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POLITICA

Visita clave de un organismo norteamericano para evaluar la seguridad operacional aérea argentina

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La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) recibe a partir de hoy una nueva visita de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA). Será un encuentro de alta tensión. El organismo norteamericano viene para determinar si el sistema aeronáutico nacional está en condiciones de mantener la Categoría 1 o si desciende a la Categoría 2 debido a los 82 hallazgos de seguridad operacional que encontraron durante una inspección realizada en abril pasado.

Según pudo saber LA NACION, la delegación de la FAA va a permanecer en el país toda esta semana, ya que el proceso de evaluación conlleva varios días.

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La aviación se basa en una premisa fundamental: la seguridad operacional. Eso abarca no solo cuestiones fundamentales, como el estado de los aviones, sino también procesos y procedimientos más pequeños que establecen los requisitos para operar. O los funcionamientos internos para entrenar o evaluar a aquellos entrenadores, inspectores o instructores que revisarán los manuales de operación que trae una línea aérea que quiere operar.

“La FAA viene y evalúa las matrices de riesgo. ¿El país tiene manuales? ¿Tiene instructores o evaluadores? ¿Dónde se entrenan? ¿Cómo revisan que lo que hacen o entrenan está bien? Eso es seguridad operacional. Que se detecten falencias no quiere decir que hay riesgo de que choquen dos aviones”, dijo una fuente del sector.

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“El proceso de certificación de una aerolínea debe ser seguro operacionalmente. Tiene que existir un procedimiento razonable y serio de análisis, debe existir un inspector serio que pueda evaluar según el procedimiento preestablecido, y debe existir una escuela que evalúe a los evaluadores en todas las aéreas de la aviación civil y comercial. Eso no existía en la Argentina”, añadió.

Según la ANAC, todas las medidas tomadas desde la intervención del organismo, en julio pasado, permitieron llegar a un avance del 85% del plan de acciones correctivas establecido. Todos esos cambios están en fase de implementación. Fuentes oficiales, sin embargo, reconocen que existe la posibilidad real de perder la categoría para el sistema, pese a ese trabajo. Responsabilizan al “mal manejo de años”, en referencia a gestiones anteriores.

“Esto implicaría un daño reputacional para la aviación argentina. Además, imposibilitaría la suma de destinos y frecuencias en vuelos hacia Estados Unidos. A su vez, no se podrían reemplazar los modelos de aeronaves con los que se vuela a ese territorio, ni establecer nuevos acuerdos de código compartido con aerolíneas estadounidenses, lo que impactaría directamente en la capacidad de colaboración entre compañías argentinas y norteamericanas”, dijeron en un comunicado.

Según el organismo a cargo de la interventora Julia Cordero, “las líneas aéreas argentinas estarían sujetas a un mayor escrutinio y controles adicionales por parte de las autoridades norteamericanas”, lo que podría aumentar los costos y ocasionar retrasos.

Aerolíneas Argentinas, vuelo Aeroparque Santiago, Chile

“De esta manera, las consecuencias de la pésima administración del organismo en gestiones pasadas impactarían negativamente en la reputación internacional de la aviación civil argentina, a pesar de las políticas de apertura aerocomercial que se vienen implementando con éxito desde la Secretaría de Transporte en busca de mayores libertades y desarrollo del sector aéreo”, agregaron.

La Argentina ya tuvo una baja de categoría en junio de 2002, cuando la FAA determinó que los aeropuertos no tenían una supervisión segura para las compañías aéreas que se ajustara a los parámetros fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Por lo tanto, decidió llevar al país a la categoría 2. Eso implicó que ciertas empresas no pudieran entrar a los Estados Unidos, con excepción de las que ya lo habían hecho y tenían derechos adquiridos.

La Argentina recién volvió a la categoría 1 en 2005, después de tres años. Se otorga cuando el país evaluado cuenta con las regulaciones necesarias para sostener la certificación y supervisión operativa de las aerolíneas, en concordancia con estándares internacionales de máxima de seguridad, en cuanto a mantenimiento, adiestramiento de personal y de tripulaciones aeronáuticas, así como su estado psicofísico e idoneidad. También indica que las autoridades aeronáuticas realizan vigilancia permanente sobre las operaciones aéreas.

