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POLITICA

Un quiebre en la familia kirchnerista

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Sobre el proceso irrefrenable de segmentación que presenta la política nacional se está verificando un caso de primera magnitud: la fractura del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. No es un quiebre provocado por la diversidad, como pudo haber sido el que separó a los Kirchner de sus padrinos, los Duhalde, en 2005. O como el que llevó a Antonio Cafiero a salir del PJ y competir contra Herminio Iglesias en 1985. Ahora el conflicto es dentro de la misma familia ideológica: es imposible, al menos hasta ahora, identificar cuáles son las diferencias conceptuales de Axel Kicillof con la señora de Kirchner. El gobernador no piensa distinto. Quiere lo mismo. La discusión en estas horas se centra en cómo acotar los daños de esa pelea. Es decir, cómo conseguir que la herida no se profundice hasta volverse catastrófica. El peronismo fue creado para el conurbano bonaerense. Allí está su principal base de poder. Allí se encuentra su cantera electoral. Ese activo permitió a Néstor y Cristina Kirchner controlar al partido por más de 20 años. Esa plataforma se partió. La expresidenta está intentando en estas horas mantener unidos los fragmentos de algo que ya está roto.

El pegamento para mantener junto lo que ya se separó es el sistema electoral. Kicillof adelantó los comicios provinciales para dejar a los candidatos al Congreso desprovistos del potencial de movilización del aparato clientelar del conurbano. Los futuros integrantes de la Legislatura bonaerense se elegirán el 7 de septiembre. Los de la Cámara de Diputados de la Nación, el 26 de octubre. Al mismo tiempo, a fin de evitar a los vecinos la molestia de concurrir tres veces a las urnas, el gobernador envió al Senado de la provincia un proyecto de ley para suspender las PASO. La aprobación de esa iniciativa agravaría las decisiones que Kicillof ya adoptó. Porque los postulantes de la expresidenta y los postulantes que se identifican con él irían en listas separadas. La división sería definitiva y facilitaría el triunfo de una tercera fuerza. El tecnicismo del método electoral puede cobijar, entonces, una revolución política.

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Anteayer Máximo Kirchner y su inconstante aliado Sergio Massa trataron de impedir que se deroguen las PASO. Si tenían dudas sobre la ventaja de hacerlo, los terminó de convencer Emilio Monzó, un experto en estos misterios técnicos del poder. Monzó conversó con Máximo en el recinto de Diputados y le explicó: “Si quieren mantener el partido unido tienen que conservar las PASO. Compiten ahí con las listas de Kicillof, pero todo converge a una oferta única”. Es posible que muchos intendentes del PJ coincidan con Monzó: con un kirchnerismo dividido es más fácil que triunfe una tercera fuerza. Esta lógica pide a gritos una cita de aquel tratado sobre Las leyes fundamentales de la estupidez humana de Carlos Cipolla, que tanto divierte a la expresidenta. En este caso aplica la quinta ley: la de aquel que, queriendo perjudicar a otro no logra hacerlo, pero termina dañándose a sí mismo. El riesgo que corre Kicillof adelantando las elecciones provinciales y, en especial, suspendiendo las primarias, es que su fuerza sea derrotada. Sin considerar otro perjuicio: que su eventual candidatura presidencial quede disminuida en su propio territorio por la división del kirchnerismo, donde él milita. Se relame Massa, quien no sepultó su sueño de llegar a la Casa Rosada.

La estrategia del gobernador enfrenta un obstáculo más inmediato, que advierte su vice, Verónica Magario, desde la presidencia del Senado provincial. Si ella se propusiera aprobar la ley de suspensión de las PASO, sólo contaría con 4 legisladores peronistas. El resto de los votos tendría que conseguirlos en la oposición. Cristina Kirchner controla, a través de Teresa García, 17 senadores. Quiere decir que para alcanzar su objetivo Kicillof debería quebrar el bloque del PJ en la Cámara alta. Y a partir de allí tendría otro problema: carece de los diputados que se necesitan para sancionar el texto en la otra cámara. Más Cipolla.

