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POLITICA

Un viaje a lo inesperado

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El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, además de constituir un ordenador macroeconómico, amenaza con convertirse en un gran regulador de la política. No sólo porque incluye entre sus prescripciones algunas reformas que tocan nervios hipersensibles del poder. También porque los líderes de las fuerzas más gravitantes hacen sus apuestas en relación con las consecuencias de lo pactado en Washington.

En el inventario de compromisos asumidos por el Gobierno aparecen algunos referidos a la calidad institucional. Uno es el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción, que incluirían una reforma a la Ley de Ética Pública. En particular, cumplir con las recomendaciones del Grupo de Tareas de Acción Financiera, la organización internacional enfocada en el combate al lavado de dinero. Esa indicación aparece en un contexto problemático: existe un debate solapado sobre un nuevo diseño para la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que dirige el exfiscal Paul Starc, cuya designación se oficializó hace dos martes. Esta semana fue incorporado como jefe de análisis el abogado Martín Montero, cuyo nombre activó una controversia entre especialistas. Desde el punto de vista político, la UIF depende, igual que la SIDE y ARCA, de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, quien se desempeña como asesor externo de Karina Milei a través de un contrato de locación de servicios. Una versión insistente en el ambiente judicial es que el organismo antilavado sería despojado de la facultad para oficiar como querellante en las causas judiciales. Como parte de la misma reglamentación se le darían márgenes de discrecionalidad muy amplios para cobrar las multas que se imponen en los sumarios. ¿La UIF se va a integrar con la SIDE a través del área de ciberseguridad? Es otra de las innovaciones que se conjeturan.

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Este plano de la negociación con Washington interpela un aspecto central de la vida pública. Para comprenderlo alcanza con recordar, por ejemplo, que el fin de semana pasado fueron allanados el domicilio y una fundación del empresario rosarino Fernando Whpei, investigado por los beneficios irregulares que habría recibido de Marcelo Bailaque. Este juez federal está al mismo tiempo bajo la lupa por sus complicidades con el narcotraficante Lindor Alvarado. Y porque se presume que orquestaba extorsiones con el titular regional de la ex-AFIP, Carlos Vaudagna. En el marco del mismo caso se allanaron en Rafaela las oficinas del abogado Guillermo Zenklusen. El impacto de estas medidas excede la vida santafesina, proyectándose sobre los tribunales nacionales en una onda expansiva que llega hasta la gobernación de Río Negro. Un pormenor de la saga rosarina: este avance de la Justicia se pudo realizar gracias a que Carlos Mahiques, el mítico boxindanga camarista de Casación Penal Federal, quedó en minoría en su pretensión de quitar la causa de las manos de los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, que investigan contra todas las adversidades en Santa Fe. Si hicieran falta otros ejemplos para comprender qué significan las exigencias institucionalistas del FMI se puede recordar el malhadado emprendimiento de Javier Milei de instalar como ministro de la Corte Suprema al controvertido Ariel Lijo.

Otra exigencia del Fondo, en la que se ve la huella de Gita Gopinath, especialista en garantizar la competencia empresarial: el acuerdo prevé el desmantelamiento de regímenes de exención impositiva. Menciona el más polémico y famoso: el que rige en Tierra del Fuego. El texto suscripto por los funcionarios argentinos sostiene que ese sistema genera inequidades y reduce la competitividad. El párrafo mete el dedo en una llaga de la política. Es sabido que las ventajas que obtienen las empresas exceptuadas de tributar en la isla están conectadas con caudalosos aportes a las campañas electorales. Entre los máximos beneficiarios hay dos empresarios: Rubén Cherñajovsky, del grupo NewSan, y Nicolás Caputo, quien además de ser titular de la empresa Mirgor es primo hermano del ministro de Economía y tío segundo del “Mago”. Javier Milei ha ido a lo largo del tiempo, sobre todo de su anterior campaña electoral, modificando su doctrina sobre esa colección de prebendas que “benefician a grupos y regiones”, como dice el documento del Fondo. Primero eran una ofensa para los argentinos de bien; meses más tarde, un modelo de reducción impositiva al que deberían aspirar todas las provincias; al final, en la línea trazada por Mauricio Macri, el “hermano de la vida” de Nicky Caputo, un conjunto de derechos adquiridos que inhibiría hasta a la mismísima motosierra. La persuasión de Federico “Coloso” Sturzenegger todavía no logró perforar esas misteriosas resistencias de Milei.

