. En Argentina, por ejemplo, a esos sobornos los denominaban «alfa» o «alfajores» según se reveló en el proceso judicial que revisó los distintos mails. Los mismos eran pagados en efectivo.

También le tocó defender a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) en la investigación del FIFA Gate que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un caso donde debió reconstruir parte del extenso esquema de sobornos, lavado de activos y fraude alrededor de la casa madre del fútbol.

«(El trabajo) no se centró en Argentina específicamente, pero sí tuve una gran cantidad de trabajo en América Latina y eso ha implicado a menudo a la Argentina. Así que sí, estoy al tanto de sus prácticas«, señaló.

Antes de incorporarse a Sidley, Treanor fue Fiscal Federal Adjunto en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) entre 1999 y 2008, donde se desempeñó como Subjefe de la Unidad contra el Crimen Organizado.

En ese lapso incluso trabajó en la Unidad contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que participó en la investigación del Departamento de Justicia a los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en septiembre de 2001.