Lo más probable, entonces, es que los bonaerenses deban ir a votar en tres oportunidades este año. En dos de ellas lo harán por legisladores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares. Habrá que estimular mucho la imaginación para entusiasmarlos. Aparece aquí otro peligro: que la logística de esos comicios sea escandalosa. Nunca en la provincia se organizaron elecciones separadas de las nacionales, lo que significa, por ejemplo, que nunca la Policía Bonaerense estuvo a cargo de la custodia y el traslado de las urnas. El otro riesgo es que el resultado, sobre todo en las primarias, sea impugnado por alguna de las partes. Son pesadillas que ya atormentan a la Justicia provincial.

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Esta peripecia del distrito más importante del país no involucra sólo al PJ. ¿Qué va a hacer el radicalismo? ¿Irá aislado del resto? Porque, si decide asociarse al Pro, deberá aceptar una alianza con La Libertad Avanza. Es decir, con el partido del líder que confiesa matar sus momentos de ocio tirando dardos sobre una foto de Raúl Alfonsín.

La dirigencia de Pro está dispuesta a avanzar todavía más en sus acuerdos con Karina Milei. El calendario electoral se burla de esa fuerza. El 14 de mayo deben presentarse las alianzas en la provincia. Y cuatro días más tarde, el 18, se celebrarán los comicios porteños. Quiere decir que el Pro podría conmemorar las bodas con las Fuerzas del Cielo en la provincia, mientras sus candidatos se matan con los de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, va a tener que llevar su creatividad al límite para que sus consignas contra la casta maldita sobrevivan a una nueva foto de los Milei con Diego “Colo” Santilli y Cristian Ritondo, el entrañable “Pucho”. Sólo falta el fiscal Scapolán.

Estos percances son inevitables cuando se intenta armar una oferta electoral sin tener recursos humanos disponibles. A veces se llega a límites tragicómicos, como sucedió en la localidad de Suipacha. Cuando hubo que encontrar a un representante en ese pueblo, las Fuerzas del Cielo tuvieron que recurrir a Claudio Carrasco, un ex candidato peronista a la intendencia. Nadie avisó que Carrasco había estado preso porque se lo encontró en Zárate manejando un camión que transportaba 80 kilos de cocaína. ¿Cómo saberlo, si ocurrió hace 25 años?

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Una leyenda urbana afirma que hace pocos días Mauricio Macri se cruzó con Diego Santilli, lo detuvo y lo conminó: “Mirame a los ojos, Colo. ¿Cerraste con los Milei?” Santilli contestó negando tres veces, como San Pedro. Por lo que siguió, según esta versión, Macri le creyó poco: “Avisale a tus amigos del gobierno, Colo, que si ellos lanzan un campaña sucia yo voy a hablar de los negocios de Santiago Caputo”. Con “campaña sucia” el expresidente se referiría a algún documento que emisarios de la Casa Rosada habrían comprado el miércoles pasado, para hostigar a Jorge Macri cuando la campaña esté a punto de caramelo. Habladurías.

Las últimas negociaciones que registra la política demuestran que el comportamiento de Pro está mucho más determinado por el acuerdismo bonaerense de “Pucho” y “Colo” que por el conflicto porteño de los Macri. Anteayer, en la Cámara de Diputados, los diputados que conduce Ritondo acompañaron a La Libertad Avanza en la discusión sobre la creación de una Comisión Investigadora por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Los representantes del Gobierno negociaron con el kirchnerismo que en la lista de convocados a dar explicaciones no estuvieran Karina Milei ni Manuel Adorni. El vocero es el candidato oficialista de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es el abanderado de la fuerza más hostil a los Macri, que postulan a Silvia Lospenatto. ¿Consultaron a la conducción del Pro para salvar a Adorni de una interpelación? Los criterios aplicados son enigmáticos. Porque Luis “Toto” Caputo sí fue incluido en la lista y, sin comerla ni beberla, deber ir a la Cámara de Diputados a dar explicaciones por aquella operación en la que quedó involucrado el Presidente.

