POLITICA
Por qué la CGT finalmente hará una versión light, sin paros sectoriales, de las protestas “a la francesa”
El temible esquema de protestas “a la francesa” que aprobó la CGT junto con las dos CTA para embestir contra el Gobierno quedó convertido en las últimas horas en una versión light, sin paros sectoriales ni rotativos como los que se hicieron en 2023 contra Emmanuel Macron.
En la reunión de líderes cegetistas, las dos CTA y de confederaciones sindicales que tuvo lugar este martes en Azopardo 802 se acordó una agenda de movilizaciones, asambleas y volanteadas que arrancarán el 22 de este mes con una marcha ante el Congreso en apoyo a los jubilados, pero, contrariamente a lo que había trascendido, no se combinarán con huelgas por sectores, en forma alternada y sostenida en el tiempo.
El “modelo francés” fue propuesto por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT): líderes de ese espacio como Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Juan Pablo Brey (aeronavegantes) creen que hacer un paro general en forma esporádica no tiene impacto, pero sí lo tendría una sucesión de protestas que fueran alternándose en áreas clave, como sucedió en Francia para rechazar la reforma jubilatoria, un plan que les permitió a los sindicatos mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario.
¿Por qué las 3 centrales obreras no incluirán paros impulsados por cada sindicato? “No hay clima -confesó un jefe gremial a Infobae-. Ahora, en las empresas y en las fábricas la gente está con la cabeza en el Mundial y cuando termine tampoco tenemos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.
A este giro pragmático se sumaron también sindicatos del ala dura, como los que integran las dos CTA y los movimientos sociales, que no plantearon los paros sectoriales durante la reunión en la CGT, aunque sí, junto con el resto de sus colegas, coincidieron en que hay que salir a la calle y buscar la adhesión de otros sectores sociales, sobre todo la clase media, para ir preparando el clima hacia el objetivo final de un paro general.
Para eso se aprobó una agenda de movilizaciones que comenzará el 22 de este mes con una marcha ante el Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados y se profundizará con una serie de acciones callejeras: el 7 de agosto, marcha de San Cayetano y, el mismo mes, una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar; en septiembre, la participación en la Semana Social de la Iglesia y una movilización por el Día de la Industria; en noviembre, una medida para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina y otra marcha cuando se realice la próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
El plan de lucha también contemplará encuentros con entidades empresariales del interior para consensuar medidas en común en su carácter de “víctimas del modelo Milei”, tal como la CGT considera a los trabajadores.
De la misma forma, se decidió la presencia de 15 a 20 dirigentes por gremio para acompañar conflictos o reclamos específicos en algunas empresas, tanto en el AMBA como en el interior, y reuniones con las delegaciones regionales de la central obrera.
En la estrategia de los dirigentes gremiales hay un paro general de 24 o 36 horas que cerraría el plan de lucha, pero, además, una gran marcha federal contra el Gobierno que uniría Córdoba, Rosario y Buenos Aires.
La jugada más audaz será la apuesta de “capitalizar” la visita del Papa a la Argentina en busca de alguna señal que se interprete como un respaldo a los reclamos del sindicalismo. Una de las ideas es tratar de que la recorrida de León XIV por la ciudad de Buenos Aires se acerque lo máximo posible al edificio de la CGT, en Azopardo 802, donde lo esperarían las columnas de trabajadores. Hay dirigentes con llegada al Vaticano que prometieron gestionar un gesto papal de esa naturaleza.
La CGT avanza hacia su nuevo plan de lucha, que terminará en el quinto paro general contra Javier Milei, envuelta una vez más en intrigas y divisiones. Los cotitulares cegetistas Jorge Sola (seguro), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron recostarse más en las confederaciones sindicales (industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones) para definir la vuelta a las protestas que en su propio Consejo Directivo.
En la última reunión donde se aprobó el esquema del plan de lucha junto con las CTA, las confederaciones y los movimientos sociales, tal como hizo la semana anterior la conducción cegetista, hubo sugestivas ausencias de algunos líderes sindicales como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Palazzo (bancarios), Osvaldo Lobato (UOM), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Víctor Santa María (encargados de edificios), entre otros.