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POLITICA

Santiago del Estero: Le robaron miles de dólares al polémico concejal Ricardo Lovaglio

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La localidad de Suncho Corral, en la provincia de Santiago del Estero, se encuentra conmocionada tras un escándalo que involucra al concejal y dirigente sindical Ricardo Lovaglio. Según denunció el propio funcionario, fue víctima de un violento desalojo por parte de los propietarios de la vivienda que alquilaba, quienes, aprovechando su ausencia, ingresaron por la fuerza y le sustrajeron una importante suma de dinero: 6 mil dólares y 300 mil pesos.

El hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre, mientras Lovaglio regresaba de Buenos Aires, adonde había viajado debido a una cirugía de su esposa, Antonella López. Según consta en la denuncia, irrumpieron en el domicilio, rompiendo cerraduras y sustrayendo el dinero en efectivo que Lovaglio guardaba en una mesa de luz y en un ropero. Además, habrían desconectado las cámaras de seguridad y reseteado el disco rígido para eliminar cualquier evidencia del hecho.

Sin embargo, más allá del robo, lo que ha despertado mayor controversia en la comunidad no es el crimen en sí, sino el origen del dinero sustraído. ¿Cómo un concejal y dirigente sindical tenía en su poder semejante suma en efectivo? Esta pregunta ha puesto nuevamente bajo la lupa a Lovaglio y a su esposa, quienes ya habían sido denunciados anteriormente por presuntas irregularidades vinculadas a la administración de planes sociales.

Denuncias previas: abuso de poder y extorsión

No es la primera vez que Ricardo Lovaglio y Antonella López se ven envueltos en denuncias por prácticas irregulares. Según testimonios de beneficiarios de planes sociales, la pareja habría obligado a mujeres en situación de vulnerabilidad a realizar trabajos personales a cambio de no perder el beneficio estatal. Según denunció Carla González, una de las damnificadas, López la forzaba a lavar su auto, barrer su casa e incluso limpiar la vivienda de su padre, bajo amenaza de quitarle el plan social que recibía.

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Además, en plena campaña presidencial, Lovaglio y López habrían obligado a los beneficiarios de planes sociales a participar en actos políticos en apoyo al entonces candidato Sergio Massa. Tras la derrota electoral, la actitud de la pareja habría cambiado, responsabilizando a los propios beneficiarios por el resultado de los comicios y recrudeciendo las presiones sobre ellos.

Un dirigente con antecedentes de violencia

El historial de Lovaglio no solo está marcado por estas denuncias, sino también por episodios de violencia. En 2021, durante una movilización en Buenos Aires contra el vacunatorio VIP, el concejal fue identificado como uno de los agresores de manifestantes que protestaban frente a la Quinta de Olivos. Testigos aseguraron que participó activamente en los enfrentamientos, llegando incluso a golpear a jubilados que se encontraban en el lugar.

Pese a la gravedad de las acusaciones en su contra, hasta el momento no ha habido consecuencias judiciales significativas para Lovaglio y su esposa, lo que genera sospechas sobre su presunta protección política. Se los vincula con el hijo de la exvicepresidenta, Máximo Kirchner, y con el expresidente Alberto Fernández, lo que podría explicar la impunidad con la que se manejan.

El dinero bajo la lupa

El robo denunciado por Lovaglio no solo dejó al descubierto su conflicto con los propietarios de la vivienda, sino que reavivó las sospechas sobre su patrimonio. En una localidad pequeña como Suncho Corral, donde los ingresos de los funcionarios son de conocimiento público, la posesión de semejante cantidad de dinero en efectivo resulta, como mínimo, llamativa. ¿De dónde proviene ese dinero? ¿Por qué lo tenía en su casa y no en una cuenta bancaria?

Mientras la investigación avanza, la comunidad sigue esperando respuestas. En un contexto de crisis económica y ajuste en el gasto público, el caso de Lovaglio pone en evidencia las irregularidades que persisten en la administración de recursos del estado y el uso político de los planes sociales. Suncho Corral observa con atención, mientras las sombras sobre su concejal no dejan de crecer. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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