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Una organización de Derechos Humanos apunta contra un juez del Tribunal Supremo de Santiago del Estero

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El Instituto Interamericano por la Democracia (IID) es una organización apartidaria con sede en Miami, Estados Unidos, que difunde y promueve los valores de la libertad y la democracia. Entre sus objetivos está desplegar una custodia permanente sobre la región en materia de derechos humanos. Por tercera vez, dos de sus directores y miembros del comité de DD.HH., Armando Valladares y Marcel Feroud, visitaron la Argentina para darle seguimiento y visibilidad a un caso particular que siguen de cerca desde fines de 2022.

Se trata, según denuncian públicamente desde entonces, de una toma ilegítima de tierras en el corazón de Santiago del Estero, que tiene como víctima a Manuel Ardiles, un campesino ya fallecido, y como presunto usurpador al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Federico López Alsogaray, que sostiene una versión diametralmente opuesta a la del Instituto norteamericano.

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Valladares, que pasó 22 años preso en la Cuba de Fidel Castro y fue designado por Ronald Reagan como embajador de derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas, asegura que el “caso Ardiles” guarda notas únicas: Nunca vi un caso de tanto ensañamiento como el de Ardiles, afirma.

Junto a Feroud, sostiene que Ardiles y su familia sufrieron un brutal desalojo luego de que López Alsogaray, dueño de un campo lindante de 360 hectáreas, presentara ante la Justicia una acción reivindicatoria, reclamando la propiedad del terreno de Ardiles, unas 30 hectáreas que heredó de su padre hace 50 años, ubicadas en la localidad de Forres, a menos de 40 kilómetros de la capital.

Los delegados del Instituto aseguran que López Alsogaray fundó su reclamo en una cédula real del siglo XVIII que acreditaría que una tatarabuela suya le hizo entrega del terreno. “Ni siquiera existía Argentina como república”, dice Valladares.

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López Alsogaray asegura que el campo siempre estuvo a su nombre, que lo que se remonta hasta esa época son los antecedentes de dominio familiares, y que la disputa legal se redujo solo a las 7 hectáreas en las cuales vivió Ardiles todo el tiempo que trabajó para su familia dentro del campo.

Asesorado por abogados y con un presunto título por prescripción de un terreno fiscal, explica el juez, Ardiles buscó proclamar como suyo lo que siempre perteneció a su familia.

Según el instituto, a los pocos días de la presentación judicial del juez López Alsogaray se activó un operativo policial para desalojar a Ardiles y su familia. Feroud, abogado y encargado de los temas legales del organismo, señala cuán atípico fue el procedimiento.

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“En las acciones reivindicatorias jamás se ordena una cautelar para desalojar a quien está en posesión legítima del terreno. Se estudia el caso, se produce prueba, y el juez resuelve mediante sentencia quién tiene derecho sobre la tierra. Pero en este caso, al tratarse del presidente del tribunal actuando como parte actora, la Justicia avanzó de inmediato con el desalojo”, desarrolla, y suma: “Es un atropello que se produce bajo un disfraz de legalidad”, suma.

Por su parte, el juez López Alsogaray, que no descarta iniciar acciones legales directamente contra el organismo, sostiene que el desalojo se dio tras cinco años de disputa legal, dos instancias judiciales favorables y una intimación previa. “Todo el expediente está digitalizado”, dice el juez, y lo comparte con , junto con constancias de propiedad. “No apelaron ante la Corte para poder mantenerlo en la provincia”, agrega.

Una constancia de propiedad del terreno en disputa

Con la promoción del caso, el Instituto estadounidense busca que la familia de Ardiles –el campesino falleció en 2023– reciba un resarcimiento económico, además de la devolución del terreno.

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“Por mi experiencia –dice Valladares–, 22 años en prisión por razones políticas en Cuba, y luego como embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, puedo decir que nunca vi un ensañamiento tan brutal, tan miserable, como el que ha cometido López Alsogaray contra esta familia indefensa.”

“Marcel [Feroud] y yo nos ocupamos del tema de derechos humanos dentro del Instituto Interamericano por la Democracia. Esta es una organización no partidista. Nuestro objetivo es defender los valores democráticos en el continente y velar por la situación de los derechos humanos. A fines de 2022 llegó a nuestras manos el caso Ardiles, que adoptamos como propio. Supimos que el presidente de la Corte Suprema de Santiago del Estero lo había desalojado ilegalmente”, explica Valladares. “Vinimos al país y visitamos a la familia”, agrega.

