El caso del abogado argentino Germán Darío Giuliani fue llevado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con un pedido de medidas cautelares urgentes contra el Estado venezolano, en una presentación que denuncia desaparición forzada, torturas y graves violaciones a los derechos humanos.

La solicitud fue realizada por su esposa, María Virginia Rivero, a través del abogado Diego Armesto, y sostiene que Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025 en condiciones de incomunicación, sin acceso a defensa privada ni asistencia consular, y con un deterioro físico y psicológico progresivo.

A ese proceso se sumó la intervención de la diputada nacional Karina Banfi, quien acompañó a la familia a través de la ONG Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, un espacio que integra junto a Elisa Trotta, Waldo Wolff y Graciela Fernández Meijide. Según explicó, el caso presentaba un cuadro de desprotección institucional, especialmente por la ausencia de una medida cautelar ante la CIDH, el mecanismo central para activar la intervención del organismo en situaciones de violaciones de derechos humanos.

La presentación formal fue realizada hoy, tras una semana de gestiones en Washington. Allí, Banfi mantuvo reuniones con autoridades de la Comisión Interamericana y avanzó en la preparación del expediente. A su regreso al país, articuló con el abogado Diego Armesto y con la ONG para estructurar la medida cautelar que finalmente fue presentada, con el objetivo de individualizar el caso dentro del sistema interamericano y habilitar mecanismos de protección específicos.

“A Germán Giuliani lo detuvo el régimen de Venezuela por ser argentino. Lo están usando de moneda de cambio siendo el único argentino detenido en carácter de preso político. Esta medida cautelar es un seguro de vida, no sabemos qué le puede pasar, mientras siga detenido en manos de la dictadura”, sostuvo Banfi, en diálogo con Infobae.

La presentación ante la CIDH no forma parte de la estrategia de la Cancillería, sino que corresponde a acciones que impulsan familiares y organizaciones de derechos humanos. El Gobierno argentino colabora con la familia y existe conformidad con esas gestiones, aunque su margen de acción es limitado por la falta de relación directa con el régimen venezolano, lo que obliga a canalizar contactos a través de terceros países, principalmente Estados Unidos.

La medida cautelar fue impulsada mediante un esquema mixto entre la familia y una organización no gubernamental, con el objetivo de reforzar la legitimidad del caso y consolidar su caracterización como detención política sin sustento penal. Esa articulación permitió formalizar el expediente en un contexto en el que organizaciones como Foro Penal ya identificaban a Giuliani como un preso político dentro del universo de detenidos en Venezuela.

El pedido ante la CIDH se sustenta en los requisitos del artículo 25 de su reglamento. La presentación plantea la gravedad del caso, al tratarse de la detención y desaparición de un ciudadano argentino sin comunicación con su familia ni acceso a asistencia consular, en una situación que pone en riesgo su vida e integridad física. También señala la urgencia de la intervención, dado el tiempo transcurrido sin información sobre su paradero y estado de salud. Y advierte sobre el daño irreparable que implica la privación ilegítima de la libertad, el aislamiento forzado y la incomunicación sostenida, que afectan de manera irreversible sus derechos fundamentales.

Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en aguas del estado de Anzoátegui, mientras navegaba en una embarcación junto a ciudadanos venezolanos. Había viajado al país por un contrato comercial temporal.

Durante los doce días posteriores no hubo información oficial sobre su paradero. Ese período es caracterizado en la denuncia como desaparición forzada, una figura que implica la detención por parte de agentes estatales seguida de la negativa a reconocerla o informar sobre la situación de la víctima.

Recién luego de ese lapso se confirmó que estaba recluido en el Comando Militar de Las Acacias, un centro asociado a la detención de presos políticos, y posteriormente fue trasladado al penal de Yare II.

El documento señala que desde el inicio del proceso no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Giuliani no fue presentado ante un juez en tiempo razonable, no tuvo acceso a defensa técnica independiente y nunca recibió asistencia consular, pese a los intentos reiterados de su entorno.

Las imputaciones en su contra —terrorismo y narcotráfico— fueron difundidas públicamente por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. Sin embargo, la familia sostiene que no existen cargos formales ni pruebas que respalden esas acusaciones.

Uno de los ejes centrales de la denuncia refiere a las condiciones de detención. Los familiares reportan que el contacto es extremadamente limitado, con llamadas breves, esporádicas y bajo supervisión, sin posibilidad de verificar su estado de salud real.

A esto se suman denuncias de torturas físicas durante los interrogatorios, incluyendo golpes, coerción para firmar declaraciones y prácticas de aislamiento prolongado.

El testimonio del periodista venezolano Ramón Centeno, incorporado en la presentación, describe un patrón sistemático de violencia: interrogatorios reiterados, presiones para incriminar a dirigentes opositores y amenazas directas de desaparición. También detalla su paso por un centro de tortura conocido como “El Tigrito” y su posterior traslado.

