POLITICA
Una Corte minoritaria y falta de jueces independientes: las principales críticas de García-Mansilla
Tras el rechazo del Senado y luego de 39 días en el cargo, Manuel García-Mansilla renunció este lunes como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una carta dirigida al presidente Javier Milei.
En el extenso texto de renuncia, el ahora exjuez de la Corte criticó con dureza el funcionamiento del máximo tribunal en minoría: “La falsa creencia de que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces” es un “espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal”, dijo García-Mansilla.
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Al respecto, el catedrático aseguró que aceptó la designación “con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente”.
“El funcionamiento con conjueces dista de ser el ideal. Se resuelven casos, sí, pero no en la cantidad y el ritmo que exige la Corte”, pero “afecta en concreto la actividad del Tribunal y, fundamentalmente, la vida de nuestros conciudadanos, que ven demorada la resolución de las disputas que someten a su decisión”, agregó al respecto.
Lo expuesto por García-Mansilla en su renuncia son los mismos argumentos que utilizó en el escrito que le envió al juez Alejo Ramos Padilla cuando defendió su nombramiento en comisión, donde señaló que la Corte Suprema enfrenta una acumulación de más de 90.000 expedientes, por lo que su presencia resulta necesaria en el cuerpo.
Al responder, Ramos Padilla recordó que el tribunal “tiene mecanismos para funcionar adecuadamente e incluso dictó una Acordada para atender la situación y garantizar el adecuado servicio de justicia”.
El magistrado comparó la cantidad de resoluciones emitidas por la Corte desde la salida de Juan Carlos Maqueda, cuando el tribunal quedó con tres miembros, y la asunción de García-Mansilla y afirmó que “no se observa la paralización de dicho órgano ni una afectación de su correcto funcionamiento. Ello más allá de la conveniencia de completar prontamente los cargos vacantes en el Máximo Tribunal la Nación, de conformidad con los principios estipulados en la Constitución Nacional”.
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En otro tramo del texto, García-Mansilla aseguró que existe una “incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contactos con la política tradicional y que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho. La inacción, la indolencia y el desprecio por la independencia del Poder Judicial, en todos estos casos, es francamente escandalosa”.
“Toda esta situación genera una evidente falta de justicia que, entre otras cosas, es funcional al narcotráfico, a la explotación y trata de personas, así como a la corrupción crónica que padecemos. En definitiva, a todo aquello que nos condena de modo inexorable al fracaso y a la miseria del subdesarrollo”, añadió el letrado.
Por último, García-Mansilla le agradeció a Milei el nombramiento, aunque advirtió: “Mi permanencia en el cargo no va a facilitar la integración de la Corte Suprema, sino todo lo contrario: será una excusa más para distraer la atención de aquellos que tienen que aportar una urgente solución a un problema que ya es de larga data”.
Manuel García-Mansilla, Corte Suprema, Javier Milei
POLITICA
Villarruel tomará una decisión clave sobre las leyes de jubilaciones y emergencia en discapacidad y volverá a desafiar a Milei
En medio de la tensión con la Casa Rosada y tras los dichos de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel planea comunicar esta semana al Poder Ejecutivo la sanción de las leyes aprobadas días atrás por el Senado, que el Presidente ya prometió vetar.
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La Cámara alta se encuentra aguardando que Villarruel firme la sanción de los proyectos solicitados por los gobernadores, vinculados con cambios en la coparticipación federal del impuesto a los combustibles líquidos y a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), además del aumento del 7,2% a jubilados y pensionados.
A partir de allí, se desarrollará la estrategia que ya están configurando los sectores de la oposición. Esta semana se intensificarán las reuniones entre los referentes de cada espacio. No solo debatirán las iniciativas de los mandatarios provinciales, sino que acompañarán con sus propias propuestas, como lo hicieron los senadores.
