El fantasma de la “guerra” por el litio y el interés permanente de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel por la cuestión militar, provocaron una situación política inédita: la retención de 6 ascensos de los 309 que el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, mandaron al Senado.

En general, los pliegos que manda el PEN a la secretaria Parlamentaria del Senado, que depende de Villarruel, van directamente a la comisión de Acuerdos de la cámara alta, pero ayer se descubrió que no llegaron a ese nivel 6 de los 309. El resto ya está en condiciones de ser aprobado o rechazado en la próxima reunión del pleno del Senado.

Sin embargo, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner los pliegos que aprobaban las juntas de calificaciones de las FF.AA. y el ministro de Defensa pasaban antes por el filtro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que dirigía el periodista K Horacio Verbitsky. Así varios oficiales no ascendieron por haber sido hijos de represores de la dictadura o como se decía por “portación de apellido” como si fuera un delito.

Durante la campaña electoral, Milei había adelantado que dejaría las carteras de Defensa y Seguridad bajo el control de su candidata a vicepresidenta, pero el acuerdo electoral con el PRO para la segunda vuelta hizo que esos ministerios quedaran bajo la órbita de Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente. Villarruel es hija del veterano de Malvinas, el teniente coronel Eduardo Villaruel, y sobrina y nieta de militares y había preparado un equipo para encargarse de esas dos carteras.

La inédita decisión de Villarruel afectó a Roberto Ariel Agüero, quien iba a ser promovido de general de brigada a general de división del Ejército, al igual que Aldo Daniel Ferrari y Jorge Fabián Berredo. Mientras que Gustavo Adrián Sivori iba a ser ascendido de coronel mayor a general como así también Héctor César Tornero. Los ascensos “retenidos” se completa con Juan Carlos Core, quien está propuesta para pasar de contralmirante de la Armada a vicealmirante.

En fuentes militares consultadas por Clarín se afirmó que con la retención del ascenso de Berredo, Villarruel buscó incrementar “el margen de acción” del jefe del Ejército, general de brigada Carlos Alberto Presti, cuyo pliego si fue aprobado el jueves para ascender a general de división. Sucede que Berredo había sido nombrado por el anterior jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Martín Paleo. Actualmente, Berredo es el Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto que dirige al brigadier general Xavier Isaac. Además, Berredo es más antiguo que Presti, contaron las fuentes.

En las fuentes llamó la atención que cuando asumió Milei en diciembre del año pasado, eligió a Presti y provocó una purga de 22 generales, la más grande de la democracia. En ese momento, se creyó que Presti era un “ahijado político” del ex secretario de Asuntos Estratégicos, brigadier (RE) Jorge Antelo. Este renunció el mes pasado junto al ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Pero parece que el apoyo de Presti viene directamente de Villarruel.

En cuanto a la retención del ascenso del actual Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Coré una fuente afirmó que se estaría investigando si estuvo relacionado con una supuesta propuesta de una empresa alemana para realizar un trabajo de campo sobre los yacimientos de litio en Bolivia. La Argentina, Chile y Bolivia son parte del “triángulo del litio”, un producto que es estratégico para la fabricaciones de baterías para celulares y autos eléctricos.

La supuesta oferta habría sido formulada a los ex jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del gobierno de Alberto Fernández, Francisco Moliterno y Carlos Molina. Incluso, una denuncia anónima llegó al juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano. Pero fuentes judiciales informaron a Clarín que el magistrado llamó a una abogada de Morón para que ratificara la denuncia dos veces pero nunca se presentó. Así la denuncia fue archivada pero se expandió como un fantasma entre las filas castrenses. Y una alta fuente de Defensa afirmó que el proyecto “no existió” y se trató de una “operación de un sector de los servicios de inteligencia”.

Respecto de los generales de división Agüero y Ferrari y el coronel mayor Tornero, hasta ahora, no se sabe por qué motivos Villarruel retuvo sus ascensos y no los mandó a la comisión de Acuerdos.

Villarruel decidió su jugada sola a tal punto que ni siquiera había informado al ministro de Defensa, Luis Petri.

En cambio, si no aparece ningún obstáculo de último momento el Senado aprobará los otros ascensos la semana próxima. Sobre todo los de los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas: Presti, en el Ejército; el contralmirante Carlos María Allievi en la Armada; y el brigadier mayor Fernando Luis Mengo, en la Fuerza Aérea.

En cuanto a la lista de ascensos de militares, la presidente de la comisión de Acuerdos Guadalupe Tagliaferri aclaró que se retiró en forma provisoria de la nómina al comandante de Brigada Pablo Francisco De Palo por esta incluido en el proceso abierto en la justicia para investigar lo ocurrido en mayo pasado en el Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército Córdoba, a raíz de un «bautismo» con cal viva y no harina sufrido por 35 paracaidistas. El futuro De Palo depende sobre la decisión que tome la Justicia al respecto.

Luego de leerse los nombres de los militares impulsados para ascender se suscitó un debate en torno a la situación del vicecomodoro Daniel Algieri, quien según indicó la senadora K Anabel Fernández Sagasti «fue impugnado por acoso sexual y laboral», mientras que Tagliaferri aseguró que «no se procedió a presentar la impugnación en el Senado y entonces sigue estando el mensaje para su ascenso».

Sin embargo, Fernández Sagasti, que ahora ocupa la vicepresidencia de la comisión de Acuerdos, aseguró que la respuesta nunca entró formalmente al Senado e insistió con que sea el Ministerio de Defensa el que aclare la situación de Algieri. “No hay razón para apartarlo, podemos dictaminar y hasta la sesión tenemos tiempo para sacarnos la duda de si hubo o no denuncia”, saldó la discusión Ezequiel Atauche (Jujuy), presidente del bloque libertario en el Senado.