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Vialidad: Ricardo Lorenzetti propondrá definir «rápido» si la Corte acepta la apelación de Cristina Kirchner para no ir presa

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Frente a las presiones del kirchnerismo y para «evitar un desgaste de la imagen de la Justicia», el juez Ricardo lorenzetti propondrá a sus colegas de la Corte debatir “rápido” el recurso de queja de Cristina Kirchner en la causa Vialidad para tener un fallo consolidado “en abril, mayo o junio a más tardar”, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Lorenzetti procurará tratar el recurso de queja, siempre según las fuentes, en la reunión de acuerdo de este jueves y el resto de sus colegas deberán, entonces, votar si lo incluyen en la agenda de ese día o lo dejan para otro.

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De acuerdo a esas fuentes, Lorenzetti considera que este caso políticamente clave se puede votar “en el primer semestre” antes de entrar de lleno en la campaña electoral de los comicios legislativos del 26 de octubre.

Ya sea si se comienza el jueves o se deja para más adelante hay una serie de cuestiones procesales que definir antes.

De todos modos, ya abrió un debate interno que se definirá este jueves cuando Lorenzetti conozca la opinión de sus pares, mientras en el Senado se definirá si se rechazan o aceptan los pliegos de los candidatos del presidente Javier Milei a la Corte, el juez Ariel Lijo y el constitucionalista Manuel García-Mansilla. Y la orden de Cristina será clave para ver si los senadores K y sus aliados consiguen quórum.

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Esta jugada pone en duda la versión original según la cual la Corte iba a decidir después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Manuel García-Mansilla, Ricardo Lorenzetti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti durante la asamblea de apertura del 143 período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Los plazos son clave porque si se rechaza el recurso de queja, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá ejecutar de inmediato la condena que le aplicó a la ex presidenta a 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa millonaria. El plazo para presentar las candidaturas nacional vence el 17 de agosto. Y Lorenzetti quiere votar «a más tardar en abril o mayo», afirman las fuentes.

Así la ex vicepresidenta no podrá ser candidata a diputada y conseguir fueros parlamentarios que le den inmunidad de arresto para no cumplir prisión domiciliaria.

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En la Corte ya se presentaron -vía electrónica- recursos de queja de Cristina, del empresario K Lázaro Báez, del ex secretario de Obras Públicas, José López, del ex titular de Vialidad Nelson Periotti y de los ex directores de Vialidad de Santa Cruz, Mauricio Colladera y Raúl Pavessi.

La defensa del ex director de Vialidad Raúl Osvaldo Daruich presentó el recurso de queja a último momento. El plazo vencía hoy a las 9.30. Su retrasó prendió luces de alerta porque sino su condena quedaba automaticamente confirma y se debía ordenar su detención.

Por otra parte, la Corte debe analizar también el recurso de queja del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar. Pero en este caso sí debe consultar primero a Casal para preguntarle si lo apoya. Villar pide incluir el delito de asociación ilícita y llevar la condena a 12 años.

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De todos modos, en la mayoría de los casos, Casal respalda la opinión de los fiscales, contaron fuentes de la Procuración. Los dictámenes de Casal son obligatorios pero no vinculantes.

Y recién después del dictamen de Casal, “el expediente quedará consolidado para que los ministros voten el tema de fondo si aceptan o rechazan ellos recursos de queja».

Ricardo Lorenzetti ingresa a la Corte.
Foto Federico Lopez ClaroRicardo Lorenzetti ingresa a la Corte.
Foto Federico Lopez Claro

Estos recursos de queja deben ser analizados por la Corte en cuanto a su admisibilidad. Si los declara admisibles, debe pedir primero la opinión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal aunque según tres fuentes distintas serían rechazados.

En cambio, si los rechaza significa que no acepta el caso porque se trata solo de cuestiones de hecho y prueba y no temas constitucionales que son los que debe definir el máximo tribunal.

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En otros fuentes judiciales, se explicó que “tanto los recursos de queja de los condenados como el del fiscal se deben tratar en un solo expediente”.

“Será en conjunto como se hizo con el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, otros ex funcionarios y los Cirigliano en la causa de la Tragedia del Once”, contaron esas fuentes.

Otro tercer aspecto es la la recusación del juez Manuel García-Mansilla que el presidente Javier Milei nombró por decreto en comisión y cuyo pliego se tratará este jueves. Si García-Mansilla se excusa queda afuera del caso pero sino lo hace tienen que decidir si aceptan los argumentos de la expresidenta Rosatti, Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

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Las estadísticas van contra los deseos de Cristina. En los últimos 20 años, la Corte rechazó “el 99 por ciento” de los recurso de queja causas penales porque no se violaron cuestiones constitucionales durante la sustanciación de la causa y el fallo no fue arbitrario.

