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POLITICA

Un funcionario del Gobierno denunció que la licitación de la Hidrovía sufrió un «sabotaje»

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El Director Ejecutivo de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, denunció hoy ante la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados un “sabotaje” coordinado por empresas y actores de la política al proceso de licitación para el mantenimiento de la Hidrovía conformada por los ríos Paraná y Paraguay.

En su exposición, el funcionario de la Agencia de Puertos anticipó que desde el Poder Ejecutivo se presentarán ante la Justicia en caso de confirmar que hubo operaciones de “boicot” a la licitación. “Vamos a ser implacables”, amenazó.

El Gobierno lanzó la convocatoria para la licitación de la Hidrovía el 19 de noviembre del año pasado. Pero en la apertura de los sobres, recibió solamente una oferta que presentó la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME), que denunció desde el principio que el pliego estaba direccionado para que ganara el también belga Jan de Nul, anterior licenciatario de la concesión hasta 2021, que continúa dragando ahora con un contrato con la ex Administración General de Puertos (AGP).

Este miércoles, después de la anulación de la licitación para el manejo de la Vía Navegable Troncal del río Paraná por parte del Gobierno, el fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una serie de operativos sobre Jan de Nul, la compañía denunciada. Hace una semana, la Procuraduría de investigaciones Administrativas (PIA) había emitido un duro dictamen través del cual pedía a la Casa Rosada al que “adecue los plexos licitatorios” de la llamada Hidrovía.

Fue tras una denuncia radicada por un grupo de referentes y diputados del ARI-Coalición Cívica.

Por eso, en respuesta a un pedido que inició el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro en la última sesión, la presidenta de la comisión de Transportes, Pamela Verasay, convocó este jueves a Arreseygor, a participar de una reunión informativa.

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Al aceptar la invitación y hacerse presente, el funcionario defendió con uñas y dientes la “transparencia” del procedimiento realizado y arremetió duramente contra “la orquesta de medios, ex funcionarios, miembros de la política y empresarios que se coordinaron entre todos para hacer que este proceso licitatorio se cayera” con sus denuncias sobre supuesto “direccionamiento”, según la agencia NA.

“Una coordinación perfecta entre estos actores que no tenían ningún interés en que esto saliera adelante. Lo único que les interesaba era voltear el procedimiento. Lamentablemente vimos lo peor de la política, de la casta, de la rosca de la Argentina de los últimos meses”, disparó

A criterio de Arreseygor, fue “una operación sin precedentes” y apuntó, entre otros nombres, al «ex ministro de Transporte (Guillermo) Dietrich, por supuesto el ex presidente Mauricio Macri» y a estudios de abogados. También cargó contra diputados nacionales, reconocidos estudios de abogados y medios de comunicación. “Lejos de hacer preguntas se dedicaron a tirar piedras”, recriminó.

El funcionario de la Agencia de Puertos recordó que a partir del lanzamiento de la licitación se realizaron 31 mesas participativas “durante dos o tres meses” en las que se hicieron presentes todos los actores “relevantes” vinculados al desarrollo fluvial de la región. “El contenido de esos pliegos fue convalidado en esas mesas”, resaltó, y lamentó que la «lluvia de operaciones mediáticas comenzara desde el primer momento en que se lanzó la licitación.

“No vi que ninguno haya leído las 3600 páginas del pliego. Todos se llenaron la boca para hablar de direccionamiento. La Justicia por suerte en tres ocasiones nos dio la razón”, aclaró.

Sin embargo, reconoció que el hecho de que apareciera un solo oferente al abrir los sobres de la licitación fue decepcionante para las expectativas que se habían creado.

“Tenemos la presunción de que esa empresa (DEME) presionó al resto de las empresas para que no se presentaran, y de que venían tratando de boicotear el proceso desde el inicio”, conjeturó.

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Apoyó esta teoría en el hecho de que “a lo largo de todo el procedimiento, los distintos sectores interesados en participar transmitieron que iban a hacerlo”. “Hubo una mano misteriosa a ultimo momento que presionó a todos esos actores para que no se presenten”, reforzó. Y consideró que “acá el que perdió fue el productor” argentino producto de “la mezquindad política de un grupo de vivos que decidió sabotear el procedimiento”.

