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Por qué la CGT finalmente hará una versión light, sin paros sectoriales, de las protestas “a la francesa”

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El temible esquema de protestas “a la francesa” que aprobó la CGT junto con las dos CTA para embestir contra el Gobierno quedó convertido en las últimas horas en una versión light, sin paros sectoriales ni rotativos como los que se hicieron en 2023 contra Emmanuel Macron.

En la reunión de líderes cegetistas, las dos CTA y de confederaciones sindicales que tuvo lugar este martes en Azopardo 802 se acordó una agenda de movilizaciones, asambleas y volanteadas que arrancarán el 22 de este mes con una marcha ante el Congreso en apoyo a los jubilados, pero, contrariamente a lo que había trascendido, no se combinarán con huelgas por sectores, en forma alternada y sostenida en el tiempo.

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El “modelo francés” fue propuesto por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT): líderes de ese espacio como Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Juan Pablo Brey (aeronavegantes) creen que hacer un paro general en forma esporádica no tiene impacto, pero sí lo tendría una sucesión de protestas que fueran alternándose en áreas clave, como sucedió en Francia para rechazar la reforma jubilatoria, un plan que les permitió a los sindicatos mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario.

Una de las marchas de protesta que hubo en Francia contra la reforma jubilatoria, en 2023 (Foto: Charly Triballeau/AFP)

¿Por qué las 3 centrales obreras no incluirán paros impulsados por cada sindicato? “No hay clima -confesó un jefe gremial a Infobae-. Ahora, en las empresas y en las fábricas la gente está con la cabeza en el Mundial y cuando termine tampoco tenemos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.

A este giro pragmático se sumaron también sindicatos del ala dura, como los que integran las dos CTA y los movimientos sociales, que no plantearon los paros sectoriales durante la reunión en la CGT, aunque sí, junto con el resto de sus colegas, coincidieron en que hay que salir a la calle y buscar la adhesión de otros sectores sociales, sobre todo la clase media, para ir preparando el clima hacia el objetivo final de un paro general.

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Para eso se aprobó una agenda de movilizaciones que comenzará el 22 de este mes con una marcha ante el Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados y se profundizará con una serie de acciones callejeras: el 7 de agosto, marcha de San Cayetano y, el mismo mes, una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar; en septiembre, la participación en la Semana Social de la Iglesia y una movilización por el Día de la Industria; en noviembre, una medida para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina y otra marcha cuando se realice la próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Jorge Sola, Octavio Argüello y Juan Pablo Brey, en la última reunión de la CGT y las CTA

El plan de lucha también contemplará encuentros con entidades empresariales del interior para consensuar medidas en común en su carácter de “víctimas del modelo Milei”, tal como la CGT considera a los trabajadores.

De la misma forma, se decidió la presencia de 15 a 20 dirigentes por gremio para acompañar conflictos o reclamos específicos en algunas empresas, tanto en el AMBA como en el interior, y reuniones con las delegaciones regionales de la central obrera.

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En la estrategia de los dirigentes gremiales hay un paro general de 24 o 36 horas que cerraría el plan de lucha, pero, además, una gran marcha federal contra el Gobierno que uniría Córdoba, Rosario y Buenos Aires.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre próximo (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

La jugada más audaz será la apuesta de “capitalizar” la visita del Papa a la Argentina en busca de alguna señal que se interprete como un respaldo a los reclamos del sindicalismo. Una de las ideas es tratar de que la recorrida de León XIV por la ciudad de Buenos Aires se acerque lo máximo posible al edificio de la CGT, en Azopardo 802, donde lo esperarían las columnas de trabajadores. Hay dirigentes con llegada al Vaticano que prometieron gestionar un gesto papal de esa naturaleza.

La CGT avanza hacia su nuevo plan de lucha, que terminará en el quinto paro general contra Javier Milei, envuelta una vez más en intrigas y divisiones. Los cotitulares cegetistas Jorge Sola (seguro), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron recostarse más en las confederaciones sindicales (industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones) para definir la vuelta a las protestas que en su propio Consejo Directivo.

