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POLITICA

Un ex socio de Franco Bindi aparece en la trama de llamadas de directivos de la SIDE K, el día del crimen del fiscal Alberto Nisman

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El abogado y ex agente de inteligencia Guillermo Alberdi, ex socio de Franco Bindi, entre el 18 y 19 de enero de 2015 habló numerosas veces con el entonces director de Reunión de la SIDE K Fernando Pocino y estuvo cerca de las Torres Le Parc donde fue encontrado el ex fiscal Alberto Nisman con un balazo en la cabeza.

Como abogado, Alberdi defendió a Allan “El Francés” Bogado a instancias de su amigo Gustavo Bindi en la causa del Pacto con Irán. Bogado está procesado en esa causa por supuesto encubrimiento de cinco iraníes acusados como autores intelectuales del atentado contra la AMIA, junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Gustavo Bindi es el padre de Franco Bindi. Alberdi alquiló “una oficina, que utilizaba para su estudio de abogados, junto a Juan Martín Mena (ex número dos de la SIDE y actual ministro de Justicia bonaerense) y Víctor Hortel –ex Director del Servicio Penitenciario y creador de la agrupación de presos “Vatayón Militante”- y los Bindi”, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Del entrecruzamiento telefónico realizado por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina en la causa por el crimen de Nisman surge un abonado telefónico a nombre de una mujer PM (se la identifica solo por sus iniciales por cuestiones de seguridad) quien “tiene numerosos registros comunicacionales con Fernando Pocino” a un teléfono que estaba a nombre de una expareja de éste. Es típico de los espías usar varios teléfonos que no estén a su nombre para tratar de no dejar pistas.

En el marco de este expediente se citó a PM a declaración testimonial en la cual manifestó que “el mencionado Nextel era utilizado por un amigo de su marido, Guillermo Alberdi”.

Analizando el tráfico comunicacional de Alberdi, el fiscal Eduardo Taiano reparó en una serie de registros comunicacionales con un abonado telefónico a nombre de MPLCC con domicilio de facturación en Monseñor Larumbre 3151, domicilio del “Complejo Talar de Martínez”, en el cual residía, a su vez, Diego Ángel Lagomarsino, procesado en la causa Nisman como supuesto partícipe del asesinato.

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En ese barrio también vivía HAR, otro agente de la ex Agencia Federal de Inteligencia (actual SIDE) quién prestó declaración testimonial en el expediente. Lagomarsino negó haber conocido o tenido vínculos con espías en su barrio.

El juez federal Julián Ercolini delegó la investigación del caso Nisman en el fiscal Taiano y el fiscal suplente Hernán Kleiman quienes están cruzando todos estos contactos telefónicos.

Alberdi registra con el abonado referido como MPLCC un total de 24 comunicaciones (registros comunicacionales de Nextel) la noche del 18 de enero de 2015 —fin de semana en el que fue hallado sin vida Nisman— y 50 comunicaciones la madrugada del día 19 de enero de 2015.

En horarios inmediatamente anteriores y posteriores a sus intercambios con MPLCC, Alberdi también registró comunicaciones con Fernando Pocino: 5 llamadas en la noche del 18 y 2 en la madrugada del 19 de enero.

Respecto a la ubicación de Alberdi, el 19 de enero de 2015 a las 13.57 horas y a las 16.47 horas las antenas de sus teléfonos rebotan en la zona de Puerto Madero, donde están ubicadas las torres Le Parc. Antes el fiscal Taiano, Alberdi declaró que «su hermana vivía en la zona y que fue a jugar al tenis» y negó cualquier vínculo con operaciones de inteligencia en el lugar.

La investigación de Taiano también precisó los siguientes contactos el 18 de enero:

– Pocino se comunica a las 12.19 con Alberdi.

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– Alberdi se comunica 12.20 con Pocino.

-Alberdi se comunica 13.09 con Pocino.

– Pocino se comunica 16.57 con Alberdi.

-Alberdi se comunica con Pocino a las 01.17 y 01.35.

El abonado de Alberdi mantiene un total de 50 comunicaciones radiales con el abonado de MPLCC. Estas comunicaciones son en los siguientes horarios: 01.12; 01.13; 01.14; 01.18; 01.20; 01.22; 01.23; 01.26; 01.33; 01.37; 01.38; 01.48; 02.05; 02.46; 08.50; 08.53; 10.05; 10.06; 10.07; 12.15; 12.38; 12.47; 13.01; 13.57; 13.58; 14.06; 14.12; 14.13; 16.47; 16.48; 16.54; 17.43; 20.56 y 22.01.

– Alberdi se comunica 01.17 del 19 de enero con Pocino. Recién en la medianoche del 18 se informó el hallazgo del cuerpo de Nisman.

Alberdi es conocido de Franco Bindi y compartieron una oficina donde trabajaban como abogados. Este último fue el “cerebro” del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas a través de una acusación falsa contra el ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli de haber participado de un intento de extorsión del falso abogado Marcelo D’Alessio.

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En el 2019, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, actual SIDE) cuando la manejaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entregó al entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral, un informe que afirmaba que “desde el intento de instalar una red ilegal de inteligencia en la cárcel de Devoto hasta el caso D’Alessio permiten presentar como hipótesis las posibles actividades de Franco Bindi en violación a la ley de Inteligencia».

«Estas se habrían mantenido con el paso de los años y profundizado gracias a los nexos generados por las referencias que haría a su vinculación a la AFI en la gestión a cargo del doctor Oscar Parrilli”, agregó el informe. En esa causa, Bindi nunca fue citado a declarar y tampoco, imputado.

