Uno de los artífices de la reforma del Estado de los años ´90, Armando Guibert, fue oficializado como funcionario de Jefatura de Gabinete, y tendrá a su cargo la reestructuración de las distintas áreas de la administración pública nacional más allá de la suerte que corra en el Congreso el proyecto de «ley ómnibus» que contempla, entre otras enmiendas, la privatización de unas 41 empresas estatales.

Este ingeniero industrial, de 75 años, ya asumió como secretario de «Transformación del Estado y función pública» desde donde colabora codo a codo con el ministro coordinador, Nicolás Posse.

Fue uno de los primeros técnicos que convocó el exgerente de Aeropuertos Argentinos 2000 durante la campaña y, de hecho, lo habría acompañado en la reunión celebrada hace unos días con el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, -a quien conoce de la turbulenta década menemista-, con el objetivo de descomprimir un vínculo distante por los cambios laborales «inconsultos» que, según la mirada del jefe sindical, implementó el primer DNU firmado por Javier Milei.

Es que Guibert había sido subsecretario de Reforma y Modernización durante los primeros años de la presidencia de Carlos Menem y tras la salida de Domingo Cavallo del ministerio de Economía, desembarcó en esa cartera para hacerse cargo de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte. No es el único dirigente de la actual administración con vínculos con el menemismo: el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, fue la principal espada legal del difunto expresidente.

Al igual que los tiempos en los que gobernaba el exmandatario riojano, Milei también busca achicar el Estado y la intervención de éste en la economía y en otras actividades. Para llevar adelante esa tarea ha convocado a expertos en desregulaciones como el flamante funcionario de Jefatura de Gabinete pero también a Federico Sturzenegger, quien casualmente en 1994 había sido convocado a YPF cuando la petrolera comenzaba a desandar el camino hacia su privatización.

Si bien cada uno de los 9 ministerios ya redujo la cantidad de secretarías y subsecretarías a su cargo, será Jefatura de Gabinete quien ejecuté una reestructuración de todo el mapa del Estado, que incluiría la eliminación de organismos y competencias.

La semana pasada el Gobierno comenzó con su plan de reducción de la planta estatal: anunció la caída de unos 7 mil contratos suscriptos en 2023 con la publicación de un decreto al tiempo que ordenó un «relevamiento exhaustivo» de los rubricados en años anteriores abriendo la puerta, de esta forma, a una mayor poda de la planta estatal.

El megaproyecto de ley enviado a Diputados la semana pasada, asimismo, prevé la creación de un «fondo de reconversión laboral» al que estarían destinados los miles de empleados de planta permanente que revisten en las firmas a privatizar.

Si bien el pasado viernes se enviaron mails a las casillas a muchos de los estatales alcanzados por el decreto 84/ 2023 notificándolos que desde el 2 de enero «no deberán prestar servicios«, también habría comenzado a diagramarse un «control de acceso» para este martes en Casa Rosada con el objetivo de impedir el ingreso de los agentes cuyos contratos fueron cancelados.

Algunos trabajadores históricos del palacio de gobierno temían este lunes que pudieran replicarse los momentos de tensión registrados durante principios de enero de 2016 cuando el entonces ministerio de Modernización ejecutó el primer recorte en la administración pública nacional en la gestión de Mauricio Macri.