El campesino fallecería a los pocos días de aquel encuentro. Según el cubano Valladares, a Ardiles lo consumió una profunda depresión, desatada tras sufrir abusos de todo tipo por parte del poder provincial, como la quita del canon de riego en plena cosecha.

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“Se le cortó el agua, se le murieron los animales, que tenían allí un bosquecito que tenían para que los animales se guarecieran durante el verano. Y ese ensañamiento continuó cuando los expulsaron de allí”, relata Valladares.

A modo de informe, el Instituto publicó un documental en su canal de YouTube con detalles del caso. Allí, el abogado de la familia, Juan Parra, y otros testimonios reconstruyen el desalojo, cuentan que las fuerzas de seguridad “destruyeron a martillazos” el hogar de Ardiles, talaron e iniciaron incendios, entre otros abusos.

“El ensañamiento fue extremo. Le cortaron el agua, incluso en el pequeño terreno que le habían dejado hasta que terminara el juicio, que ni siquiera estaba resuelto todavía”, dice Valladares.

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”No solo expulsaron a su esposa, sino también a su hija. No les permitieron ni siquiera sacar una foto familiar. Apenas los sacaron por la fuerza, comenzaron a destruir la propiedad. Le prendieron fuego”, sigue.

El de Ardiles fue el caso que puso a la provincia bajo la lupa del Instituto, y el que destapó otros similares que se produjeron con anterioridad, según afirman los delegados del Instituto.

Desde entonces, los delegados del Instituto han visitado el país, mantenido reuniones con distintas autoridades provinciales, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial, y presentado informes con los detalles del caso a distintas organismos.

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Uno de ellos fue entregaron en mano a López Alsogaray por el propio Valladares, pero asegura que el juez nunca ofreció respuesta.

Además, denunciaron el “caso Ardiles” ante la Cámara Nacional de Diputados, el Concejo de DDHH de las Naciones Unidas, y la Corte penal Internacional.

El juez López Alsogaray recibe a manos de Valladares el informe sobre el «caso Ardiles»

“[El de Ardiles] es el caso número 10. A otros campesinos [el juez] le hizo exactamente lo mismo, los desalojó, y se quedó con las tierras de esta gente. Con la diferencia de que los otros campesinos, como la mayoría en la provincia, simplemente tenían la posesión y digo simplemente entre comillas porque la posesión ininterrumpida por más de 20 años con ánimo del dueño te da el derecho a ser dueño”, explica Feroud.

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“Pero en el caso de Ardiles, él tenía título perfecto, por eso es que se presentó una acción judicial. Concretamente, una acción reivindicatoria, que es por la cual tú, como tercero, dices: ‘¿Sabés qué? Ese terreno donde tú estás es mío, porque tengo el título.’ Por lo tanto, le pide al juez que te desaloje y te permita a ti entrar porque eres dueño”, añade Feraud.

En el video, el abogado Feraud va más allá y sugiere que en la provincia rige el derecho del más fuerte. “Simplemente es cuestión de entrar y cambiar el cartel”, asegura.

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Grabois apuntó contra Bullrich por “encubrir un complot” de cúpulas policiales en la provincia

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El dirigente social y político Juan Grabois apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por tener al personal de las fuerzas federales “pésimas condiciones” y la acusó de “encubrir un evidente complot de ciertas cúpulas policiales corruptas en la provincia de Buenos Aires”. “Se la da de defensora de policías y la realidad muestra todo lo contrario”, escribió en X.

Desde el entorno de Grabois hablaron de “una crisis interna” que atraviesa la Policía Federal tras el presunto suicidio de un agente en el Hospital Churruca que habría ocurrido hace dos semanas cuando fue desatendido por el nosocomio por la dramática situación que vive la obra social de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Además, el dirigente social mencionó que la tensión aumentó por las condiciones laborales, bajos salarios y la falta de contención institucional.

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A raíz de los bajos salarios, más de 2200 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad pidieron la baja en lo que va del año. Muchos sueldos dejan a oficiales y suboficiales a sobrevivir por debajo de la línea de pobreza.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Valeria Rotman

Además, la crisis la empeora la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que mantiene una deuda superior a los $160.000 millones e interrumpió su cobertura de prestaciones de medicina de alto costo en casi todo el país. El presidente del instituto, Roberto Fiochi, renunció tras solo siete meses de gestión.