El aislamiento se mantuvo en el tiempo. La familia sostiene que durante meses no hubo comunicación y que las condiciones de detención incluyen incomunicación, restricciones alimentarias y deterioro físico y psicológico.

El caso también incorpora un componente político. Tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo —que estuvo detenido 448 días— Giuliani quedó como el único argentino privado de su libertad en Venezuela, lo que incrementó la presión diplomática.

En ese contexto, su detención es interpretada por su entorno y por organizaciones de derechos humanos como parte de una lógica de utilización de extranjeros como fichas de negociación en conflictos diplomáticos.

A nivel internacional, el caso ya fue expuesto por el gobierno argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se exigió su liberación inmediata y el respeto de sus derechos fundamentales.

La presentación ante la CIDH introduce ahora un cambio en el expediente. La medida cautelar permite individualizar el caso dentro del sistema interamericano, habilita un seguimiento específico y abre la posibilidad de intervenciones más incisivas, como una eventual visita in loco (presencial) para verificar la situación de los detenidos.

El movimiento también implica una escalada política. El caso deja de ser exclusivamente bilateral y pasa a formar parte de la agenda de la Organización de los Estados Americanos, donde se articula con el seguimiento regional de presos políticos en Venezuela.

Hoy, Giuliani es el único ciudadano argentino que permanece detenido en ese país. La resolución de la CIDH será determinante para establecer si el caso avanza hacia una instancia de mayor presión internacional en uno de los episodios más sensibles de la relación entre Argentina y Venezuela.

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La investigación judicial sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas nuevos elementos: la aparición de supuestos chats que detallan entregas millonarias de dinero en efectivo, con logística acordada y referencias precisas a vehículos, montos y destinos.

Según la documentación aportada a la causa, a la que accedió TN, estas conversaciones reforzarían la hipótesis de una operatoria sistemática que incluyó al menos US$ 18 millones en movimientos por fuera de los circuitos formales y que habrían terminado en las oficinas de Juan Pablo Beacon.

Las entregas se habrían realizado en autos de alta gama —como BMW, camionetas 4×4 y un Volkswagen Passat negro— en la oficina del abogado Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino, en Lavalle 1718, Ciudad de Buenos Aires, lugar conocido como “la Rosadita de la AFA”.

En esos intercambios, atribuidos a Beacon y al financista Diego Pasztor, se pactaban encuentros para la entrega de dinero en efectivo, con menciones específicas a vehículos y fechas. Pasztor no respondió a los mensajes de este medio.

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La reconstrucción de esos movimientos indica que entre mayo de 2021 y el 2 de marzo de 2022 se habrían concretado 42 pagos por un total de US$ 13.277.000. En ese período, Pasztor figura como el financista principal y aparecen como vehículos de la maniobra las firmas Q22, Stratega y Odeoma, señaladas en la investigación como presuntas empresas “fantasma”.

Entre los ejemplos detallados en la documentación se menciona una entrega del 7 de junio de 2021 en un BMW gris, sin monto especificado. Luego, el 2 de agosto de ese año, otra operación en un BMW gris oscuro por US$ 200.000. El 18 de noviembre de 2021, en tanto, se registra un pago de US$ 700.000 realizado en un Passat negro. Todos estos movimientos habrían tenido como destino oficinas vinculadas a la estructura dirigencial de la AFA.

Todo eso quedó registrado en los supuestos chats que investiga la Justicia y que ahora están en poder del juez Charvay, luego de que el juez Armella se inhibió de seguir investigando.

A partir de febrero de 2022, siempre según la documentación analizada, se habría incorporado un segundo financista: Fabián Adolfo Krunfli, alias “Fiño”. En ese tramo, entre febrero y mayo de ese año, se registran 26 pagos en efectivo por un total de US$ 5.280.534.

En este esquema aparece la empresa TourProdEnter, presidida por Javier Faroni, como vehículo para las transferencias bajo sospecha. TourProdEnter habría financiado un yate de lujo utilizado en Mónaco por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

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La Justicia investiga si los fondos administrados en el exterior por esa firma eran transferidos a compañías radicadas en Estados Unidos para luego regresar al país en efectivo mediante financieras locales. Ese circuito, según la hipótesis en análisis, incluía la intervención de “cuevas” y la posterior distribución del dinero en oficinas fuera del sistema bancario.

Varias presuntas conversaciones por WhatsApp entre Toviggino y Beacon muestran además la coordinación de las entregas de dinero. Para los investigadores, estos intercambios forman parte de las pruebas que vincularían a dirigentes con la recepción de dinero en efectivo proveniente de fondos previamente girados al exterior. En el expediente ya se incorporaron chats, audios, planillas manuscritas, facturas y comprobantes de transferencias.

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La causa, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella, busca reconstruir el recorrido de unos US$ 260 millones que la AFA recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y la plataforma AFA Play.

