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POLITICA

Uno por uno: los 1201 comedores fantasma que recibían fondos del Estado y todas las irregularidades detectadas

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El universo de las organizaciones sociales, de la distribución de planes sociales y los merenderos es un gran agujero negro.

Corrupción; desvío de fondos; extorsión de muchos referentes y delegados sobre titulares de planes para obligarlos a concurrir a marchas; entrega de dinero a las organizaciones para financiar merenderos fantasmas, que dejaron de funcionar o se mudaron. O directamente nunca existieron. Esa es la trama detrás de la gigantesca investigación que se desarrolla en estos días.

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De a poco, el Ministerio de Capital Humano la va desentrañando y la lleva a la Justicia. Ayer, la Subsecretaria Legal del Ministerio, Leila Gianni, presentó un listado muy detallado de los 1201 merenderos, el domicilio de cada uno, su situación actual y pone al descubierto que su existencia no pudo ser validada. Sin embargo, las organizaciones habrían recibido miles de millones de pesos.

En las últimas horas, el Gobierno amplió la denuncia -presentada el viernes pasado- en la cual se abrió una causa de defraudación hacia el Estado, debido a que se descubrió que de los 2600 comedores que fueron auditados, casi la mitad fueron identificados como “no validados”.

Esto quedó expuesto luego de una auditoría sobre el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), ya que se determinó que los funcionarios de la gestión anterior no realizaron los controles correspondientes para validar la existencia de los comedores y así confirmar el envío de mercadería.

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El año pasado, de acuerdo al esquema de distribución que tenía el Ministerio de Desarrollo Social, en la mayoría de los casos se recibieron alimentos, aunque, en menor medida, otros accedían a la Tarjeta Alimentar Comunidad, que consistía en un programa en el que se les concedía dinero para comprar alimentos en los comercios cercanos al lugar en donde operaban.

Entre los merenderos del listado al que pudo acceder TN, muchos se encuentran vinculados a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el MTE y el Movimiento Evita. Pero, luego de una investigación del periodista Manuel Jove en algunas de las direcciones declaradas, se llegó a encontrar casos insólitos: desde un barrio cerrado en la zona de Ezpeleta hasta una escuela de pole dance.

Leé también: Tras una investigación de TN, el Gobierno denunció que comedores fantasma recibían subsidios millonarios

Por el momento, la principal hipótesis que sigue la Justicia es que los recursos recibidos se utilizaban como herramienta de extorsión, una línea que coincide con la causa que investiga a líderes piqueteros por los aprietes a beneficiarios de planes. Sin embargo, por otra parte, también se cree que los bolsones de alimentos que recibían los comedores se vendían más allá de la inscripción de “prohibida su venta”.

De esta manera, la investigación continuará en la validación de, por un lado, el destino de los recursos otorgados por el Estado y, por otro, en el doble chequeo del funcionamiento de los merenderos inscriptos en el RENACOM.

Comedores

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POLITICA

Alberto Fernández se presentó ante el juez Ercolini y debe declarar en indagatoria por violencia de género contra Fabiola Yañez

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Poco antes de lo previsto, Alberto Fernández se presentó en el cuarto piso de Comodoro Py, ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa donde se lo acusa de haber ejercido violencia de género contra la ex primera dama, Fabiola Yañez. La indagatoria se celebrará después de un nuevo intento del ex mandatario de postergarla.

El ex presidente de la Nación se encuentra acusado de lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, Fabiola Yañez.

La primera fecha se había fijado para el 19 de diciembre pasado, pero después de recusar al juez Julián Ercolini y de que éste rechazara los argumentos planteados, el caso llegó a la Cámara Federal porteña. Ante esa primera circunstancia el magistrado resolvió postergar, durante una semana, la audiencia indagatoria.

Como el expediente llegó ante la instancia superior, donde de manera unipersonal el camarista Eduardo Farah resolvió confirmar al magistrado del caso, se ordenó que este martes a partir de las 11 de la mañana, bajo la representación de la abogada Silvina Carreira, Fernández deberá declarar.

A menos de 24 horas de tener que declarar, el ex Jefe de Estado presentó un escrito pidiendo la postergación de la indagatoria. El planteo fue rechazado por el juez del caso. En simultáneo, ante la Cámara de Apelaciones, Alberto Fernández en una audiencia unipersonal con el juez Roberto Boico, pidió recusar Ercolini y sostuvo que lo investiga «para vengarse, tiene animosidad hacia mí y me quiere preso».

En esta causa por hechos de violencia de género, el único acusado es Alberto Fernández, con lo cual una vez que se escuche su descargo, el magistrado deberá resolver si hay elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal que la fiscalía a cargo de Ramiro González le atribuyó al solicitar que sea indagado.

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Los delitos atribuidos

La imputación formulada en su contra refiere a lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un marco de violencia de género contra la ex primera dama.

La investigación inició en agosto del año pasado, cuando la ex primera dama lo denunció penalmente horas después de la información exclusiva que publicó Clarín sobre las pruebas que en sus manos tenía la justicia federal que exponían posibles hechos de violencia contra Yañez.

El análisis de todas las pruebas reunidas durante los meses de pesquisa permitió al fiscal federal Ramiro González “acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”.

Esos sucesivos actos de violencia, consideró el fiscal, ocurrieron durante «la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia”.

Lo que señala la acusación es que Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

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