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POLITICA

Por qué Milei insulta a Lula

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Las relaciones internacionales, clásicamente, fueron relaciones entre Estados. Los presidentes se expresaban. al hablar y en la toma de decisiones. en representación de toda una nación. En los últimos tiempos, en Occidente, América Latina y la Argentina, esos vínculos internacionales ya no se rigen por el interés general de cada país. Más bien, nacen de facciones dentro de cada nación, que se asocian, contradicen o discuten con otras similares o distintas del otro país. Se constituyen “familias de partidos” que se convierten en el agente de aquellas relaciones exteriores. Dicha lógica, que domina el vínculo entre la Argentina y Brasil desde hace tiempo, reaparece en el conflicto entre Javier Milei y Lula da Silva.

El enfrentamiento cuenta con una superficie muy estridente, con base en los insultos de Milei hacia Lula. No es la primera vez que el mandatario argentino caracteriza de manera tan sombría a su colega brasileño. Debajo del “show” del conflicto, subyace un ajedrez muy relevante, que se juega a nivel regional y mundial. Milei y Lula, ambos son piezas de un juego mucho más amplio y global.

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Milei asistió al acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente que hoy está preso, que se celebró en el estadio Pacaembú de San Pablo. Flavio lleva adelante una carrera un poco accidentada, producto de varios escándalos de corrupción, como grabaciones que lo vinculan con un banquero complicado judicialmente y quien le estaría financiando la campaña.

La participación de Milei en ese lanzamiento ocurre tras su intento por visitar a Jair Bolsonaro en la cárcel. Se vio impedido de hacerlo luego de que un juez del Superior Tribunal Federal de Brasil impusiera mayores restricciones al exjefe de Estado. Sin embargo, Milei lo interpretó como una limitación personal. En consecuencia, durante la ceremonia, Milei calificó a Lula de corrupto y ladrón. Lo trató también de presidiario y cerró con un comentario contra Alexandre de Moraes, magistrado que había impedido su visita a Bolsonaro: lo llamó “basura calva”.

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El discurso del Presidente encendió una polémica de suma importancia con las autoridades brasileñas. Formularon dos respuestas. La primera fue del presidente del Superior Tribunal Federal, quien rechaza un agravio contra la Justicia local. La segunda, una determinación del propio Lula Da Silva a través de su canciller Mauro Vieira: llamó en consulta al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli. Es un paso previo a la ruptura de relaciones.

No es la primera vez que ocurre un hecho de esa naturaleza. Había sucedido con otro país relevante para la Argentina, con un gobierno del mismo signo político que el de Brasil: España. Milei había viajado a Madrid para asistir a un acto en apoyo a los candidatos de Vox. En esa tarea, se refirió al presidente Pedro Sánchez y su mujer, ambos vinculados a cuestiones de corrupción, como corruptos. A raíz de ello, la embajada española en Buenos Aires quedó vacante por un largo período de tiempo. Como Lula, Sánchez llamó a su embajadora en consulta. Pero ordenó que no regresara.

En Brasil no tienen intención de escalar el conflicto. Existe una hipersensibilidad respecto de los problemas con la Argentina. Desde siempre, los presidentes y los cancilleres brasileños privilegian aquel vínculo por la importancia que reviste para los intereses del propio país. La sede diplomática en Buenos Aires probablemente sea para Brasil la segunda más significativa en el mundo, después de Washington. A esto se suma que tanto el canciller Vieira como Bitelli son históricamente amigos de la Argentina. Vieira fue embajador en Buenos Aires antes de desempeñarse como embajador en los Estados Unidos, la ONU y como canciller brasileño. Bitelli, actual embajador en Buenos Aires, va por su tercera misión en territorio argentino. Conocen muy bien al país, lo que podría representar un inconveniente para Milei.

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La historia comienza con un entrevero de ambos lados. En su momento, Lula da Silva visitó a Joe Biden en la Casa Blanca, cuando Milei se candidateaba a la presidencia. En esa ocasión, Lula le dijo a Biden, a propósito de la irrupción de La Libertad Avanza en el escenario electoral, que en la Argentina peligraba la democracia. A ello se agrega que, cuando la campaña de Sergio Massa naufragaba, apareció al lado del exministro de Economía un equipo profesional y agresivo que había asesorado a Lula también durante los comicios. Milei interpretó que esa jugada había sido orquestada por el mismo brasileño. El Gobierno de Brasil sostuvo siempre que fue Massa quien contrató a aquel grupo de personas después de evaluar lo que hicieron durante la campaña de Lula. Lo que sí es cierto es que el jefe de Estado brasileño recibió a Massa en Brasilia como un amigo al que quería destacar. En ambos países existe la tendencia de que los mandatarios jueguen un partido en la polémica política del otro.

