POLITICA
Victoria Villarruel arma su estructura de poder entre militares retirados y busca ampliar sus vínculos políticos
Afuera del entorno presidencial, la vicepresidenta Victoria Villarruel avanza en la consolidación de un esquema de poder propio desde el Senado. En los últimos meses, firmó una serie de decretos que reconfiguraron el organigrama de la Cámara alta y reforzaron su núcleo de confianza, integrado en su mayoría por figuras con pasado militar o vínculos con el ámbito castrense. Ocupa espacios institucionales vacantes y desarrolla una agenda propia en la provincia de Buenos Aires.
En el centro del nuevo armado aparecen tres nombres. Mario Norberto Russo, consultor político con pasado en la campaña presidencial de Javier Milei, fue designado en mayo como director general del cuerpo de asesores, tras la salida de su exvocero, Gaspar Bosch. Su llegada tuvo como objetivo reorganizar la estrategia política de la vicepresidenta. La designación generó controversia: la diputada libertaria Lilia Lemoine recordó que había denunciado a Russo en 2022 por una presunta agresión física.
Otro de sus fieles es Claudio Gallardo, militar retirado del Ejército, con antecedentes en áreas de inteligencia y vínculos con el entorno de César Milani durante el kirchnerismo. Fue nombrado director general de Seguridad del Senado.
La tercera pata es la de Juan Manuel Gestoso Presas, exteniente coronel, que se desempeña como subdirector de Auditoría y Control de Gestión, bajo la órbita de María Eugenia Tasende. Durante la última dictadura militar, Gestoso Presas fue jefe de la Compañía de Inteligencia 5 y estuvo procesado por la destrucción de registros hospitalarios en Salta vinculados a causas por apropiación de menores. En 2014 fue sobreseído por la Justicia, que declaró prescripta la causa.
También integran el entorno de Villarruel otros referentes con pasado o vínculos familiares con el ámbito militar. Marcelo Cinto Courtaux, actual director general de Relaciones Parlamentarias del Senado, es hijo del exmilitar homónimo condenado por delitos de lesa humanidad. Courtaux fue asesor de Villarruel durante su paso por la Cámara de Diputados y hoy integra su equipo más cercano.
En mayo, Villarruel designó al empresario cordobés Emilio Viramonte Olmos como secretario administrativo del Senado, en reemplazo de María Laura Izzo. Su paso fue breve: renunció pocas semanas después. Según fuentes parlamentarias, se alejó por falta de margen de acción, al no poder designar a su equipo. El cargo continúa vacante. “La renuncia aún no fue aceptada por el cuerpo”, aclaran desde el entorno de la vicepresidenta. Mientras tanto, las funciones administrativas están bajo la órbita de Francisco Funes, director general de administración y defensor activo de Villarruel en redes sociales.
En paralelo, la vicepresidenta también se distanció de su equipo original. Juan Martín Donato, exdirector de la Oficina de Atención Ciudadana y referente del grupo juvenil que la acompañó en la campaña -apodado internamente “los villarruelines”-, fue apartado de su cargo.
El vínculo político entre Villarruel y Milei se terminó de quebrar tras la sesión del Senado en la que se aprobó el aumento jubilatorio, con respaldo de sectores opositores. La vicepresidenta fue acusada de “traidora” por figuras del oficialismo. Desde su cuenta personal de Instagram, respondió: “Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo.”
Fue la primera vez que Villarruel cuestionó públicamente al Gobierno desde que asumió. El distanciamiento con la cúpula del poder, sin embargo, se había profundizado en los primeros meses de gestión, tras quedar marginada de las principales decisiones del Ejecutivo.
A pesar de su aislamiento político, Villarruel mantiene una agenda activa por fuera del Congreso. Comparte actividades con gobernadores y desarrolla recorridas por la provincia de Buenos Aires junto a Claudia Rucci, titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado e hija del exlíder de la CGT José Ignacio Rucci. Juntas visitaron distritos como Chivilcoy y Saladillo, donde mantuvieron reuniones con actores locales.
También ocupa espacios institucionales que Milei deja vacantes. El 20 de junio viajó a Rosario para conmemorar el Día de la Bandera junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. “No hay otro lugar para estar”, dijo ante la prensa. El Presidente, en cambio, evitó el acto central y encabezó una ceremonia alternativa en el Campo Argentino de Polo, en Palermo.
Repitió el gesto el 9 de julio. Participó del acto por el Día de la Independencia en Tucumán, al que Milei no asistió por “cuestiones climáticas”, según informó la Casa Rosada. “¿Cómo estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano?”, planteó Villarruel.
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POLITICA
Los gobernadores reciben llamados de la Casa Rosada y el Congreso, pero proyectan seguir jugando en bloque
“Están preocupados. Nos empezaron a llamar en privado y no soltaron a ladrar a los trolls en las redes”. Con esa frase, un gobernador que se anotó entre los dialoguistas con la Casa Rosada describió en las últimas horas la forma en que la administración de Javier Milei reaccionó ante el cachetazo político que sufrió la semana pasada en el Senado, donde los gobernadores articularon un frente común que unió a representantes de la mayoría de las provincias.
