POLITICA
Vacantes en la Corte Suprema: ya hay fecha para tratar los pliegos de Lijo y García Mansilla en el Senado
Desde hace meses se conoce la decisión del gobierno de Javier Milei de proponer al juez federal Ariel Lijo y al abogado constitucionalista Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora, los candidatos tendrán sus respectivas audiencias en el Senado Nacional. Lijo asitirá a la comisión de Acuerdos el 21 de agosto y Mansilla una semana después, el 28.
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La titular de la comisión, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, inició el proceso para designar a dos jueces en la Corte Suprema. Envió la nota correspondiente a la Secretaría Parlamentaria del Cuerpo, que encabeza Agustín Giustinian, para que realice las publicaciones correspondientes en el Boletín Oficial, las solicitadas en dos diarios de circulación masiva y habilite la participación ciudadana para realizar impugnaciones o adhesiones a las candidaturas.
“Conversé el tema de la convocatoria con la vicepresidenta Victoria Villarruel y que las fechas de las mismas tengan una semana de diferencia entre cada llamado “, le dijo la senadora a TN
La propuesta de publicación de Tagliaferri fue para el 19 de y 22 de julio. En tanto, el período de presentación de impugnaciones correrá desde el 23 y hasta el 29 del corriente mes.
La Comisión de Acuerdos la integran, además de Tagliaferri, los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta), José Mayans, Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac y Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Por la oposición dialoguista hacen lo propio Beatriz Ávila (aliada PRO); los radicales Martín Lousteau, Pablo Blanco, Mariana Juri y Carolina Losada; los peronistas disidentes Juan Carlos Romero y Carlos Espínola; y el misionero renovador -no massista- Carlos Arce. El único oficialista es el jefe de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Ezequiel Atauche.
Luego de esas presentaciones la comisión de Acuerdos tendrá tres días para analizar las presentaciones habilitando otros tres días para que los candidatos contesten o aclaren las posibles impugnaciones y/o adhesiones. Posteriormente los senadores aguardarán el 21 y 28 de agosto para llevar adelante las reuniones de comisión.
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Los dictámenes de comisión se aprueban con mayoría simple, como cualquier proyecto, pero la votación en el recinto requiere una mayoría especial de dos tercios establecida en la Constitución Nacional. Es decir, que si en la sesión en el recinto se encuentran los 72 senadores, los postulantes a jueces de la Corte necesitarán 48 votos a favor.
La novedad se produce en medio de fuertes rumores de un posible intento del Gobierno de ampliar el número de la Corte. También hay dudas sobre el futuro de Lijo y García Mansilla, en especial el primero de ellos, con fuerte resistencia opositora.
“Se puede dar esa discusión. Es una corte chica, y ampliándola podría tener más pluralidad y reflexión en sus fallos. Hay que discutirlo desde un plano institucional y no político”, dijo Tagliaferri.
No obstante, la candidatura de Lijo tuvo muchas más adhesiones que impugnaciones: sumó 3578 expresiones a favor contra 328 en contra, de acuerdo con un informe que difundió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Por su parte, García-Mansilla obtuvo 3129 avales y 110 observaciones.
En marzo, el Ejecutivo reveló las propuestas de Lijo para cubrir el quinto de la Corte lugar tras la salida de Elena Highton de Nolasco y de García Mansilla en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre.
Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo, Senado
POLITICA
Lourdes Arrieta reveló proyectos de diputados de La Libertad Avanza para «obligar a los jueces a dejar en libertad a genocidas”
Después del escándalo en el Salón Blanco del Congreso con gritos incluidos hacia Martín Menem, y de filtrar posteriormente los chats sobre cómo se armó la controvertida visita a represores en el penal de Ezeiza que realizó junto a una comitiva de La Libertad Avanza, la diputada de esa fuerza Lourdes Arrieta reveló un proyecto de ley y un decreto reglamentario supuestamente elaborados por sus compañeros libertarios con el presunto fin de beneficiar a los condenados por delitos de lesa humanidad.
En el primero de los tres hilos que colgó este domingo por la noche en la red social X, la legisladora sostuvo que el objetivo que perseguían sus colegas de la fuerza de Javier Milei con las iniciativas propuestas a través de un grupo de WhatsApp era “obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”.
El sábado, cuando difundió paso por paso los detalles del encuentro en la cárcel de Ezeiza, Arrieta mencionó que en esa aplicación de mensajería instantánea circuló un texto de ley que tenía como fin beneficiar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar iniciada en 1976, algunos de los cuales visitaron en ese penal.
👉🏻 Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de whatsapp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas.
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024
Según cuenta en estas publicaciones, la abogada Laura Olea, quien creó uno de los grupos el 20 de marzo de este año, les envió por ese medio un proyecto de ley destinado a «regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal”; y un decreto reglamentario “para incluir causas de lesa humanidad».
En su última publicación, la de este domingo, Arrieta sacó a la luz una iniciativa que tituló como “Proyecto Plazo Razonable” que en su primer artículo propone: “Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, ley 11.179, que quedará redactado de la siguiente manera: ‘8) Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.
En los fundamentos, se argumenta que ese plazo “constituye el máximo razonable de duración de un proceso por el que la garantía establecida en la doctrina de nuestros tribunales” y que, entre otras cosas, “supera el que hasta la fecha surge de la jurisprudencia nacional e internacional”.
En tanto, en el “Decreto Reglamentario” que Arrieta adjuntó en el último de sus hilos, “se fija en 25 años el plazo máximo de duración de un proceso penal” y se aclara que “vencido el mismo, operará la extinción por insubsistencia de la acción” penal.
“El término deberá ser contado desde la fecha de comisión del delito y su cómputo se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”, amplía el primer apartado.
El segundo artículo del decreto proyectado aclaraba, en tanto, que “la garantía no operará en favor de las personas que se encuentren prófugas de la Justicia o hayan sido declaradas rebeldes en los procesos de que se trate al momento de la sanción de la presente».
En los considerandos, además, el texto indicaba que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”.
Y también remarcaba que “la política de derechos humanos es la única de las políticas del Estado que mira al pasado” y que “la magnitud y la cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y el narcotráfico.
En ese marco, el proyecto sostenía que “resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales”.
En ambos casos, tanto con su publicación del sábado como en la del domingo, Arrieta buscó correr a Javier Milei del escándalo, poco después que el Presidente asegurara durante una entrevista que no es su agenda el tema de los represores, en medio de la tensión con al vicepresidente Victoria Villarruel.
“Intento de impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad. No es la agenda del Presidente Javier Milei”, escribió. Y completó: “Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”.
En medio de esta tensa interna, la hermana del Presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, habría decidido echar de La Libertad Avanza a la legisladora mendocina, con lo cual el oficialismo perdería un miembro de la bancada. Su salida se concretaría el próximo martes.
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