POLITICA
Una delegación de Diputados podría viajar al funeral del papa Francisco y hay disputa entre los bloques
La Cámara de Diputados decidió detener temporalmente sus actividades legislativas como muestra de respeto tras el fallecimiento del Papa Francisco. En una decisión consensuada entre los diferentes bloques parlamentarios, se acordó posponer por una semana tanto las interpelaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo como la conformación de la Comisión Investigadora del caso $Libra, un tema que había generado tensiones en el ámbito político. Este gesto busca honrar la memoria del líder religioso argentino, cuya figura ha tenido un impacto significativo a nivel mundial.
Mientras los debates oficiales se encuentran en pausa, los legisladores han retomado conversaciones sobre una propuesta que había surgido previamente, durante la hospitalización del Obispo de Roma. Se trata de la posible conformación de una delegación oficial de la Cámara de Diputados que viaje a Roma, Italia, para asistir a las ceremonias fúnebres del pontífice. Este grupo estaría encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el titular del grupo parlamentario de Amistad con la Santa Sede, el diputado del PRO Cristian Ritondo.
Aunque la idea de enviar una delegación ha sido bien recibida por algunos sectores, su implementación ha generado desacuerdos entre los legisladores. Uno de los puntos clave del debate es la cantidad de integrantes que conformarían el grupo, dado que la Cámara de Diputados está compuesta por 25 bloques parlamentarios. Una diputada del PRO explicó que, aunque se ha planteado que cada participante cubra los costos de su pasaje y estadía en el Vaticano, el desafío radica en definir quiénes serán los representantes y cómo se organizarán los tiempos, considerando que la próxima semana será corta debido a los feriados del jueves 1 y viernes 2 de mayo y hay que realizar la interpelación a los funcionarios nacionales.
Otra fuente consultada por Infobae señaló que la prioridad para integrar esta delegación recaería en los miembros del grupo parlamentario de Amistad con la Santa Sede.
Sin embargo, esta propuesta ha sido cuestionada por algunos legisladores, quienes consideran que podría interpretarse como un intento de “figurar” en un evento solemne. “No lo conocieron ni trabajaron con él claramente, porque él odiaba todas esas figureteadas”, expresó una voz crítica.
“Hay una pelea ahora por los lugares. No hay forma de ponerse de acuerdo porque todos quieren ir ahora. Antes lo trataban de impulsar el pobrismo y ahora todos quieren estar en la foto”, agregó, dando a conocer la interna que generó la idea.
El grupo parlamentario de Amistad con la Santa Sede, que ha tomado un rol central en estas discusiones, está integrado por legisladores de diversas fuerzas políticas. Entre sus miembros se encuentran Cristian Ritondo (PRO), Santiago Santurio (LLA), Alida Ferreyra (LLA), Vanesa Siley (UxP), José Glinski (UxP), Adolfo Bermejo (UxP), Leila Chaher (UxP), Sergio Casas (UxP), Diego Giuliano (UxP), Pamela Caletti (IF), María Elía Fernández (Independencia), Soledad Carrizo (UCR), Ana Clara Romero (PRO) y Danya Tavela (Democracia). Este grupo ha sido clave en las conversaciones sobre la organización del viaje, aunque no todos sus integrantes están de acuerdo con la iniciativa.
La diputada Tavela le pidió a Menem que no envié una comisión de diputados al funeral de Francisco. “Creo en la ejemplaridad del Papa Francisco. En esto señor presidente le hago un planteo específico: muchos periodistas a lo largo de la tarde consultaban respecto de la comisión de diputados y diputadas que estaría viajando a Roma, me parece que en nombre de esa ejemplaridad y en nombre de la austeridad con la que usted ha manejado la Cámara desde que es presidente, le sugeriría que viaje nuestro jefe de Estado, no es necesario enviar ningún tipo de comisión, sobre todo viniendo de a aquellos que lloraron todo el tiempo que el Papa nunca vino a visitarnos, aquellos que lo consideraron al Papa comunista, peronista, kirchnerista, etc., me parece que en nombre justamente de ser ejemplares y menos hipócritas nos ahorremos andar garroneando un viajecito a Roma”.