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Los diputados quieren avanzar con el financiamiento a las universidades públicas y al Hospital de Pediatría Juan Garrahan, en el marco de la emergencia pediátrica. También buscan completar la sanción parlamentaria del rechazo al veto de Milei a la declaración de emergencia por las inundaciones del pasado mes de marzo en las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en la provincia de Buenos Aires.
Unión por la Patria (UxP), encabezado por Germán Martínez; Democracia para Siempre, de Pablo Juliano; Encuentro Federal, de Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño; la Coalición Cívica, de Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro; el Frente de Izquierda, y partidos provinciales, dejan de lado el receso invernal y se enfocan en la construcción de mayorías.
Los tiempos de Victoria Villarruel
Desde el Senado señalan que no hay plazos establecidos para la comunicación de las leyes al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pero anticiparon a TN que podría ser este martes cuando Victoria Villarruel firme las sanciones del jueves pasado.
El abogado constitucionalista Diego Armesto explicó que “una vez sancionado el proyecto por el Senado Nacional, el procedimiento indica que debe colocarse el número de ley y comunicarse al Poder Ejecutivo. Este, en un plazo razonable conforme a la vigencia de la ley, deberá realizar el veto, que no es más ni menos que la facultad constitucional que posee el PEN para controlar los excesos legislativos. Ejecutado el veto, debe ser remitido a la cámara de origen (Diputados), para que esta, como iniciadora del proyecto, busque insistir (Art. 83 de la Constitución Nacional). Si se logra el número mágico de dos tercios de los diputados presentes, pasa sin más trámite; si no, se rechaza y se envía al Senado (cámara revisora), para que también insista con la sanción original”.
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“Pero es importante reseñar que ambas cámaras deben pronunciarse. Por ello, el PEN debe ser muy cuidadoso en encontrar los canales de diálogo que permitan un bloqueo a la ‘insistencia’ en Diputados para dejar firme el veto. El Poder Ejecutivo depende más de la política y, especialmente, del diálogo como herramienta de construcción política”, agregó Armesto.
La Vicepresidenta, durante el fin de semana, posteó en redes sociales una respuesta a las críticas recibidas desde la Casa Rosada y del propio Presidente —quien la calificó de “traidora”—: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado, menos”.
Eso podría interpretarse —como admiten desde el Senado— como una señal de que en las próximas horas se comunicarán al Poder Ejecutivo las sanciones con fuerza de ley. A partir de entonces, comenzarán a correr los 10 días hábiles que tiene el Gobierno para tomar una decisión: vetar, total o parcialmente, las iniciativas o promulgarlas.
El pasado jueves, el Senado sancionó el aumento del 7,2% a jubilados y pensionados; incrementó a 110 mil pesos el bono para los ingresos en las jubilaciones mínimas; declaró la Emergencia en Discapacidad; y aprobó los cambios en la coparticipación del impuesto, a pedido de los gobernadores provinciales.
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El jefe de Estado y sus funcionarios anticiparon vetos totales a las sanciones del Senado, e incluso amenazaron con judicializarlas. “Esto no es una vetocracia, es una democracia donde se construyen consensos con el diálogo”, advirtió la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica.
Agregó: “Al Gobierno le preocupa el déficit fiscal, no los jubilados. Nosotros propusimos cosas que se pueden hacer para no tocar el déficit cero, que todos queremos tener, pero no a los ponchazos ni rompiendo el diálogo, sino sentándonos y viendo cómo se pueden reacondicionar partidas para dar las respuestas necesarias”.
El rol del jefe de Gabinete
El ministro Guillermo Francos mantiene su teléfono en línea con los gobernadores y con el Congreso. Concurrirá a Diputados el próximo 6 de agosto para brindar su informe de gestión ante el Parlamento, similar al que intentó dar —e interrumpió abruptamente— en el Senado cuando la kirchnerista Cristina López lo trató de “mentiroso” y se retiró del recinto, el pasado 26 de junio.
En esta oportunidad, las urgencias serán otras, referidas a las decisiones que adopte el presidente Milei con respecto a las sanciones legislativas de los últimos días en el Senado: los anunciados vetos presidenciales.