Las condenas de la causa Vialidad fueron confirmadas desde la instrucción hasta Casación por 19 jueces.

En lo que va del año, los cuatro jueces de la Corte votaron en la mayoría de las causas en la misma sintonía, como pasó la semana pasada en la causa donde anularon la polémica cautelar que permite el funcionamiento de los los barcos casino del empresario K Cristóbal López. Lo que alimenta la posibilidad de rechazo de los recursos.

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Cristina, a través de su abogado Carlos Beraldi quien dio una inédita conferencia de prensa en la sede del PJ nacional, fue con esta “bala de plata” a la Cámara de Casación porque hace dos semanas atrás le rechazó un recurso extraordinario para ir a la Corte.

Con ese tipo de apelaciones -las extraordinarias-, el máximo tribunal sí debería revisar el fallo y fundamentar su decisión.

Con el de queja no es necesario incluso puede aplicar el artículo 280 del Código Procesal Penal y hacerlo sin fundamentar, como ya hizo la Corte con Amado Boudou en la causa Ciccone donde el ex vicepresidente fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, con la dirigente piquetera K Milagro Sala y la semana pasada con el ex titular del AFSCA Martín Sabbatella, entre otros.

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El 1° de abril pasado, Casación confirmó también a López, Periotti y Báez la pena a 6 años de prisión como autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, al rechazar los recursos extraordinarios de los condendos.

Por el mismo delito, al expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP), Juan Carlos Villafañe, se le ratificó la condena de 5 años de prisión, mientras que al otro expresidente de la AGVP, Raúl Gilberto Pavesi, se le confirmó una condena a 4 años y 6 meses de prisión.

Con respecto al extitular de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, José Raúl Santibáñez, la pena confirmada es de 4 años de cárcel. Al exjefe y al exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Mauricio Collareda y Raúl Osvaldo Daruich, se les confirmó la condena a 4 años y 3 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

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Hallaron documentación que confirma pagos de la AFA a la supuesta propietaria de la mansión de Pilar

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La Justicia halló en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) documentos que acreditan pagos por al menos $300 millones a Real Central SRL, la empresa propietaria de la mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares.

La documentación, secuestrada por orden del juez Luis Armella, detalla transferencias realizadas en junio de 2025 bajo el concepto de “servicio de logística”. Entre los comprobantes figura una orden de pago por $231.110.000 con la referencia “VAR”, lo que sugeriría que la firma, cuyos titulares son una jubilada y un monotributista, habría provisto el servicio de videoarbitraje a la entidad.

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El gobierno de Axel Kicillof intervino en una de las causas de la AFA y benefició a Claudio “Chiqui” Tapia

La investigación señala a los dueños formales de Real Central SRL, Ana Lucía Conte y su hijo Luciano Pantano, como presuntos “testaferros” de Claudio “Chiqui” Tapia o Pablo Toviggino.

En los papeles secuestrados aparece la firma de Pantano en órdenes de pago y también como receptor de un desembolso de $600.000.000 efectuado por el club Argentinos Juniors a la AFA. Actualmente, tanto Conte como Pantano tienen prohibida la salida del país, poseen sus cuentas congeladas y bienes inhibidos, mientras la firma figura además como titular de 59 autos de lujo.

El Ministerio de Justicia aceptó el pedido de la IGJ para designar veedores en la AFA

El hallazgo se produjo de manera accidental durante un allanamiento dirigido a recolectar información sobre TourProdEnter, la firma que administró fondos de la AFA en el exterior. Esta otra línea de investigación analiza el manejo de unos 260 millones de dólares, de los cuales se habrían “desviado al menos 42 millones” hacia un entramado de empresas presuntamente falsas.

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Pese a que el operativo en la calle Viamonte no buscaba específicamente datos sobre Real Central SRL, el material encontrado fue incorporado como un dato relevante en las causas que investigan la gestión dirigencial.

Respecto a la mansión del country Ayres Plaza, la Justicia detectó una irregularidad entre el valor declarado de compra por la firma (1.800.000 dólares) y la tasación oficial de 17 millones de dólares. 

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Designaron al nuevo titular de la Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad

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Luego de que el ex titular de la Unidad Antimafia Raúl Contreras renunciara a su puesto a finales del año pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que su reemplazante será José Fernando Pereyra. Se trata del abogado que había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo en 2023.