Mientras, otro socio de Bindi, Mariano Rimini Carol pasó de un estudio jurídico de Tandil a trabajar como empleado de la Biblioteca Nacional. Y aquí aparece otra curiosidad. Porque más que empleado de la Biblioteca, en realidad, habría sido “un agente de la Agencia Federal de Inteligencia”, según ese informe de la AFI de Mauricio Macri entregado a la Justicia.

Desde diciembre de 2019, Bindi hizo de guía y custodio del ex presidente de Bolivia Evo Morales en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández le dio asilo político por supuestamente haber sido víctima de un golpe de estado, aunque en realidad renunció después de hacer fraude en las elecciones.

Clarín pidió a la Cancillería, a la secretaria General de la Presidencia y al ministerio del Interior un informe con los gastos de Morales en la Argentina, donde Bindi lo acompañó a visitar Boca y otros lugares turísticos. Pero no hay “ningún registro” de los pagos por los gastos de Evo. En fuentes judiciales sospechaban, entonces, que su estadía pudo haber sido pagada con fondos reservados de la SIDE.

Ante una pregunta del juez, la AFI de Macri contestó que aquel conocido de Bindi, “Rimini Carol, ingresó al organismo el 1° de julio de 2015 y luego trabajó en el gabinete” del “Señor 5”, Oscar Parrilli”.

En marzo de 2021, Bindi viajó a Asunción con directivos de la petrolera venezolana PDVSA y su presencia puso en alerta a la prensa y al gobierno paraguayos. Bindi llegó en el mismo avión y se alojó en el mismo hotel que un diplomático chavista acusado de trabajar para el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

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Según versiones periodísticas, Bindi habría intentado reunirse con una guerrillera del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo detenida en una cárcel militar de la capital paraguaya.

Bindi también incursionó en los medios. Después de levantar todos los programas y despedir a casi 100 empleados de FM Extra y Extra TV -entre ellos el relator de fútbol K Víctor Hugo Morales-, junto a su misterioso socio paquistaní Muhammar Nadir relanzaron, en diciembre pasado, el canal de noticias con programas de Brics TV y Telesur llenos de propaganda política de los gobiernos de Vladimir Putin y Nicolás Maduro.

En el canal chavista y prorruso también aparece un programa de la Agencia ultra K Paco Urondo y APU TV. Y dos programas de Guillermo Moreno, quien es el único conductor que sigue en Extra TV desde su polémico lanzamiento, en julio de 2023.

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El Gobierno oficializó la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima

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El Gobierno oficializó este lunes la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima, bajo la denominación de Carboeléctrica Río Turbio S.A., y habilitó la participación de capitales privados en su administración. La medida, dispuesta mediante un decreto del Poder Ejecutivo que se publicó esta medianoche en el Boletín Oficial, mantiene el control mayoritario del Estado Nacional, aunque allana el camino para una eventual privatización.

La flamante sociedad anónima estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y absorberá la operación del yacimiento carbonífero, los servicios ferroviarios y portuarios asociados, y la usina termoeléctrica de Río Turbio. Según se desprende de la publicación oficial, identificada bajo el decreto 115/2025, el Estado retendrá el 95% de las acciones a través de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante quedará en manos de la Secretaría de Minería.

Reducción de subsidios y reestructuración laboral

Uno de los principales objetivos de la reforma, que lleva las firmas de Luis Caputo (Ministro de Economía) y Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) es reducir la carga que YCRT representa para el Tesoro Nacional. En ese sentido, se establece un plazo de 60 días para la presentación de un presupuesto 2025 que contemple una disminución progresiva de los aportes estatales, así como un plan de inversiones que garantice la operatividad del complejo minero y energético.

En el plano laboral, el decreto determina que los trabajadores de la empresa pasarán a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, lo que implica un cambio en las condiciones actuales de empleo. Además, en un plazo de 180 días deberá negociarse un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. A pesar de esta transición, el Gobierno aseguró que se respetarán los derechos adquiridos por los empleados.

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El Estado absorbe pasivos y exceptúa a la empresa de controles administrativos

Como parte del proceso de transformación, el Estado Nacional asumirá la totalidad de las deudas acumuladas por YCRT hasta la fecha de conversión en sociedad anónima. Asimismo, el decreto establece que Carboeléctrica Río Turbio S.A. estará exceptuada de los procedimientos de contratación pública y normas administrativas, aunque seguirá sujeta a los controles de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.

En diciembre, se conoció un informe lapidario de la Sindicatura General de la Nación sobre el funcionamiento de YCRT. Al cierre del tercer trimestre de 2024, YCRT tuvo un resultado económico negativo de $8728 millones pese a haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones. Según la SIGEN, su déficit operativo fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año. Según estimaciones del Gobierno, el déficit final de 2024 se ubicará entre los 80 y 100 millones de dólares.

Lugar para una eventual privatización

Si bien el decreto no implica una privatización inmediata, sí sienta las bases para que ello ocurra en el futuro. La Ley N° 27.742, aprobada recientemente, incluyó a YCRT dentro del listado de empresas estatales sujetas a privatización. En caso de que el Gobierno decida avanzar en la venta total o parcial de la compañía, deberá negociar previamente con la provincia de Santa Cruz. Con esta decisión, el Ejecutivo busca reducir el peso de la empresa sobre las cuentas públicas y hacerla más atractiva para la inversión privada, en un contexto de reestructuración del sector energético y de ajuste fiscal.

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