La instalación de esa comisión investigadora en plena campaña electoral es la demostración de otra impericia del oficialismo en la relación con el Congreso. De nuevo los delegados de Milei confiaron en que no se lograría el quorum en una sesión, para ellos, peligrosa. Ya les pasó en el Senado con el tratamiento de los malhadados pliegos de Manuel García-Mansilla y el juez Ariel Lijo. Anteayer volvió a suceder. Martín Menem estaba convencido, hasta bien entrada la noche del lunes, de que la Cámara que él preside no sesionaría. Lo desmintieron los peronistas cordobeses y catamarqueños que, contra todo pronóstico, ocuparon sus bancas. ¿Explicación? Dicen que hubo alguna palabra incumplida en una negociación con el gobernador Martín Llaryora. También aducen que Llaryora está envalentonado porque la imagen de Milei cayó 15 puntos en la provincia. De nuevo hay que mirar lo relevante: los representantes del Gobierno consiguieron excluir a la hermana del Presidente y al vocero y candidato porteño Adorni del desgaste de la interpelación parlamentaria. “Toto” Caputo, el ministro de Economía, no tuvo la misma suerte. Nadie lo lloró y quedó en la lista de convocados.

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La misericordia con Adorni contrasta con el nivel de agresividad que promete la pelea porteña entre La Libertad Avanza y Pro. En las filas de Macri maldicen la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, la que más amenaza la performance de la lista de Lospennato. Buscan un túnel entre Larreta y la Casa Rosada, a través del cual Milei estimule el deterioro de los Macri. Inclusive fantasean con una comunicación, hasta hace poco tiempo impensable, entre Patricia Bullrich y Larreta. Es curioso que estos contactos llaman la atención más que otros, también sorprendentes. El binguero Daniel Angelici, por ejemplo, mantiene una vieja relación con Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación y esposo de Pilar Ramírez, ojos y oídos de Karina Milei en la Legislatura porteña. Los relacionan por haberse beneficiado con la concesión de salones de boliches de la costanera, como Morocco y Bali, en Costa Salguero. Angelici y Wasserman comparten una estrecha amistad con Ricardo Benedicto, socio de Cristóbal López en el negocio del juego. Una trama curiosa de relaciones, sobre todo en el caso de Angelici: amigo de Wasserman, que es el principal auspiciante de la lista de Adorni, ubicó dos de los suyos en la lista de Mauricio y Jorge Macri, sus eternos socios políticos, y conduce el radicalismo porteño, que presentó otra nómina de candidatos. ¿Por qué hablar de promiscuidad existiendo la palabra ecumenismo?

Angelici es una transversalidad que camina. Le atribuyen esa condición a su capacidad para imaginar negocios. Pero no hay que menospreciar sus relaciones con la Justicia. Es, por ejemplo, el padrino de Juan Bautista Mahiques, fiscal general del gobierno porteño. Aunque esa relación se ha resentido en los últimos tiempos, por las ínfulas de Mahiques por conquistar cierta autonomía. A pesar de este enfriamiento, Angelici fue uno de los animadores del cumpleaños del padre del fiscal, el “boxindanga” Carlos Mahiques, camarista federal de Casación Penal. Papá Mahiques agregó en los últimos días otro renglón a su lista de pronunciamientos controvertidos. Fue nada menos que en la causa Odebrecht, un caso internacional de corrupción, donde salió beneficiado el polémico Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros imputados. Mahiques, con el apoyo de su colega Daniel Petrone, aceptó un recurso cuya irregularidad está demostrada con bastante claridad en el voto en disidencia del camarista Javier Carbajo. Pero lo más escandaloso es que, además, ordenaron que se realice otro juicio. Es decir, revocaron el procesamiento de los imputados por lavado de dinero. Mahiques es el mismo magistrado que aceptó, en la causa “Cuadernos”, que los sobornos de Angelo Calcaterra, primo hermano de los Macri, habían sido aportes de campaña. Es también el que admitió los argumentos de las defensas para que el juez federal Marcelo Bailaque y el titular de la ex AFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna, dejen de ser investigados por los fiscales en una causa por extorsiones que todavía carece de juez. En esta oportunidad la posición del “boxindanga” no tuvo éxito porque sus colegas Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña rechazaron el planteo. Un detalle que pinta la época: en el mismo cumpleaños de Mahiques al que asistió Angelici, fueron concelebrantes el juez Lijo y el secretario privado del tenebroso Antonio “Jaime” Stiuso, Lucas Nejamkis.