La decisión de suspender las actividades legislativas y las discusiones en torno al viaje a Roma se producen en un contexto de alta actividad parlamentaria. La próxima semana será particularmente breve para el Congreso debido a los feriados, lo que limita el tiempo disponible para avanzar en temas pendientes. Entre ellos, destaca la postergación de las interpelaciones a funcionarios del Ejecutivo y la conformación de la Comisión Investigadora del caso $Libra, un asunto que ha generado gran interés público y político.
La pausa en las actividades legislativas y la posible conformación de la delegación reflejan la relevancia que el Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, ha tenido no solo en el ámbito religioso, sino también en la política y la sociedad argentina. Su fallecimiento marca el fin de una era para muchos de sus compatriotas, quienes lo consideran una figura emblemática tanto a nivel nacional como internacional.
POLITICA
La interna de Pro: la oposición a Mauricio Macri se quedó con el partido en Córdoba y se alió con el bullrichismo
CÓRDOBA.- El Pro de Córdoba tendrá nuevo presidente desde el 19 de abril próximo. Ese día asumirá Oscar Tamis, quien reemplazará a Oscar Agost Carreño, el dirigente cuestionado por Mauricio Macri, quien intervino el partido y perdió primero la batalla en la Justicia electoral y ahora la interna partidaria.
Tamis, exintendente de Oliva y exlegislador provincial, ganó la elección ya que en la compulsa no se presentó la lista opositora que encabezaba Hernán Cornejo. El dirigente es de la línea de la macrista Soher El Sukaria.
De un padrón de 16.000 afiliados votó ayer domingo algo menos del 10%. “La democracia interna no se cuestiona desde afuera ni se condiciona con denuncias mediáticas; se ejerce participando. Los afiliados del PRO Córdoba lo entendieron así y se expresaron en las urnas, defendiendo con su voto el derecho a elegir y a ser elegidos”, indicaron desde la lista que terminó electa.
Agost Carreño, exlegislador nacional que integró el bloque Encuentro Federal presidido por Miguel Pichetto, es el denunciante de la causa $LIBRA. En los últimos días, incluso, declaró a varios medios que lo que se conoce del teléfono del trader Mauricio Novelli es una mínima parte de lo que hay.
En esta oportunidad fue a la interna aliado con el sector que responde a Patricia Bullrich y que lidera la diputada nacional por Córdoba Laura Rodríguez Machado. La alianza, seguramente, no cayó bien en la Casa Rosada.
En diciembre de 2024, en una de sus últimas visitas a Córdoba, Macri además de resolver la intervención del PRO provincial, públicamente en una disertación apuntó contra Agost Carreño y pidió correrlo de ese cargo.
Laura Alonso, la extitular de la Oficina Anticorrupción y actual funcionaria de la ciudad de Buenos Aires, fue la interventora. En esa oportunidad, el actual titular del Pro cordobés definió: “Decidió volver a ignorar el federalismo y la democracia para seguir matando el gran partido que fundó”.
En la Justicia Electoral, Agost Carreño le ganó en dos oportunidades a Macri. En las elecciones legislativas del año pasado logró conservar el sello de Pro y fue cabeza de lista, aunque no renovó su banca.
La primera intervención fue declarada inválida por la Cámara Nacional Electoral al considerar que la reunión en la que se resolvió no tenía un orden del día claro, requisito esencial para garantizar “transparencia y previsibilidad”.
Cuando se intervino por segunda vez el partido amarillo en la provincia de Córdoba, la respuesta judicial fue la misma, que el acta no cumplía los requisitos. La tercera fue a inicios de diciembre pasado.
