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Uno por uno, los testigos en los que se apoya el oficialismo en su avanzada contra la Corte Suprema

Los jueces de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (Foto: Centro de Información Judicial).El presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa de Gobierno al jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Germán Martínez (Foto: Presidencia).

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El bloque de diputados del Frente de Todos presentó este viernes el pedido formal de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo un día después de que el Gobierno oficializara el período de sesiones extraordinarias, que se realizará entre el 23 de enero y el 28 de febrero.

El proyecto fue introducido en la Cámara baja por 15 diputados y solicita la presencia de los cuatro jueces: tanto del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como de Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, los integrantes del máximo tribunal no están obligados a asistir a la reunión de la Comisión de Juicio Político, que es controlada por el oficialismo.

Leé también: El oficialismo presentó el pedido de juicio político a la Corte: quiere citar a los 4 jueces y a 44 testigos

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que los jueces serían citados no solo para responder preguntas sino que como acusados tienen derecho a hacer un descargo o defensa. Además, Gaillard adelantó que el debate puede durar entre dos y tres meses.

En la presentación formal, el bloque oficialista solicitó 35 convocatorias entre funcionarios y organismos, lo que elevaría la cantidad de testigos por encima de las 40 personas.

Entre los convocados se destacan los 11 gobernadores que firmaron el pedido de juicio político; el vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles; el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro; y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Además, están incluidos algunos organismos de derechos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Juicio político a la Corte Suprema: cuál es la estrategia del oficialismo

La estrategia que tiene el oficialismo es avanzar contra la Corte Suprema de Justicia en varios frentes: desde el fallo a favor del Gobierno porteño por la Coparticipación Nacional hasta cuando declaró inconstitucional la reforma de la Magistratura de 2006, pasando por sentencias relacionadas con casos de lesa humanidad.

En primer lugar, el oficialismo citó a los 11 gobernadores que acompañaron el pedido de Juicio Político para que, algunos de ellos, den su testimonio sobre el fallo de los fondos coparticipables. En la misma sintonía fueron convocados funcionarios nacionales como el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

En el documento presentado, se plantea como un “grave ataque al sistema federal de nuestro país” y una “arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre estas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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La reforma del Consejo de la Magistratura, otro de los objetivos del oficialismo

Por otra parte, el embate contra la Corte Suprema también buscará avanzar sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. Como principal prueba, utilizará el fallo del año 2006 en el que el máximo tribunal consideró inconstitucional una reforma.

Desde el oficialismo creen que la CSJN, en ese fallo, se arrogó facultades legislativas al poner en funcionamiento una ley anterior y aseguran que eso no puede hacerlo. Para ello, citaron a declarar a los juristas y constitucionalistas, Eugenio Zaffaroni, Eduardo Barcesat y el español Baltazar Garzón.

En esa disputa por el Consejo de la Magistratura, fueron citados el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad -ahora en licencia-, Marcelo D´Alessandro, y Silvio Robles, vocero y mano derecha de Horacio Rosatti, presidente de la CSJN. Allí, el Frente de Todos expondrá como pruebas la filtración ilegal de chats que involucran al ministro porteño, a funcionarios de la Corte y a empresarios de los medios en un viaje al sur.

El presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa de Gobierno al jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Germán Martínez (Foto: Presidencia).
El presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa de Gobierno al jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Germán Martínez (Foto: Presidencia).

Por último, los diputados oficialistas incluyeron el caso “Muiña”, quien había sido condenado por delitos de lesa humanidad, pero en 2017 la Corte Suprema de Justicia decidió aplicar la derogada ley del “2×1″, por tratarse de la ley más benigna.

En aquel momento, Rosenkratz, Rosatti y Highton de Nolasco -hoy ya no forma parte del tribunal- votaron a favor de reducirle la pena, mientras que Lorenzetti y Maqueda señalaron que la reducción no era aplicable para delitos de lesa humanidad.

Por este caso, declararán como testigos el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el CELS e HIJOS Capital.

