Además del titular de la DGI, Andrés Vázquez, otro funcionario del gobierno está involucrado en la trama que investiga la compra de propiedades en Estados Unidos a través de sociedades radicadas en el exterior. Se trata del nuevo titular de ARCA, Juan Pazo, muy cercano a Luis Caputo, relacionado en el capítulo que tiene como protagonista central al diputado nacional Cristian Ritondo y a su esposa Romina Diago.

De acuerdo a la investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), la sociedad Goformore LLC de Diago le compró un departamento a Harbour House 1533, de Pazo. Fue el 14 de marzo de 2013 cuando adquirió la propiedad, ubicada en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach. La operación, según plantean los investigadores, se hizo por US$ 580.000.

Juan Alberto Pazo es el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y políticamente responde a Luis “Toto” Caputo, con quien trabajó hasta el mes pasado en el Ministerio de Economía, antes de asumir en reemplazo de Florencia Misrahi como titular del ente tributario que sucedió formalmente a la ex AFIP.

Ese departamento, según una información de ElDiarioAr, fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en US$ 650.000, cuando Diago constituyó un fideicomiso, Warwick Trust, y abrió otra sociedad en Islas Vírgenes Británicas (Sunstar Point) como manera de resguardo de una propiedad en Florida valuada en ese valor.

En su momento, Clarín consultó a fuentes cercanas a Pazo por cómo se dio esa operatoria. «No hay nada que explicar. La empresa vendió esa propiedad hace 11 años«, argumentaron y recordaron que Pazo, en ese entonces se desempeñaba de manera completa en el sector privado y no cumplía tareas de funcionario. También sostuvieron que Pazo, cuando ingresó al Gobierno, presentó todo como corresponde ante la OA, al igual que su esposa.

Según reseñó el sitio Letra P en una nota reciente, Pazo cuenta con varias denuncias en la Justicia. Por caso, una de ellas la radicó el diputado ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade, que detalló que en 2018, Harbour House 1533 se desprendió de ese inmueble, pero adquirió otra propiedad del mismo condominio que, según la tasación estadounidense, alcanza el millón de dólares. En ese entonces Pazo era superintendente de Seguros (SS) del gobierno de Mauricio Macri y no informó ese inmueble en su declaración jurada.

También se vincula a Pazo con la creación del «Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros» (Prosas), que era conocido en el sector como Seguro Verde, a través del cual recibían el aporte «voluntario» de las compañías y que estaba compuesto del «1% sobre las primas emitidas netas de anulaciones correspondientes a los contratos de seguro de los Ramos Vehículos Automotores y/o Remolcados, Transporte Público de Pasajeros y Motovehículos.

Ese Seguro Verde motivó dudas sobre irrregularidades en torno al manejo de los fondos que se recaudaban allí y de la voluntariedad del mismo. En el juzgado federal del juez Sebastián Ramos se tramita una denuncia, que apunta directamente contra Pazo y Guillermo Plate, actual superintendente, debido a la supuesta «protección» que se le brindaba a las compañías que se adherían al Prosas y pagaban esa tasa de 1%.