Casi todos enviaron a algún representante de su sindicato, pero en otras épocas de la CGT, también signadas por las diferencias y las internas permanentes, nadie quería perderse la posibilidad de debatir cara a cara con los secretarios generales de otros gremios las estrategias y los cursos de acción.
Los faltazos parecen un símbolo de estos tiempos en los que, con menos poder que nunca, los sindicalistas avanzan con medidas que sienten que deben hacer aunque, en el fondo, sepan que no cambiará nada.
Milei no es el primer presidente de la Nación que asimila los paros generales sin rectificar ni una medida. Tampoco lo hicieron Cristina Kirchner ni Mauricio Macri. Alberto Fernández zafó: tuvo la suerte de que la CGT no le hizo ni una marchita pese a la inflación alta, la caída de los salarios y la crisis financiera de las obras sociales.
Ahora, los jefes sindicales perciben que sus propias bases no se sumarán ciegamente a cualquier protesta (en la CGT admiten en voz baja que el último paro general “no fue bueno”) y apuestan a reconciliarse con sectores de la sociedad que desde hace años los miran de reojo.
“Algo hay que hacer” parece ser la consigna actual de la CGT, corrida por izquierda por combativos que, ante los micrófonos, exigen un paro de 36 horas, pero que no hacen ni una hora de huelga en sus propios gremios.
Esa consigna al menos se mantendrá hasta que se realicen las próximas elecciones presidenciales, donde los sindicalistas tienen la esperanza de que Milei no se reelegido y asuma alguien más sensible a sus posturas. Claro que eso no les garantiza que recuperen el poder perdido entre los jirones de su representatividad.
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POLITICA
Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad
La expresidenta Cristina Kirchner anunció que contrató a Rafael Valim para presentar un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su condena en la causa Vialidad, por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Se trata de uno de los abogados que defendió en la causa Lava Jato al actual mandatario de Brasil Lula da Silva.
La expresidenta cumple en prisión domiciliaria en su departamento de Constitución una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La exmandataria hizo el anuncio en una columna que publicó en medios internacionales, entre ellos El País de España, con el título: “Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”.
Cristina Kirchner redobló las críticas contra la Justicia: “La democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. Depende, ante todo, de la existencia de instituciones capaces de garantizar que la voluntad popular pueda expresarse libremente. Entre esas instituciones, ninguna desempeña un papel más decisivo que el poder judicial. Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”.
La expresidenta dijo que es “víctima de violaciones de derechos humanos”, que consideró que “revelan un problema institucional que debe ser enfrentado”. “A lo largo de los últimos años, he sido sometida a un proceso marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino».
Además mencionó el atentado del 1° de septiembre de 2022, frente a su departamento en Recoleta, mientras era vicepresidenta de Alberto Fernández, y definió al ataque como “un episodio de extrema gravedad” que puso en riesgo su vida y que “evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”.
Con duras críticas a la Justicia, Cristina Kirchner volvió a hablar de “persecución y proscripción” por la condena por Vialidad
Cristina Kirchner volvió a hablar de “persecución y proscripción” por la condena por Vialidad: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la presidencia de la nación argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes”.
La exmandataria habló de “proscripción perpetua de un dirigente político mediante el uso abusivo del sistema de justicia», que calificó como “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”: “No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.
La expresidenta habló de una transformación del derecho “en un instrumento para eliminar adversarios políticos» que tiene como resultado “el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones y el deterioro progresivo de las democracias constitucionales”.
Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad
Cristina Kirchner contrató al abogado del presidente de Brasil para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad: “Para conducir esta etapa internacional de mi defensa, convoqué a dos juristas extranjeros de reconocida autoridad: Rafael Valim, prestigioso jurista brasileño con destacada actuación ante tribunales internacionales, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La participación de ambos expresa la convicción de que el debate jurídico debe ser elevado al plano de los estándares universales de protección de la dignidad humana”.
La exmandataria dijo que hizo “una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, en rechazo a la condena por la causa Vialidad: “Se trata de someter al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento, a fin de verificar si fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado libremente ratificado por la Argentina”.