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Francos y los diputados saben que para insistir con las sanciones aprobadas necesitan alcanzar los dos tercios de los presentes en el recinto. Si asisten los 257 diputados, esas dos terceras partes se lograrían con 172 votos.
El Gobierno buscará construir el tercio restante con 86 diputados. De ese modo, blindaría la amenaza de veto del jefe de Estado. Esos legisladores obtendrían la denominación de “héroes” para Javier Milei, en referencia a los 87 que, en 2024, blindaron el veto a la reforma universitaria y fueron así calificados por el Presidente.
Senado, Victoria Villarruel, Jubilados, Diputados, veto
POLITICA
Los gobernadores reciben llamados de la Casa Rosada y el Congreso, pero proyectan seguir jugando en bloque
“Están preocupados. Nos empezaron a llamar en privado y no soltaron a ladrar a los trolls en las redes”. Con esa frase, un gobernador que se anotó entre los dialoguistas con la Casa Rosada describió en las últimas horas la forma en que la administración de Javier Milei reaccionó ante el cachetazo político que sufrió la semana pasada en el Senado, donde los gobernadores articularon un frente común que unió a representantes de la mayoría de las provincias.
Para el bloque de los gobernadores, la preocupación que atribuyen a la gestión libertaria se expresa en repentinos llamados telefónicos de funcionarios que no participaron de las conversaciones. Por caso, del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien había delegado los contactos en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. O el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en cuyo recinto sucederán las próximas batallas.
Fuentes cercanas a Caputo consultadas por este diario negaron que el ministro de Economía haya llamado a gobernadores para hablar específicamente de los temas en conflicto, pero afirmaron que tiene contacto con varios de ellos y que dialoga sobre asuntos de gestión. No obstante, su aparición en el teléfono -luego de algunas semanas- coincide con el intento del Gobierno nacional de recuperar los puentes con las provincias que se cayeron con la votación en el Senado.
También, según pudo corroborar en la Casa Rosada, volvió a tomar contacto con las provincias el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como parte de un operativo para aceitar el vínculo con los gobernadores con el objetivo de conseguir los votos para sostener el veto presidencial al aumento jubilatorio. “Guillermo tiene una cabeza sensata, por eso es bueno mantenerlo como interlocutor”, dijo uno de los mandatarios provinciales consultados.
Sin embargo, la recepción de los llamados de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda no significa que los gobernadores estén dispuestos a retirar los proyectos que fueron aprobados en el Senado, para recuperar los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las partidas que les corresponden del impuesto a los combustibles líquidos. En ese punto, según deslizó uno de ellos, parece no haber vuelta atrás, lo que se ratificaría en la próxima reunión de mandatarios.
De hecho, la semana que viene los gobernadores pondrá la fecha de la nueva cumbre que tendrá lugar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires. Ahí volverán a verse las caras mandatarios que estuvieron identificados con Juntos por el Cambio, peronistas que negociaron con la Casa Rosada y otros que, como Axel Kicillof y Gildo Insfrán, no tienen contacto alguno con los libertarios. Se trata de una amalgama que no se une por el amor, sino por el espanto.
Un ejemplo de esto es que los gobernadores que se sentaron a escribir los proyectos aprobados en el Senado fueron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien fue ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri; y Sergio Ziliotto (La Pampa), un peronista que integra la conducción nacional del PJ que encabeza Cristina Kirchner. Esa confluencia, inesperada para los libertarios, hizo que en las últimas horas se intensificaran contactos reservados desde Buenos Aires a las provincias.
Entre los gobernadores comentan, por lo bajo, que la Casa Rosada ya hizo un intento de armisticio con dos mandatarios norteños y otro patagónico, pero en los mensajes que cruzan en el foro que comparten Whatsapp el clima sigue siendo favorable a mantener los reclamos en el Congreso. Están seguros de que podrán avanzar con el reparto de los ATN y los fondos del impuesto a los combustibles, y que incluso tendrán los números para afrontar un veto.
