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POLITICA

Una organización de Derechos Humanos apunta contra un juez del Tribunal Supremo de Santiago del Estero

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El Instituto Interamericano por la Democracia (IID) es una organización apartidaria con sede en Miami, Estados Unidos, que difunde y promueve los valores de la libertad y la democracia. Entre sus objetivos está desplegar una custodia permanente sobre la región en materia de derechos humanos. Por tercera vez, dos de sus directores y miembros del comité de DD.HH., Armando Valladares y Marcel Feroud, visitaron la Argentina para darle seguimiento y visibilidad a un caso particular que siguen de cerca desde fines de 2022.

Se trata, según denuncian públicamente desde entonces, de una toma ilegítima de tierras en el corazón de Santiago del Estero, que tiene como víctima a Manuel Ardiles, un campesino ya fallecido, y como presunto usurpador al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Federico López Alsogaray, que sostiene una versión diametralmente opuesta a la del Instituto norteamericano.

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Valladares, que pasó 22 años preso en la Cuba de Fidel Castro y fue designado por Ronald Reagan como embajador de derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas, asegura que el “caso Ardiles” guarda notas únicas: Nunca vi un caso de tanto ensañamiento como el de Ardiles, afirma.

Junto a Feroud, sostiene que Ardiles y su familia sufrieron un brutal desalojo luego de que López Alsogaray, dueño de un campo lindante de 360 hectáreas, presentara ante la Justicia una acción reivindicatoria, reclamando la propiedad del terreno de Ardiles, unas 30 hectáreas que heredó de su padre hace 50 años, ubicadas en la localidad de Forres, a menos de 40 kilómetros de la capital.

Los delegados del Instituto aseguran que López Alsogaray fundó su reclamo en una cédula real del siglo XVIII que acreditaría que una tatarabuela suya le hizo entrega del terreno. “Ni siquiera existía Argentina como república”, dice Valladares.

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López Alsogaray asegura que el campo siempre estuvo a su nombre, que lo que se remonta hasta esa época son los antecedentes de dominio familiares, y que la disputa legal se redujo solo a las 7 hectáreas en las cuales vivió Ardiles todo el tiempo que trabajó para su familia dentro del campo.

Asesorado por abogados y con un presunto título por prescripción de un terreno fiscal, explica el juez, Ardiles buscó proclamar como suyo lo que siempre perteneció a su familia.

Según el instituto, a los pocos días de la presentación judicial del juez López Alsogaray se activó un operativo policial para desalojar a Ardiles y su familia. Feroud, abogado y encargado de los temas legales del organismo, señala cuán atípico fue el procedimiento.

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“En las acciones reivindicatorias jamás se ordena una cautelar para desalojar a quien está en posesión legítima del terreno. Se estudia el caso, se produce prueba, y el juez resuelve mediante sentencia quién tiene derecho sobre la tierra. Pero en este caso, al tratarse del presidente del tribunal actuando como parte actora, la Justicia avanzó de inmediato con el desalojo”, desarrolla, y suma: “Es un atropello que se produce bajo un disfraz de legalidad”, suma.

Por su parte, el juez López Alsogaray, que no descarta iniciar acciones legales directamente contra el organismo, sostiene que el desalojo se dio tras cinco años de disputa legal, dos instancias judiciales favorables y una intimación previa. “Todo el expediente está digitalizado”, dice el juez, y lo comparte con , junto con constancias de propiedad. “No apelaron ante la Corte para poder mantenerlo en la provincia”, agrega.

Una constancia de propiedad del terreno en disputa

Con la promoción del caso, el Instituto estadounidense busca que la familia de Ardiles –el campesino falleció en 2023– reciba un resarcimiento económico, además de la devolución del terreno.

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“Por mi experiencia –dice Valladares–, 22 años en prisión por razones políticas en Cuba, y luego como embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, puedo decir que nunca vi un ensañamiento tan brutal, tan miserable, como el que ha cometido López Alsogaray contra esta familia indefensa.”

“Marcel [Feroud] y yo nos ocupamos del tema de derechos humanos dentro del Instituto Interamericano por la Democracia. Esta es una organización no partidista. Nuestro objetivo es defender los valores democráticos en el continente y velar por la situación de los derechos humanos. A fines de 2022 llegó a nuestras manos el caso Ardiles, que adoptamos como propio. Supimos que el presidente de la Corte Suprema de Santiago del Estero lo había desalojado ilegalmente”, explica Valladares. “Vinimos al país y visitamos a la familia”, agrega.

El campesino fallecería a los pocos días de aquel encuentro. Según el cubano Valladares, a Ardiles lo consumió una profunda depresión, desatada tras sufrir abusos de todo tipo por parte del poder provincial, como la quita del canon de riego en plena cosecha.