La decisión quedó asentada en la Resolución 158/2026, que fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. “Desígnase al Dr. José Fernando Mariano Pereyra como titular de la Unidad Antimafia (UA) de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada de este Ministerio”, dispuso la ministra Alejandra Monteoliva.

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Según explicaron las autoridades, la modificación en el área se debió a la renuncia presentada por el ex titular Raúl Contreras el 28 de noviembre de 2025. A pesar de que se aceptó su decisión, no trascendieron los motivos detrás de su salida.

Desde que fue creada la Unidad Antimafia en mayo de 2024 durante la gestión de la ahora senadora Patricia Bullrich, Contreras había sido el único funcionario en estar al frente de la misma. No obstante, su sucesor no sería una persona ajena a la cartera de Seguridad Nacional.

La Unidad Antimafia fue creada luego de que se reportara una escalada de violencia en Rosario (Farid Dumat Kelzi)

De hecho, el 10 de diciembre de 2023, Pereyra había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo. En principio, la posición era de carácter transitorio, pero su permanencia en el rol se fue renovando a medida que vencieron los plazos determinados.

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Ahora que asumirá la titularidad de la Unidad Antimafia, la ministra de Seguridad Nacional confirmó que Pereyra mantendrá ambos cargos en simultaneidad.

La Unidad Antimafia había sido creada en marzo de 2024, luego de que se registrara una ola de violencia y ataques sicarios en la ciudad de Rosario. Así, la Resolución 134/2024 estableció que tendría un papel central en la coordinación, prevención y combate del avance de las organizaciones criminales de tipo mafioso en todo el territorio argentino.

De esta manera, informaron que la estructura de la UA incluyó la conformación de un Grupo Especial de Investigaciones Antimafia (GEIA) y una Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM). Asimismo, subrayaron que la mesa invitaría a participar a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).

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Para ese entonces, remarcaron que uno de los objetivos sería la creación de un registro actualizado de las llamadas “zonas calientes”, es decir, áreas geográficas con alta incidencia delictiva bajo control del crimen organizado. A partir de ese mapeo, la Unidad Antimafia debía articular y proponer medidas preventivas efectivas para cada caso.

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El organismo también tiene la responsabilidad de centralizar información vinculada a investigaciones sobre mafias y narcotráfico, con el fin de facilitar el intercambio de datos cruciales entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, así como con organismos judiciales. Esta tarea buscaría perfeccionar la generación de alertas tempranas y la coordinación operativa para dar respuestas ágiles frente a amenazas crecientes.

Además, se dictaminó que la UA debía ofrecer soporte técnico y administrativo a la MECOAM, por medio de la elaboración de documentación y actas de las reuniones de análisis y seguimiento de actividades criminales. Según planificaron, estos insumos se transformarían en piezas clave para endurecer la estrategia nacional antinarcóticos.

Por otro lado, la Unidad Antimafia está encargada también de revisar las causas judiciales relacionadas con el crimen organizado, con el objetivo de detectar debilidades y mejorar los procedimientos de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, a nivel internacional, representa al Ministerio de Seguridad Nacional en la coordinación de investigaciones y acciones preventivas, ampliando la colaboración con otros países y organismos dedicados a combatir el crimen organizado.

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En palabras de la cartera de Seguridad, la consolidación de este organismo simbolizó la creación de un eslabón estratégico en la lucha estatal contra las mafias y el narcotráfico, tanto a escala nacional como en los foros internacionales especializados en la materia.

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Senado: el oficialismo intentará aprobar hoy el Acuerdo UE-Mercosur y la reforma a la Ley de Glaciares

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La Libertad Avanza pretende cerrar las sesiones extraordinarias aprobando los diferentes proyectos que habilitó el Presidente Javier Milei en extraordinarias, entre las sesiones ya convocadas de este jueves y del viernes.

Este jueves en el temario se compone de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el pliego para embajador en Bélgica de Fernando Iglesias y la modificación de la Ley de Glaciares.

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La sesión está prevista para las 11. El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quorum reglamentario. Cuenta entre los 21 propios, liderados por Patricia Bullrich, y los aliados entre 45 y 47 legisladores. Incluidos los tres integrantes del nuevo bloque Convicción Federal de la senadora Carolina Moisés, flamante vicepresidenta del Cuerpo. Moisés ya adelantó que rechazarán nuevamente el proyecto de Reforma Laboral, que se tratará el viernes. Acompañarían el resto de las iniciativas.

