Detrás de la cuenta anónima de X (ex Twitter) @TraductorTeAma, conocida por su defensa ferviente del presidente Javier Milei y sus ataques sistemáticos contra opositores, se esconde una historia familiar íntimamente ligada al estado, los cargos públicos y una extendida vida en la informalidad. Lejos del discurso libertario que predica, el historial de los Glavinich – Porfiri muestra una fuerte dependencia del dinero público y, simultáneamente, abre interrogantes sobre el origen de los fondos.

Una vida sin trabajo registrado, pero con auto de lujo

El titular de la cuenta @TraductorTeAma es Esteban Glavinich, un joven de unos 35 años, sin antecedentes laborales ni trabajos registrados en relación de dependencia. A pesar de ello, figura como titular de un Ford Mondeo Titanium Ecoboost 2.0L AT, patente AD481EL, valuado en casi 25 mil dólares. 

El libertario también es propietario de un Ford Taunus versión L año 1980, patente VHV844, cotizado en varios millones de pesos.

No hay registros de cómo adquirió estos vehículos ni de ingresos que justifiquen su estilo de vida. Aunque este artículo, por seguro, nos dará una aproximación al respecto.

La madre: contratos, cargos fantasmas y sueldos sin tareas

La madre del tuitero libertario, Susana Beatriz Antonia Porfiri, trabajó entre 2015 y 2023 en la municipalidad de Cañada de Gómez, donde ocupó distintos cargos, incluido uno que pareciera inventado en el gabinete de la intendenta Stella Clérici como coordinadora de Consultas de Satisfacción de Usuarios. Sin embargo, en noviembre de 2024 se desató un escándalo cuando fue denunciada por cobrar un sueldo sin contraprestación alguna.

Por entonces, el concejal Gastón Scarola pidió explicaciones al ejecutivo municipal mediante una minuta de comunicación, exigiendo documentación oficial que acredite tareas, programas o expedientes firmados por Porfiri. La denuncia, que surgió a partir de informes en medios locales y redes sociales, se originó tras un informe presentado en el programa de Rolando Graña.

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Según se reveló, Porfiri facturaba como monotributista entre 1.500 y 2.000 dólares mensuales a la municipalidad por supuestos “estudios de opinión sobre los problemas que preocupan a la población”. La operatoria se habría sostenido desde 2008 hasta 2023.

El padre y los vínculos históricos con el peronismo

Raúl Glavinich, padre de Esteban, también ocupó cargos públicos durante años. En su historial se incluye su paso por la subsecretarío de Información Pública y Comunicación Social de la provincia de Santa Fe durante el mandato del gobernador Jorge Obeid, un referente histórico del peronismo santafesino.

Un hermano viajero y sin sustento económico claro

Su hermano, Iván Glavinich, presenta una situación similar. Su historial laboral es igualmente opaco, pero su cuenta de Facebook refleja una vida dedicada al turismo internacional. Ha compartido imágenes y relatos de viajes por México, Estados Unidos, Paraguay, Reino Unido y Chile, entre otros destinos. Todo esto, sin que existan registros que respalden un ingreso estable que justifique tales gastos.

Iván Glavinich con José Luis Espert, sosteniendo un libro con un nombre premonitorio: «La Argentina devorada».

Más vínculos con el Estado: el clan Glavinich-Porfiri

Otros integrantes del clan también han sido beneficiarios del empleo público.

Edgardo Glavinich ha ocupado desde 2017 diversos cargos: en el Concejo Municipal de Rosario, el ministerio de Justicia y Seguridad, la defensoría del Pueblo e, incluso, en el Instituto Universitario Juan Vucetich – IUV, en la ciudad de La Plata, a 357 kilómetros de su lugar de residencia. Su historial incluye contratos activos en el ministerio y la defensoría hasta al menos diciembre de 2024.

Edgardo Porfiri, diputado provincial por Santa Fe (2023-2027) en el bloque de Amalia Granata, también forma parte del círculo familiar. El caso de Porfiri abre una arista especialmente grave, vinculada a un sistema de pagos clandestinos dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

Pagos sin factura ni control

El procedimiento es tan simple como opaco: con sólo proporcionar datos personales -nombre completo, domicilio y número de DNI, junto al número de celular y la empresa telefónica-, cualquier persona puede ser incorporada al sistema. Posteriormente, el beneficiario recibe un SMS desde el número corto 29009 que informa el envío de una suma de dinero, junto con un PIN de retiro y una fecha límite para cobrarlo.

