Atento al reclamo de las provincias por la caída en la recaudación, uno de los temas que seguramente se tratarán en el cónclave de gobernadores de este martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobierno ultima detalles del proyecto de ley para «sacar los dólares del colchón», como vulgarmente denomina a la iniciativa que busca impulsar la actividad económica, y presiona a los mandatarios para que apoyen su aprobación en el Congreso.

Este martes, desde las 11, la mayor parte de los gobernadores se dará cita en la sede del CFI con la excusa de debatir sobre temas técnicos -“Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal” será el lema de la convocatoria-, en un encuentro en el que también se abordarán las preocupaciones sobre la falta de recursos en un contexto de mayores obligaciones para las jurisdicciones, que deben hacerse cargo del Fondo de Incentivo Docente, subsidios al transporte y proyectos de obra pública.

Luego de la reunión por Zoom que el último martes el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el ministro Luis Caputo (Economía) mantuvieron con representantes de 17 provincias para informar sobre los considerandos del plan que busca favorecer el depósito de ahorros en dólares sin declarar, el Ejecutivo intenta sumar los mayores apoyos para el «blindaje» legislativo del mismo. Pese al optimismo oficial, que se sustenta en que la iniciativa «les sirve a todos» los sectores porque auxiliaría a las arcas provinciales al prever una mayor recaudación impositiva, aún hay dudas su implementación entre los mandatarios provinciales.

En principio, el proyecto se encuentra en «etapa de revisión». Fuentes gubernamentales consultadas por este diario indicaron el plan «está redactado» como toda la reforma impositiva pero que hay «dos o tres temas» en análisis por su aparente colisión con la normativa de la GAFI (Grupo de Acción Financiera). Trabajan en la eventual enmienda los asesores tributarios de «Toto» Caputo, la secretaría de Hacienda y los técnicos del ARCA, que comanda Juan Pazo.

Sin embargo, en Casa Rosada son optimistas en que en una semana Jefatura de Gabinete podría girar el texto «corregido» al Parlamento. Buscan abrir una negociación con los distritos para convencerlos de la conveniencia de respaldar en el Congreso esta suerte de blanqueo de divisas fuera del sistema bancario que, en última instancia, intentará impulsar la actividad y por ende elevar el cobro de impuestos coparticipables y los Ingresos Brutos que recaudan las provincias.

Un primer análisis realizado en Balcarce 50 indica que, salvo los «ultras» por temas ideológicos, la mayor parte de las administraciones provinciales podría apoyar un plan que les serviría para «mejorar la recaudación» para intentar compensar la caída proyectada para junio. «Hasta la provincia de Buenos Aires la ve con buenos ojos», arriesgó una fuente pese a que Axel Kicillof fue uno de los 7 gobernadores que pegaron el faltazo a la teleconferencia del martes pasado y que previamente había adelantado que -en principio- ARBA mantendría los controles sobre los fondos a blanquear.

Desde La Plata este domingo se remitieron a las declaraciones del titular del organismo recaudador bonaerense, Cristian Girard, que, tras reunirse con Pazo, indicó que es clave «conocer un mayor detalle» de la normativa y que «cualquier esquema de blanqueo debería contar con el respaldo de una ley aprobada por el Congreso porque eso es lo que garantiza seguridad jurídica, especialmente en lo referido a la utilización de dólares no declarados”.

Si bien la mayor parte de la provincias «dialoguistas» podría respaldar el plan a través de los legisladores que les responden, aún quedan dudas. Cerca del cordobés Martín Llaryora, por caso, esperan el texto definitivo sobre la reforma pero se preguntan si el programa finalmente posibilitaría una mayor cantidad de operaciones «en blanco» que sí impactarían en una mayor recaudación. El tema, como se sabe, son los alicientes que tendrán los contribuyentes y las expectativas sobre el devenir de la economía.