“Bullrich intenta encubrir un evidente complot de ciertas cúpulas policiales corruptas en la Provincia de Buenos Aires montando un show estrafalario que justifica la infiltración política en una institución que debe estar completamente ajena a las divisiones partidarias”, escribió Grabois en X.

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Las fuerzas de seguridad bajo la cartera de Bullrich presentaron fuertes bajas: 412 en la Policía Federal, 386 en Gendarmería, 322 en Prefectura Naval, 292 en el Servicio Penitenciario Federal y 177 en la Policía de seguridad Aeroportuaria.

El tuit de Juan GraboisCaptura

“Esta mujer se la da de defensora de los policías. La realidad muestra todo lo contrario. Ya lo advertí cuando me llevaron a la Superintendencia de Investigaciones Federales: Bullrich tiene al personal en pésimas condiciones, con el salario por el piso, sin uniformes ni infraestructura adecuada, con la obra social desfinanciada y sus familias desprotegidas”, señaló el dirigente de Argentina Humana.

La obra social afronta una deuda millonaria desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza. Antes de diciembre de 2023, Iosfa se encontraba saneada y con superávit. Desde entonces, hubo dos gestiones que llevaron a que renuncien dos presidentes.

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Los casos más preocupantes son los de pacientes que requieren de medicamentos oncológicos, los que recibieron o necesitan trasplantes, los insulinodependientes y quienes enfrentan patologías crónicas severas.

La Policía Federal Argentina (PFA)Ricardo Pristupluk

“Las fuerzas tienen derecho a una verdadera política de bienestar policial, con remuneraciones acordes, protección a sus familias y acceso a la salud, en particular a la salud mental. La ministra no tiene derecho a exponerlos brutalmente en cumplir sus deberes reprimiendo manifestaciones en vez de velar por la seguridad ciudadana”, reclamó Grabois.

Y cerró: “No les crean nada cuando se golpean el pecho por la seguridad. La única seguridad que les importa es la de sus privilegios“.

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Patricia Bullrich,la dramática situación que vive la obra social,pidieron la baja en lo que va del año,renunció tras solo siete meses de gestión,el salario por el piso,La Libertad Avanza,Juan Grabois,Patricia Bullrich,Policía Federal Argentina,Conforme a,,Evacuados en la terraza. Se incendió el edificio del canal de streaming Neura de Alejandro Fantino,,Traqueotomía. La operación a la que fue sometida “Locomotora” Oliveras,,Retorno a clases. Cuándo terminan las vacaciones de invierno,Juan Grabois,,Solo en Off. Javier Milei y Juan Grabois, cerca y lejos en el aniversario del atentado a la AMIA,,“Llorás a mami Estado”. La chicana de Grabois a Espert por las detenciones de militantes kirchneristas,,Aval a Grabois. Un informe de la UBA elogió la ejecución presupuestaria del FISU

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El Gobierno postergó por tres meses la implementación del sistema acusatorio

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El Ministerio de Justicia de la Nación comunicó este viernes que se posterga la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta noviembre. Estaba prevista para el 11 de agosto.

En medio de la tensión con el Ministerio Público Fiscal, que advirtió sobre la falta de recursos para la implementación de ese sistema, el área a cargo de Mariano Cúneo Libarona aseguró que se “resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”.

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“Esta decisión tiene como único objetivo remover obstáculos políticos y corporativos, y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado, tal como se verificó en las otras jurisdicciones donde el Gobierno implementó exitosamente el sistema acusatorio: Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata”, explicaron en un comunicado emitido por el Ministerio.

El procurador general Eduardo Casal dictaminó que la reelección indefinida de Insfrán en Formosa es inconstitucional. (Foto: NA / Damian Dopacio).

El Gobierno aseguró que “las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década” y que, “desde el inicio de la implementación, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional».

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El nuevo sistema comenzará a regir en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires desde el próximo 10 de noviembre, mientras que el cronograma establecido para las demás jurisdicciones se mantendrá sin modificaciones.

Los cruces entre Cúneo Libarona y Casal

El Procurador General, Eduardo Casal, le pidió en reiteradas oportunidades al Gobierno que suspenda la implementación del sistema acusatorio por “carencias estructurales en infraestructura, personal, equipamiento, presupuesto y coordinación interinstitucional”.