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“Se le cortó el agua, se le murieron los animales, que tenían allí un bosquecito que tenían para que los animales se guarecieran durante el verano. Y ese ensañamiento continuó cuando los expulsaron de allí”, relata Valladares.

A modo de informe, el Instituto publicó un documental en su canal de YouTube con detalles del caso. Allí, el abogado de la familia, Juan Parra, y otros testimonios reconstruyen el desalojo, cuentan que las fuerzas de seguridad “destruyeron a martillazos” el hogar de Ardiles, talaron e iniciaron incendios, entre otros abusos.

“El ensañamiento fue extremo. Le cortaron el agua, incluso en el pequeño terreno que le habían dejado hasta que terminara el juicio, que ni siquiera estaba resuelto todavía”, dice Valladares.

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”No solo expulsaron a su esposa, sino también a su hija. No les permitieron ni siquiera sacar una foto familiar. Apenas los sacaron por la fuerza, comenzaron a destruir la propiedad. Le prendieron fuego”, sigue.

El de Ardiles fue el caso que puso a la provincia bajo la lupa del Instituto, y el que destapó otros similares que se produjeron con anterioridad, según afirman los delegados del Instituto.

Desde entonces, los delegados del Instituto han visitado el país, mantenido reuniones con distintas autoridades provinciales, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial, y presentado informes con los detalles del caso a distintas organismos.

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Uno de ellos fue entregaron en mano a López Alsogaray por el propio Valladares, pero asegura que el juez nunca ofreció respuesta.

Además, denunciaron el “caso Ardiles” ante la Cámara Nacional de Diputados, el Concejo de DDHH de las Naciones Unidas, y la Corte penal Internacional.

El juez López Alsogaray recibe a manos de Valladares el informe sobre el «caso Ardiles»

“[El de Ardiles] es el caso número 10. A otros campesinos [el juez] le hizo exactamente lo mismo, los desalojó, y se quedó con las tierras de esta gente. Con la diferencia de que los otros campesinos, como la mayoría en la provincia, simplemente tenían la posesión y digo simplemente entre comillas porque la posesión ininterrumpida por más de 20 años con ánimo del dueño te da el derecho a ser dueño”, explica Feroud.

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“Pero en el caso de Ardiles, él tenía título perfecto, por eso es que se presentó una acción judicial. Concretamente, una acción reivindicatoria, que es por la cual tú, como tercero, dices: ‘¿Sabés qué? Ese terreno donde tú estás es mío, porque tengo el título.’ Por lo tanto, le pide al juez que te desaloje y te permita a ti entrar porque eres dueño”, añade Feraud.

En el video, el abogado Feraud va más allá y sugiere que en la provincia rige el derecho del más fuerte. “Simplemente es cuestión de entrar y cambiar el cartel”, asegura.

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La Justicia de Santa Cruz habilitó a Cristina Kirchner a votar, a pesar de la condena por corrupción

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La jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, dictaminó que la normativa que inhabilita para votar a personas condenadas por delitos con penas mayores a tres años resulta inconstitucional, incluso si se trata de delitos de corrupción. En consecuencia, ordenó mantener a Cristina Fernández de Kirchner como electora activa en el padrón de Santa Cruz, lo que faculta teóricamente su voto en las elecciones del 26 de octubre.

Según el fallo, “privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal”, y las disposiciones cuestionadas no cumplirían con los criterios de “legalidad, necesidad y proporcionalidad” establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, la jueza dispuso que la expresidenta pueda votar, aunque siga inhabilitada para postularse como candidata, en sintonía con la condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 por la causa Vialidad.

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La dura respuesta de Cristina Kirchner al futuro embajador de Estados Unidos en Argentina

La resolución contradice directamente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó en junio de 2025 la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, además de ratificar su inhabilitación política. Aunque la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral sostiene que prohibir el voto a condenados es inconstitucional, usualmente se exceptúan quienes enfrentan delitos contra la administración pública —como es el caso de Fernández de Kirchner.

En la práctica, el fallo tiene un componente más simbólico que real: Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires y no podría trasladarse a Santa Cruz para emitir su voto. Aun así, su figura política mantiene peso en el escenario electoral nacional, donde continúa movilizando bases frente al gobierno de Javier Milei.

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Elecciones: Sebastián Pareja se refirió a la tensión con Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo

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El titular de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, se refirió este miércoles a la tensión con las Fuerzas del Cielo, grupo integrado por la tropa digital del asesor presidencial Santiago Caputo, tras su exclusión de los lugares de las listas para las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.

Convencido de que “no es solo un armado electoral” con el propósito de tener un triunfo, el libertario cercano a Karina Milei aseguró que “no hubo una decisión de exclusión” a las Fuerzas del Cielo, que se define como “el brazo armado” del presidente Javier Milei y ya ha tenido rispideces con los “territoriales” que comanda Pareja.