El documento presentado por el oficialismo sostiene que los integrantes de la Corte Suprema no tienen “inamovilidad absoluta” y que los jueces “permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta. A su vez, los acusa de haber “realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional”.

Uno por uno, todos los testigos pedidos por el oficialismo

La lista completa de los citados a la comisión de juicio político

  1. Silvio Robles: asesor y mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
  2. Marcelo D’Alessandro: ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en uso de licencia.
  3. Damián Loretti: abogado y doctor en Ciencias de la Información.
  4. Axel Kicillof: Gobernador de Buenos Aires.
  5. Raúl Jalil: Gobernador de Catamarca.
  6. Jorge Capitanich: Gobernador de Chaco.
  7. Mariano Arcioni: Gobernador de Chubut.
  8. Gildo Insfrán: Gobernador de Formosa.
  9. Sergio Ziliotto: Gobernador de La Pampa.
  10. Ricardo Quintela: Gobernador de La Rioja.
  11. Alicia Kirchner: Gobernadora de Santa Cruz.
  12. Gerardo Zamora: Gobernador de Santiago del Estero.
  13. Gustavo Melella: Gobernador de Tierra del Fuego.
  14. Osvaldo Jaldo: Gobernador de Tucumán.
  15. Carlos Zannini: procurador del Tesoro.
  16. Eduardo de Pedro: ministro del Interior.
  17. Eugenio Zaffaroni: abogado.
  18. Andrés Gil Domínguez: abogado.
  19. Baltazar Garzón: abogado español.
  20. Integrantes de la Vocalía de Horacio Rosatti.
  21. Todos los Directores, Secretarios, Funciones y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.
  22. Abuelas de Plaza de Mayo.
  23. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
  24. H.I.J.O.S. Red Nacional.
  25. H.I.J.O.S. Capital.
  26. Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas.
  27. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
  28. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
  29. Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte.
  30. Liga Argentina por los Derechos Humanos.
  31. Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
  32. Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina.
  33. Asociación Buena Memoria.
  34. Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
  35. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza.
  36. Cpn. Héctor Daniel Marchi.
  37. Lic. Joaquín D. Alperovich.
  38. Cpn. Carmen María Odasso.
  39. Dr. Sebastián Clérici.
  40. Dr. Enrique de Vedia.
  41. Dr. Enzo Canonaco.
  42. Dra. María Cristina Interlandi.
  43. Cpn. Óscar Fernández.
  44. Cpn. Gustavo Montanini.

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El Gobierno amplió la recusación contra los jueces de la Corte por el fallo de coparticipación

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Apenas finalizada la feria y retomada la actividad judicial, el Gobierno de Alberto Fernández volvió a sumar presión sobre la Corte Suprema. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, amplió este miércoles la recusación de los cuatro miembros del máximo tribunal, que en diciembre le ordenó al Ejecutivo nacional restituirle a la Ciudad de Buenos Aires una parte de los fondos de la coparticipación que le había recortado previamente.

Zannini, uno de los funcionarios más cercanos a Cristina Kirchner, justificó el pedido de apartamiento en el juicio político que impulsa el Frente de Todos en el Congreso contra los jueces de la Corte, y en supuestos vínculos del máximo tribunal con el Gobierno porteño.

Antes del inicio de la feria judicial, en diciembre, el Gobierno recusó a los miembros de la Corte porque, al hacer lugar a la cautelar solicitada por la administración porteña, habrían adelantado su opinión sobre la cuestión de fondo, es decir, si los fondos le corresponden a la Ciudad. En simultáneo, el Ejecutivo nacional pidió “revocatoria in extremis” de fallo, es decir, que el máximo tribunal suspenda su propia decisión previa.

Ahora, el procurador del Tesoro consideró que existen nuevos hechos para pedir la recusación. Por un lado, los supuestos mensajes que intercambiaron Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Marcelo D’Alessandro, entonces ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Por el otro, el juicio político que el oficialismo abrió en la Cámara de Diputados, que busca la destitución de los cuatro miembros del máximo tribunal.

Noticia que está siendo actualizada.



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