Inaugurado el período de sesiones ordinarias en el Congreso, el peronismo en el Senado buscará armar una sesión para rechazar los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, los dos nominados por Javier Milei para la Corte Suprema por decreto, el primero ya en su cargo y el otro a la espera del aval o el rechazo de su licencia como juez federal.

Como en el caso de Lijo ya se firmó el dictamen, los senadores de Unión por la Patria primero tendrán que hacer lo mismo con García Mansilla para dejar los dos expedientes habilitados para ser tratados en el recinto. A eso se dedicarán esta semana corta, aunque expresaron inquietud por una situación que señalaron como no habitual en el Senado: el despacho no estaría en la comisión de Acuerdos presidida por Guadalupe Tagliaferri, del PRO, sino “circulando” por las oficinas de la Cámara alta.

José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, ya había denunciado esa supuesta irregularidad con el dictamen de Lijo. Los senadores peronistas aseguraron que lo habían tomado Ezequiel Atauche y Carlos Espínola, dos de los que estaban juntando las firmas.

“Vamos a voltear los dos pliegos. El artículo 99 de la Constitución, inciso 4, es claro sobre la necesidad del acuerdo con los dos tercios del Senado para nombrar a los jueces de la Corte. El inciso 19 habla de los empleados del Estado, claramente es otra cosa”, esgrimió un referente de la bancada peronista.

Si consiguen con celeridad las firmas del dictamen de García-Mansilla, pedirán una sesión para la semana próxima. Tres senadores de Unión por la Patria (la santiagueña Claudia Ledesma, la catamarqueña Lucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac) suscribieron el despacho de Lijo y otros transmitieron que estaban dispuestos a darle el voto en el recinto. Aun así los referentes del bloque se muestran confiados en que alcanzarán el número para rechazar ambos pliegos.

“Los que acompañaron el dictamen de Lijo lo hicieron para avalar el tratamiento. Todos firmamos la nota para garantizar que si los nombraban por decreto, los volteábamos”, consideró uno de los encargados de motorizar la iniciativa, que de concretarse implicaría un revés para el Gobierno con derivaciones inciertas y un posible conflicto de poderes. “Sin acuerdo del Senado, ¿los dos jueces van a seguir firmando fallos?”, desafiaron en el bloque peronista.

El principal escollo para la oposición dura será reunir el quórum para abrir la sesión. Unión por la Patria tendrá que asegurar las presencias de sus 34 senadores, algo no tan sencillo por el margen de maniobra de la Casa Rosada con los mandatarios provinciales y también por algunos legisladores que no quieren rechazar a Lijo, y a su vez necesitará al menos tres más para habilitar el debate. En caso de conseguirlo, requerirá al menos 25 votos en contra para garantizar que ninguno de los dos pliegos reunirá los dos tercios.

Antes de que Milei designara a los dos jueces en comisión, un sector del bloque peronista estaba dispuesto a avalar el pliego del juez federal. Incluso había trascendido que serían 14 de los 34 miembros. “No sé si todos, pero varios van a mantener ese apoyo”, dijo uno de ellos a Clarín, y negó que el total de los integrantes hubiera firmado el compromiso de rechazar las designaciones por decreto.

Senadores radicales como Martín Lousteau y Carolina Losada se pronunciaron en contra de los nombramientos, también el ex libertario Francisco Paoltroni y Luis Juez, ex jefe de bloque del PRO, aunque desde la oposición dura no confían en que se sienten en sus bancas para darle un golpe al Gobierno, salvo en el caso del titular de la UCR. A sus correligionarios no los cuentan, más después de lo que sucedió con la fallida creación de la comisión investigadora de la estafa con el token $LIBRA, en la que el jefe de la bancada Eduardo Vischi cambió su postura, arrastró a otros legisladores y faltó un voto para constituirla.

El intento del bloque peronista, o de un sector mayoritario, arrancará en medio de un sugestivo silencio de Cristina Kirchner sobre el tema. La titular del PJ apuntó contra Milei por el escándalo del criptogate, los presuntos pedidos de coimas para reunirse con el Presidente, el discurso ante la Asamblea Legislativa, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la posible devaluación y el nuevo acuerdo con el FMI, pero no dijo nada sobre el decreto para designar jueces de la Corte.

“Ella no va a hablar. Conoce cómo funciona la Corte, todas las causas que la involucran van a terminar ahí y lo que diga será usado en su contra, para un lado o para el otro”, estimó un senador con vínculo frecuente con la ex mandataria. ¿El silencio también podría estar motivado en no cerrar la puerta a una negociación? “Pero el Gobierno no la abre”, respondió casi resignado.