Este paisaje político-electoral, constituido por transformaciones y continuidades, está determinado por una escena situada en otra latitud: mañana el directorio del Fondo Monetario Internacional debe tratar la propuesta que realizó el staff técnico para un nuevo programa asignado a la Argentina. La clave de esa iniciativa es el régimen cambiario: si habrá o no una liberalización del cepo. Es decir, si existe una amenaza de que, por impulso de una suba del dólar, se reponga la inflación. Ayer algunos expertos relevaban indicios según los cuales habría pocos cambios. Uno de ellos es que el Gobierno no hizo anuncios cambiarios, como suele ocurrir cuando el Fondo pone condiciones en ese campo. Hubo, además, ventas de dólares en el mercado de futuros. Y el Banco Central compró bonos para bajar la tasa de interés, que es lo contrario de lo que haría si quiere evitar la compra de divisas. En esta presunción de que no habría casi liberación del dólar no hay dato alguno. Ciento por ciento especulación. Lo importante es el significado del problema: para la Casa Rosada la tranquilidad cambiaria es el principal acto de la campaña electoral.

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POLITICA

La Justicia suspendió el decreto que reglamenta el derecho de huelga

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El decreto 340 reglamenta el derecho de huelga en el transporte, entre otras actividades

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal suspendió provisoriamente los artículos 2 y 3 del decreto 340 que disponían la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades.

En el fallo, firmado por la jueza Moira Fullana, se declara la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la causa y hace lugar a la medida cautelar pedida por la CGT, que consideró que el decreto firmado por Javier Milei “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Conveniom 87 de la OIT y nuestra Constitución”.

En los considerandos de la sentencia, conocida este mediodía, la jueza laboral destaca que el decreto 340 fue “dictado en expreso uso de las facultades conferidas por la Constitución Nacional en el inciso 3 citado (de la Carta Magna)”, pero recuerda que “en nuestro ordenamiento constitucional el Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa” y destaca que, por ello, “la admisión de las facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de excesiva rigurosidad y con sujeción a exigencias formales”.

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“Estas circunstancias excepcionales a las que refiere la norma -agrega el fallo- presuponen que el Poder Ejecutivo no pueda, por motivo alguno, continuar con el trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes. Es así que, para el ejercicio de esa facultad de excepción, además de restringir determinadas materias y disponer la debida consideración por parte del Poder Legislativo, exige que exista un estado de necesidad y urgencia”.

La magistrada pone en duda, “en forma preliminar y sin que se pueda alcanzar un grado de certeza en el marco de la cautela solicitada, si se encuentran reunidas las circunstancias reales y emergencia suficientes para verosímilmente justificar el ejercicio de las facultades excepcionales que se conceden al Poder Ejecutivo Nacional en casos de necesidad y urgencia”.

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En ese sentido, resalta que “el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo”.

El fallo menciona, además, jurisprudencia de la Corte Suprema acerca de las condiciones que habilitan un decreto de necesidad y urgencia.

Javier Milei dictó el decreto 340 que fue frenado por la justicia laboral (Foto AP/Rodrigo Abd)

Por eso, la jueza Fullana consideró que “corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia suspender preventivamente los efectos de los arts. 2° y 3° del D.N.U. 340/25 en relación con la CGT y los trabajadores representados por esa entidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva».

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El 21 de mayo pasado, el Gobierno dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%.

La norma, que lleva el número 340, está firmada por Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU 70 en su capítulo laboral, que fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT.

El decreto 340 también reglamentaba la huelga en el sector educativo

El decreto 340, en realidad, está vinculado con el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional y su artículo 2 declara como “servicio esencial a la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin”.

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Sin embargo, en su artículo 3 modifica la Ley de Reforma Laboral N° 25.877 y allí establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.

Een el caso de los servicios esenciales, afirma el decreto, “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Y agrega que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

El sector de la salud está comprendido en la reglamentación del derecho de huelga (Foto Reuters/Tomas Morrison)

A continuación se consideran como servicios esenciales las siguientes actividades:

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a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;

c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

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d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; y

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g. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

Se consideran actividades de importancia trascendental las siguientes:

a. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;

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b. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

c. Los servicios de radio y televisión;

d. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;

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e. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;

f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;

g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y

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h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

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Una jueza laboral hizo lugar al pedido de la CGT y le puso un freno al DNU que limitaba el derecho a huelga

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Una jueza laboral falló a favor de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dio lugar un amparo para frenar el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que limitaba el derecho a huelga.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de Moira Fullana, hizo lugar a la acción de amparo sindical solicitando declarar la invalidez constitucional del DNU, que aseguraban «viola el principio republicano de división de poderes y violación al derecho y principio de libertad sindical».