Para el bloque de los gobernadores, la preocupación que atribuyen a la gestión libertaria se expresa en repentinos llamados telefónicos de funcionarios que no participaron de las conversaciones. Por caso, del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien había delegado los contactos en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. O el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en cuyo recinto sucederán las próximas batallas.
Fuentes cercanas a Caputo consultadas por este diario negaron que el ministro de Economía haya llamado a gobernadores para hablar específicamente de los temas en conflicto, pero afirmaron que tiene contacto con varios de ellos y que dialoga sobre asuntos de gestión. No obstante, su aparición en el teléfono -luego de algunas semanas- coincide con el intento del Gobierno nacional de recuperar los puentes con las provincias que se cayeron con la votación en el Senado.
También, según pudo corroborar en la Casa Rosada, volvió a tomar contacto con las provincias el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como parte de un operativo para aceitar el vínculo con los gobernadores con el objetivo de conseguir los votos para sostener el veto presidencial al aumento jubilatorio. “Guillermo tiene una cabeza sensata, por eso es bueno mantenerlo como interlocutor”, dijo uno de los mandatarios provinciales consultados.
Sin embargo, la recepción de los llamados de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda no significa que los gobernadores estén dispuestos a retirar los proyectos que fueron aprobados en el Senado, para recuperar los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las partidas que les corresponden del impuesto a los combustibles líquidos. En ese punto, según deslizó uno de ellos, parece no haber vuelta atrás, lo que se ratificaría en la próxima reunión de mandatarios.
De hecho, la semana que viene los gobernadores pondrá la fecha de la nueva cumbre que tendrá lugar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires. Ahí volverán a verse las caras mandatarios que estuvieron identificados con Juntos por el Cambio, peronistas que negociaron con la Casa Rosada y otros que, como Axel Kicillof y Gildo Insfrán, no tienen contacto alguno con los libertarios. Se trata de una amalgama que no se une por el amor, sino por el espanto.
Un ejemplo de esto es que los gobernadores que se sentaron a escribir los proyectos aprobados en el Senado fueron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien fue ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri; y Sergio Ziliotto (La Pampa), un peronista que integra la conducción nacional del PJ que encabeza Cristina Kirchner. Esa confluencia, inesperada para los libertarios, hizo que en las últimas horas se intensificaran contactos reservados desde Buenos Aires a las provincias.
Entre los gobernadores comentan, por lo bajo, que la Casa Rosada ya hizo un intento de armisticio con dos mandatarios norteños y otro patagónico, pero en los mensajes que cruzan en el foro que comparten Whatsapp el clima sigue siendo favorable a mantener los reclamos en el Congreso. Están seguros de que podrán avanzar con el reparto de los ATN y los fondos del impuesto a los combustibles, y que incluso tendrán los números para afrontar un veto.
Pero no son tan determinantes, salvo el grupo que comulga con el PJ y sus aliados, con Gerardo Zamora (Santiago del Estero) como el gobernador con más predicamento entre sus pares, en que puedan sostenerse los aumentos en las jubilaciones y la moratoria previsional, que son banderas del kirchnerismo y la izquierda en el Congreso. Pese a ello, la desgastada relación con la Casa Rosada hace que -más allá de los colores políticos- sigan pensando en jugar en bloque.
A tal punto que uno de ellos, consultado por , proyectó incluso que se puede formar un frente político-electoral entre gobernadores a partir de 2026, con la formación de bloques en Diputados y el Senado que representen a las provincias. En ese sentido, los gobernadores que están “cansados” del presidente Milei también consideran la posibilidad de enfrentarlo juntos en 2027, cuando el primer mandatario tendrá la posibilidad de competir por su reelección.
En la sede del poder nacional señalaron que no se esperan novedades en lo inmediato y evaluaron que las conversaciones pueden extenderse por las próximas dos semanas. En los pasillos de la Casa Rosada admitieron que hay diálogo con los gobernadores, aunque descartaron que haya algún tipo de cumbre en el correr de esta semana y hasta ponían en duda la posibilidad de que Francos se cruce con algunos de ellos en el cocktail que este jueves tendrá lugar en La Rural.
La presencia de Francos allí no está confirmada aún, pero quienes conocen de cerca al funcionario adelantaban que en caso de ir -invitado por Nicolás Pino, el presidente de la SRA- y que haya una eventual foto allí con alguno de los mandatarios provinciales, eso no significaría algo en especial. “Guillermo es una persona sumamente institucional, todos los contactos o encuentros que haya serán por esa vía: la institucional”, dijeron fuentes de la Casa Rosada.
Francos es una de las personas que mantienen los puentes con los gobernadores. “El Gobierno está conversando permanentemente con ellos. No veo que tengamos que hacer nada que no hagamos habitualmente”, dijo en las últimas horas. Pero admitió que se está “negociando en un clima de momento electoral”. Con algunos, como Alfredo Cornejo (Mendoza) hay buena sintonía, pero en otros casos, como el de Gustavo Valdés (Corrientes), la relación se enturbió.