“Las tres intervenciones impulsadas por el Pro Argentina tuvieron motivaciones estrictamente políticas y buscaron impedir que los afiliados cordobeses puedan elegir sus autoridades en un proceso interno transparente y democrático”, sostuvo Agost Carreño. Su sector interno ratificó ahora la conducción partidaria.
intervención del PRO provincial,correrlo de ese cargo,Gabriela Origlia,Córdoba,Mauricio Macri,Conforme a,Córdoba,,»Pensé en tirar la toalla». Vive en Córdoba, a los 82 años se recibió de veterinario y dio una lección de vida,,US$225 millones en pugna. Fin de una batalla interminable: falleció el “hijo” que reclamó la herencia más polémica del país,,Inversión. Dónde construirán el nuevo estadio que costará US$12 millones
POLITICA
El Gobierno apelará la medida que suspendió la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral
El Ministerio de Capital Humano anunció este lunes que apelará la decisión judicial que suspendió la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, una de las iniciativas más relevantes de la actual administración. La medida fue difundida a través de un mensaje en la red X por la ministra Sandra Pettovello, quien arrobó al presidente Javier Milei, y se produce horas después de que la Justicia laboral aceptara el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y frenara, en forma cautelar, la vigencia de buena parte de la reforma aprobada por el Congreso.
La resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 representa un revés significativo para el Gobierno, que había presentado la ley como un instrumento clave para promover la creación de empleo formal, aumentar la competitividad y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores. De acuerdo con el comunicado oficial, el Ministerio defenderá la norma “sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental”, y agotará todas las instancias judiciales necesarias “para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno”.
La suspensión de los artículos impugnados fue solicitada por la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de las modificaciones propuestas en la nueva legislación laboral. Según consta en el fallo, la central sindical —representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo— sostuvo que los cambios afectan principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por la Argentina. Entre ellos, el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.
Este lunes, la Justicia decidió suspender de manera provisoria la aplicación de los 83 artículos, al considerar que la demanda de la CGT reunía los requisitos procesales para tramitarse como una acción declarativa colectiva, de acuerdo con la jurisprudencia y regulaciones vigentes. El tribunal destacó que la medida cautelar busca mantener el “status quo” y evitar daños irreparables a los derechos individuales y colectivos protegidos por la legislación anterior, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
En el fallo, se determinó que la suspensión de los artículos de la Ley 27.802 es de carácter temporal y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la norma. Según el tribunal, “la suspensión urgente de los efectos de las normas atacadas brindará mayor seguridad jurídica para todas las personas e instituciones involucradas”. El texto judicial puntualizó que las objeciones de la CGT apuntan, entre otros aspectos, a la exclusión de trabajadores de plataformas tecnológicas de la protección general, la eliminación de la presunción de relación laboral por prestación de servicios, la reducción de garantías en casos de tercerización y la flexibilización de normas sobre jornada laboral y vacaciones.
El Estado Nacional, representado por la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro de la Nación, planteó objeciones formales y sustanciales contra la demanda sindical. Entre los argumentos oficiales figuraron la falta de legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores, la inexistencia de un “caso o controversia” concreta y la defensa de la presunción de legitimidad de la actividad legislativa. El Estado subrayó que una suspensión temporal de la ley afecta el interés público y la división de poderes prevista en la Constitución.
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, reafirmó su compromiso en defensa de la reforma y rechazó los intentos de “quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar” lo que considera “una herramienta fundamental para la modernización del mercado laboral argentino”. El comunicado oficial subraya que se agotarán todas las instancias judiciales para garantizar la vigencia plena de la ley, al considerar que expresa la voluntad legislativa y constituye un mandato de gestión.
En concreto, la medida judicial afecta artículos que modifican el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, introducen nuevas regulaciones para plataformas tecnológicas, limitan la responsabilidad solidaria de empleadores, eliminan el principio “in dubio pro operario” y cambian estatutos de huelga y representatividad sindical. También incluye la derogación de la ley de teletrabajo (N° 27.555) y la creación de nuevos fondos de asistencia laboral, entre otros puntos.
