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Villarruel renueva su círculo íntimo para profesionalizar su equipo de colaboradores

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“Victoria está profesionalizando su equipo”. Con estas palabras explican en el nuevo entorno de la vicepresidenta los movimientos registrados en los últimos días en el equipo de colaboradores más cercanos de Victoria Villarruel. Una movida que a los ojos de observadores neutrales fue leída como la purga de un grupo de personas que demostró ser más nocivo que beneficioso para la titular del Senado.

La caída en desgracia de este grupo, denominado de manera peyorativa como los “villarruelines”, es en realidad un mojón en el camino hacia un reperfilamiento del proyecto político de Villarruel después de que el “triángulo de hierro”, integrado por el presidente Javier Milei; su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor todoterreno Santiago Caputo, se encargara de acomodar ese proyecto a cachetazos, con críticas veladas y públicas, ataques orquestados desde las redes sociales y groseras operaciones de prensa.

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Los cambios son, además, el resultado del ascenso en el firmamento de Villarruel del cordobés Emilio Viramonte Olmos, un empresario que llegó al Senado en la segunda mitad del año pasado y que se convirtió en el principal asesor político de la vicepresidenta. Viramonte Olmos espera desde hace poco más de un mes conseguir los votos para ser designado de manera oficial como secretario administrativo de la Cámara alta.

Victoria Villarruel en el SenadoNoelia Gu

Hasta el momento, los cambios en el equipo de la vicepresidenta no se tradujeron en despidos, sino en movimientos de piezas que ocupaban cargos relevantes y que ahora, de buenas a primeras, fueron reubicados en otros menos importantes, en un intento por disimular la dura realidad de que han perdido predicamento y llegada a los oídos de la vicepresidenta.

El eclipse de estos funcionarios marcha en sintonía con la pérdida de influencia de Juan Martín Donato, quien llegó a ser el preferido de la vicepresidenta. “Lo trataba como si fuera un hijo”, recuerda una senadora que tuvo oportunidad de ver en acción a quien hoy sigue siendo director de Atención Ciudadana del Senado, pero que varias de las fuentes consultadas por coincidieron en señalar que está transitando sus últimos días como funcionario de la Cámara alta.

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Los desplazados más notorios son los directores generales de Recursos Humanos, Gonzalo Izurieta, y de Asuntos Jurídicos, Grisela García Ortiz. Otrora empoderados, ambos funcionarios perdieron acceso al círculo íntimo de la vicepresidenta y parecen haber entrado a jugar en tiempo de descuento en el equipo de la presidenta del Senado.

Así, García Ortiz pasó de ser la persona encargada de cuidar la firma de la presidenta del Senado, principal función de la Dirección General de Asunto Jurídicos, a ocupar la poco atractiva Dirección General de Publicaciones. Ella le dice a quien quiera escucharla que el pase es un ascenso, que desde esta nueva posición tendrá mayor “peso político” en el equipo de Villarruel. Pero no todos creen en su prédica.

“La dieron ese cargo para no dejarla en la calle”, comentó a la un dirigente de uno de los gremios legislativos que siempre está bien informado de los entretelones de las internas en la conducción de los destinos de la Cámara alta.

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Izurieta, por su parte, todavía no tiene destino. Se pensó en nombrarlo en una nueva dirección general creada ad hoc para disimular su degradación. Sin embargo, el nombre y las funciones del cargo eran tan estrafalarios y absurdos que, por el momento, se decidió parar la pelota para evitar el escándalo mediático que podría generar la creación de una nueva estructura burocrática en el Senado. Un bocatto di cardinale para que el “triángulo de hierro” vuelva a la carga y acuse a Villarruel de ser parte de la casta.

Los reemplazantes de Izurieta y García Ortiz fueron elegidos por Viramonte Olmos y, a priori, parecen responder a la supuesta profesionalización del equipo de Villarruel. En Recursos Humanos fue designada Alejandra Figini, directora y fundadora de una consultora (Alfa RH) que también se desempeñó como directora de selección de Adecco, otra empresa encargada de seleccionar y contratar personal. En su currículum asegura ser especialista en inteligencia emocional aplicada a los recursos humanos, tema sobre el que ha escrito un libro que en internet se define como de autoayuda.

El casillero de Asuntos Jurídicos fue ocupado por Javier Martín Ferraro, abogado que se desempeñaba bajo las órdenes de Inés Speroni, la directora general de Auditoría. Esta mujer es otro de los funcionarios que comenzó a pisar fuerte desde finales del año pasado en el entorno de la vicepresidenta.

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Católica ultramontana, Speroni es un halcón conservador, una cruzada en contra del aborto, como la vicepresidenta, y crítica por igual del macrismo y del kirchnerismo. En el último tiempo se ha encargado de seleccionar personal que, como si fueran colonizadores, ha ido ubicando de manera estratégica en diferentes áreas de la Cámara alta.