Senadores Patricia Bullrich (LLA) y Eduardo Vischi (UCR), buscan acuerdos entre las fuerzas para garantizar la aprobación de los proyectos del Poder Ejecutivo. Foto Senado de la Nación

El Acuerdo UE-Mercosur

Javier Milei quiere que la Argentina sea el primer país en avalar el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Por eso se adelantó su tratamiento que estaba previsto para el próximo viernes. El entendimiento ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados, incluso con el acompañamiento de más de 40 legisladores de Unión por la Patria (UxP).

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El oficialismo descuenta el acompañamiento de gran parte de las fuerzas políticas del Senado y la consecuente aprobación. Hay algunas diferencias con sectores del kirchnerismo vinculados a La Campora que lo rechazarían, tal como fue la postura del sector liderado por el diputado Máximo Kirchner en Diputados.

Leé también: Tras la reunión de su mesa chica, la CGT anticipó que irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral

El libertario Francisco Paoltroni, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, dijo al respecto: “Esto es el camino al paraíso, un acuerdo de esta categoría es lo mejor que nos puede pasar, es el mayor hito en materia económica para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para la Argentina profunda».

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Los presidentes del Mercosur posan para una foto grupal durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay. Foto: AP Foto/Jorge Sáenz.
Los presidentes del Mercosur posan para una foto grupal durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay. Foto: AP Foto/Jorge Sáenz.

El Senado también avalará la postulación para que Fernando Iglesias sea, formalmente, embajador ante el reino de Bélgica y la Unión Europea.

Cambios a la Ley de Glaciares

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tiene el objetivo de modificar la protección total que hoy tienen los glaciares y ambiente periglacial. El Gobierno quiere darle lugar a las provincias para determinar cuáles geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron del debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Medio Ambiente del Senado. Jalil sostuvo: “Los cambios permitirán devolverles derechos a las provincias para gestionar sus recursos naturales sin comprometer la protección ambiental”.

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Senadoras Flavia Royón (Primero los salteños) y Carolina Moisés (Convicción Federal), dos votos a favor de los cambios a la Ley de Glaciares. Foto Senado nacional
Senadoras Flavia Royón (Primero los salteños) y Carolina Moisés (Convicción Federal), dos votos a favor de los cambios a la Ley de Glaciares. Foto Senado nacional

Mientras que la senadora salteña Flavia Royón (Primero los salteños), señaló: “El principal objetivo de la reforma es la protección de los glaciares, pero con un enfoque que permita una participación más activa de las provincias en la gestión de sus recursos. Además, se propone un enfoque más técnico y federal, permitiendo la realización de estudios científicos y técnicos para evaluar el impacto ambiental, lo que ofrecería la posibilidad de realizar minería de manera responsable y compatible con la conservación del ambiente”.

Los 21 senadores del oficialismo acompañan el proyecto, pero en el resto de los sectores aliados como el Pro, de Martín Goerling, y la UCR, de Eduardo Vischi, no hay una postura unificada. Esa división es la que hace, hasta el momento, no asegurar los votos suficientes para alcanzar su aprobación.

La bancada Justicialista de José Mayans también tiene divisiones internas, a tal punto que este miércoles hubo una extensa reunión del interbloque, junto a los dos representantes de Justicia Social Federal de Fernando Salino y el Frente Cívico de Santiago de Gerardo Zamora. La decisión de la bancada peronista fue dar libertad de acción a sus integrantes, ya que algunos senadores de UxP votarían a favor, en principio los exgobernadores Sergio Uñac de San Juan y Lucía Corpacci de Catamarca.

Otro voto incierto es el de la senadora Julieta Corroza de la Neuquinidad, quien está definiendo su postura en contacto con el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa.

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Anticipo de Diputados

Desde Diputados, Cámara que se convertirá en revisora de la iniciativa si es sancionada por el Senado esta semana, ya trabajan en diferentes propuestas como las de la diputada Marcela Pagano (Coherencia) que propone reemplazar el esquema actual de protección de glaciares por un régimen al que denomina de “gestión inteligente”, basado en monitoreo satelital en tiempo real, sistemas de alerta temprana, auditorías externas y trazabilidad ambiental mediante cadena de bloques. La iniciativa define que los glaciares seguirán siendo áreas de protección absoluta, pero establece un modelo de evaluación técnica caso por caso para las zonas de ambiente periglacial.

El diputado Eduardo Valdés (UxP) establece un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, para fortalecer, ampliar y garantizar la plena vigencia de la ley y la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua declarando de interés público nacional la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y “considerando el agua proveniente de estas formaciones como un recurso natural estratégico que debe gestionarse por encima de cualquier interés económico particular”.

Mientras que el socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) exigirá en Diputados “una audiencia pública obligatoria para garantizar la más amplia participación ciudadana en la defensa de nuestros glaciares”.

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