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“Sé que la rápida lectura es esa, pero no es así. Tengamos en cuenta que LLA en la Provincia se conformó con distintos sectores y si bien las Fuerzas del Cielo tienen una prevalencia muy fuerte en materia digital y una muy buena relación personal con Karina y Javier, atrás de [nuestros candidatos] está la Escuela de Formación Política [que ofrece cursos gratuitos] y la formación en las universidades. Además, hay estructuras que le fueron dando solidez a LLA, fuimos tratando de traer lo mejor”, indicó Pareja en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese contexto, a pesar de querer poner paños fríos a la creciente tensión entre ambos grupos, el dirigente insistió en que las listas bonaerenses “no con cupos” sino que los candidatos fueron elegidos “más bien por mérito, trabajo y aporte”.

Además, mencionó como “parte del criterio” a la hora del armado de listas los lugares para Pro y para los aliados de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Había que respetarles la voluntad de expresarse en las listas y reconocerlos porque tienen un trabajo territorial. En ese combo hay expectativas que quizás no se terminaron de cumplir. Pero el trabajo que se hizo fue excelente. La lista es muy representativa”, destacó Pareja.

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Respecto a quienes integran las listas, el armador aseguró que “confluyen distintos sectores” y que “los puros” son “quienes abrazan las ideas de la libertad y acompañan las ideas de Milei”.

“Si encuentro personas con capacidad técnica y profesional y que defienden las ideas del Presidente, más puro que eso no hay. Si hay gente vinculada con el liberalismo pero a la hora de defenderlo es un desastre, hay que poner las cosas en la balanza y elegir lo que es mejor para el Gobierno, ese fue parte del criterio”, apuntó, sin mencionar a quiénes se refería.

En otro tramo de la entrevista, habló del candidato a diputado provincial en la segunda sección Pablo Morillo, luego de que se viralizara un video del 2021 del aspirante en el que elogiaba al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Esto desató un enojo por parte de la tropa digital de Santiago Caputo, ya que distintos tuiteros libertarios insultaron al armador por su incorporación a la lista.

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“El problema radica en que una de las grandes definiciones que ha dado Milei es la de tabula rasa, que implica un barrido a todo lo anterior al 2023. Aquel que los combata [a los candidatos], combate al Presidente de la Nación, aquel que los cuestione, cuestiona al Presidente. Si no, la tabula rasa es selectiva. Cualquiera tiene derecho a cambiar. Tenemos que ir a rescatar a aquellos que pueden abrazar las ideas de la libertad”, aseveró.

Y luego cerró: “Hay paz interna en LLA. El sábado hicimos un cierre de listas espectacular, no tuvimos los problemas que tuvo el peronismo. Pudimos tener alguna diferencia en el momento, pero no hubo reproches. Lo que se ve en los periódicos a mi no me lo vino a manifestar nadie”.

Las tensiones entre las fuerzas “terrenales” y “celestiales” se desataron cuando comenzaron las negociaciones en la provincia de Buenos Aires. En redes sociales la situación quedó expuesta a mediados de mayo, cuando Pareja compartió en sus redes sociales una foto de gran parte de la dirigencia libertaria bonaerense frente a la Casa Rosada y luego destacó la figura del diputado José Luis Espert.

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El mensaje provocó una reacción inmediata del militante cercano a Caputo Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, quien salió a cruzarlo directamente. “¿Y [Agustín] Romo?“, cuestionó sobre la ausencia en la foto del legislador provincial, también con estrechos lazos con el asesor presidencial.


Pablo Morillo,@SPareja_,pic.twitter.com/0obAHsL2Gs,July 21, 2025,desataron,May 15, 2025,La Libertad Avanza,Provincia de Buenos Aires,Santiago Caputo,Conforme a,,Ñoquis en la Legislatura. Piden enviar a juicio oral a un asesor acusado de desviar millones de pesos,,Análisis. Especuladores y trapecistas en la oscuridad,,Datos de votación. ¿Qué se sabe de la publicación del padrón electoral en Buenos Aires?,La Libertad Avanza,,Academia libertaria. La usina ideológica de Pareja: raíces macristas, nexo con Orbán y poder territorial en Buenos Aires,,»Territoriales» vs «celestilesa». Los siete puntos de conflicto que quebraron la paz entre Karina Milei y la tropa de Santiago Caputo,,»Persecución política». Bullrich apuntó contra Kicillof por el cesanteo de 24 policías de la Bonaerense

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Más pérdida de poder de la CGT: se perfila la menor representación sindical en el Congreso desde 1973

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Entre 1973 y 1976, los diputados de extracción sindical eran 39. A partir del 10 de diciembre se calcula que incluso serán menos de los 10 que existen hoy. El dato se convierte en otra de las comprobaciones de la creciente pérdida de poder del gremialismo, que no consigue que el peronismo le dé participación en el armado político-electoral ni bancas en el Congreso.