Uno de los mensajes en poder de este medio dice: “CAMARA DE DIP PCIA STA FE te ha enviado $ xxxxxx. PIN de retiro xxxxxxx. Fecha de vencimiento xx/xx/xxxx”.

La guía para cobrar el dinero es igual de clara: “A los efectos del pago necesito tu nombre completo, tal como figura en el DNI, domicilio que figura en el DNI, número de DNI, número de celular y empresa de celular”, reza un correo electrónico remitido a uno de los beneficiarios que se contactó con este medio.

Una fuente que accedió al sistema explicó los detalles de la maniobra: “Este es el SMS que te mandan. Cada código es único y tiene una fecha de vencimiento. Antes de que venza, tenés que ir a un cajero del Banco de Santa Fe, ingresar tu número de celular, el código, el monto, y el cajero te da la plata”.

El método permite sortear todos los mecanismos de fiscalización: “Hay un monto máximo de códigos por SMS, pero si conseguís otros números, podés cobrar cifras descomunales sin ningún tipo de control”, concluyó.

En las últimas horas, las autoridades lograron identificar a cuatro de las personas que ingresaron de forma violenta y rompieron parte de las instalaciones del edificio del canal de noticias TN y eltrece tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner. Uno de ellos es José Lepere, un funcionario del gobierno del expresidente Alberto Fernández.

Durante la gestión anterior, Lepere se desempeñó como el número dos del Ministerio del Interior -conducido por Eduardo “Wado” de Pedro-, y también fue presidente del Concejo Deliberante de Tres de Febrero y dirigente de La Cámpora en ese distrito bonaerense.

Entre los otros atacantes también se encuentran Ezequiel Pavón, consejero en la universidad de Tres de Febrero, Facundo Lococo (concejal en Tres de Febrero hasta el 2023) y Matías Federici, todos vinculados a la agrupación kirchnerista La Cámpora. Los tres responden al actual concejal de la localidad bonaerense Juan Debandi.

Hasta el momento, las fuentes policiales consultadas por aclararon que hay un solo detenido en la causa: Enrique Alejando Grasso Rivaldi, de 34 años y residente en la localidad bonaerense de Villa Ballester, quien, en principio, no posee antecedentes penales.

Grasso Rivaldi fue detenido por el personal de la Comisaría Vecinal 1C y de Despliegue Intervenciones Rápidas luego de que desde el Centro de Monitoreo Urbano se hiciera un trabajo de seguimiento de algunos de los atacantes. Fue detectado por sus características físicas y de vestimenta -pantalones azul y campera oscuro con vivos rosas- que quedaron registradas en las cámaras internas del edificio vandalizado.

Según informó TN, los cuatro supuestos identificados por las cámaras de seguridad evalúan la posibilidad de presentarse por voluntad propia ante la Justicia, mientras que la fiscalía todavía evalúa citarlos a declarar o pedir su detención.

Horas después de que se confirmara la sentencia a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por una causa vinculada a la corrupción con obras públicas, un grupo de personas llevó adelante un ataque contra la entrada de los estudios del canal Todo Noticias (TN). El edificio está ubicado en la calle Lima al 1200, en el barrio porteño de Constitución, a escasas cuadras del domicilio de Cristina Kirchner.

El grupo de hombres forzó la puerta principal del inmueble, rompió vidrios y lanzó piedras y botellas contra la fachada y el interior. Los manifestantes también causaron daños en al menos seis vehículos que se encontraban en el estacionamiento del canal, entre los cuales estaban los autos de Margarita Stolbizer y del analista político Jorge Giacobbe.

Los periodistas que transmitían en vivo al momento de los hechos detallaron que se trataba de manifestantes que se dirigían hacia la residencia de la dirigente peronista.

En este marco, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado casi de inmediato, en donde expresó: “Repudiamos enfáticamente el accionar de los manifestantes que ingresaron a las instalaciones del canal TN para provocar destrozos. Se impone una urgente investigación y sanción a los responsables. Y requerimos reforzar la protección y seguridad de los medios de comunicación y periodistas“. También se solidarizaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el bloque de diputados de Propuesta Republicana (Pro).