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En la última reunión donde se aprobó el esquema del plan de lucha junto con las CTA, las confederaciones y los movimientos sociales, tal como hizo la semana anterior la conducción cegetista, hubo sugestivas ausencias de algunos líderes sindicales como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Palazzo (bancarios), Osvaldo Lobato (UOM), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Víctor Santa María (encargados de edificios), entre otros.

Rodolfo Daer (a la derecha, con bigotes) propuso una movilización de protesta en el Día de la Industria

Casi todos enviaron a algún representante de su sindicato, pero en otras épocas de la CGT, también signadas por las diferencias y las internas permanentes, nadie quería perderse la posibilidad de debatir cara a cara con los secretarios generales de otros gremios las estrategias y los cursos de acción.

Los faltazos parecen un símbolo de estos tiempos en los que, con menos poder que nunca, los sindicalistas avanzan con medidas que sienten que deben hacer aunque, en el fondo, sepan que no cambiará nada.

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Milei no es el primer presidente de la Nación que asimila los paros generales sin rectificar ni una medida. Tampoco lo hicieron Cristina Kirchner ni Mauricio Macri. Alberto Fernández zafó: tuvo la suerte de que la CGT no le hizo ni una marchita pese a la inflación alta, la caída de los salarios y la crisis financiera de las obras sociales.

Alberto Fernández, con Héctor Daer y Carlos Acuña en la CGT (Foto: Nicolás Stulberg)

Ahora, los jefes sindicales perciben que sus propias bases no se sumarán ciegamente a cualquier protesta (en la CGT admiten en voz baja que el último paro general “no fue bueno”) y apuestan a reconciliarse con sectores de la sociedad que desde hace años los miran de reojo.

“Algo hay que hacer” parece ser la consigna actual de la CGT, corrida por izquierda por combativos que, ante los micrófonos, exigen un paro de 36 horas, pero que no hacen ni una hora de huelga en sus propios gremios.

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Esa consigna al menos se mantendrá hasta que se realicen las próximas elecciones presidenciales, donde los sindicalistas tienen la esperanza de que Milei no se reelegido y asuma alguien más sensible a sus posturas. Claro que eso no les garantiza que recuperen el poder perdido entre los jirones de su representatividad.

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Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores nombrados por el Gobierno en la obra social de los peones rurales

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El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy por un presunto desvío de 247 millones de pesos a dos exinterventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y a dos personas vinculadas con la empresa que se habría beneficiado con el desvío; una de ellas, Sergio Aguirre, exsocio comercial de Martín Menem.

En la causa se investiga una contratación directa de la empresa HTECH Innovation, constituida por Aguirre en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder.

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Los exinterventores procesados son Virginia Montero y Marcelo Petroni; ambos, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Aguirre y María Casandra Mirabelli, socio y presidenta de HTECH Innovation, respectivamente, fueron procesados por los mismos delitos que los exinterventores, pero como “partícipes necesarios” y no como autores.

A cada uno de los cuatro procesados, Casanello les impuso embargos de $1.463.896.868.

Según el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, “ambos interventores -Montero y Petroni- habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa”.

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Petroni es un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente.

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"Amenazas a funcionarios de primer nivel": el Gobierno reveló por qué militarizó la Quinta de Olivos

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“Estos cambios obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier, esta mañana, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, en medio de las dudas que generaron las declaraciones del Presidente el domingo.

El vocero aseguró que hay “posibles terroristas, o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan”, pero no dio detalles sobre las especificidades de esos perfiles.

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Ravier detalló un informe del Ministerio de Seguridad sobre 20.630 casos entre diciembre del año pasado y mediados de este mes.

El 72,3% corresponde a extranjeros “rechazados o no admitidos” por perfiles de riesgo, condenas detectadas o incumplimiento de requisitos migratorios.

Por lo bajo, en la Casa Rosada aseguraron que hay un “clima de seguridad preocupante”, y buscaron desligar la decisión de Milei en torno a la seguridad en Olivos de las denuncias sobre supuestos desvíos de fondos que hizo la ex libertaria Marcela Pagano. En cambio, dijeron que hay correlación con las denuncias sobre una supuesta amenaza de muerte contra el número dos de la SIDE, Diego Kravetz, por parte de la organización terrorista financiada por Irán, Hezbollah.