La ruptura con Montenegro

Hay quienes sostienen que, con estos cambios, Viramonte Olmos está borrando los últimos vestigios que quedaban en el equipo de Villarruel relacionados con el diputado nacional Guillermo Montenegro, que de manera silenciosa, pero ominosa, fue eyectado hace más de un año del círculo de confianza de la vicepresidenta.

Victoria Villarruel, en la misa en San José de Flores por la muerte del papa FranciscoRodrigo Néspolo –

De hecho, para algunos de los que conocen el día a día del Senado de la Nación, gran parte del crecimiento en el ascendiente político de los “villarruelines” fue resultado directo de la orfandad en la que quedó la vicepresidenta tras la abrupta ruptura de relaciones con Montenegro.

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El paso del tiempo demostró que más que hacerle bien, haberse dejado entronar por funcionarios que muchos cuestionan por amanuenses e incondicionales que le decían lo que quería oír tuvo un costo que Villarruel pagó con pérdida de predicamento social, algo que se ve reflejado en algunas encuestas. Eso, sin contar los ataques recurrentes hacia la figura de la vicepresidenta por parte de funcionarios, legisladores y militantes libertarios.

Viramonte Olmos promete cambiar esa dinámica y hoy tiene toda la confianza de la vicepresidenta para hacerlo.

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Otro miércoles de incidentes en el Congreso: dos detenidos en la marcha de jubilados

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En una nueva marcha de jubilados frente al Congreso se produjeron momentos de tensión cuando la Policía Federal Argentina (PFA) activó el protocolo antipiquetes para evitar el bloqueo de la avenida Rivadavia. La movilización, que comenzó a las 15 en la Plaza del Congreso, reúne a jubilados y diversas organizaciones sociales y sindicales.

Alrededor de las 16, cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia Plaza de Mayo, se produjeron forcejeos con las fuerzas de seguridad. La PFA formó un cordón frente al anexo de Diputados y utilizó gas pimienta para dispersar a algunos manifestantes. Por el momento son dos los detenidos.

Minutos después, la concentración comenzó a desplazarse hacia Plaza de Mayo, liberando dos carriles de la avenida Rivadavia. La protesta se enmarca en una serie de movilizaciones semanales por parte de jubilados y organizaciones sociales que reclaman mejoras en las condiciones previsionales y de vida.

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INCIDENTES EN EL CONGRESO,marcha de jubilados,organizaciones sociales,PROTOCOLO ANTIPIQUETES

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Un nuevo intento de Cristina Kirchner para que se cierre una demanda de $ 22.300 millones vinculada al caso Vialidad

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Después de que su reclamo para revertir la confirmación de la condena por corrupción en el caso Vialidad ingresó a la Corte Suprema, Cristina Kirchner volvió a pedir en el fuero Civil y Comercial que se dé por finalizada una demanda su contra por 22.300 millones de pesos, que se inició durante la gestión de Mauricio Macri y que continúa la administración libertaria. El reclamo es por las obras adjudicadas a Lázaro Báez y que pese a haberlas pagado no se concluyeron, lo que habría ocasionado el daño y perjuicios demandado.

La defensa de la ex vicepresidenta, a cargo de Luis Goldin, presentó un escrito al juzgado Civil y Comercial a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, para pedir la caducidad del proceso.

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Es la segunda vez que Cristina Kirchner apela al argumento de la falta de interés por parte de la Dirección Nacional de Vialidad para impulsar el reclamo que conlleva un resarcimiento multimillonario para el Estado.

A la hora de argumentar el planteo, se señaló que el expediente iniciado por Vialidad bajo la administración macrista se encuentra sin avances desde el 19 de octubre de 2023.

Para la ex mandataria fue el último acto en la causa que permite pedir la suspensión de los plazos procesales. Como contó Clarín, recientemente -tras la confirmación por parte de la Cámara de Casación de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado- Vialidad Nacional incorporó al expediente dicha resolución.

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El abogado defensor indicó que ese tipo de acciones no suspenden los plazos que corren en una acción de estas características.

“Si contamos los plazos de forma apegada a lo que manda el código, la caducidad de instancia operó el día 28/03/2025, pues (reitero) del 17/03/23 al 20/09/2023 menos los doce días de la feria judicial de julio 2023, pasaron 173 días faltando 10 para la caducidad, cuyo cómputo reanudo el día siguiente (seamos de nuevo generosos con la DNV) de la notificación y cierre del incidente de caducidad en fecha 17/03/2025”, expresó el abogado de Cristina.

Bajo esta misma argumentación, criticó a la asesoría letrada de la Dirección Nacional de Vialidad libertaria: “Es insalvable la inacción de la DNV y su abandono del proceso (…) Nos encontramos que hoy están dados todos los supuestos de forma categórica y taxativa para que la caducidad opere”.

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Hay que recordar que durante la gestión de Alberto Fernández no se instruyó a los abogados del Estado para que avancen en el reclamo contra quien ejercía la vicepresidencia en ese momento. El Procurador del Tesoro, jefe de los abogados estatales, era Carlos Zannini.

Cuando se planteó por primera vez el pedido de caducidad de la demanda civil, el juez Marcelo Bruno Dos Santos sostuvo que los cálculos de las defensas para plantear la inacción del expediente son incorrectos.

