POLITICA
Una organización de Derechos Humanos apunta contra un juez del Tribunal Supremo de Santiago del Estero

El Instituto Interamericano por la Democracia (IID) es una organización apartidaria con sede en Miami, Estados Unidos, que difunde y promueve los valores de la libertad y la democracia. Entre sus objetivos está desplegar una custodia permanente sobre la región en materia de derechos humanos. Por tercera vez, dos de sus directores y miembros del comité de DD.HH., Armando Valladares y Marcel Feroud, visitaron la Argentina para darle seguimiento y visibilidad a un caso particular que siguen de cerca desde fines de 2022.
Se trata, según denuncian públicamente desde entonces, de una toma ilegítima de tierras en el corazón de Santiago del Estero, que tiene como víctima a Manuel Ardiles, un campesino ya fallecido, y como presunto usurpador al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Federico López Alsogaray, que sostiene una versión diametralmente opuesta a la del Instituto norteamericano.
Valladares, que pasó 22 años preso en la Cuba de Fidel Castro y fue designado por Ronald Reagan como embajador de derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas, asegura que el “caso Ardiles” guarda notas únicas: “Nunca vi un caso de tanto ensañamiento como el de Ardiles”, afirma.
Junto a Feroud, sostiene que Ardiles y su familia sufrieron un brutal desalojo luego de que López Alsogaray, dueño de un campo lindante de 360 hectáreas, presentara ante la Justicia una acción reivindicatoria, reclamando la propiedad del terreno de Ardiles, unas 30 hectáreas que heredó de su padre hace 50 años, ubicadas en la localidad de Forres, a menos de 40 kilómetros de la capital.
Los delegados del Instituto aseguran que López Alsogaray fundó su reclamo en una cédula real del siglo XVIII que acreditaría que una tatarabuela suya le hizo entrega del terreno. “Ni siquiera existía Argentina como república”, dice Valladares.
López Alsogaray asegura que el campo siempre estuvo a su nombre, que lo que se remonta hasta esa época son los antecedentes de dominio familiares, y que la disputa legal se redujo solo a las 7 hectáreas en las cuales vivió Ardiles todo el tiempo que trabajó para su familia dentro del campo.
Asesorado por abogados y con un presunto título por prescripción de un terreno fiscal, explica el juez, Ardiles buscó proclamar como suyo lo que siempre perteneció a su familia.
Según el instituto, a los pocos días de la presentación judicial del juez López Alsogaray se activó un operativo policial para desalojar a Ardiles y su familia. Feroud, abogado y encargado de los temas legales del organismo, señala cuán atípico fue el procedimiento.
“En las acciones reivindicatorias jamás se ordena una cautelar para desalojar a quien está en posesión legítima del terreno. Se estudia el caso, se produce prueba, y el juez resuelve mediante sentencia quién tiene derecho sobre la tierra. Pero en este caso, al tratarse del presidente del tribunal actuando como parte actora, la Justicia avanzó de inmediato con el desalojo”, desarrolla, y suma: “Es un atropello que se produce bajo un disfraz de legalidad”, suma.
Por su parte, el juez López Alsogaray, que no descarta iniciar acciones legales directamente contra el organismo, sostiene que el desalojo se dio tras cinco años de disputa legal, dos instancias judiciales favorables y una intimación previa. “Todo el expediente está digitalizado”, dice el juez, y lo comparte con , junto con constancias de propiedad. “No apelaron ante la Corte para poder mantenerlo en la provincia”, agrega.
Con la promoción del caso, el Instituto estadounidense busca que la familia de Ardiles –el campesino falleció en 2023– reciba un resarcimiento económico, además de la devolución del terreno.
“Por mi experiencia –dice Valladares–, 22 años en prisión por razones políticas en Cuba, y luego como embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, puedo decir que nunca vi un ensañamiento tan brutal, tan miserable, como el que ha cometido López Alsogaray contra esta familia indefensa.”
“Marcel [Feroud] y yo nos ocupamos del tema de derechos humanos dentro del Instituto Interamericano por la Democracia. Esta es una organización no partidista. Nuestro objetivo es defender los valores democráticos en el continente y velar por la situación de los derechos humanos. A fines de 2022 llegó a nuestras manos el caso Ardiles, que adoptamos como propio. Supimos que el presidente de la Corte Suprema de Santiago del Estero lo había desalojado ilegalmente”, explica Valladares. “Vinimos al país y visitamos a la familia”, agrega.
El campesino fallecería a los pocos días de aquel encuentro. Según el cubano Valladares, a Ardiles lo consumió una profunda depresión, desatada tras sufrir abusos de todo tipo por parte del poder provincial, como la quita del canon de riego en plena cosecha.
“Se le cortó el agua, se le murieron los animales, que tenían allí un bosquecito que tenían para que los animales se guarecieran durante el verano. Y ese ensañamiento continuó cuando los expulsaron de allí”, relata Valladares.
A modo de informe, el Instituto publicó un documental en su canal de YouTube con detalles del caso. Allí, el abogado de la familia, Juan Parra, y otros testimonios reconstruyen el desalojo, cuentan que las fuerzas de seguridad “destruyeron a martillazos” el hogar de Ardiles, talaron e iniciaron incendios, entre otros abusos.
“El ensañamiento fue extremo. Le cortaron el agua, incluso en el pequeño terreno que le habían dejado hasta que terminara el juicio, que ni siquiera estaba resuelto todavía”, dice Valladares.
”No solo expulsaron a su esposa, sino también a su hija. No les permitieron ni siquiera sacar una foto familiar. Apenas los sacaron por la fuerza, comenzaron a destruir la propiedad. Le prendieron fuego”, sigue.
El de Ardiles fue el caso que puso a la provincia bajo la lupa del Instituto, y el que destapó otros similares que se produjeron con anterioridad, según afirman los delegados del Instituto.
Desde entonces, los delegados del Instituto han visitado el país, mantenido reuniones con distintas autoridades provinciales, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial, y presentado informes con los detalles del caso a distintas organismos.
Uno de ellos fue entregaron en mano a López Alsogaray por el propio Valladares, pero asegura que el juez nunca ofreció respuesta.
Además, denunciaron el “caso Ardiles” ante la Cámara Nacional de Diputados, el Concejo de DDHH de las Naciones Unidas, y la Corte penal Internacional.
“[El de Ardiles] es el caso número 10. A otros campesinos [el juez] le hizo exactamente lo mismo, los desalojó, y se quedó con las tierras de esta gente. Con la diferencia de que los otros campesinos, como la mayoría en la provincia, simplemente tenían la posesión y digo simplemente entre comillas porque la posesión ininterrumpida por más de 20 años con ánimo del dueño te da el derecho a ser dueño”, explica Feroud.
“Pero en el caso de Ardiles, él tenía título perfecto, por eso es que se presentó una acción judicial. Concretamente, una acción reivindicatoria, que es por la cual tú, como tercero, dices: ‘¿Sabés qué? Ese terreno donde tú estás es mío, porque tengo el título.’ Por lo tanto, le pide al juez que te desaloje y te permita a ti entrar porque eres dueño”, añade Feraud.
En el video, el abogado Feraud va más allá y sugiere que en la provincia rige el derecho del más fuerte. “Simplemente es cuestión de entrar y cambiar el cartel”, asegura.
POLITICA
ATE presentó una nueva denuncia contra las autoridades de PAMI en Río Negro: las acusó de no entregar pañales para adultos