Este miércoles, la trama de negocios y protecciones que se han ido acumulando en esa provincia patagónica cruzó el intercambio entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los diputados que lo recibieron para su informe de rutina. Fue cuando Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, preguntó por el fondo fiduciario que, constituido por aportes de las empresas protegidas, termina destinando sus recursos a esas mismas empresas. Francos aceptó que habría que pensar, por lo menos, en hacer más transparente esa “caja”. Es otra de las dependencias del Estado que está a cargo de Santiago Caputo, a través de Noelia Ruiz, una exmilitante del Pro que se presenta como “la killer de Santi”, y que trabajó durante la gobernación de María Eugenia Vidal a las órdenes de Federico Salvai. Una de las iniciativas curiosas de las autoridades de ese fideicomiso fue contratar un estudio jurídico que asesore en la asignación de los subsidios. El estudio, liderado por Manfred Hang Kuchen, es identificado por su proximidad con Gustavo Ferrari, exministro de Justicia de Vidal, y con Salvai. Un detalle: el director del fideicomiso Miguel Schmukler no suscribió esa contratación. En las entretelas del oficialismo se afirma que tanto Ruiz como Hang Kuchen reportan al multitasking Guido Gianna, una leyenda entre la militancia macrista de Presidente Perón.

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Es mentira que “en la noche todos los Caputo son pardos”. La celebración del acuerdo con el Fondo otorgó a Luis, “Toto”, el ministro, un monto adicional de poder a los ojos de Milei. Este Caputo estaría aprovechando ese crédito en detrimento de los otros: Nicky y Santi. Desde ayer, por ejemplo, el Ministerio de Economía comenzó a concentrar poder en la red de fideicomisos, que incluye al de Tierra del Fuego. Es posible que todo se vuelva más estricto, en especial por la vigilancia que ejercen el secretario de Coordinación para la Producción, Pablo Lavigne, y el responsable de Legal y Técnica, José Ignacio García Hamilton. ¿Tensiones entre Luis y Santiago en el seno de la caputocracia? Es posible. Ya se hicieron notar en el manejo de ARCA, que Luis pretende controlar a través de Juan Pazo y Santiago teledirige con Manuel “Manu” Vidal. El gran enigma: ¿qué idea se van formando sobre estos conflictos, todos atravesados por dinero, los hermanos Milei?

El programa con el Fondo contempla también una reducción gradual de las retenciones. Sería una reforma crucial para muchas actividades, en especial las agropecuarias, pero exigiría un gran esfuerzo fiscal. Para los productores estos impuestos a las exportaciones son más perniciosos que el atraso cambiario. Así y todo, con un dólar barato las empresas agrícolas tienen poco estímulo para liquidar sus productos. Es una variable relevante para entender la política cambiaria del Gobierno. Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, celebraron el éxito del levantamiento del cepo. El dólar cotizó en 1160 pesos, obedeciendo al objetivo oficial de llevarlo hasta el piso de la banda, que son 1000 pesos. Recién allí el Central compraría divisas, como aclaró ayer Milei. Entre todos los propósitos que tiene esta estrategia, hay uno destinado al campo: que venda cuanto antes su producción, porque cada día que pasa valdrá menos. En parte por la apreciación del peso, en parte porque el 30 de junio no se prorrogaría la reducción de retenciones que se aplicó el 30 de enero.

