En un contexto donde la vulnerabilidad social de personas con discapacidad sigue siendo un problema estructural, el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y el Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper) firmaron un convenio para brindar cobertura prestacional en salud a quienes integran el programa Contigo. El acuerdo se enfoca en personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente que se encuentren completamente desprotegidas, sin referentes familiares ni redes afectivas, y bajo custodia estatal.

La medida apunta a garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y otras prestaciones médicas para esta población en situación crítica. Sin embargo, el convenio también establece que la cobertura solo se mantendrá mientras la persona permanezca bajo la protección estatal, sin generar derechos a futuro una vez que esa relación se disuelva.

El acto de firma se realizó en la sede del Iosper con la presencia de autoridades de ambos organismos: Diego Vélez, director del Iprodi; Sabina Carrivale, coordinadora general del Instituto; Priscila Ulrich, coordinadora del programa Contigo; y Ricardo García, subinterventor del Iosper.

Desde los organismos destacaron que el convenio permitirá atender las necesidades particulares de cada persona usuaria, asegurando el acceso a servicios esenciales. No obstante, persisten interrogantes sobre el alcance real del acuerdo, en una provincia donde el sistema de salud y asistencia social presenta constantes desafíos presupuestarios y estructurales.

Un parche a una deuda histórica

El acuerdo, aunque bienvenido, resalta una situación preocupante: el Estado se ve obligado a intervenir para cubrir necesidades mínimas de personas con discapacidad que han sido abandonadas por el entorno y, muchas veces, por las propias políticas públicas. El programa Contigo, destinado a quienes no tienen redes familiares ni afectivas, es una respuesta extrema que evidencia la falta de prevención y acompañamiento temprano en muchos casos.

La oficina central de PAMI, la obra social de los jubilados, anunció hoy que iniciará una “investigación interna” sobre las compras y contrataciones que se realizan en las delegaciones del instituto que están desplegadas a lo largo y a lo ancho del país. Un comunicado del organismo advirtió que se tomarán medidas parra que las delegaciones de PAMI en las provincias dejen de ser “una caja negra al servicio de la política”. Y subrayó que se detectó “un uso llamativamente elevado del mecanismo de excepción -contrataciones directas, sin licitación- para adquisición de medicamentos, insumos y tratamientos”.

“No se va a tolerar que el dinero de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”, dice el durísimo comunicado que difundió hoy la cúpula de PAMI. La información es relevante en términos administrativos, pero debe leerse, ineludiblemente, en clave política.

Es un síntoma de un crítico conflicto interno que, tal como publicó , se viene desplegando en la cúpula de La Libertad Avanza entre el sector de los estrategas que responden a Santiago Caputo y el de los “armadores territoriales” encarnados en “Lule” y Martín Menem a nivel nacional y en Sebastián Pareja, titular del partido en la provincia de Buenos Aires.

Qué pasó

PAMI está hoy bajo la órbita del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, un funcionario que conoce al dedillo la esquina donde se cruza el negocio de la salud y la política, y que se integró al Gobierno por recomendación asesor presidencial Santiago Caputo. Lugones ingresó primero como un asesor sanitario ad hoc y luego formalmente como ministro. El funcionario es el padre de Rodrigo Lugones, el consultor político discípulo de Jaime Durán Barba que fue mentor de Caputo en sus inicios.

Mario Lugones fue quien recomendó a Esteban Leguizamo para que asuma como titular de PAMI y también a su segundo, Carlos Zamparolo.

Históricamente, PAMI -y otros organismos con amplia penetración territorial como la Anses- se dividió en dos esferas: la casa central, donde se toma decisiones administrativas generales, y las delegaciones que se despliegan por todas las provincias con ventanillas al público y con llegada directa en el territorio. Los armadores políticos de todos los oficialismos se valieron de estas oficinas para hacer política local ya que permiten contratar personal en cada rincon del país, llegar de manera directa a los votantes, y, eventualmente “hacer caja” con sueldos y contrataciones.

Dentro de La Libertad Avanza, los titulares de muchas delegaciones de PAMI y de la Anses quedaron bajo la coordinación de los Menem y de Pareja como una herramienta en pos del flamante armado partidario que se desplegó este año para que Javier y Karina Milei tuvieran una estructura política propia en todo el país.

La decisión de PAMI de poner una lupa sobre el manejos de los fondos de las delegaciones está atravesado, así, por la política interna del oficialismo. El ala de Santiago Caputo tiene una disputa cada vez más profunda y evidente con los armadores políticos que trabajan bajo las órdenes de Karina Milei por la estrategia electoral de este año.

En el trazo grueso, los armadores privilegian dar las batallas electorales y llevar la boleta de un violeta puro hasta el último concejo deliberante del país. Los “estrategas” de la Casa Rosada creen que la calculadora electoral tiene que estar en función de la elección legislativa nacional y que, si es necesario, hay que resignar peleas locales para privilegiar las bancas en el Congreso en octubre. La enemistad es cada vez más evidente.

Pelea y aportes partidarios

Esa pelea de fondo viene detonando con distintos episodios, que comenzaron a llegar a oídos de Javier y Karina Milei. En las últimas semanas salieron a la luz distintas denuncias de empleados de delegaciones de PAMI y Anses de Misiones, Santa Cruz y La Pampa que aseguraban que se exigían aportes partidarios. En Oberá, una carta firmada por 22 funcionarios acusó a Adrián Núñez, presidente de la filial local LLA, de recaudar el 10% de los sueldos de los empleados públicos afiliados.

Y ayer, en redes sociales, la influencer libertaria Marina Biagetti denunció que el coordinador de La Libertad Avanza (LLA) en Junín, Alberto Pascal (que era a su vez, titular de la delegación de PAMI en esa localidad) la desvinculó del espacio político por formar parte de “Las fuerzas del cielo”, la agrupación militante que comanda el tuitero y referente libertario Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan.

“El coordinador de La Libertad Avanza en Junín, Alberto Pascual, que responde a Sebastián Pareja, me acaba de echar del partido por decir que soy de ‘Las fuerzas del cielo’. ¿Está el presidente Javier Milei al tanto?“, escribió Biagetti en X.

Pascual, además de jefe del PAMI en Junín, era también el responsable de LLA en la cuarta sección electoral en la provincia bajo la conducción de Pareja.

Tras su publicación, Parisini le respondió a los ojos de toda la red social de Elon Musk: “Voy a tomar cartas en el asunto”. Horas después, Pascual fue despedido de PAMI.

Difícilmente Biagetti haya difundido su caso sin que ello fuera conversado en la cúpula del Gobierno. El usuario John (@MileiEmperador), la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo, también se hizo eco del epidosio. Replicó un mensaje del militante libertario Flavio Arenales (famoso porque aparece en todas las movilizaciones de Milei con el cartel de cartón que dice “Fuerza del Cielo – Virrey del Pino”) dirigido a Biagetti que decía: “Nunca un soldado de las fuerzas del cielo se rinde”.