La diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, y la fundación Apolo volvieron a pedirle al presidente Javier Milei que anule la decisión de la ANSES de pagarle la jubilación de privilegio al ex presidente Alberto Fernández por la acusación de violencia de género contra Fabiola Yañez.

En un comunicado, Ocaña recordó que las jubilaciones de privilegio «tienen en su origen un costado de reconocimiento honorífico al ciudadano que desempeñó el cargo de Presidente. Está claro que Alberto Fernández no tiene honor y es una vergüenza para todos los argentinos». No es una jubilación por sus aportes, sino una pensión honorífica.

Ocaña recordó que el 6 de Febrero 2024 hizo una presentación ante ANSES para que no le otorguen la Jubilación de Privilegio cuando estaba en trámite.

Luego el 10 de Mayo, la diputada presentó «una solicitud de revocación de la Resolución que otorgó la Jubilación de Privilegio».

La ex ministra de Salud también presentó «un recurso de alzada y una denuncia de ilegitimidad: solicitando la revocación de la resolución que otorgó la Jubilación de Privilegio a Alberto».

«Presidente Milei, le pedimos, nuevamente, que considere nuestros argumentos, y con la información nueva detenga este robo a todos los argentinos», argumentó Ocaña.

Por su parte, la Fundación Apolo, organización no gubernamental líder en la lucha anticorrupción en Argentina, presentó un reclamo administrativo ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) solicitando la baja de la asignación mensuall vitalicia otorgada al ex Presidente.

El reclamo fue formalizado por su director general (y diputado porteño) Yamil Santoro junto a José Magioncalda y Juan Martín Fazio, del equipo de legales de Apolo, quienes fundamentan su solicitud en una serie de irregularidades y faltas graves atribuidas al ex mandatario.

n el texto, los mencionados sostienen que «la asignación vitalicia está basada en criterios de mérito y honor, los cuales, según la Fundación, no han sido cumplidos por el ex Presidente. La Fundación Apolo sostiene que los recientes hechos y conductas del ex Presidente Fernández contradicen estos requisitos fundamentales».

Asimismo, agregan: «El ex Presidente es acusado de violar la Constitución Nacional en el nombramiento de jueces y de haber incumplido con las medidas de aislamiento durante la pandemia, entre otras irregularidades. […] Fernández ha sido denunciado por diversas acciones que consideran incompatibles con el carácter honorario de la asignación vitalicia».

En esa línea, Santoro señaló que «es imperativo que los ex funcionarios que han violado normas y cometido irregularidades no se beneficien de privilegios que no merecen. Con este reclamo buscamos corregir esta injusticia y reforzar el compromiso con una administración pública ética y responsable. Vamos a exigir que se revisen estos beneficios y se actúe con justicia, garantizando que quienes ocupan cargos públicos rindan cuentas por sus acciones».

Por otra parte, se menciona la existencia de investigaciones en curso relacionadas con casos de corrupción en los cuales el ex Presidente está involucrado, como el caso de “Vacunatorio VIP” y supuestos favores a brókers de seguros.