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La diferencia entre esas cifras y los “cerca de 30.000” mencionados por Milei se explica, según Ravier, por otras 10.000 personas bloqueadas antes del 1° de diciembre de 2025, período que el informe ministerial no contabiliza. “Hasta diciembre de 2023, la Argentina en sus fronteras nacionales era un colador”.

Riesgo país, pobreza e inflación

Más allá del eje de seguridad, la conferencia estuvo atravesada por preguntas sobre la economía. El vocero atribuyó el aumento del riesgo país a dos shocks externos: la situación en Medio Oriente y la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que impactan negativamente sobre los mercados emergentes. “Son dos fenómenos que podrían explicar una suba en riesgo país o algún tipo de coyuntura negativa en este mes”, explicó, aunque aclaró que la recaudación mostraba mejoras en IVA y Ganancias.

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En cuanto al poder adquisitivo y la situación social, Ravier reconoció que el índice de pobreza, que había bajado a 28,3%, repuntó al 32% en la última medición. Atribuyó ese retroceso al “ataque político” que, según el Gobierno, se produjo en septiembre y octubre de 2025 y que impactó sobre el tipo de cambio y la inflación. “Cuando logramos bajar fuerte la inflación es cuando logramos bajar fuerte la pobreza”, afirmó, y señaló que con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 1,7% mensual, el Gobierno es optimista sobre una reversión del dato.

Frente a comparaciones de precios con España e Israel, Ravier defendió la apertura comercial como el mecanismo para achicar la brecha. “Si todo lo que se puede importar entra en Argentina a precio internacional, lo único que debería distinguir los precios son los costos de transporte”, argumentó, y citó los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Singapur como parte de esa estrategia.

Sobre el endeudamiento de los hogares, el portavoz descartó un proyecto oficial y confió en una solución de mercado, con proyecciones privadas que, según indicó, anticipan una mejora hacia fin de año a medida que las tasas de interés —que pasaron de cerca del 50% a inicios de 2026 a alrededor del 25% actual— faciliten las refinanciaciones. En materia de empleo, Ravier sostuvo que desde diciembre de 2023 se sumaron más de 500.000 puestos de trabajo netos, según un informe público que se comprometió a compartir.

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Florencia Carignano, extitular de Migraciones: “Es delirante todo lo que dijo Milei; tiene una gran confusión”

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La diputada kirchnerista Florencia Carignano, que ejerció como titular de Migraciones durante la administración de Alberto Fernández, habló este martes de la cifra que arrojó el presidente Javier Milei sobre unos supuestos “20.000 terroristas deportados” durante su gobierno. Aseguró, en ese marco, que “es delirante” lo que dijo y que si fuera cierto tendría que haber una alarma en el país.

“Imaginate 30.000 [por la suma de unos supuestos 20.000 terroristas deportados, que se suman a otros 10.000 echados el año pasado], es una invasión de zombies, de terroristas y nadie nos avisó en el peligro en el que estábamos. Aparte, ‘terroristas que vinieron a sabotear el modelo económico’. ¿Qué significa, que quisieron secuestrar o matar a Caputo? ¿Quisieron poner bombas en el Banco Central? ¿Cómo un terrorista sabotea un modelo económico? Si eran 30.000 tendría que haber pesado una alarma sobre Argentina», sostuvo la exfuncionaria.

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El mandatario afirmó el domingo, en LN+, que solo este año su Gobierno “deportó 20.000 terroristas” y dijo que “son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. Pero las estadísticas oficiales no coinciden con el relato del Presidente. Lo que registra el Ministerio de Seguridad es que en lo que va de 2026 hubo 744 “expulsiones” y 18.947 “incidentes de entrada” de personas a las que por razones legales o meramente administrativas no se les permitió entrar al país. En ningún caso las estadísticas hablan de “terroristas”.

En ese contexto, Carignano continuó: “Es delirante todo lo que dijo Milei. Tiene una gran confusión, lo que no sé es si es adrede para que no hablemos de que el modelo económico se cae a pedazos, o si realmente se cree sus propias mentiras. Como para él la inmigración o rechazar en la frontera es lo mismo que deportar terroristas, el rechazo del ingreso de una persona en la frontera para él debe ser lo mismo. Quizás por eso dijo esa burrada en televisión”.