La caída en el precio del dólar tiene muchos más significados. Uno importantísimo: le permitirá al Presidente, de un momento a otro, ufanarse de que no devaluó. Es imprescindible. Porque la liberación del cepo y la depreciación del peso dieron la razón a los que venían predicando que, tarde o temprano, debía haber un ajuste en la paridad. Se lo hizo notar el peronista Diego Bossio. Pero Milei no quiere pasar de león a mandril. Por eso destinó las primeras horas de liberación parcial del mercado de cambios a hostigar a quienes habían adelantado que él estaría obligado a hacer lo que hizo. La lógica peculiar que da el odio…

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Hay una razón más general que inspira la política cambiaria: mantener el dólar barato en un año electoral significa otorgar un aumento de salarios encubierto. Todo lo que se consume está hecho, de uno u otro modo, de dólares. Nunca hay que olvidar que la intervención en el precio del dólar fue una palanca principal de la política antiinflacionaria de Milei. Por esa razón se verifica tanto interés en auscultar el comportamiento de los precios después de la corrección del tipo de cambio. Anoche Martín Rapetti, de Equilibra, consignó que hubo una suba de 0,8% respecto de la semana anterior, que hace presumir una inflación mensual de 4% para abril.

Los economistas también atribuyen la política de dólar barato al cumplimiento de la meta de reservas acordada con el Fondo. La exigencia inmediata para el Central es comprar 1500 millones de dólares en dos meses. La mejora en las reservas reduce el riesgo país, que según expertos como Fernando Marull, debería pasar de 725 a 500 puntos. Sería un progreso clave para que el Tesoro pudiera acceder al mercado voluntario de deuda.

El balance provisional en lo que va de la semana es que la liberación parcial del cepo fue exitosa: tranquilidad cambiaria, razonable perspectiva para la acumulación de reservas, reducción del riesgo crediticio. Queda una dimensión fuera del cuadro: ¿podrá Milei en este marco asegurar una mayor actividad que implique crecimiento económico y no mero rebote? Es una pregunta crucial, si se tiene en cuenta que el desafío histórico del Presidente es consumar el ordenamiento y modernización de la economía sin que ese proceso desemboque en una recesión destructiva del tejido productivo y causante de una ola de desempleo.

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En esta encrucijada está escondida la puja de poder que ya está lanzada hacia 2027. Macri bendijo el acuerdo con el Fondo y, sobre todo, el levantamiento parcial del cepo. Agregó, como de costumbre, que para que el proceso sea virtuoso debe ir acompañado de una mayor atención por la institucionalidad. Ese elogio condicionado expresó, de nuevo, la incomodidad del expresidente. En homenaje a la orientación general del Gobierno y a la base electoral compartida con Milei, él debe emitir mensajes amigables mientras desde la Casa Rosada se lo hostiga en términos casi insultantes. En concreto: Macri halagó la jugada económica, y Milei contestó hablando de que lo único que pensaban los Macri era en mantener su reducto, la ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich había dicho “sus negocios”.

Cristina Kirchner se puede dar el gusto de la nitidez. Aconsejó a Milei y al ministro Caputo que no festejen, porque hay un antecedente que recuerda que todo puede terminar en una catástrofe: el blindaje que obtuvo Fernando de la Rúa por 39.700 millones de dólares. Lo de la expresidenta es más un deseo que un pronóstico. Si es que cabe pedir a un político que pronostique escenarios que no desea. La señora de Kirchner se apresuró en ubicarse enfrente de Milei para vaticinar, si no un colpaso como el que le tocó padecer a De la Rúa, un ciclo recesivo garantizado por la estrategia del dólar barato. Estrategia que, por otra parte, ella conoce como nadie. El mensaje fue “no festejen porque la gente está cada vez peor”.

Para advertir la lógica de Cristina Kirchner no hay que detenerse en su conflicto con Milei. Hay que seguir el duelo con Axel Kicillof. Ella enfrenta un desafío incómodo. Primero, porque surge de la provincia de Buenos Aires, que es su distrito. Segundo, porque lo encarna uno de sus más caracterizados discípulos: alguien a quien ella hizo ministro de Economía, gobernador de Buenos Aires y a quien, ya al frente de esa provincia, “le pusimos un ducto gigante de guita para que pudiera gobernar”, como le han escuchado repetir sus íntimos. Ante esta insubordinación de Kicillof, la señora de Kirchner se ubicará en el extremo opuesto al de Milei. Es una antigua ley del liderazgo político: cualquiera que ataque desde la propia tribu, obedece a alguien de la tribu ajena. Para decirlo con menos delicadeza: es un traidor. La judicialización de la figura de la expresidenta exagera esta dinámica. Porque es inevitable que en su propia feligresía cualquier decisión tribunalicia que afecte su participación electoral será vista como proscripción. Aunque se trate de una resolución penal defendible y hasta esperable. Esa percepción, que presenta el proceso jurídico como una persecución o “lawfare”, no podría ser más incómoda para Kicillof.