En paralelo, también se investiga el destino final de esos fondos. Según las sospechas, una parte habría sido canalizada hacia cuevas y oficinas como la denominada “Rosadita”, mientras que otra habría sido utilizada para gastos personales.

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En la antesala del año electoral, la discusión por el modo de votación en la provincia de Buenos Aires empezó a ganar terreno en la conversación política. Mientras el gobierno de Axel Kicillof, viene planteando que este año se deberían hacer modificaciones a la ley electoral de la provincia para no repetir la experiencia del 2025, la oposición volvió a impulsar la instauración de la Boleta Única de Papel (BUP).

En las últimas horas, el presidente de La Libertad Avanza(LLA) en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja, ratificó la posición del espacio de Javier Milei para que el año que viene las elecciones a cargos provinciales sean mediante BUP y no con el tradicional modelo de boleta partidaria o sábana. LLA presentó nuevamente su proyecto para establecer la BUP en Buenos Aires. La propuesta ya había ingresado al Senado provincial en 2024, pero no avanzó debido a la falta de acompañamiento. Con motivo de esta nueva presentación el diputado nacional que responde a Karina Milei enfatizó en que “el kirchnerismo bloquea cualquier intento de cambio para preservar un sistema opaco, desigual y funcional al aparato político”.

Tanto Pareja como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juan Osaba y el titular del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, aseguraron que la discusión por la BUP es una iniciativa de LLA y que “hay sectores de la política bonaerense que pasaron décadas mirando para otro lado frente a un sistema electoral agotado, y ahora pretenden colgarse de una reforma que ya tiene autor, impulso legislativo y éxito comprobado”. El destinatario de esta afirmación hecha por Pareja pareciera ser el radicalismo. Es que la UCR junto al PRO y la Coalición Cívica también habían impulsado la discusión de la BUP en septiembre del 2024. “La BUP fue promovida y defendida por La Libertad Avanza cuando otros especulaban o directamente eran funcionales al statu quo. Subirse ahora a esa agenda es querer reciclarse políticamente”, dijo Pareja.

Ante la consulta de Infobae, desde el PRO se subieron a la discusión. El diputado por la Cuarta sección electoral, Fernando Rovello, enfatizó en que “nosotros ya hemos presentado varios proyectos en 2022 y 2023 para discutirlo como cuestión previa a todas”, y que “la BUP garantiza una mayor autonomía al elector para decidir marcando por categoría a las agrupaciones políticas de su preferencia: ataca las prácticas clientelares y garantiza una oferta electoral completa».

En medio de esta discusión que asoma, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, planteó este lunes: “nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

“No sé quién en particular de La Libertad Avanza —dijo que el peronismo cajoneaba la BUP—, pero le podemos regalar una Constitución, que la lea, que después presente un proyecto en la Legislatura y lo discuta donde corresponde”, enfatizó.

En lo político, el gobierno de Kicillof toma distancia de la aplicación de la BUP para el territorio bonaerense. Así se manifestó el año pasado tras la aprobación en el Congreso de la instauración del sistema de boleta única, un posicionamiento que aún sostiene. “Había dos argumentos por los cuales se sostenía que la boleta única de papel era mejor que la boleta partidaria. El primero es que otorgaba mayor transparencia en el acto electoral. Llevamos adelante un acto electoral con la boleta partidaria -el desdoblamiento del 2025- y fue probablemente el acto electoral más transparente de la historia de la provincia de Buenos Aires”, se defendió el ministro de Kicillof.

También, en la habitual conferencia de prensa de todos los lunes, enfatizó en que “el segundo argumento fue la BUP era más barata. Se decía que se iba a ahorrar mucho dinero estableciendo la boleta única en papel respecto de la boleta partidaria. Bueno, demostramos que era el doble de cara. Ninguno de los argumentos es válido”.

Lo que sí pergeñan en el gobierno de Kicillof es abrir el debate para otro tipo de reformas electorales. Una de ellas es adecuar el tema de los plazos electorales, una cuestión que se discutió de manera frenética el año pasado cuando el mandatario decidió desdoblar los comicios.

Otro tema es abordar un virtual desdoblamiento elecoral. Hoy por hoy, esa condición es una facultad que tiene el propio gobernador al definir la fecha de los comicios provinciales. El año pasado fue la novedad. Buenos Aires eligió diputados y senadores provinciales, además de concejales, en el mes de septiembre y luego en octubre los representantes para la Cámara de Diputados de la Nación. Los comicios bonaerenses se realizaron mediante la boleta partidaria; mientras que los diputados nacionales con la BUP. Una discusión que también estará atravesada por la intención propia de Kicillof de ser candidato a presidente en 2027.

Por lo pronto, Bianco sostiene conversaciones con la Junta Electoral que aún preside la titular de la Corte, Hilda Kogan, para que en lo que resta de este 2026 se defina qué hacer. Las proyecciones y expectativas ubican a esta discusión para desandarse en la segunda mitad del año. Todo, pos mundial.

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