En diálogo con Radio Futurock, la diputada nacional enumeró algunos ejemplos que pueden “inflar” el número de deportados: “Viene una persona con un documento falso: rechazo. Viene otra persona, le empiezan a hacer preguntas; no tiene boleto de regreso. ¿Falso turista? Rechazo. Viene un chino, le pedís la visa, no la tiene: rechazo. Todos esos son rechazos que se realizan todos los días en Migraciones y que engrosan el número. También aquellos presos extranjeros que cumplieron la mitad de la condena en la Argentina».

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Insistió, por otro lado, en que existen definiciones de las Naciones Unidas sobre el terrorismo que no coinciden con el concepto de inmigrante ilegal. “El terrorista es aquella persona que infunde terror en la sociedad o que ha amenazado la vida de alguna persona por motivos políticos o ideológicos”, explicó.

Florencia Carignanogentileza

“Sería un escándalo que no lo tuvo ningún país en el mundo. Aparte, si entraron, es un problema ya de seguridad nacional que estamos teniendo. El Presidente debería echar a [la ministra de Seguridad, Alejandra] Monteoliva, al de la SIDE (Cristian Auguadra), a todos, porque falló el sistema si entraron 30.000. Si se les pasaron todas estas personas y entraron, falló todo. ¿Qué pasó? Te falló todo, papu. Te falló la SIDE, toda la inteligencia para detectar que había grupos terroristas tratando de ingresar por tus fronteras. Entraron todos. Fuiste sumamente permeable», apuntó.

Sostuvo, en tanto, que en caso de que sean terroristas no se podrían deportar sin que primero intervenga la Justicia. “Tenés que hacer una denuncia, fundamentar por qué estás haciendo la denuncia. La Justicia tiene que investigar si efectivamente iba a cometer un acto terrorista. Después, esa persona tiene que ir presa; no la podés echar.

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“¿Dónde están los 30.000 terroristas que vos encontraste que supuestamente venían a sabotear el plan económico? ¿Hiciste una denuncia? Imagino que sí, porque sos funcionario público y tenés la obligación de hacer una denuncia si sabés que alguien va a cometer un delito. Además, tenés que poner a la sociedad en resguardo; tenés que generar alarma. La población civil está en riesgo. ¿Contra el plan económico? Pero no es un lugar. El Ministerio de Economía, ponele», insistió Carignano.

En otro tramo de la entrevista, la extitular de Migraciones aseguró que Milei dice estas afirmaciones para distraer a la población sobre el plan económico y los últimos malos datos arrojados por el Indec sobre el aumento de la pobreza y la baja en la actividad económica. “Dudo que sea un hijo de puta o que esté loco. Tengo esa gran duda de que a lo mejor nos hace creer que es un demente y que todos nos reímos y decimos, ‘qué delirante’. Y la verdad que está haciendo un jueguito para poder ejercer el plan económico que tiene, que es un desastre. Entonces nos distrae con todas sus locuras. Yo no sé si finge demencia o es demente”, completó la diputada.

Dudas sobre la cifra

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La versión del Presidente choca además con lo que dijo, hace un mes, el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, en el Congreso. Ante los legisladores que componen la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, Aguadra negó que se hubiese registrado alguna amenaza terrorista concreta sobre el país.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, presentó un pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones, por los dichos de Milei sobre la supuesta deportación de terroristas.

“El Presidente habló de 30.000 personas deportadas y las calificó de terroristas. Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026. Una afirmación de esta gravedad exige saber cuántas fueron efectivamente expulsadas, cuántas de ellas lo fueron por causales de terrorismo (art. 29, Ley 25.871), cuántas tienen imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet)”, dijo el diputado.

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Ferraro precisó que había pedido que, en cada caso, se detalle si la calificación de terrorismo se hizo dentro del Repet y que el Gobierno explique qué información concreta la sustenta. “También solicitamos que informen si existen registros de extranjeros que ingresaron al país para ‘dinamitar el modelo argentino’, como sostuvo el Presidente, y qué denuncias se radicaron”, dijo Ferraro.




en LN+,pic.twitter.com/xSCeqgESDt,September 18, 2026,Javier Milei,SIDE,Conforme a

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