«Los aumentos salariales que nos dieron son una vergüenza», comenzó Octavio Miloni, al referirse a los incrementos salariales de 1,9 y 1,2 por cientos para los meses de febrero y marzo, que calificó como insuficientes. «La diferencia con la inflación es abismal, ya supera el 70 por ciento desde diciembre del 2023», enfatizó, haciendo referencia a la creciente brecha entre los salarios y el costo de vida.

El paro, que afecta a todas las universidades del país, no solo busca visibilizar las condiciones salariales, sino también poner de manifiesto la precarización del trabajo docente en el sistema universitario. «La universidad no solo necesita recursos para funcionar, sino también a los trabajadores con salarios dignos», explicó Miloni, al subrayar que las autoridades universitarias, aunque no apoyan abiertamente el paro, han mostrado empatía con la causa.

Miloni también destacó la importancia del financiamiento universitario, mencionando que, a pesar de los aumentos en los gastos de funcionamiento obtenidos el año pasado, los salarios docentes siguen siendo un punto crítico. «El gobierno tiene que entender que si no hay salarios dignos, no hay universidad funcionando», expresó, agregando que muchos docentes se ven obligados a recurrir a otros trabajos para poder subsistir.

El secretario General de Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata señaló que, en el contexto de este ajuste, la congelación salarial se presenta como una estrategia indirecta para desmantelar la universidad pública. «No despiden a los trabajadores, pero al no ajustar los salarios, la gente se va porque no puede vivir con lo que gana», advirtió, resaltando que esta situación afecta no solo a los docentes, sino también a la calidad educativa.

En cuanto a la movilización de los jubilados, que se llevará a cabo el miércoles, Miloni confirmó el apoyo de ADULP, señalando que la lucha de los jubilados es parte de una problemática más amplia que afecta a toda la sociedad. «La congelación salarial y la precarización no solo impactan a los docentes, sino a toda la población», afirmó.

Sobre el operativo de seguridad anunciado por el gobierno, el docente sostuvo que si bien las fuerzas de seguridad deben garantizar el orden, su función no debe ser la de provocar a los manifestantes. «Queremos que las fuerzas de seguridad cumplan con su rol preventivo, sin generar confrontaciones», explicó, aludiendo a la violencia que se ha registrado en movilizaciones anteriores.

«Nosotros vamos en paz, pero el gobierno tiene que entender que el descontento social es real», concluyó, reafirmando el compromiso de los docentes con la lucha por salarios justos y condiciones laborales dignas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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La jueza del fuero Contencioso Administrativo Federal Cecilia De Negre rechazó el pedido del Estado Nacional para que el magistrado Alejo Ramos Padilla deje de intervenir en el caso donde se pidió la suspensión del decreto 137/2025, con que el presidente designó a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia como jueces en comisión.

En una carrera contra el reloj, el Gobierno había presentado un planteo de incompetencia del juez de La Plata, que recibió un pedido de cautelar para suspender el Decreto.

El planteo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el procurador general del Tesoro, Santiago Castro Videla, buscaba impedir un fallo desfavorable por parte de Ramos Padilla.

Hay que recordar que en 2016 el mismo juez había aceptado una cautelar contra el decreto del ex presidente Mauricio Macri quien había nombrado por decreto en la Corte a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aunque luego lo anuló y mandó sus pliegos al Senado, donde fueron aprobados holgadamente.

En su presentación, el Gobierno argumentó que Ramos Padilla “ordenó la citación de los magistrados (Lijo y García-Mansilla) que viven en la Capital Federal y La Plata. Además, “el asunto corresponde a la competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal”, es decir la que tiene asiento en la ciudad de Buenos Aires.

Se denunció una maniobra de forum shopping (elegir el juez amigo) cuando la ong CEPIS de La Plata recusó sin razón al juez en lo contencioso administrativo federal de La Plata, Alberto Recondo, para que su denuncia recayera en el otro juzgado de ese fuero que subroga Ramos Padilla.

El Estado Nacional sostiene que es el fuero Contencioso Administrativo el que debe intervenir en este reclamo. “La Justicia Federal con asiento en la ciudad de La Plata resulta incompetente”, sostuvo.

En una breve resolución, este miércoles la jueza De Negre expresó que luego del «pormenorizado análisis» realizado por el fiscal, y tal como él dictaminó, la decisión era rechazar la pretensión del gobierno.

En consecuencia, Ramos Padilla continuará interviniendo en el caso que inició con el pedido de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien consideró que debe suspenderse la designación en comisión de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla.

Pese a que el fiscal de La Plata dictaminó hace dos semanas atrás que el juzgado de federal 2 de La Plata «resulta incompetente territorialmente para intervenir» y que Ramos Padilla debía remitir el expediente a la Justicia en lo Contencioso Administrativa Federal porteña, el juez se apartó de su dictamen fiscal y decidió -entre otras cuestiones- asumir la competencia.