El Gobierno argentino avanzará en las próximas horas con la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y dispondrá su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en una medida que tendrá impacto directo en el plano judicial, diplomático y de seguridad.

La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado oficial implicará el congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales, según pudo confirmar Infobae. Además, la medida fortalecerá los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.

La decisión del Gobierno argentino responde a un doble contexto: por un lado, la escalada militar en Medio Oriente, que involucra enfrentamientos directos entre Irán, Estados Unidos e Israel; y por otro, la historia reciente de Argentina, marcada por dos atentados terroristas que la Justicia local atribuyó a estructuras vinculadas al régimen iraní.

El antecedente central son los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA, que dejaron más de un centenar de muertos y constituyen los mayores actos terroristas cometidos en el país. En ambos casos, la Justicia argentina avanzó en la identificación de responsabilidades que apuntan a altos funcionarios del régimen iraní y a la articulación operativa de Hezbolá, organización señalada como brazo ejecutor en el terreno.

Las investigaciones judiciales sostienen que la estructura de decisión y planificación se originó en las más altas esferas del poder iraní, con participación de organismos de seguridad y de inteligencia. En ese entramado, la Guardia Revolucionaria aparece como un actor clave en la proyección internacional del régimen.

Ese antecedente otorga a la decisión del Gobierno un componente específico: no se trata únicamente de un alineamiento con la política exterior de Estados Unidos o Israel, sino de una medida que se vincula con causas judiciales abiertas en Argentina y con un reclamo histórico de justicia.

La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.

Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.

Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.

Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.

En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.

La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.

En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.

Impacto de la medida en la política y la seguridad argentinas

Desde el punto de vista operativo, la incorporación al RePET permitirá avanzar sobre circuitos financieros, detectar activos y bloquear operaciones vinculadas a la organización en el país. También habilita a los organismos de seguridad a profundizar el monitoreo de posibles conexiones locales.

La decisión se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para endurecer su política frente al terrorismo internacional, en línea con estándares internacionales y con el contexto global actual.

En el caso argentino, la medida adquiere una dimensión propia: la de dos atentados que siguen marcando la agenda judicial y política del país, y que colocan a la Guardia Revolucionaria —de manera directa o indirecta— dentro de ese entramado de responsabilidades que aún se intenta esclarecer.

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Mientras los gestos son —ni más ni menos— gestos, las acciones representan medidas concretas. La relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos parece haber dejado atrás el primer estadio para entrar de lleno al segundo, en donde Washington desea ver decisiones reales en cuanto al posicionamiento y alineamiento de sus aliados para con las políticas de Donald Trump.

Es en este contexto que se enmarcó la decisión del Gobierno nacional de incorporar al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), el poderoso cuerpo militar que responde directamente al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y hoy controla gran parte de los hilos del país.

La decisión cuenta con una coordinación del Ministerio de Seguridad junto con la Cancillería argentina, aunque no se podría haber impulsado sin la decisión política que baja desde Casa Rosada sobre cada movimiento que acerque a la Argentina a la posición internacional de la Casa Blanca.

Tras el inicio de la guerra y la muerte de su antiguo líder, al frente de la Guardia Revolucionaria hoy está Ahmad Vahidi, acusado por la Justicia argentina de haber sido el ideólogo y autor intelectual del atentado a la AMIA en 1994. La decisión de incorporarlos al listado de grupos terroristas también representa un guiño para el otro aliado internacional de Milei, Israel.

Estados Unidos considera al CGRI como un grupo terrorista desde 2019, lo que le permite embargar cuentas, anular visas a distintas personas consideradas como miembro de la asociación o aumentar la cooperación en inteligencia con otros países. Lo mismo busca hacer la Argentina con esta decisión, sobre todo este último punto.

Como referencia, Paraguay ya había hecho lo mismo en abril del año pasado, lo que le valió el reclamo y la condena por parte de Irán. Santiago Peña es otro de los presidentes de la región que más cerca de Trump busca estar. Es otro de los que forma parte, por ejemplo, del Board of Peace. La Unión Europea ya lo había incorporado a su listado en 2006.

El rol de la Guardia Revolucionaria

Pese a que Estados Unidos golpeó fuertemente la infraestructura militar y mató a oficiales de alto rango de las fuerzas iraníes, la Guardia Revolucionaria ha mostrado capacidad para seguir operando, fortaleciendo su control dentro del territorio.

“La Guardia Revolucionaria está tomando el control en Irán”, titulaba hace una semana uno de los principales artículos publicados por la revista británica The Economist. Allí se enumera que, al menos, 190.000 paramilitares componen la fuerza en la actualidad y que han penetrado en las áreas de mayor influencia dentro de la estructura política de los ayatollah.

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Este grupo fue creado al comienzo de la Revolución Islámica en 1979 para preservar la integridad del líder supremo y siempre han funcionado de manera independiente y paralela al ejército convencional de Irán. Para muchos analistas, es la fuerza que logró sostener este modelo a lo largo de los años.

Desde allí han salido los principales vínculos con los denominados grupos “proxys” iraníes, esas pequeñas sedes que Teherán proveyó de armas y financiamiento para mantener su influencia en toda la región. Entre ellos se pueden ubicar al Hezbollah, grupos shiitas en Siria o los Hutíes en Yemen, entre otros.

Dentro del CGRI se ubican las Fuerzas Quds, el brazo armado iraní que opera directamente en el exterior y que ya habían sido incluidas en el listado de grupos terroristas por parte de la Argentina en enero de este año, acusadas de estar también detrás del atentado a la mutual judía en los 90’.

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