POLITICA
Velada pausa en la tercerización de IOSFA, no decrece la bronca militar
Oscar Sagás, que fuera su precandidato a intendente en Godoy Cruz y perdió, maneja un tesoro de más de 20 mil millones de pesos mensuales que recauda por cuotas de un padrón de más de 550 mil afiliados.
Ahora este cirujano nefrólogo, procurador de órganos, intentó multiplicar los panes con una apuesta: tercerizar las prestaciones de salud contratando a la prepaga Medifé. Esta es una práctica similar a la que algunos sindicatos pusieron en marcha, estos entregan sus afiliados a la obra social de un sindicato amigo, a cambio de una “cápita”, que en algunos casos puede ser de un dólar por afiliado.
El rechazo del directorio, integrado por personal militar retirado y miembros de Gendarmería y Prefectura, sumado a la presión de los afiliados en redes sociales obligó a Sagás a pausar la iniciativa.
No la abandonó, ¿qué político lo haría cuando se tiene la llave de un quiosco surtido cada mes con delicias que vienen de bolsillos ajenos?
Escapó de las críticas con un comunicado fechado el 12 de julio que niega la tercerización/privatización y responsabilizó; nada original; a los medios por difundir “información tergiversada, falsa y malintencionada”.
Nada dijo Sagás del convenio de confidencialidad de IOSFA (IF-2024-70015947-APN-SAP%IOSFA) fechado el 11 de junio con Claudio Fatone, quien exhibió Poder Especial notarial otorgado por Jorge Piva, presidente de Medifé con el objeto de: “explorar las condiciones de factibilidad de avanzar con la redacción de un convenio prestacional” . . . El documento fue validado por Oscar Caridi, subgerente de Administración de Prestadores, “un hombre de mi equipo” como gusta referir Sagás.
El convenio originó una crisis de autoridad interna que ya venía en gestación.
El Gerente de Prestaciones, coronel (R) Enrique Capanegra se desentendió por nota oficial de las negociaciones en curso redactadas en el convenio de confidencialidad
“En el marco de las Responsabilidades Primarias asignadas a esta Gerencia, y ante la información circulante en redes sociales confirmada con el IF-2024-70015947-APN-SAP#OSFA, la cual aparece en el sistema GED firmado por personal integrante de esta Gerencia (n.r. Oscar Caridi), dado que este informe se ha confeccionado sin conocimiento del suscripto, considerando su contenido y las posibles implicancias previstas en este contrato, informo a usted que en dichos supuestos manifiesto ignorancia plena de lo acordado solicitando se me desliguen de toda responsabilidad y vinculación, siendo de opinión se informe al órgano colegiado de administración del Instituto” .
La nota de Capanegra revela la matriz de gestión del equipo conducido por Sagás. Pone tropa propia en oficinas clave, de control de gestión, auditoría, prestaciones médicas y finanzas por debajo de quien las conduce y los vacía de autoridad y conducción administrativa, “los gerentes están pintados” describen las fuentes.
La modalidad de subcontratar a una empresa los servicios prestacionales ya había sido comunicada por Sagás y detallada por su colaborador Oscar Caridi, Subgerente de Administración de Prestadores en una Reunión Informativa con el directorio de IOSFA, celebrada el 16 de mayo de 2024. Iniciativa que se atribuye a un facilitador en las sombras, Rubén Cano, médico sanitarista ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud que no tiene cargo formal en IOSFA
El acta redactada al término de aquella reunión no deja dudas de que se trata de una tercerización a favor de gerenciadoras privadas y con un plan piloto en Córdoba, según el texto que firmaron los directores.
En el párrafo saliente confirmatorio de la negociación impulsada (y negada en el último comunicado) por Sagás se lee: “Al tratarse el contrato de riesgo, la prueba piloto y los contactos con Medifé. . . se aporta lo siguiente:” y luego los directores presentes: general de brigada Pedro Abregú, general de brigada (R-Art 62) VGM Luis Pucheta, vicealmirante (R-Art 62) VGM Eduardo Urrutia, contraalmirante (R-Art 62) Juan Palermo, comandante mayor (R-Art 84) Adalberto Ferreyra y licenciada Valeria Calleja (familiar del ex secretario general de Gendarmería, comandante general Gabriel Calleja) dieron su opinión.
A excepción del gendarme Ferreyra y de la licenciada Calleja, los cuatro directores militares presentes rechazaron la iniciativa.
La primera objeción fue por la presunta ilegalidad del vínculo comercial a establecer ya que el decreto 637/13 de creación de IOSFA en su artículo 18 dice; “el Directorio no podrá delegar, ceder, o de algún modo transferir a terceros las funciones de conducción, administración, planificación, evaluación y control que se le asigna por el presente”.
¿Por qué subcontratar una gerenciadora de servicios prestacionales cuando es tarea de la obra social que se hace con su propia estructura y personal? sostienen en el directorio.
“Tercerizar o externalizar tareas y funciones que son inherentes al IOSFA sólo favorece a la empresa seleccionada, se transfieren recursos (la cuota) que son del afiliado”, completaron las fuentes.
“Si como se dice hay deficiencias e inequidades, se debe actuar y corregirlas en lugar de proponer un cambio del modelo prestacional mediante convenio con prepagas”, afirmaron a Totalnews.
