El regimen chavista encabezado por el presidente Nicolás Maduro en Venezuela procedió con la liberación de algunos de los detenidos durante las movilizaciones ocurridas tras los resultados de las elecciones presidenciales en el país sudamericano celebradas a mediados de este año, cuestionadas por una total falta de transparencia en los resultados. Según lo informado por organizaciones no gubernamentales, el Gobierno liberó a unos 70 presos y se espera más liberaciones.

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La liberación de detenidos políticos tiene lugar después de una solicitud de 225 revisiones de casos procesados en relación a las movilizaciones realizada por el fiscal general Tarek William Saab. Sin embargo, se trata de una cifra pequeña en comparación a las más de 2.400 personas detenidas por el regimen durante los violentos acontecimientos. 69 de esos detenidos son menores de edad, y hay decenas de mujeres y militares. Todos los detenidos están acusados de terrorismo y conspiración.

Más allá del activismo desarrollado por las organizaciones humanitarias alrededor de los detenidos políticos, el fiscal general Saab descartó que el rol cumplido por las mismas haya tenido algo que ver en las liberaciones, y que se trata de una acción únicamente atribuible al estado venezolano “a los órganos competentes, al sistema de justicia, al Ministerio Público que generó la acción penal”. Asimismo, el fiscal negó que entre los detenidos haya menores de edad, aunque admitió que al menos un 10% de los encarcelados tienen entre 16 y 17 años.

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En paralelo a este “ablande” del régimen chavista, el ministro de Interior Diosdado Cabello llamó este viernes a sus seguidores a prepararse para “todo” en “defensa de la patria”, al tiempo que afirmó que el presidente Nicolás Maduro llamó a una “gran fusión militar, policial y popular” para tal fin: “El presidente ha llamado a una fusión estructural en defensa de la patria porque uno de los temas que ha salido aquí es como parar el fascismo definitivamente” expresó Cabello.

La amenaza del número dos del regimen chavista se inscribe en el marco de los preparativos para la inauguració de un nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, que tendrá lugar en la fecha del 10 de enero, y como una manera de anticiparse y amedrentar potenciales movilizaciones por parte de la oposición, que considera que el presidente fue re-electo de forma fraudulenta y sin transparencia, en coincidencia con gran parte de los mandatarios del mundo, a excepción de unos pocos países como Cuba, Nicaragua, Rusia, Bielorrusia y China, entre algunos otros más.

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