POLITICA
Una de las diputadas libertarias que visitó represores en la cárcel, pidió protección a la Justicia
Tras el escándalo desatado por la visita de un grupo de diputados de La libertad Avanza (LLA) a un grupo de represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, una de las participantes denunció amenazas e intimidaciones y pidió protección a la Justicia.
Se trata de la legisladora nacional Lourdes Arrieta, quien presentó un escrito de más de 30 páginas ante el Juzgado Federal de La Plata a cargo del magistrado, Ernesto Kreplak, en donde solicitó protección para ella y su familia, por haber recibido amenazas anónimas tras su visita a penal de Ezeiza.
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“Una de las cuestiones que más me ha movilizado, y también hoy me genera un gran temor, se relaciona con que uno de los internos Alfredo Astiz, conocía mi nombre, sabía que me haría presente en el lugar y sabía que mi papá es veterano de Malvinas. Este sujeto no me sacó la vista de encima, algo que por momentos llegó a intimidarme y molestarme, pero al estar rodeada de mis compañeros de trabajo, y funcionarios del lugar, entendí que estaba segura”, indicó la representante del oficialismo en su presentación judicial.
En el escrito, Arrieta pide que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de “coacción agravada; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos; conspiración, y malversación de caudales públicos”, contra el titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez; al cura Javier Olivera Ravasi, y a sus compañeros de bloque, los diputados Benedit Beltrán, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra. A quienes acusa de ser los instigadores de la visita represores.
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Asimismo, la diputada denunció a la mano derecha del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, su sobrino Sharif Menem, a quien indicó como el organizador del encuentro, el traslado y el comunicado de prensa que se pretendía difundir sobre el encuentro en el que se presentaría un proyecto de ley para liberar a los condenados de más de 70 años. Según la denuncia la redacción de la iniciativa estuvo a cargo de los abogados Ricardo Alberto Saint Jean, Eduardo Rafael Riggi y María Laura Olea, conocidos defensores de condenados por lesa humanidad.
“Se habló de reestablecer la paz de gente inocente privada de su libertad y que había heridas del pasado que cerrar en la sociedad. El diputado Beltrán Beneditt habló con Patricia Bullrich (ministra de Seguridad de la Nación) para que quienes deseen sumarse a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza y Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes”, dijo Arrieta en su denuncia.
POLITICA
Anunciaron un paro de colectivos para el domingo 9 de febrero: qué líneas estarán afectadas
La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) anunció un paro de colectivos para el domingo 9 de febrero debido al “incumplimiento de pago destinado a salarios” de los trabajadores. La medida de fuerza responde a una deuda pendiente desde septiembre del año pasado y afectará a la mayoría de las líneas que operan en la provincia. Además, el lunes 10 los servicios funcionarán con una reducción horaria, de 6:00 a 22:00.
Desde la CTPBA explicaron que denunciaron en “reiteradas oportunidades la falta de recursos para poder seguir operando” tanto ante las autoridades como ante la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La entidad señaló que la crisis en el sector se debe a “costos atrasados e insuficientes”, lo que dificulta la normal prestación del servicio.
El gremio también reclamó que las tarifas se ajustan “a costos reales”, ya que, según sus estimaciones, las empresas prestatarias operan con “un 45% menos de los recursos necesarios para la explotación”. A pesar del paro, aseguraron que la decisión busca “racionalizar de manera eficiente los servicios y no perjudicar a los pasajeros que se dirigen a sus respectivos destinos”.
El paro afectará a líneas que van desde la 201 hasta la 600, aunque la empresa DOTA, que opera 68 líneas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no se sumará a la medida. La compañía confirmó que abonó los salarios de sus empleados a tiempo, por lo que no pareció necesario adherirse al reclamo.
El mes pasado, las cámaras empresarias ya habían amenazado con una medida similar debido a la falta de pago de subsidios correspondientes a enero por parte del gobierno de Axel Kicillof. Sin embargo, la protesta se desactivó cuando se depositaron los $39.000 millones adeudados. En ese entonces, las principales cámaras de transporte advirtieron que continuarían reclamando una actualización de costos para garantizar la sostenibilidad del servicio.
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