Pero no son tan determinantes, salvo el grupo que comulga con el PJ y sus aliados, con Gerardo Zamora (Santiago del Estero) como el gobernador con más predicamento entre sus pares, en que puedan sostenerse los aumentos en las jubilaciones y la moratoria previsional, que son banderas del kirchnerismo y la izquierda en el Congreso. Pese a ello, la desgastada relación con la Casa Rosada hace que -más allá de los colores políticos- sigan pensando en jugar en bloque.
A tal punto que uno de ellos, consultado por , proyectó incluso que se puede formar un frente político-electoral entre gobernadores a partir de 2026, con la formación de bloques en Diputados y el Senado que representen a las provincias. En ese sentido, los gobernadores que están “cansados” del presidente Milei también consideran la posibilidad de enfrentarlo juntos en 2027, cuando el primer mandatario tendrá la posibilidad de competir por su reelección.
En la sede del poder nacional señalaron que no se esperan novedades en lo inmediato y evaluaron que las conversaciones pueden extenderse por las próximas dos semanas. En los pasillos de la Casa Rosada admitieron que hay diálogo con los gobernadores, aunque descartaron que haya algún tipo de cumbre en el correr de esta semana y hasta ponían en duda la posibilidad de que Francos se cruce con algunos de ellos en el cocktail que este jueves tendrá lugar en La Rural.
La presencia de Francos allí no está confirmada aún, pero quienes conocen de cerca al funcionario adelantaban que en caso de ir -invitado por Nicolás Pino, el presidente de la SRA- y que haya una eventual foto allí con alguno de los mandatarios provinciales, eso no significaría algo en especial. “Guillermo es una persona sumamente institucional, todos los contactos o encuentros que haya serán por esa vía: la institucional”, dijeron fuentes de la Casa Rosada.
Francos es una de las personas que mantienen los puentes con los gobernadores. “El Gobierno está conversando permanentemente con ellos. No veo que tengamos que hacer nada que no hagamos habitualmente”, dijo en las últimas horas. Pero admitió que se está “negociando en un clima de momento electoral”. Con algunos, como Alfredo Cornejo (Mendoza) hay buena sintonía, pero en otros casos, como el de Gustavo Valdés (Corrientes), la relación se enturbió.
Con la colaboración de Cecilia Devanna
POLITICA
Un diputado libertario presentó un proyecto para eliminar la Ley de Talles: “Populismo legislativo”
El diputado provincial Guillermo Castello, del bloque La Libertad Avanza, propuso eliminar la ley 12.665, conocida como “ley de talles”, que exige a comercios de indumentaria femenina para adolescentes ofrecer una gama completa de tamaños basados en medidas antropométricas. Según su proyecto, la normativa vigente “encarece los precios y establece sanciones absurdas” para los comercios afectados.
Castello calificó a la ley como un ejemplo de “populismo legislativo contrario a toda lógica y al más básico sentido de igualdad y libertad”. Cuestionó su alcance limitado —aplica solo a mujeres adolescentes— y remarcó las dificultades que afrontan los comercios cuando los proveedores no fabrican todos los talles exigidos.
La iniciativa forma parte de un amplio “paquete desregulador” que incluye 190 proyectos destinados a reducir regulaciones consideradas obstáculos para la inversión, la generación de empleo y la competitividad. Entre otras medidas, se busca eliminar registros laborales y requisitos de etiquetado, entre otras disposiciones provinciales.
Críticas desde organizaciones vinculadas a la salud y diversidad advierten que derogar la norma podría dificultar el acceso a ropa adecuada para la mayoría de los cuerpos argentinos y promover la exclusión. Estudios revelan que el 69 % de las personas enfrentan dificultades para encontrar talles adecuados, lo cual estaría vinculado a prácticas de gordofobia institucionalizada.
Castello pidió a sus colegas avanzar con una legislación “moderna” que evite imposiciones arbitrarias al mercado. “MENOS REGULACIONES = MÁS LIBERTAD”, concluyó.
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