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La resolución «suspende provisoriamente los efectos de los artículos 2° y 3° del D.N.U. 340/25», que limitaban el derecho a huelga.

El miércoles 21 de mayo, el Gobierno publicó un DNU con el que busca ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.

Además, en uno de los artículos, el decreto crea la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impone la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga.

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Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación.

Entre los fundamentos del amparo, la CGT sostuvo que el DNU reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e imponiendo niveles mínimos de prestación.

Por otra parte, subrayó que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.

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Por estos motivos, solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025, a los que hizo lugar la jueza laboral este lunes

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POLITICA

El gobierno de Mendoza hizo un millonario desembolso a la TV pública local, que cerró hace un año

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MENDOZA.- En medio del debate por los ajustes y la optimización de recursos, la motosierra no llegó a completar su trabajo en la provincia cuyana. Es que ahora aparece un llamativo y millonario destino de fondos del Gobierno local que encendió las alertas: Acequia TV, el canal de televisión pública, cerrado hace un año por el gobernador radical Alfredo Cornejo y puesto en venta sin éxito, recibirá más de 65 millones de pesos.

Las explicaciones oficiales llegaron con el correr de las horas, al tiempo que aumentaban las dudas y suspicacias del llamativo desembolso, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial. Según el Gobierno mendocino, se trata de “gastos inherentes” al fideicomiso que administra la señal audiovisual, lo que incluye “obligaciones impositivas”; en tanto, desde la oposición cuestionaron la falta de previsión de las autoridades y elevarán un pedido de informes en la Legislatura.

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Actualmente, Acequia solo cuenta con tres empleados; ya que la planta de personal, que llegó a ser de 60 trabajadores, fue cesanteada e indemnizada en abril del 2024, luego de 10 años de operaciones. Fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el entonces gobernador justicialista Francisco “Paco” Pérez, quien el 26 de marzo del 2014 cortó virtualmente las cintas del canal de aire, ubicado en el Espacio Cultural Julio Le Parc, con un presupuesto anual, actualizado, de más de 500 millones de pesos, del cual el 95% se iba en personal.

Ahora, fuera de operaciones y sin dueño del sector privado, Acequia TV no deja de ser una carga para la gestión cornejista, que decidió acabar con la señal. Sin dudas, lo que llama la atención es el dinero que el Estado sigue destinando, cuando las instalaciones llevan más de un año cerradas por orden del propio mandatario.

El Gobierno de Mendoza le giró una millonaria cifra al canal de televisión Acequia, que no funciona hace un año. Había sido inaugurado en 2014 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El reciente decreto, firmado por el gobernador y los ministros de Gobierno y de Hacienda, Natalio Mema y Víctor Fayad, respectivamente, estipula el aporte de capital de $65.820.000 a la administración del canal para afrontar “gastos inherentes a la manda fiduciaria”. Desde el Poder Ejecutivo local indicaron que buena parte de los millonarios fondos son para el pago de impuestos adeudados a ARCA, además del mantenimiento y custodia del sitio.

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“Están pagando el pato de la boda. Resolvieron el cierre del canal, siguiendo la onda de la motosierra del gobierno nacional pero no previeron lo que les iba a costar pagar indemnizaciones y desactivar todo el sistema que se había montado”, señaló a LA NACIÓN el diputado José Luis Ramón, hoy aliado del Frente de Todos, quien la próxima semana presentará un pedido de informes para conocer en detalle el gasto que hará el Gobierno.

El curioso desembolso, a cargo de la Tesorería General de la Provincia, se realiza bajo la Ley de Presupuesto 2025 (Ley Nº 9601) y el Decreto Acuerdo Nº 811/25, que habilita al Poder Ejecutivo a hacer aportes necesarios a entidades como Acequia para su operación, e incluso su eventual enajenación o liquidación, según lo establecido en el artículo 9º de la Ley Nº 9550.



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