Un dato que hay que recordar. Durante los gobiernos de Milei y Lula, Brasil se hizo cargo de los intereses de nuestro país en Venezuela, cuando Nicolás Maduro perseguía a los diplomáticos argentinos en Caracas. En ese entonces, Lula olvidó los agravios de Milei y repitió la misma conducta de Brasil respecto de la Argentina en un escenario mucho más dramático: durante la Guerra de Malvinas, Brasil se convirtió también en el representante de los intereses argentinos en Londres.

Hoy Lula está lanzado a la reelección. Compite, según las encuestas, con ventaja respecto de Flavio Bolsonaro -48% contra 43%, respectivamente-. Todos los sondeos de la región presentan sin embargo un problema: menosprecian o no logran fehacientemente capturar el verdadero caudal de votos de la derecha. De ganar Lula, el conflicto se mantendrá. La discusión, en todo caso, pasa por determinar si esta riña es conveniente o no para los intereses de la Argentina. Actualmente, con independencia del resultado, medio país, la Argentina de Milei, está peleada con otro medio país, el Brasil de Lula.

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La película es mucho más amplia. En principio, hay un juego de Milei en la región, que nació de la cabeza del “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo: convertir al Presidente en un agente de una política favorable a Trump dentro de América Latina. Esta postura fue adoptada por Cancillería, y tiene por objeto formar una liga pro-Trump en la que debería estar una decena de países. Entre ellos, El Salvador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, ahora Colombia y la Argentina. Dichas naciones servirían de apoyo al presidente de Estados Unidos en su doctrina “Donroe”, réplica de la doctrina Monroe de la década del ‘20 del siglo XIX, que consistía en el siguiente axioma: “América para los americanos”. Milei sirve a esta idea en su intento por conformar esta liga, en clara contradicción con China.

Aquel armado sufre tres restricciones. La idea “América para los americanos” no cuenta con la adhesión de Brasil, México -con Claudia Shenibaum- y Canadá -con Mark Carney-. Son tres límites claros en los tres países más importantes del continente. Es esta la razón por la que el resultado electoral de octubre en Brasil es crucial en este juego. Si Donald Trump quiere tener una plataforma de respaldo a su política en contra de China, nación que ha mostrado grandes avances en América Latina, debe lograr que cambie el signo político del gobierno brasileño. En función de esa estrategia el mandatario estadounidense recibió en el Salón Oval al mismo Flavio Bolsonaro. Falta ver si los insultos de Milei a Lula lo perjudican en un país muy celoso de su autonomía, o lo beneficia. Carney en Canadá, por ejemplo, ganó después de venir perdiendo en las encuestas gracias a los ataques de Donald Trump.

Es de tal dimensión la jugada que resultó en un fenómeno de extrema rareza. En la mañana del lunes, China intervino en el conflicto. La agencia oficial de noticias china informó sobre un pronunciamiento de Xi Jinping sobre el conflicto entre Milei y Lula, en el que reivindicó el derecho de Brasil a no tener injerencias externas en su política. Alentó además una mayor coordinación bilateral y multilateral con Brasil. Por último, felicitó a Brasil por su papel en función de la seguridad y estabilidad internacional “en un momento de volatilidad”, que refiere a la inestabilidad que introduce Trump con guerras como la de Irán.

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China acaba de pronunciarse sobre el conflicto en el Mercosur. Lo que está diciendo es: sabemos que no es Milei contra Lula, sino Trump contra nosotros; que el escenario brasileño es un campo de batalla global que los involucra porque quieren ser un actor global con intereses en América Latina.

El gobierno brasileño denuncia que, en su adhesión a Trump, Bolsonaro ya está prometiendo negocios vinculados con la tensión internacional entre EE.UU. y China. Entre otras cosas, le ofrece tierras raras, que son objeto de disputa minera porque constituyen un insumo principal de la industria tecnológica. También propone algo importantísimo y muy dañino para Brasil si se concretara: arancel cero para el etanol. La industria del etanol alimenta todo el mercado automotor brasileño, por lo que esa medida representaría un gran desafío para la economía de ese país.