El. magistrado manifestó en que la caducidad por inacción se exterioriza “en la no ejecución de acto alguno, sea por las partes o por el órgano judicial y sus auxiliares, pero también se configura en la hipótesis de que se cumplan actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento”. Pero nada de eso ocurre en este expediente.

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La idea de la caducidad, detalló el juez Dos Santos, radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales “cuando los interesados, presumiblemente, abandonan el ejercicio de sus pretensiones y su finalidad excede el mero beneficio de los litigantes ocasionalmente favorecidos por sus consecuencias y propende a la agilización de la administración de justicia”.

Frente a la nueva presentación de la ex vicepresidenta, el magistrado corrió vista a las parte para que opinen sobre este reiterado reclamo.

La calculadora del reclamo

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Cuando inició el juicio penal, la cifra por las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo en los fundamentos, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner señalaron que alrededor de esos contratos existió “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública”.

Al momento de profundizar en esa maniobra y las consecuencias negativas para el Estado, el Tribunal dijo que la defraudación fue de 85.000 millones de pesos. “Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron.

Se señaló al respecto que se determinaron dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado. “El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado”. Esto, comprendieron los magistrados, “producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.

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El segundo concepto en base al cual se determinó el perjuicio económico a la administración pública, “está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”. La pericia oficial habló de 170 a 220 millones de dólares sólo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi.

Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con más fundamentos. El gobierno de Javier Milei está determinado a avanzar con este proceso: “es un reclamo del Estado que se continuará”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.

En caso de que la Corte otorgue firmeza a la sentencia condenatoria de Vialidad, el gobierno libertario no dudará en reclamar una actualización del monto de la demanda civil, que hoy es de 22.300 millones de pesos.

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Corrupción K,Cristina Kirchner,Lázaro Báez,Corte Suprema de Justicia

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Rematan la sede de una empresa constructora vinculada a Lázaro Báez

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La sede de Kank y Costilla, la histórica constructora de Comodoro Rivadavia vinculada al empresario Lázaro Báez, será rematada este jueves 24 de abril a partir de las 11. El edificio, ubicado en Julio Ladvocat 250, se encuentra desocupado y en estado de abandono. Según consta en el edicto publicado por el Juzgado Laboral N° 1 de la ciudad, la subasta se enmarca en un proceso judicial derivado de un reclamo por indemnización iniciado, presuntamente, por una exempleada. La base se fijó en US$800.000 y el inmueble abarca una superficie de casi 5000 metros cuadrados.

La firma, fundada en 1958 por Juan José Kank y Carlos Costilla, se dedicó durante décadas a la realización de oleoductos, cañerías y obras viales. Su proyección nacional se consolidó recién a partir de 2006, cuando fue adquirida por Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, el contratista patagónico, vinculado con Néstor Kirchner. Según recordó el sitio ADNSur, desde entonces Kank y Costilla pasó a formar parte del entramado de constructoras utilizadas para obtener adjudicaciones millonarias en obra pública, sobre todo en la provincia de Santa Cruz.

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Lazaro y Leandro Baez en el entierro de su madre hoyHoracio Córdoba –

La vinculación de la firma con Báez no fue menor: en 2008, integró junto a Austral Construcciones una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para ejecutar la autovía entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, una de las principales obras de infraestructura de la región en ese período. La relación entre ambas compañías era, de hecho, estrecha: estaban bajo el mismo control empresarial y compartían intereses en licitaciones financiadas por Vialidad Nacional.

Las investigaciones judiciales posteriores complicaron seriamente la situación de Báez. En 2021 fue condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una causa que evaluó la entrega direccionada de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Además, recibió una sentencia adicional de 12 años por lavado de dinero, lo que consolidó su situación como uno de los empresarios más comprometidos en causas de corrupción estructural en la Argentina.

Lázaro BáezHoracio Córdoba –

Kank y Costilla no fue ajena a esas consecuencias. En 2023, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Martín Báez, hijo del empresario, a dos años y tres meses de prisión por retener aportes previsionales de empleados de la constructora. El fallo determinó que la firma incumplió con obligaciones básicas del sistema previsional, perjudicando a su plantel de trabajadores, en una conducta reiterada y sistemática.

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A lo largo de su trayectoria bajo el mando de Báez, Kank y Costilla acumuló conflictos laborales, problemas financieros y denuncias penales. Uno de los episodios más resonantes ocurrió en 2020, cuando la Justicia investigó si la compra de la firma por parte de Austral había sido forzada. Sin embargo, el proceso concluyó con una absolución para el empresario: el entonces presidente de la constructora, Héctor Costilla, declaró que la venta fue voluntaria y motivada por la falta de rentabilidad del negocio para sus fundadores.

El remate de esta semana es, en ese marco, el punto final de un proceso que lleva casi una década. La firma, que alguna vez estuvo entre las principales contratistas del sur argentino, se encuentra ahora judicializada, desactivada y sin operatividad.

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