El jefe de los fiscales mantuvo varios idas y vueltas con el Cúneo Libarona, quién días atrás aseguró que no se suspendería la implementación, ya que “con el esfuerzo de todos la nueva ley rige ya en 12 provincias y, al finalizar 2025, el proceso de implementación estará en curso en la mayoría de los distritos federales del país, lo cual comprenderá 16 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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Cúneo Libarona destacó también que desde el Ministerio se impulsó la instalación de nuevas infraestructuras, se capacitó a los operadores judiciales y se incorporó tecnología de vanguardia, computadoras, equipos de investigación, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema.

“Estamos convencidos de que todos contribuimos a la mejor reforma de estructura general planteada en la justicia federal, al menos en los últimos veinte años”, subrayó el Ministro en otro tramo de la respuesta enviada a Casal, a la que tuvo acceso TN.

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Sobre las reiteradas críticas de Casal por la falta de recursos, Cúneo Libarona aseguró que “indudablemente enfrentamos un contexto de austeridad y responsabilidad fiscal”, por lo que “resulta prioritario» seguir las directivas del presidente Javier Milei, “en cuanto a los principios de tutela del equilibrio fiscal, del gasto público y orden presupuestario”.

El ministro añadió que “no existe mejor capacitación que la práctica judicial. Tenemos jueces, fiscales y defensores muy idóneos, y trabajadores plenamente capaces que estudian y abordan el nuevo sistema».

Sobre los riesgos mencionados por Casal, Cúneo aseguró que “no cabe duda que todo proceso de cambio importa riesgos y genera desafíos. Pero, la experiencia judicial y de la implementación indica que en todos los distritos en los que existía la misma preocupación el nuevo sistema se ha implementado con éxito y eficacia”.

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“Está claro que los obstáculos y resistencias han sido superados y tenemos la firme y absoluta convicción que la implementación del nuevo sistema constituye un cambio de gran relevancia para mejorar la Justicia, fortalecer las instituciones y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y moderna”, concluyó.

Comodoro Py, Mariano Cuneo Libarona, Ministerio Público Fiscal

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Milei atacó al Grupo Clarín y advirtió que “no se va a quedar con Telefónica”

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En otro rapto de furia contra la prensa, el presidente Javier Milei hizo blanco de su enojo en el Grupo Clarín y le advirtió que no permitirá quedarse con el control de Telefónica, cuya compra por parte de Telecom, que pertenece al grupo, está suspendida de manera preventiva por la Secretaría de Industria y Comercio.

“Aquí está la basura inmunda del gran operador argentino Clarín. Para variar mintiendo. Naturalmente seguirán operando porque les duele la falta de pauta y sobres. Y como si esto fuera poco, no se van a quedar con TELEFÓNICA. ¿Están extorsionando? Fin”, escribió Milei en sus redes sociales.

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Lo que provocó el malestar presidencial fue la tapa del diario Clarín de ayer, en la que apareció el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, con un título que decía: “El campo, un dolor de cabeza para Caputo”. Se espera que hoy, en su visita al predio de Palermo, el Presidente anuncie una mejora impositiva para el sector.

El mes pasado, después de que la Secretaría de Industria y Comercio suspendiera de manera preventiva la compra de Telefónica por parte de Telecom, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió hoy un informe objetando la operación.

La CNDC informó que identificó “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia en los diversos mercados de telecomunicaciones involucrados, de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general”.

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Según el comunicado de la comisión, la operación implica la eliminación de uno de los tres principales operadores de telefonía móvil del país, lo que dejaría un mercado nacional “altamente concentrado” entre solo dos jugadores: Telecom, con una participación estimada del 58%, y AMX (Claro), con el 42%.

En marzo, el Gobierno había suspendido la operación de manera preventiva. “La medida se sustenta en la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, atento a que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado”, aclaró el Gobierno mediante un comunicado oficial.

La medida del Gobierno se dio luego de que se anunciara que la filial argentina de Telefónica se había vendido por US$1245 millones a Telecom.

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El anuncio de la operación derivó rápidamente en una advertencia del Enacom que emitió un comunicado con el que aseguró que el marco regulatorio impide la conformación de oligopolios. Es que la operativa, ahora suspendida de forma preventiva, cambia el mapa de las telecomunicaciones.


suspendida de manera preventiva,https://t.co/ghKoAARxRY,July 25, 2025,Javier Milei,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Sospecha de fraude. Qué dijo Milei sobre los residentes médicos que se habrían copiado en el examen de ingreso,,Los salarios militares. La línea de pobreza, la nueva hipótesis de conflicto en los cuarteles

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