Las urgencias de las provincias se generan por las mayores obligaciones que deben atender y por la merma en la asistencia del Ejecutivo. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) relevó que en el mes de mayo la Nación «envió al consolidado de provincias más CABA $5.567.000, que descontando el proceso inflacionario del período se traduciría en una baja real del 23,3%» respecto a lo girado en el mismo mes del año pasado.

La justicia federal de Lomas de Zamora es una olla a presión hirviendo. Dos fiscales federales denunciaron que el juez federal Federico Villena se adjudicó al menos cinco causas de alto contenido patrimonial que no le correspondían, en una supuesta maniobra de forum shopping para favorecer a una de las partes. Lo acusa de prevaricato.

A pesar de que pasaron cinco meses de esa denuncia, la causa no avanzó por falta de juez y porque se sumergió en un laberinto de impugnaciones judiciales que realizó Villena, al punto que recusó en pleno a toda la Cámara Federal de La Plata.

La fiscal que hizo la denuncia es Cecilia Incardona, que puntualizó al menos cinco casos donde el juez Villena tomó decisiones que en algunos casos fueron anuladas por la Cámara Federal de La Plata o se arrogó una competencia que luego le quitó la Cámara Federal de Casación. El otro fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, también impulsó las causas contra el juez.

Esa causa está a cargo por ahora del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, donde Villena planteó la nulidad del expediente. El juez la rechazó pero pidió informes a la Cámara sobre cómo lo designaron y le dijeron que no fue por sorteo.

El juez Villena dijo a , indignado, que “todo se trata de una persecución” en su contra y responsabilizó a la fiscal Incardona, a su colega Mola, al fiscal de Cámara Diego Iglesias y al juez de la Cámara Federal de La Plata Roberto Lemos Arias.

“La persecución radica en que no me acomodo a lo que quieren que yo haga. Son una mafia de la que yo no soy parte, no hago lo que ellos me piden”, dijo el juez Villena

El magistrado enfrenta por estas circunstancias denuncias en el Consejo de la Magistratura. Dijo Villena que siempre dictó fallos según la ley, que “la Cámara tiene atrasos” y los fiscales no reclaman.

“Los jueces les tienen miedo, pero yo no les tengo miedo y los enfrento, aunque hagan lo posible para sacarme”, dijo Villena.

La causa más importante que dio inicio a todo es una investigación originada a partir de una denuncia de Diego Peisaovich, abogado del sindicalista José Antonio Voytenco, secretario general del sindicato de trabajadores rurales (Uatre).

Voytenco era investigado por supuesta administración infiel del sindicato, de su obra social Osprera y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre). La denuncia decía que cobraban retornos de los contratos con El Surco Seguros, Taquión y con Reservín Patagonia SRL.

Villena dijo que era competente porque Voytenco se estaba construyendo una lujosa casa en un country en Cañuelas, jurisdicción de su tribunal.

Sin embargo, la fiscal Incardona sostenía que era incompetente porque todo había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires: allí tenían sede las empresas.

Después de una larga pelea, la Cámara de Casación le dio la razón a Incardona y dijo que la justicia federal de Comodoro Py es la competente.

Pero el abogado de Voytenco denunció que Villena quiso quedarse con el caso. La Cámara de La Plata le dio vista al fiscal Iglesias, que impulsó la acción y arrancó una investigación con la fiscal Incardona, que denunció forum shopping. Villena intervino la obra social, lo que fue protestado por la fiscal que, además, dijo que le otorgó el carácter de querellante a quienes no les correspondía.

“Por animarme a investigar a un sindicalista muy sucio terminé siendo perseguido por un sistema corrupto”, dijo Villena, que perdió el caso.

La segunda causa que forma parte de esta denuncia es aquella en que la Villena, como juez suplente del juzgado federal 2 de La Plata, levantó la feria judicial para devolverle casi 450.000 dólares a Karina Moyano, hija del líder de los camioneros Hugo Moyano, cuando fue allanada su casa en la avenida Inclán. Villena la sobreseyó.

