Desde el momento mismo de la aprobación de la ley de Financiamiento Universitario por parte del Congreso nacional, el gobierno adelantó que vetaría la norma, como lo hará con toda aquella medida que mejore, aún de manera mínima, la masacre y la depresión que él mismo provocó deliberadamente al impulsar “el ajuste más importante de la historia”.   

Tal como es su costumbre de gobernar en contra de las instituciones y de la propia constitución nacional, el gobierno de Milei teme que su veto pueda ser esta vez invalidado por una nueva votación en el Congreso, a diferencia de lo que sucedió con el de la modesta suma negada a los jubilados que fueron condenados a la pobreza, la indigencia y a la imposibilidad de acceder a medicamentos por parte de las autoridades actuales.

Por esta razón instruyó a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la secretaría General; y Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza, para que consiguieran los 87 votos de diputados indispensables para garantizar que el veto quede firme, sin importar los medios, tal como sucedió con el caso de la mejora jubilatoria. 

Claro está que el “no hay plata” con el que el gobierno pretende frenar cualquier mejora en favor de la mayoría de los argentinos no es la vara que se aplica al momento de financiar micros y participantes rentados en eventos partidarios, los viajes presidenciales al exterior –en su mayoría de carácter privado-, la supresión del impuesto a los bienes  personales de los más adinerados, la continuidad de las prebendas a los empresarios amigos de Tierra del Fuego o el subsidio de 100 millones de dólares anuales al dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, entre muchos otros casos similares o peores.

La situación de los trabajadores, docentes e investigadores es desesperante. El  vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, describió con crudeza la situación del sector: más del 60 por ciento de los trabajadores universitarios se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Dio como ejemplo el caso de un profesor adjunto con dedicación exclusiva, uno de los cargos mejor rentados, que apenas recibe 840 mil pesos. 

El castigo del gobierno de Milei a la universidad ha impactado necesariamente en la calidad educativa. Yacobitti explicó también que muchos docentes se ven obligados a reducir su dedicación para conseguir otros empleos y poder subsistir. En el caso de la facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA renunciaron 48 profesores, un 10 por ciento de la planta docente. La pauperización de las universidades públicas favoreció a las privadas, que aprovechan la catástrofe para contratar a profesores de excelencia formados con recursos públicos, exigiéndoles que renuncien a la universidad pública. 

El ajuste salarial impuesto a la universidad pública llega a un 55 por ciento desde el acceso de Milei a la presidencia, tal como estimaron los sindicatos del sector, derrumbando los argumentos –una vez más, falaces- de las autoridades que insisten en que la pérdida es similar a la del resto de la administración pública. 

También el gobierno sostiene que, ante la escasez de recursos, ha debido optar por privilegiar la asistencia a los desnutridos del Chaco o a los comedores populares, algo que también constituye una falacia en ambos casos. 

Si bien el gobierno negocia la compra de voluntades para sostener el veto, queda claro que la situación es diferente a la del caso de los jubilados. En primer lugar, por el apoyo que la sociedad brinda a la educación pública, llave de la movilidad ascendente y herramienta fundamental para el progreso de una Argentina potente. En segundo, porque el veto a los jubilados y las vergonzantes acciones del presidente y sus “héroes” hicieron caer en doce puntos su popularidad.

Si bien Milei insiste en la aplicación de la motosierra sobre la sociedad, gracias a lo cual consiguió un incremento de casi 13 puntos en la pobreza y del 80 por ciento de la indigencia en el primer semestre de su gestión, no está claro que la oposición colaborativa esté dispuesta a acompañarlo en el sostenimiento del veto, sobre todo con un año electoral por delante. 

La marcha al Congreso que tendrá su punto culminante a las 17.00 contará con la participación de rectores, docentes, estudiantes y otros sindicatos y organizaciones sociales, y también con la asistencia voluntaria de cientos de miles de argentinos que no aceptan renunciar a su futuro.

De la asistencia que consiga convocar dependerá, en gran medida, la suerte que correrá nuestra sociedad, si continuamos en el actual proceso de empobrecimiento, enajenación de nuestras riquezas e impúdicos beneficios en favor de los sectores económicos más poderosos, o resulta posible torcerle el brazo a este programa irracional para beneficiar a nuestra sociedad en conjunto, la vigencia de la instituciones y de la democracia. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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