«Terminamos viendo un sabotaje que perjudica al productor«, insistió Arreseygor, quien habló de posibles delitos cometidos tanto por las empresas como por el conjunto de actores de la política que pusieron en tela de juicio la licitación. Y señaló que “donde detectemos esas conductas vamos a ir a la Justicia y las vamos a denunciar. Y vamos a ser implacables”, amenazó.

Al abrirse la ronda de debate, Ferraro ratificó su postura de que en la licitación de la Hidrovía hubo “improvisación, hubo negligencia y hubo impericia”. «Nos hubiera gustado poder conversar sobre esto siete meses atrás, y estamos hoy, en el mes de febrero del 2025, por primera vez con una licitación caída, con un dictamen durísimo para con el proceso licitatorio, teniéndolo recién en este momento”, reprochó.

Por su parte, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot criticó la intervención de Arreseygor al señalar que fue “una catarata de responsabilidades exógenas” y que transmitió “una carencia absoluta de autocrítica”. “Si el proceso (licitatorio) hubiese tenido tanto acuerdo y participación no habría fracasado prácticamente el día en que fue publicado en el Boletín Oficial”, chicaneó.

POLITICA

La justicia investiga si Ritondo tiene sociedades off shore y departamentos en Miami sin declarar

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Para esclarecer los hechos denunciados y que ponen bajo la lupa al diputado Cristian Ritondo y a su pareja, a raíz de supuestas sociedades y estructuras financieras radicadas en el exterior y sin declarar, el fiscal federal Eduardo Taiano impulsó una serie de medidas de prueba.

El 10 de diciembre de 2024, Jeremías Rodríguez radicó la denuncia penal contra el diputado nacional y su cónyuge, Romina Aldana Diago, “por la creación de sociedades comerciales y estructuras financieras no declaradas, en países extranjeros, y el ocultamiento de la adquisición de varios bienes inmuebles y el origen de los fondos para adquirir los mismos”.

De acuerdo al artículo periodístico que se adjuntó en la causa, Diago “tendría participación en cuatro sociedades constituidas en países y Estados con opacidad fiscal (Sunstar Point Ltd, Ilustre LLC, Bonita Holding 39 LLC y Goformore LCC) y un fideicomiso radicado en el Estado de Florida (Warwick Trust)”.

Con esas sociedades -se denunció- se “habrían adquirido cuatro departamentos ubicados en los condominios Midtown Four (3301 NE, 1st Ave, Miami), Harbour House (10275 Collins Ave, Miami) e Iconbay (460 NE, 28th St, Miami) de la ciudad de Miami por la suma de 2.600.000 dólares, operaciones inmobiliarias que se habrían concretado entre enero de 2013 y julio de 2015”.

Respecto de Warwick Trust, Diago “habría estipulado que, tras su muerte o incapacidad, Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales del patrimonio fideicomitido serían los dos hijos del matrimonio”.

Por otra parte, la nota periodística destacó que, “en las últimas declaraciones juradas disponibles del diputado nacional, “que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida”.

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El dictamen del fiscal Taiano relata además que la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Legislatura porteña habría indicado que “no contaba con las declaraciones correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, “ya que, pasados los 5 años desde la finalización del mandato, las declaraciones juradas ‘dejan de estar disponibles’”.

En función de todos estos hechos, la fiscalía sostuvo que “con el objeto de recabar mayores elementos que permitan precisar los sucesos denunciados”, se impulsó una batería de medidas.

En primer lugar, se pidió “compulsar las bases de datos de acceso público propuestas en la Guía de Investigación Financiera de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal”.

La finalidad de este entrecruzamiento, señaló el fiscal Taiano, es obtener información respecto de las sociedades supuestamente constituidas por Ritondo y su mujer en el extranjero, dejando debida constancia de los resultados obtenidos de esa búsqueda «mediante certificación actuarial”.

También preguntó a la Unidad de Información Financiera (UIF) si inició alguna investigación con motivo de las denuncias de Elisa Carrió y Mónica Frade, por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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