La suspensión provisional de los artículos de la reforma laboral implica que, hasta que no haya una sentencia definitiva sobre la validez constitucional de las normas, continuarán aplicándose los derechos y garantías reconocidos en las leyes anteriores. Esto incluye la protección a los trabajadores en casos de despido, las condiciones salariales y las reglas de representatividad sindical. El fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 fue considerado por la central obrera como “un gran paso adelante”, en palabras del secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), quien afirmó que la resolución “declara muchos artículos, incluso más de los que habíamos presentado nosotros, como inconstitucionales”.
POLITICA
Investigan a la AFA: la fiscalía denunció irregularidades en el inicio de la causa de Campana y suspendieron la audiencia que iba a definir la competencia
La Cámara Federal de Casación Penal suspendió la audiencia que había convocado para esta mañana para establecer qué tribunal es el competente para investigar las causas contra la AFA, si el penal económico, el federal o el juzgado federal de Campana, como quiere la organización del fútbol.
No obstante, el fiscal ante la Casación Mario Villar denunció que la causa de Campana -que está en manos del juez Adrián González Charvay- se inició con un simple mail. El fiscal advirtió que busca “prevenir una manipulación de los órganos jurisdiccionales”.
Villar dijo que es “sorprendente” comenzar una causa con un correo electrónico proveniente de una persona “sindicada como testaferro” y que se use ese correo para un traspaso que va contra “el principio de juez natural” que está “diseñado para evitar manipulaciones”.
“Me cuesta poder aceptar que esto pueda ser visto, no digo como una atribución correcta de competencia, sino como algo que pueda considerarse, simplemente, dentro del imperio de la ley”, afirmó.
Opinó que las causas contra la AFA por lavado deben tramitar en la justicia federal de Comodoro Py 2002 o, en su defecto, en el fuero en lo penal económico de la Capital.
Permitir que el caso quede en Campana, dijo, “sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad de la atribución de causas poniendo en jaque un principio constitucional como es el del juez natural”.
La decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación de suspender la audiencia de hoy se debió a que la exlegisladora Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, pidió que se aparte del expediente a la jueza Angela Ledesma, a quien cuestionó por sus supuestos vínculos con el gobierno de Santiago del Estero.
La suspensión de la audiencia fue decidida por los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky, que le pidieron un informe a Ledesma y luego de analizarlo, resolverán.
Carrió, como denunciante, habló de “la gravitación” de Ledesma en la política judicial y en la sociedad de Santiago del Estero. Dijo que correspondía que la Casación evaluara si Ledesma “ha tenido vínculos de algún tipo con los acusados y su entorno, contemplando la totalidad de personas humanas y jurídicas que forman parte de autos y que están siendo investigados por los hechos denunciados”.
Esto se relaciona con la incidencia que tiene en la política santiagueña Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los investigados.
No obstante esta decisión, el fiscal Villar se presentó en el expediente y dijo que en este caso se investiga un presunto lavado de activos y un supuesto desvío millonario de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Señaló que la solución es hacer lugar al recurso del fiscal de Cámara de San Martín, Carlos Cearras, anular la resolución de la Cámara Federal de San Martín que dejó el caso en Campana y resolver la competencia a favor del juzgado federal de Daniel Rafecas, que intervino en primer lugar.
Según el fiscal, al tratarse de un delito complejo de lavado de activos a nivel internacional, el fuero federal porteño es el único con la jurisdicción y especialidad material correspondiente, sostuvo.
Sostuvo que si no comparten su punto de vista, entonces el caso debería ir al juzgado 10 en lo penal económico, que está a cargo de Marcelo Aguinsky. Pero por pocos días, ya que es subrogante y será reemplazado por la jueza Veronica Stracchia, designada por sorteo.
Si tampoco se admite esta solución, pidió que manden el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para que sea ese tribunal el que resuelva el conflicto de competencia.
Dijo el fiscal Villar que el caso del juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, comenzó sin que existiera ninguna denuncia previa, prevención policial ni requerimiento fiscal.
