Con presencia en colegios y parroquias porteñas, en las tierras salteñas de Cafayate y otros puntos de Catamarca, Tucumán, Mendoza y Rosario, la comunidad de la Orden de San Agustín en la Argentina celebra como nadie la elección del papa León XIV. Sus referentes lo ven como un continuador del legado de Francisco, con la impronta misionera y comunitaria que caracteriza a la congregación religiosa que Robert Francis Prevot condujo a nivel mundial durante doce años.

“Prevost fue nuestro superior mayor, entre 2001 y 2023, cuando Francisco lo llevó a Roma. En 2004 visitó todas las casas de los agustinos en la Argentina: fue a Mendoza, Rosario, Cafayate, Tucumán, Catamarca, Salta y Buenos Aires. Inauguró la Biblioteca Agustiniana, en la Casa de Formación Santa Mónica, sobre la calle Nazca, en Villa Devoto, y compartió encuentros con el entonces cardenal Jorge Bergoglio”, confirmó a el actual superior de la orden agustiniana en la Argentina, el sacerdote Juan Antonio Gil Solórzano, mientras saludaba a fieles que se le acercaban, en la parroquia San Agustín.

La foto de los dos futuros papas en el altar de la iglesia de la avenida Las Heras y Agüero se viralizó al día siguiente de la elección de León XIV. “En 2004 había celulares, pero no sacábamos tantas fotos”, se lamenta un sacerdote de la comunidad que compartió aquellos momentos con el actual Papa, mientras conversa en el atrio de la parroquia con tres feligreses. Muchos recuerdan la visita de 2013, cuando Prevost acompañó como superior de la orden al obispo argentino Alberto Bochatey en su consagración episcopal, en la Catedral de La Plata.

El padre Gil Solórzano confía en que habrá una continuidad entre los pontificados de Francisco y de León XIV, especialmente en materia social, en sintonía con el apostolado que caracteriza a los agustinos.

“Nuestro carisma nos enseña que hemos venido para servir a la Iglesia y lo hacemos a través de los colegios y parroquias. Muchas familias apoyan las acciones de promoción humana y solidaridad que desde 1969 llevamos adelante en Salta”, explicó el sacerdote a . Así se sostienen, por ejemplo, un hogar de ancianos, una residencia, la construcción de viviendas, la ayuda social y el compromiso con la gente necesitada”, enumeró.

La presencia de la obra agustiniana en Cafayate llevó a la Santa Sede a confiar el gobierno pastoral de la Prelatura a sacerdotes de la Orden de San Agustín, modalidad que se conserva desde hace más de 50 años.

Más allá de los programas de ayuda social, los agustinos identifican la experiencia sinodal que impulsó Francisco con la vida en comunidad que caracteriza a las órdenes religiosas. “Es algo muy agustiniano. Buscar el consenso, el diálogo, ver lo que nos une y buscar la comunión de almas y corazones, el lema de San Agustín”, resumió el superior de la orden en la Argentina.

“Las órdenes religiosas siempre aportaron la riqueza de la vida en comunidad y una mayor sensibilidad social, una visión que contribuye a la cercanía de la Iglesia con el pueblo”, explicó el analista José María Poirier, director de la revista Criterio, al reparar en que los dos últimos papas –Francisco y León XIV- surgieron de órdenes religiosas: los jesuitas y los agustinos.

En otro enfoque, la profesora de teología María Clara Bingemer, de la Universidad Católica de Río de Janeiro, estimó, ante una consulta de LA NACION, que la elección de León XIV fue estratégica. “Es estadounidense, cuando Estados Unidos está en evidencia por cuestiones negativas, como las deportaciones”. Y estimó que el cardenal Prevost, como responsable del Dicasterio para los Obispos, muy probablemente intervino en el reciente nombramiento del cardenal Robert Walter McElroy como arzobispo de Washington, en el talón de Trump”. El mencionado cardenal proviene de la diócesis de San Diego, en la frontera de México, donde creó parroquias sinodales y promovió el apoyo a los migrantes. Un indicio de que el Vaticano no da puntada sin hilo.

“El flamante Papa tiene el peso de ser una voz escuchada en Estados Unidos. Esperaría que él luchara por abolir esa falsa nomenclatura de que América es sinónimo de los Estados Unidos. América somos todos”, expresó la teóloga. Recordó el trabajo de Prevost con los pobres y los migrantes, pero llamó a esperar para ver qué grado de apertura muestra frente a cuestiones de moral.

Otro analista, el sacerdote español Francisco Javier Bronchalo, observó que la decisión de León XIV de asomarse al balcón con la muceta roja, la estola y la cruz dorada parece una formalidad, pero es un gesto importante “Recupera la tradición de la Iglesia y muestra que que da importancia a los signos, los cuales son siempre una gran catequesis”.

El gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Justicia, informó que el 11 de agosto se implementará en Comodoro Py -el fueron que investiga el lavado de activos, el narcotráfico y la corrupción de los funcionarios nacionales- el sistema procesal acusatorio. El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, envió una nota al ministerio de Justicia después de recibir los reclamos y manifiestas preocupaciones de los fiscales de instrucción como de los fiscales de juicio de las principales causas de corrupción. En la misma habló de una “marcada falta de previsibilidad” sobre el anuncio oficial, la falta “de recursos aplicados” y un peligro de que fracase el cambio que busca implementarse

En 18 páginas, el jefe de los fiscales expuso diversas circunstancias que ocurren en las jurisdicciones en las que el actual gobierno implementó el sistema acusatorio, haciendo peligrar -entienden desde el Ministerio Público Fiscal-, el correcto funcionamiento de este modelo que otorga a los fiscales total preponderancia en las investigaciones.

Las consideraciones de Casal en cuanto a las “problemáticas y carencias de recursos» dan cuenta de un “preocupante panorama general que parece agravarse con la incorporación ininterrumpida de más jurisdicciones, sin haberse terminado de atender las necesidades de las ya instauradas”.

El Procurador General advirtió que «puede verse comprometida la eficacia misma de la reforma y la posibilidad del Ministerio Público de cumplir adecuadamente con la misión encomendada”.

En menos de una semana los fiscales de instrucción y los fiscales generales ante los Tribunales Orales de Comodoro Py enviaron oficios al Procurador Casal expresando la preocupación por la determinación del Ministerio de Justicia que dirige Mariano Cúneo Libarona.

Por ese motivo en una extensa nota, el jefe de los fiscales se dirigió al Gobierno con expresa preocupación por el escenario actual.

El último oficio que recibió el Procurador estaba firmado por los fiscales que tienen a su cargo los juicios por hechos de corrupción de gran envergadura: Vialidad II, Odeberecht, Skanska, Cuadernos de las Coimas, Desvío de fondos en YCRT, Hotesur-Los Sauces, entre otros.

La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal es uno de los mayores desafíos jurídicos que afronta nuestro país. Hay un fuerte choque respecto al calendario que la política impulsa y la grave crisis que atraviesan el Poder Judicial y la Procuración General de la Nación en materia de cargos vacantes. Las cifras no tienen precedentes: el 30,5% de los puestos de jueces nacionales y federales se encuentran vacíos. El número es aún más grave para el Ministerio Público Fiscal: el 42% de los despachos se encuentran sin fiscales en carácter de titular.

Desde diversas instancias, los fiscales conducidos por Eduardo Casal sostienen que “toda la actividad que realizamos es de naturaleza netamente acusatoria, por lo cual apoyamos que esta característica se extienda al tramo inicial del proceso”. Pero les preocupan las condiciones en las que el gobierno está llevando adelante los cambios.

El jefe de los fiscales elevó al gobierno esa alarma de sus subordinados, que “en forma unánime alertaron sobre serias falencias estructurales, tecnológicas y humanas”.

Esas falencias generalizadas “podrían comprometer gravemente la implementación efectiva del nuevo sistema, como así también a las causas que actualmente tramitan ante esos fueros”.

Las presentaciones coinciden en la falta de planificación integral, infraestructura adecuada y recursos humanos suficientes y, en su mayoría, instauran reclamos específicos de mejora inmediata en tecnología informática, conectividad y capacidad investigativa especializada, como así también en la necesidad urgente de equilibrar recursos humanos entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

Por ejemplo, los fiscales generales consignaron que en sus despachos “tramitan causas de corrupción ~en las cuales concurren la complejidad de los delitos y la multiplicidad de intervinientes e imputados que ocuparon las primeras líneas del Gobierno nacional-, además del resto de los delitos federales”.

Esta situación “expone una realidad criminológica específica de nuestra jurisdicción, distinta de cualquier otra”. Con lo cual entienden que una implementación del sistema acusatorio en otros fueros no puede replicarse sin tener en cuenta las particularidades de los expedientes que tramitan en Comodoro Py.

Bajo esa premisa, plantearon una profunda inquietud por lo que entienden es una “decisión intempestiva de implementar el Código Procesal Federal en las condiciones actuales”.

El jefe de los fiscales detalló la realidad de las fiscalías en Comodoro Py y en el fuero Penal Económico, y señaló que el diagnóstico “evidencia que la situación edilicia de las fiscalías es deficiente. Sólo 3 de las 40 oficinas en las que funcionan las fiscalías federales de CABA poseen las dimensiones necesarias para las funciones y el personal actual, en este sistema procesal”.

En ese contexto, continúa planteando la nota, “resulta evidente la imperiosa necesidad de mayor superficie destinada a dependencias del Ministerio Público Fiscal, que se adapten al diseño de las unidades fiscales planificadas para el sistema acusatorio en el país”.

Con ese criterio Casal le manifestó a Cuneo Libarona que las condiciones en las que Comodoro Py y el edificio de calle Inmigrantes -donde se desempeñan los fiscales del fuero penal económico- se encuentran “lejos” de cumplir con los estándares requeridos para el correcto funcionamiento del Ministerio Público bajo el nuevo esquema y, consiguientemente, que el tiempo restante hasta el 11 de agosto no será suficiente para realizar las adaptaciones que se requieren”.