También expresaron descontento con una conducta de Sagás que ya es una constante, llevar adelante conversaciones en temas de fondo que hacen al destino de la obra social y el afiliado sin registrarlas en actas ni comunicarlas al directorio.
La bronca se extendió al Foro de Almirantes Retirados, organismo que nuclea ex jefes de la Armada y miembros del almirantazgo de distintas conducciones navales de la fuerza.
La reunión en el Centro Naval cuyo presidente es el capitán de navío (VGM) Gustavo Ottogalli congregó entre otros a los almirantes Gastón Erice, Daniel Martin, vicealmirantes Antonio Mozzarelli, Jorge Martino, Eduardo Fondevilla Sancet, los contralmirantes, Carlos Wartjes, Basilio Pertiné, Roberto Agotegaray, Oscar Monnereau, Guillermo Duhalde, Bernardo Noziglia, Carlos Ramiro y Luis Ovejas.
Plantearon: “Es tiempo de reclamar la devolución del manejo de la obra social a sus afiliados, que la iniciativa de cambiar el modelo prestacional excede al presidente del directorio, Sagás y que debería haberse consultado a los jefes de estado Mayor General de cada fuerza, que una tercerización vulnera la seguridad al brindar información sensible del personal (destinos, situación de revista, cargos, etc), que a lo largo de los años IOSFA ha sido dirigido por presidentes designados por la política que se han guiado por directivas y planes de corto plazo que han afectado a la obra social y sus afiliados, que el personal de IOSFA está desmotivado por sueldos que están entre los más bajos del estado y sufren una permanente descalificación por parte del Dr. Sagás y su equipo”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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El Gobierno avanza en la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio con un nuevo decreto
El Gobierno de Javier Milei avanzó en su plan de privatización de empresas estatales con la firma del decreto que convierte a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima.
La medida, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial, busca sanear la empresa y prepararla para su eventual venta al sector privado.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ubicada en la provincia de Santa Cruz, es una de las nueve empresas estatales incluidas en la Ley Bases como candidatas a privatización. La decisión de avanzar en su transformación fue diseñada por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y avalada por el presidente Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El Ejecutivo avanza con la privatización de Trenes Argentinos y AYSA
El Gobierno nacional informó la medida al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, antes de hacerla pública, en un intento de evitar un conflicto político.
Sin embargo, la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en Sociedad Anónima generó malestar en la provincia, ya que Vidal busca mantener el control de la empresa y teme que el traspaso al sector privado termine afectando a los trabajadores.
Desde la Nación aseguran que, por el momento, la venta de Yacimientos Carboníferos Río Turbio no tiene una fecha definida, pero que el objetivo es poner en orden sus cuentas, mejorar su estructura administrativa y aumentar la productividad. Se espera que en los próximos meses se presenten los balances contables, se revisen los reglamentos internos y se implementen medidas para optimizar el funcionamiento de la empresa.
El Gobierno avanza con la privatización de 6 mil kilómetros de rutas: ¿cómo afectará a los peajes y las obras viales?
Durante la gestión de Alberto Fernández, la empresa fue conducida por Aníbal Fernández y se mantuvo en un estado de producción irregular. Actualmente, su principal dificultad es la superpoblación de trabajadores, un problema que se arrastra desde hace años debido a acuerdos sindicales que ampliaron la plantilla sin mejorar la producción.
En diciembre pasado, el Gobierno despidió a Thierry Decoud, exinterventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, por sospechas de corrupción. En su lugar asumió Pablo Sebastián Gordillo Arraigada, un hombre cercano a Vidal, lo que marcó el inicio de una fuerte disputa política sobre el futuro de la empresa.
Privatización en debate y desafíos logísticos
Si bien aún no hay una fecha oficial para la privatización, tres grupos empresarios ya manifestaron interés en adquirir la mina y su infraestructura energética. Sin embargo, la venta de Yacimientos Carboníferos Río Turbio enfrenta varios obstáculos. Uno de ellos es su ubicación geográfica: el yacimiento se encuentra a 300 kilómetros del mar, lo que encarece los costos logísticos y dificulta la exportación del carbón.
Se firmó el traspaso de IMPSA, la primera privatización de Javier Milei
Otro desafío es la capacidad productiva de la mina. En la actualidad, Yacimientos Carboníferos Río Turbio no logra alcanzar la demanda mínima requerida por el mercado internacional, especialmente en países como China, que exigen una producción de al menos 30.000 toneladas mensuales. Hoy, la mina solo puede producir alrededor de 20.000 toneladas en su mejor escenario.
A pesar de estos problemas, el Gobierno de Milei mantiene su postura de que la privatización es la mejor opción para garantizar la viabilidad del yacimiento y reducir el déficit estatal. Desde la Casa Rosada descartan cualquier tipo de subsidio para mejorar la producción, ya que consideran que eso solo prolongaría la crisis de la empresa sin resolver sus problemas estructurales.
El futuro de Yacimientos Carboníferos Río Turbio sigue siendo incierto. Mientras el Gobierno avanza en su transformación y evalúa posibles compradores, en Santa Cruz crece la preocupación por el impacto que la privatización podría tener en los trabajadores y en la economía de la provincia.
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