Frente a las presiones del kirchnerismo y para «evitar un desgaste de la imagen de la Justicia», el juez Ricardo lorenzetti propondrá a sus colegas de la Corte debatir “rápido” el recurso de queja de Cristina Kirchner en la causa Vialidad para tener un fallo consolidado “en abril, mayo o junio a más tardar”, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Lorenzetti procurará tratar el recurso de queja, siempre según las fuentes, en la reunión de acuerdo de este jueves y el resto de sus colegas deberán, entonces, votar si lo incluyen en la agenda de ese día o lo dejan para otro.

De acuerdo a esas fuentes, Lorenzetti considera que este caso políticamente clave se puede votar “en el primer semestre” antes de entrar de lleno en la campaña electoral de los comicios legislativos del 26 de octubre.

Ya sea si se comienza el jueves o se deja para más adelante hay una serie de cuestiones procesales que definir antes.

De todos modos, ya abrió un debate interno que se definirá este jueves cuando Lorenzetti conozca la opinión de sus pares, mientras en el Senado se definirá si se rechazan o aceptan los pliegos de los candidatos del presidente Javier Milei a la Corte, el juez Ariel Lijo y el constitucionalista Manuel García-Mansilla. Y la orden de Cristina será clave para ver si los senadores K y sus aliados consiguen quórum.

Esta jugada pone en duda la versión original según la cual la Corte iba a decidir después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Los plazos son clave porque si se rechaza el recurso de queja, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá ejecutar de inmediato la condena que le aplicó a la ex presidenta a 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa millonaria. El plazo para presentar las candidaturas nacional vence el 17 de agosto. Y Lorenzetti quiere votar «a más tardar en abril o mayo», afirman las fuentes.

Así la ex vicepresidenta no podrá ser candidata a diputada y conseguir fueros parlamentarios que le den inmunidad de arresto para no cumplir prisión domiciliaria.

En la Corte ya se presentaron -vía electrónica- recursos de queja de Cristina, del empresario K Lázaro Báez, del ex secretario de Obras Públicas, José López, del ex titular de Vialidad Nelson Periotti y de los ex directores de Vialidad de Santa Cruz, Mauricio Colladera y Raúl Pavessi.

La defensa del ex director de Vialidad Raúl Osvaldo Daruich presentó el recurso de queja a último momento. El plazo vencía hoy a las 9.30. Su retrasó prendió luces de alerta porque sino su condena quedaba automaticamente confirma y se debía ordenar su detención.

Por otra parte, la Corte debe analizar también el recurso de queja del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar. Pero en este caso sí debe consultar primero a Casal para preguntarle si lo apoya. Villar pide incluir el delito de asociación ilícita y llevar la condena a 12 años.

De todos modos, en la mayoría de los casos, Casal respalda la opinión de los fiscales, contaron fuentes de la Procuración. Los dictámenes de Casal son obligatorios pero no vinculantes.

Y recién después del dictamen de Casal, “el expediente quedará consolidado para que los ministros voten el tema de fondo si aceptan o rechazan ellos recursos de queja».

Estos recursos de queja deben ser analizados por la Corte en cuanto a su admisibilidad. Si los declara admisibles, debe pedir primero la opinión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal aunque según tres fuentes distintas serían rechazados.

En cambio, si los rechaza significa que no acepta el caso porque se trata solo de cuestiones de hecho y prueba y no temas constitucionales que son los que debe definir el máximo tribunal.

En otros fuentes judiciales, se explicó que “tanto los recursos de queja de los condenados como el del fiscal se deben tratar en un solo expediente”.

“Será en conjunto como se hizo con el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, otros ex funcionarios y los Cirigliano en la causa de la Tragedia del Once”, contaron esas fuentes.

Otro tercer aspecto es la la recusación del juez Manuel García-Mansilla que el presidente Javier Milei nombró por decreto en comisión y cuyo pliego se tratará este jueves. Si García-Mansilla se excusa queda afuera del caso pero sino lo hace tienen que decidir si aceptan los argumentos de la expresidenta Rosatti, Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Las estadísticas van contra los deseos de Cristina. En los últimos 20 años, la Corte rechazó “el 99 por ciento” de los recurso de queja causas penales porque no se violaron cuestiones constitucionales durante la sustanciación de la causa y el fallo no fue arbitrario.

Las condenas de la causa Vialidad fueron confirmadas desde la instrucción hasta Casación por 19 jueces.

En lo que va del año, los cuatro jueces de la Corte votaron en la mayoría de las causas en la misma sintonía, como pasó la semana pasada en la causa donde anularon la polémica cautelar que permite el funcionamiento de los los barcos casino del empresario K Cristóbal López. Lo que alimenta la posibilidad de rechazo de los recursos.

Cristina, a través de su abogado Carlos Beraldi quien dio una inédita conferencia de prensa en la sede del PJ nacional, fue con esta “bala de plata” a la Cámara de Casación porque hace dos semanas atrás le rechazó un recurso extraordinario para ir a la Corte.

Con ese tipo de apelaciones -las extraordinarias-, el máximo tribunal sí debería revisar el fallo y fundamentar su decisión.

Con el de queja no es necesario incluso puede aplicar el artículo 280 del Código Procesal Penal y hacerlo sin fundamentar, como ya hizo la Corte con Amado Boudou en la causa Ciccone donde el ex vicepresidente fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, con la dirigente piquetera K Milagro Sala y la semana pasada con el ex titular del AFSCA Martín Sabbatella, entre otros.

El 1° de abril pasado, Casación confirmó también a López, Periotti y Báez la pena a 6 años de prisión como autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, al rechazar los recursos extraordinarios de los condendos.

Por el mismo delito, al expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP), Juan Carlos Villafañe, se le ratificó la condena de 5 años de prisión, mientras que al otro expresidente de la AGVP, Raúl Gilberto Pavesi, se le confirmó una condena a 4 años y 6 meses de prisión.

Con respecto al extitular de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, José Raúl Santibáñez, la pena confirmada es de 4 años de cárcel. Al exjefe y al exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Mauricio Collareda y Raúl Osvaldo Daruich, se les confirmó la condena a 4 años y 3 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.