“No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, sentenció Villar.
Dijo que con este correo, el juez de Campana habilitó la feria judicial y le dio curso al pedido sin solicitar una certificación completa de la causa original para saber exactamente qué delitos se estaban investigando.
Dijo Villar que en 2021 y 2022, ante una denuncia idéntica por lavado de activos contra Claudio Tapia y la compra de propiedades en la misma jurisdicción bonaerense, González Charvay se había declarado incompetente argumentando que la AFA tenía su sede en la calle Viamonte y que los delitos se habían gestado en la Ciudad de Buenos Aires.
“Ahora, en estas actuaciones, decide lo exactamente opuesto”, dijo el fiscal.
Recordó que la mayoría de los actos delictivos habrían ocurrido en la ciudad de Buenos Aires porque allí está la sede comercial de la AFA, están las sociedades intermediarias, las financieras y allí fue el presunto movimiento de bolsos de efectivo.
Remarcó que tan evidente es la territorialidad porteña que el juez de Campana recurrió a la orden de allanamientos “en extraña jurisdicción” para poder intentar investigar el caso en la ciudad de Buenos Aires.
El fiscal dijo que en esta causa se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, y que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero.
Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregulares (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con la participación o aquiescencia de dirigentes de AFA, sostiene el dictamen.
Los ingresos de la AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol y de derechos de transmisión de los partidos, entre otros.
Se sospecha que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de Torneos y Competencia SA (primer intermediario de gestión de cobro de AFA), de Q22 Services Limited (segundo intermediario), de Stratega Consulting USA LLC (tercer intermediaria, controlada por la homónima en Reino Unido), Odeoma Gestión SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (última intermediaria a partir de diciembre 2021), y que luego los fondos fueron desviados ilícitamente a sociedades constituidas en los Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.
El fiscal enumeró que en el caso los investigados son Claudio Fabián Tapia (presidente de la AFA), Pablo Ariel Toviggino (tesorero de la AFA), Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero de la AFA, vinculado a Soma SRL), Juan Pablo Beacon (dirección ejecutiva de la AFA), María Florencia Sartirana (actual pareja de Pablo Toviggino y extesorera de la AFA), Leandro Petersen (jefe del área comercial y de marketing de la AFA), Marcelo Fabián Ramón Saracco (primer operador financiero de los fondos de la AFA junto con Toviggino, socio de Odeoma Gestión SL).
Además, mencionó a Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni (pareja vinculada a TourProdEnter LLC, operador financiero de AFA a partir de diciembre 2021), Mauro J. Paz (por Soma SRL, exdirector de la liga femenina de la AFA), Mendoza Wines SA (vinculada a Luciano N. Pantano), Malte SRL, Soma SRL (creada en Santiago del Estero), Andres Scornik (controlante de Global Fc LLC), Melchor A. Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL), Global Fc LLC, Bibop SA, Wicca SAS, Lindor SRL y Servicios Lindor SA.
Se mencionaron también otras sociedades destinatarias de los fondos de AFA constituidas en EEUU presuntamente sin actividad real ni empleados a cargo, supuestamente controladas por personas de escasos recursos en Bariloche.
Son Velp LLC (de Verónica Inés Lopez), Velpasalt LLC (vinculada a Roberto Salice), Marmasch LLC (relacionada a Mariela Marisa Schmalz), Soagu Services LLC (vinculado a Javier Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz).
Entre otras empresas beneficiarias de los fondos de la AFA, se encontrarían: Dicetel Corp (o Decitel), Florida Secured Title LLC, Brisa Management, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk (con sede en Italia) y Alas del Fin del Mundo SRL.
La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos, y habrían sido utilizadas como vehículo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero, según la fiscalía.
Asimismo, se anotició la existencia de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habrían recibido sus fondos. Ellas son Carbello SRL (dedicada a la compraventa de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos) y Equestrian (dedicada a la compraventa de caballos de salto).
Hernán Cappiello,Conforme a
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