La conclusión quedó a la vista nuevamente el lunes pasado, cuando en una reunión ampliada de la mesa chica de la CGT hubo quejas por la ausencia de gremialistas en las listas de candidatos para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

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Un grupo de líderes cegetistas se habían reunido con Axel Kicillof el viernes pasado y se llevaron de La Plata la promesa de una participación “amplia y activa” en el armado electoral de Fuerza Patria, el frente peronista que debutará en las elecciones bonaerenses.

Pero los sindicalistas no sólo quedaron al margen de las nóminas de candidatos sino también de la mesa en donde se toman las principales decisiones electorales.

Sergio Palazzo y Mario Manrique, diputados de Unión por la Patria

Una vez más, la dirigencia gremial fue excluida por el propio PJ y se ubicó a una distancia gigantesca de aquel poder sindical de los años 70, donde, con el liderazgo del metalúrgico Lorenzo Miguel, obtenían presencia en los gobiernos peronistas, incidencia en sus decisiones y un 33% de los lugares en las listas de candidatos.

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Sin postulantes propios en la votación bonaerense, la CGT y otros sectores sindicales sólo tendrán tres lugares en las nóminas de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para los comicios nacionales del 26 de octubre: según el acuerdo al que llegaron cuando armaron su alianza, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa nombrarán a un sindicalista cada uno, que figurarán entre los primeros 15 postulantes de la lista.

Como anticipó Infobae, Kicillof podría elegir al actual cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) o el abogado Hugo Antonio Moyano (Camioneros), hijo del líder del sindicato; Cristina Kirchner, a Sergio Palazzo (bancarios) o Abel Furlán (UOM), y Sergio Massa, a Omar Plaini (canillitas) o Carlos Acuña hijo (estaciones de servicio), hijo del jefe del gremio y cotitular cegetista.

Lorenzo Miguel conseguía el 33% de lugares en las listas del PJ para los dirigentes gremiales

Pero aun si entraran 3 en la Cámara de Diputados podría quedar una bancada sindical igual o menor a la actual. De los 10 diputados de ese origen que existen hoy, sólo 5 tienen mandato hasta 2027: Mario Manrique (SMATA), Carlos Cisneros (bancarios), Pablo Ansaloni (rurales), Jorge Avila (petroleros) y José Gómez (Luz y Fuerza).

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El 10 diciembre se les vencerá el mandato a otros 5: Sergio Palazzo (bancarios), Vanesa Siley (judiciales), Hugo Yasky (CTA), Pablo Carro (docentes universitarios) y Alejandro Vilca (recolección de residuos).

Eso significa que a priori sólo habrá 8 diputados de origen sindical desde el 10 de diciembre, aunque la esperanza de la CGT es que se sumen más desde las distintas provincias. Sólo así podrán superarse las 10 bancas actuales de diputados nacionales que tiene el gremialismo, aunque tampoco significa que desplieguen una estrategia unificada en el Congreso.

Axel Kicillof y la CGT, reunidos en La Plata

En el Senado el panorama es aún más desolador para el poder sindical, ya que hoy ninguno de sus 72 miembros surge de esas filas. El último que se recuerda en esa cámara es al petrolero Guillermo Pereyra, que no era peronista sino del Movimiento Popular Neuquino.

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El fuerte retroceso de los diputados de extracción sindical es uno de los indicios de la pérdida de poder político y de influencia del gremialismo peronista: entre 1973 y 1976 llegaron a ser 39; entre 1983 y 1993, 23; entre 1993 y 2003, 17; entre 2003 y 2011, 13; entre 2011 y 2019, 12, y entre 2019 y 2023, 10, de los cuales 4 finalizaron su mandato el 10 de diciembre de este último año: Carlos Cisneros (bancarios), que renovó su banca; Claudia Ormachea (bancarios), Carlos Ponce (Sindicato del Plástico y secretario general de la CGT de Villa Mercedes, San Luis), María Rosa Martínez (Corriente Federal de Trabajadores) y Estela Hernández (llegó desde el Sindicato de Comercio de Chubut, pero luego renunció).

Todo indica que la bancada sindical será igual a la de hoy o incluso menor tras las elecciones nacionales del 26 de octubre. La presencia reducida del gremialismo será un obstáculo clave en el Congreso que viene: el gobierno de Javier Milei está convencido de que sumará muchas más bancas. Y eso significa que proyectos que irritan a la CGT, como una nueva reforma laboral, podrían contar con el número suficiente de votos para ser aprobados.

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