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Hay un hilo secreto que une la relación entre la expresidenta y el gobernador con el destino de Milei. Si, ante la suspensión de las primarias, ellos se ponen de acuerdo en el armado de las listas bonaerenses, el gobierno nacional deberá aproximarse más al Pro y al radicalismo. No hace falta mucho esfuerzo: Cristian “Pucho” Ritondo y Diego “Colo” Santilli ya se entregaron, sin esperar que los Macri negocien su propia situación porteña. Una fragmentación del voto no peronista garantizaría el triunfo del kirchnerismo. Es muy posible que el triunfo de la señora de Kirchner. Ella aspira a reconstruir su fuerza en los comicios provinciales del 7 de septiembre, desde una candidatura a diputada por la tercera sección electoral: la más popular, la que sostiene a Kicillof. Es el sur del conurbano.

Sergio Massa alienta ese derrotero. Si la expresidenta compite a nivel provincial, tal vez lo apoye para encabezar, el 28 de octubre, la lista de diputados nacionales. Massa sigue soñando con la Presidencia. En esa fantasía se le sumó otra dificultad. Es la candidatura de Kicillof. El perfil del gobernador complica al kirchnerismo. ¿Con qué candidato enfrentarlo? Sólo hay a la vista una opción más kirchnerista que Kicillof: Cristina Kirchner. Desde el corazón de La Cámpora Mayra Mendoza la postuló anteayer. El tiempo invierte su secuencia. El kirchnerismo, que es un fenómeno retro, insiste en volver desde el futuro. Todavía no se realizaron las elecciones de 2025 y ya se está diseñando el horizonte de 2027. Para decirlo en blanco y negro: un Viaje a lo Inesperado. Nathán Pinzón.

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.

El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.

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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.

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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.

En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.

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Fernando de Andreis, Guillermo Montenegro, Mauricio Macri y Cristian Ritondo en un encuentro del PRO en Mar del Plata. (Foto: X @deAndreis)

El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.

“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.

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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.

Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.

De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.

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PRO, Elecciones 2025, Diputados, corte de luz, Provincia de Buenos Aires

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POLITICA

El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

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El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.

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El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.

Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.

Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.

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En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.

En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.

La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.

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Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.

La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.

El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.

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“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.

Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.

Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.

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Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Santiago Otamendi , Alicia E. C. Ruiz, Inés Weinberg, Luis F. Lozano y Marcela De Langhe

Marcela De Langhe

La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.

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En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.

Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.

La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

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Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.

Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.

Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.

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Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.

Alberto Lugones. miembro del Consejo de la Magistratura, tiene bajo su órbita los concursos para cubrir vacantes en la justicia laboralricardo-pristupluk-11511

La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.

Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.

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El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.

El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.

Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.

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diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra

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El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones

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En los últimos cinco días, la Casa Rosada recibió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos en una serie de encuentros destinados a “recomponer vínculos” y construir consensos de cara a las elecciones de octubre e iniciativas legislativas clave, como los vetos por jubilaciones y discapacidad, que se oficializarían en agosto.

La negociación centraliza el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posible modificación a la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo propone conceder transferencias discrecionales sin comprometer el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que busca evitar que las provincias presionen en el Congreso para modificar la distribución actual.

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El FMI alertó al Gobierno por la escasez de reservas en medio de la corrida cambiaria

Los encargados del diálogo por parte del Gobierno fueron el jefe de gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, acompañados por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien exploró mecanismos para transferencias sin desbalancear las cuentas públicas.

Ese mecanismo incluye propuestas cuidadosamente diseñadas, como ceder solo la porción del impuesto a combustibles destinada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras se mantiene intacto el grueso del Fondo de Infraestructura de Transporte y se evita cambios arriesgados en el superávit fiscal.

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