Con la colaboración de Cecilia Devanna
POLITICA
Un diputado libertario presentó un proyecto para eliminar la Ley de Talles: “Populismo legislativo”
El diputado provincial Guillermo Castello, del bloque La Libertad Avanza, propuso eliminar la ley 12.665, conocida como “ley de talles”, que exige a comercios de indumentaria femenina para adolescentes ofrecer una gama completa de tamaños basados en medidas antropométricas. Según su proyecto, la normativa vigente “encarece los precios y establece sanciones absurdas” para los comercios afectados.
Castello calificó a la ley como un ejemplo de “populismo legislativo contrario a toda lógica y al más básico sentido de igualdad y libertad”. Cuestionó su alcance limitado —aplica solo a mujeres adolescentes— y remarcó las dificultades que afrontan los comercios cuando los proveedores no fabrican todos los talles exigidos.
La iniciativa forma parte de un amplio “paquete desregulador” que incluye 190 proyectos destinados a reducir regulaciones consideradas obstáculos para la inversión, la generación de empleo y la competitividad. Entre otras medidas, se busca eliminar registros laborales y requisitos de etiquetado, entre otras disposiciones provinciales.
Críticas desde organizaciones vinculadas a la salud y diversidad advierten que derogar la norma podría dificultar el acceso a ropa adecuada para la mayoría de los cuerpos argentinos y promover la exclusión. Estudios revelan que el 69 % de las personas enfrentan dificultades para encontrar talles adecuados, lo cual estaría vinculado a prácticas de gordofobia institucionalizada.
Castello pidió a sus colegas avanzar con una legislación “moderna” que evite imposiciones arbitrarias al mercado. “MENOS REGULACIONES = MÁS LIBERTAD”, concluyó.
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POLITICA
“La libertad arrasa”: estos son los números de la encuesta que compartió Javier Milei
“Los argentinos de bien entendieron que la riqueza se genera y no se imprime“, afirmó el presidente Javier Milei al compartir los datos que arrojó una encuesta de opinión pública sobre su Gobierno. “En octubre las urnas hablarán. La libertad arrasa”, vaticinó.
A través de su cuenta de X, el mandatario compartió una publicación de Manuel Adorni, en la que el portavoz aseguró que “la gente sigue creyendo en lo que eligió en la última elección presidencial”, al tiempo que indicó que le “resulta increíble que la vieja política siga insistiendo”.
La encuesta que compartió Adorni y replicó Milei corresponde a un relevamiento de la empresa de consultoría Opinaia. Los encuestadores formularon una serie de enunciados y le preguntaron a la gente qué opinaba al respecto.
A fines de mostrar una tendencia, los encuestados debieron responder con tres opciones: “Muy de acuerdo”, “bastante de acuerdo”, “bastante en desacuerdo”, “muy en desacuerdo” y “no sabe”.
Consultados acerca de si “es necesario hacer una reducción del gasto público”, 34% respondió “muy de acuerdo”, 29% “bastante de acuerdo”, 14% “bastante en desacuerdo”, 14% “muy en desacuerdo”, y 9% “no sabe”.
A la premisa “el déficit fiscal es el origen de las crisis económicas argentinas”, 26% dijo estar “muy de acuerdo”, 31% “bastante de acuerdo”, 11% “bastante en desacuerdo”, 14% “muy en desacuerdo”, y 19% “no sabe”.
En el tercer enunciado, “estoy dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el país salga adelante”, el 30% sostuvo que está “muy de acuerdo”, 28% “bastante de acuerdo”, 11% “bastante en desacuerdo”, 21% “muy en desacuerdo”, y 10% “no sabe”.
Finalmente, a la cuarta pregunta de si “es necesario reducir la cantidad de trabajadores del Estado para corregir la economía y terminar con la inflación”, 30% se mostró “muy de acuerdo”, 24% “bastante de acuerdo”, 16% “bastante en desacuerdo”, 20% “muy en desacuerdo”, y 10% “no sabe”.
La encuesta sumó los porcentajes de las personas que se mostraron “muy de acuerdo” con “bastante de acuerdo”; “bastante en desacuerdo” con “muy en desacuerdo”; y descartó los encuestados que dijeron no saber sobre los temas propuestos.
En la primera consigna, hubo una diferencia de 35 puntos entre las personas de acuerdo (63%) por los que estuvieron en desacuerdo (28%). En la segunda, 32 puntos distanciaron las opiniones de los encuestados: 57% estuvo de acuerdo, mientras que 25% en desacuerdo.
En el tercer postulado, la discrepancia se ubicó en 26 puntos. 58% de los consultados estuvo de acuerdo y 32% en desacuerdo. En la cuarta y última idea, la disparidad fue de 18 puntos: 54% de acuerdo y 36% en desacuerdo.
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