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A menos de un mes de denunciar una “estafa millonaria” en la compra de leña, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acusó a las autoridades de PAMI por la falta de entrega de pañales a más de 2200 jubilados en Río Negro. En ese sentido, realizaron hoy una protesta en el edificio central del PAMI en General Roca.
Según Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, el 80% de los beneficiarios mayores de 70 años denunció no haber recibido su cuota de 90 pañales y apósitos desde mayo. “Crecen de nuevo las sospechas dentro del sindicato sobre el desvío de 220 millones de pesos para la campaña electoral del oficialismo nacional en la provincia”, dijo.
El sindicato viene denunciando que la diputada por Río Negro de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, “utiliza de manera política todos los eventos sociales que se realizan en el PAMI” y “se pasea haciendo campaña con recursos del Estado”.
En un comunicado difundido este miércoles, los gremialistas agregaron: “El nuevo esquema de distribución de la gestión Milei desplazó a otra de 15 años de buenos resultados. Si antes la logística se garantizaba en las farmacias como punto de entrega, ahora la distribución se debería hacer casa por casa. Pero eso no ocurre. Al contrario de lo que puede pensarse, el puerta a puerta no redujo el costo mensual de la obra social; todo lo contrario, pasó de $11.000 millones a $13.000 millones, lo que deja un saldo negativo de $2.000 millones”.
Para ATE, “el escándalo es además profundamente regresivo para el bolsillo de los afiliados, ya que el paquete de 16 unidades de pañales tiene un costo aproximado de $17.900, por lo que un jubilado está gastando más de $100.000 pesos mensuales en pañales cuando la jubilación mínima es de $309.294,79”.
Además de exigir respuestas a lo que define como una “grave irregularidad en perjuicio de los adultos mayores”, Vicente, secretario general de ATE Río Negro, afirmó: “La gestión de los organismos nacionales en la provincia es desastrosa. Queremos que nos expliquen a dónde fueron a parar los cerca de 220 millones de pesos que se tendrían que haber destinado a pañales durante los últimos dos meses. No puede ser que luego de haber aportado toda la vida, los jubilados sean dejados por la obra social en una situación de abandono”.
Fuentes cercanas a PAMI consultadas por afirmaron que la tasa de entrega de pañales “supera el 75% en todo el país” y que “el 25% restante, que está sin entregar, se debe mayormente a personas que no se encontraban en el domicilio o direcciones incorrectas producto de que el afiliado ya no vive en el domicilio declarado en PAMI”.
Asimismo, respecto de la denuncia del presunto desvío de fondos, en PAMI señalaron: “La dispensa de pañales a domicilio empezó el 1 de junio. Si faltan desde mayo, es responsabilidad de las farmacias, quienes aún estaban a cargo de la dispensa”.
Y cerraron: “Entendemos que es una denuncia mediática, ya que no recibimos nada oficial respecto del tema. Probablemente se deba a que están intentando entorpecer el normal funcionamiento del Instituto como viene ocurriendo desde el primer día de esta gestión y se ha visto en reiterados casos en los últimos meses, como con lo ocurrido en El Bolsón”.
La tensión entre ATE y los referentes de LLA en Río Negro viene en aumento desde hace meses.
El sindicato denuncia que quienes en teoría “venían a combatir una supuesta casta” están construyendo una casta propia. En tanto, la diputada Villaverde indicó que lo ocurrido en El Bolsón (donde despidieron a la jefa del centro de atención porque paró para marchar por Cristina Kirchner) “es una muestra más del mal uso militante de algunas instituciones del Estado por parte de algunos empleados públicos”.
Paz García Pastormerlo,Río Negro,PAMI,Conforme a,Río Negro,,Imágenes atípicas. Por la falta de nieve, hay turistas que están cancelando sus vacaciones en el Sur,,Más subsidios al rey del juego,,Falta de obras. Los gobernadores profundizan su reclamo por las rutas nacionales y buscan exponer la responsabilidad de la Casa Rosada
POLITICA
ATE rechazó el aumento del 7,5% que ofreció el Gobierno para los trabajadores estatales

