La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia haber pagado coimas millonarias a funcionarios entre 2014 y 2018 para obtener contratos de servicios de vigilancia en distintos organismos públicos nacionales, empresas estatales y dependencias gubernamentales en la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta confesión quedó registrada en un expediente a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y ha resultado en la detención de nueve personas y más de 50 allanamientos en todo el país.

La investigación se inició en 2020 cuando la empresa decidió denunciar a sus antiguos directivos porque, según argumentaron en la presentación judicial, “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”, según informó el diario LA NACION.

Según las fuentes judiciales citadas por el mismo medio, los pagos indebidos que admitió Securitas abarcaron desde 2014 hasta 2018, es decir, durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, aunque también se están investigando episodios desde 2012.

La lista de organismos donde la empresa reconoció el pago de coimas incluye al Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el SENASA, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como también la empresa estatal de aguas AYSA.

Entre los casos de coimas denunciados se mencionan dependencias provinciales, como la empresa de energía ENERSA en Entre Ríos, la Policía de la Provincia de Tucumán, y la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada de Buenos Aires, así como la Policía Bonaerense, en ambos casos durante la gobernación de María Eugenia Vidal.

En gran parte, los pagos ilegales apuntan a dos objetivos principales. Por un lado, intentar renovar, mantener o acceder a contratos públicos; en segundo lugar, agilizar trámites, como en el caso de habilitaciones mencionadas en los “Registros de Guardias de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia”, el Registro de la Propiedad Automotor de la Provincia de Buenos Aires o el Registro Provincial de Armas.

En el detalle de los casos, también se mencionan pagos irregulares en los vínculos con empresas intermedias de servicios públicos como Aeropuertos Argentina 2000, la Terminal de Cargas Argentina e incluso la petrolera venezolana PDVSA.

Por otro lado, Securitas denunció el pago de coimas a la UOCRA, el sindicato de la construcción, para obtener contratos de vigilancia en obras de la petrolera estatal YPF, el Conicet y el Centro Cultural Kirchner (CCK).

En el momento de la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en Estocolmo, Suecia.

Actualmente, la filial local ha sido adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especializado en mercados emergentes. Fuentes familiarizadas con la investigación afirmaron que la nueva gestión no tiene relación con los “pagos indebidos”.

Las conclusiones presentadas por los representantes de la empresa ante la Justicia fueron el resultado de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una ex empleada dentro del llamado “programa de integridad” de la firma.

“La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales a LA NACION.

El fiscal Domínguez y su equipo de trabajo reciben colaboración en la investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.

Los detenidos, identificados por fuentes judiciales como Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, ocupaban cargos gerenciales en Securitas Argentina SA.

Según fuentes cercanas al expediente, aunque el caso salió a la luz recientemente tras los allanamientos y las detenciones, la empresa y el Ministerio Público Fiscal firmaron un “acuerdo de colaboración eficaz” hace casi dos años, el 30 de mayo de 2022.