Karina Moyano terminó envuelta en una investigación penal sobre una red de narcotráfico porque en el documento de identidad de una mujer detenida e indagada en esa causa, Macarena Acevey, figuraba su domicilio en la calle Inclán al 3700, de la ciudad de Buenos Aires.

Entonces a cargo de esa investigación, Villena ordenó allanar ese domicilio, donde se determinó que allí residía el padre de Acevey y quien por entonces era su pareja, Karina Moyano, y donde se encontraron US$436.670 y $600.000 –equivalentes a unos US$15.000 al tipo de cambio del momento–. En las semanas que siguieron, Karina Moyano intentó recuperar ese dinero y Villena se lo devolvió cuando no era el juez titular de la causa, que estaba delegada en la fiscalía.

La denuncia dice que habilitó la feria judicial de enero, fabricó un expediente digital para sobreseer a Karina Moyano e hizo la restitución del dinero, ya que no contaba con el expediente de papel. La Cámara anuló todo lo decidido por Villena.

Otro asunto en el que Villena dijo que era competente se trata de una denuncia de Rubén Ippolito, de Bronway Techonology. Ippolito es el otro “Señor del Tabaco”, como se conoce a Pablo Otero, de tabacalera Sarandí.

Ippolito se presentó en 2023 con un hábeas corpus en lo de Villena diciendo que lo seguían con un Volkswagen Bora y que estaban merodeando su fábrica de cigarrillos en Rosario. Identificó al auto como de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a quienes lo perseguían como del Ministerio de Seguridad y domiciliados en Lomas de Zamora. Dijo que lo volvieron a seguir cuando iba a al aeropuerto de Ezeiza.

Los fiscales dijeron que no había delito en la conducta, que era ajena a la jurisdicción, pero Villena le reconoció a Ippolito el rol de querellante y avanzó. El caso llegó a la Cámara Federal de La Plata, donde la Sala III resolvió el 16 de febrero de 2024 la incompetencia material y territorial, y mando el caso a Rosario.

La otra causa que enfrentó a Villena con la fiscal Incardona fue aquella contra “el croata” Ivo Rojnica, señalado por el gobierno de Alberto Fernández como el cambista que provocaba el aumento del dólar blue. Lo metieron preso, pero luego anularon todo el procedimiento.

En esa causa se investigó durante cinco años a una financiera de capital con oficinas en San Isidro, que se dedicaba al lavado de dinero y la intermediación financiera.

La fiscalía pidió dar de baja las escuchas y rechazar la competencia, porque era un caso de otra jurisdicción. El juez Villena no resolvió, pero en paralelo la causa ya se investigaba en Comodoro Py 2002, desde 2023. “Ivo Esteban Rojnica s/ 303 del CP”, era la caratula.

Villena se quedó con el caso, detuvo a Rojnica y a otras cuatro personas, allanó 21 domicilios, dispuso secuestrar gran cantidad de dinero y ordenó el secreto del sumario. La fiscal apeló la decisión de quedarse con el caso y la Cámara federal no llegó a resolver porque el propio Villena declinó la competencia hacia Comodoro Py 2002, dos semanas después de decidir lo contrario.

Cuando el caso llegó a la Cámara Federal de Comodoro Py 2002, anuló todo, liberó a todos y les devolvió la plata.

El quinto caso por el que fue denunciado el juez se refiere al secuestro de un celular a un preso por una instrucción que dio al Servicio Penitenciario de formar causa penal contra cada recluso que tuviera un teléfono. La fiscal Incardona dijo que era una manera de arrogarse jurisdicción en esos casos, sin tenerla.

Finalmente, se le cuestionó querer quedarse con la causa donde está investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, desde que se fue de viaje a Marbella con Sofía Clerici.

Villena recibió una denuncia de un abogado particular en su juzgado un sábado a las diez de la noche, último día de su turno, el 30 de septiembre de 2023.

La fiscal Incardona pidió investigar si hubo un intento de quedarse irregularmente con esa causa. Finalmente, el expediente tramitó en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, vacante y actualmente a cargo como subrogante del juez Luis Armella.