Cristina Kirchner volvió a declararse inocente: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”.
La expresidenta dijo que no busca “privilegios ni excepciones”: “Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino. Defender las garantías fundamentales nunca es un acto individual. Es defender el derecho de toda una sociedad a permanecer verdaderamente libre”.
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POLITICA
Cristina Kirchner dijo que está presa por la condena del “machismo estructural” y que llevó su caso a la ONU
La expresidenta Cristina Kirchner presentó este martes una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la condena que recibió en la causa Vialidad y sostuvo que durante el proceso judicial —atravesado por el “machismo estructural”— se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso . En ese marco, publicó una carta abierta en la que volvió a cuestionar la sentencia que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos y por la que se encuentra en prisión domiciliaria en Constitución.
“Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre”, comenzó la misiva.
En la carta, titulada “El costo democrático de la politización de la Justicia”, la exmandataria sostuvo que la condena trasciende su situación personal. “El ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”, afirmó.
La carta completa
“Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre.
He dedicado mi vida al servicio de la Argentina. Lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario.
Por eso, el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.
Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino.
Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos.
Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?
Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana.
Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas.
La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino.
Y debo decir también que todo esto no es un fenómeno exclusivamente argentino.
Lamentablemente, en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular. Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto.
Ese fenómeno representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales. Porque una democracia deja de ser plenamente democrática, cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política.
Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad.
Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones… y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder.
En 2022, luego de sufrir el atentado, un grupo de reconocidos juristas Internacionales, integrado por Raúl Zaffaroni (Argentina), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Baltazar Garzón Real (España), Juárez Tavares (Brasil), Francesco Shiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere (Italia), formularon una primera denuncia frente a la feroz persecución de la que estaba siendo víctima, y detallando las irregularidades y múltiples violaciones a mis derechos fundamentales. Luego vino la condena y proscripción en la causa “Vialidad”.
Y para llevar adelante esta nueva etapa de mi defensa, he decidido convocar a dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece.
Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales.
Compatriotas:
Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina.
Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia.
Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino.
Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho.
Y lucharé, sobre todo, por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos.
Quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza.
No bajen los brazos.
No permitan que les roben la esperanza.
La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular.
Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino.
Y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos.
Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio.
Porque los pueblos pueden ser perseguidos. Pueden ser difamados. Pueden ser atacados.
Pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad.
Muchas gracias.
Y que Dios y la Virgen protejan siempre al Pueblo argentino».
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Cristina Kirchner anunció en medios internacionales que llevará su condena por la causa Vialidad a la ONU
Cristina Kirchner publicó este miércoles una columna de opinión en medios internacionales —entre ellos El País, de España, y Libération, de Francia— en la que defendió su inocencia y cuestiona la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, al tiempo que anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
La expresidenta, que cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras ser condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad, abrió su texto con una advertencia sobre el rol del poder judicial en las democracias. “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, escribió.
En ese marco, calificó su inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción” y sostuvo que ese mecanismo representa “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.
La columna, firmada por la propia Kirchner, se publicó en simultáneo con la conferencia de prensa en la que su equipo de defensa formalizó la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El planteo sostiene que el proceso judicial violó garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por Argentina.
“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, precisó la exmandataria.
CFK también señaló que el proceso al que fue sometida estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino».
En ese pasaje, extendió el argumento más allá de su situación personal: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes.”
Para conducir esa etapa internacional, la defensa incorporó a dos juristas extranjeros: el brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos participaron junto al abogado Alberto Beraldi en la conferencia de prensa celebrada en el NH Hotel del microcentro porteño.
“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, afirmó Kirchner en la columna.
La exmandataria fue condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas. El 2 de julio de 2026, el máximo tribunal también dejó firme un decomiso de $684.990 millones de pesos contra Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados.
En la columna, la expresidenta también recordó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al que describió como “un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”. El texto cerró con una afirmación de alcance colectivo: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, está integrado por 18 expertos independientes y no dicta órdenes a los Estados miembros, sino recomendaciones. Deberá realizar primero un examen de admisibilidad para determinar si la presentación reúne los requisitos necesarios para avanzar. Si supera esa instancia, el organismo podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.
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