El Gobierno nacional presentó una propuesta de mejora salarial para los trabajadores estatales que incluye un incremento acumulativo del 7,5 % entre junio y noviembre, con cuotas mensuales y bonos no remunerativos de $25.000 en los primeros tres meses y $20.000 en los siguientes.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, rechazó de plano la oferta. En términos duros, afirmó que es una “oferta miserable, inaceptable después de meses de congelamiento salarial” y denunció que “condena a la indigencia a la mitad de los estatales, y a la pobreza a casi la totalidad”.
Aguiar criticó que la propuesta sea semestral y no mensual como hasta ahora, recordando que en el último año la paritaria oficial fue del 20,8 %, muy por debajo de una inflación que alcanzó el 43,5 %, lo que implica una pérdida salarial del 22,7 %.
Mientras tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la oferta, lo que generó cruces dentro del sindicalismo. ATE fustigó ese acuerdo y acusó a UPCN de alinearse con “la patronal”, anticipando que podría haber un plan de lucha con nuevas medidas de fuerza.
La entrada ATE rechazó el aumento del 7,5% que ofreció el Gobierno para los trabajadores estatales se publicó primero en Nexofin.
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La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en Diputados trató de “lacra” a un periodista

Lo que parecía ser el puntapié inicial de un debate sobre la maternidad, terminó en agresión. En su perfil de la red social X, la titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, María Emilia Orozco, escribió un posteo a partir de una supuesta crítica que las mujeres que integran las filas de La Libertad Avanza (LLA) reciben “por no tener hijos”.
Si bien la publicación tuvo varias réplicas, la de un periodista generó el malestar de la legisladora. “Vos sos una lacra”, cargó Orozco.
“¿Puedo hacerles una pregunta fuera de la rosca política? Me puse a pensar esto cuando vi muchos comentarios en los que critican a algunas mujeres de LLA por no tener hijos. ¿Ustedes creen que vale la pena postergar la maternidad, la proyección de formar una familia o directamente resignar estas opciones por entregarle todo ese tiempo a la política? ¿Les pasa con otros trabajos?”, escribió, en el mensaje original, la legisladora.
La respuesta de Daniel Murillo, director de El Grito, una radio local de Salta, no tardó en llegar: “Por favor libertarios, no se reproduzcan. Cuidemos el planeta”. Minutos más tarde, la diputada salteña replicó: “Pero la naturaleza es sabia, vos sos una lacra y tus hijos son hermosos“.
El mes pasado, luego de que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA alertara sobre la “baja tolerancia a las críticas” y el “uso reiterado de calificativos estigmatizantes” por parte del Gobierno, Orozco manifestó: «Muchos periodistas e instituciones exageran cuando dicen que Milei daña la institucionalidad, cuando nunca actuó por fuera del límite de ninguna ley».
Semanas atrás, Lorena Bolzon, doctora en Ciencias Jurídicas y decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, visitó el estudio de LN+ para analizar las razones y consecuencias de un fenómeno que viene estudiando desde hace una década: el descenso de la natalidad en el país. Según los últimos datos, ese indicador cayó un 40% en la Argentina.

Para Bolzon, este fenómeno es transversal a todos los estratos sociales. “En los hogares urbanos hay cada vez menos cantidad de niños, pero lo mismo ocurre en los sectores más vulnerables, donde la medición se hace a través de la solicitud de asignaciones familiares”.
Respecto a la educación, hay una ecuación que se repite: las mujeres de mayor nivel educativo y mayor estrato socioeconómico son las que menos deseos tienen de convertirse en madre. Es decir, tendrían la posibilidad económica y sin embargo no lo eligen.
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