El juez en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, dio luz verde al pedido de las organizaciones sociales y habilitó la feria judicial para hacer cumplir el fallo que obliga al Ministerio de Capital Humano a “no innovar” respecto a las políticas alimentarias.

Walter Lara Correa, el juez detrás de aquella primera resolución, a días del inicio del receso invernal, dio lugar a la cautelar que presentó la representante oficial de niños y adolescentes ante el tribunal, Florencia Plazas, quien solicitó que el ministerio continúe con los “planes y programas” alimentarios. Esto último es lo que buscan hacer cumplir las organizaciones al pedir la habilitación de la feria judicial, al la que el juez Cormick accedió por las “circunstancias excepcionales del caso”

En su pedido, Plazas, solicitó al juez que “ordene al Ministerio de Capital Humano que continúe con los planes y programas denunciados como política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes y que asegure su efectiva ejecución evitando cualquier dilación, interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria”.

El juez Lara Correa avaló esta solicitud con un fallo que no terminó por despejar las dudas: mientras que las organizaciones sociales estaban exultantes, en el ministerio no mostraban preocupación por la resolución del juez. “Es un fallo híbrido”, aducían.

En su fallo, el magistrado sostuvo: “corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la Sra. Defensora Pública Oficial [Florencia Plazas] y, en consecuencia, dispóngase que el Estado Nacional – Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas”

La resolución de Cormick, que se para sobre el fallo de Lara Correa, es un eslabón más en la larga cadena judicial que se inició en febrero, cuando el dirigente social Juan Grabois denunció a la titular del ministerio, Sandra Pettovello, por incumplimiento en los deberes de funcionario público tras interrumpir el reparto de alimentos para los comedores comunitarios en medio de una reorganización de la política alimentaria. A la par de aquella denuncia, las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), presentaron un amparo colectivo pidiendo que se reanudara la entrega de alimentos.

La disputa de las organizaciones sociales con el ministerio tiene otro andarivel en el terreno judicial. En el marco de la denuncia de Grabois contra Pettovello, el juez federal Sebastián Casanello, ordenó a la ministra a presentar un plan de “inmediata ejecución” para activar el reparto de los alimentos almacenados en los depósitos de ministerio.

Ahora, luego de que la Cámara de apelaciones y Casación confirmaran el fallo de Casanello y rechazaran los argumentos del Ministerio, Pettovello planea ir a la Corte Suprema de la mano del procurador de la nación, Rodolfo Barra, quien entró en escena para darle volumen jurídico a la pulseada de la ministra con las organizaciones sociales.