Además, Bolsonaro ofrece a Trump algo que también propone la Argentina: un sesgo muy antichino en su política comercial y, en general, en su política exterior. No hay que olvidar que Brasil integra el grupo Brics junto con Rusia, la India y Sudáfrica, entre otros, y que ese grupo es liderado por China.

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Quiere decir que hay un juego geopolítico en el que el conflicto entre China y Estados Unidos se proyecta sobre Sudamérica y tiene como interlocutores enfrentados a Lula y Milei. Milei está jugando ese partido. Esto permite entender mejor por qué actúa así. No se debe sólo a razones temperamentales. Hay una lógica detrás de esa decisión, vinculada con cierta fragilidad que experimenta el Gobierno ante la opinión pública. Esa fragilidad conecta con lo financiero y, a su vez, lo financiero conecta con Trump.

El índice de confianza en el Gobierno, publicado este lunes, registró una caída del 6,5% en julio respecto de junio y se ubicó en 1,94. Este indicador, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, va de 0 a 5. Traducido a porcentaje, equivale aproximadamente a un 38,8%. Este dato es relevante porque, por una correlación que se mantiene desde hace muchos años, si hoy hubiera elecciones, el Gobierno sacaría, según este indicador, el 38,8% de los votos. Estaría por debajo del 40% y tendría que ir a un balotaje.

Este dato es la última manifestación de una serie de índices que, como informó la Universidad Torcuato Di Tella, muestran que desde diciembre de 2025 hasta ahora la confianza pública en el Gobierno cayó un 21,5%. Es decir, existe un retroceso importante y sistemático de la administración de Milei.

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En comparación con lo registrado durante el gobierno de Mauricio Macri, uno podría preguntarse si este índice mostrará una evolución similar a la que tuvo durante esa gestión, que comenzó a caer en 2018 y siguió haciéndolo hasta dejar el poder, aunque remontó al final pero no le alcanzó para ser reelegido. ¿O tendrá una evolución similar a la de Cristina Kirchner, cuyo índice cayó desde 2009, pero se recuperó a partir de 2010, hasta que ganó las elecciones de 2011 con el 54% de los votos? Por ahora, la curva de Milei sigue casi de manera calcada a la de Macri e incluso un poco por debajo. Habrá que ver si rebota como la de Cristina Kirchner o continúa cayendo.

Macri corría con una desventaja: enfrentaba a un peronismo todavía organizado, que terminó ofreciendo una alternativa con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Milei cuenta con una ventaja enorme: la oposición permanece paralizada.

Estamos ante un gobierno que sufre un deterioro sistemático en la opinión pública. Esto también aparece en una encuesta de Poliarquía, la consultora que lidera Alejandro Catterberg, cuyo trabajo fue muy considerado durante los últimos diez días por el establishment.

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En cuanto a la aprobación presidencial, el 57% desaprueba la gestión y el 42% la aprueba. La evolución entre enero y julio de 2026 muestra una caída de la aprobación de Milei: pasó del 51% en enero a 42% en julio. El descenso más significativo se produjo entre marzo y abril. La desaprobación siguió el recorrido inverso: fue del 48% al 57%. Esto muestra un problema que el Gobierno obviamente observa y que probablemente genere ansiedad por el efecto de la política económica sobre la economía real, aunque también importa analizarlo desde otro punto de vista.

En cualquier encrucijada electoral es fundamental saber si la gente quiere continuidad o cambio. El 33% se inclina por la continuidad y el 66%, por un cambio. Sin embargo, el dato puede resultar engañoso desde el punto de vista político: si quienes desean un cambio no logran unificar esa expectativa detrás de un candidato predominante y la oferta queda muy fragmentada, puede imponerse una opción de continuidad que esté unificada. Por eso, el dato debe combinarse con la oferta electoral disponible. Por eso, para el Gobierno debería ser importante dividir a la oposición y unificar el frente oficialista, exactamente lo contrario de lo que suele hacer en sus peleas con Pro y con otros actores afines a su electorado.

¿Qué tiene que ver todo esto con los insultos a Lula? Si se mantiene un 66% que busca un cambio y ese porcentaje de votantes termina inclinándose, por vocación o resignación, por un candidato populista, aparece el riesgo de un cambio en la política económica. Además, para el próximo año aparece la incertidumbre respecto de si el Gobierno tendrá suficientes dólares para responder a quienes desconfíen de la situación económica de la Argentina, incluso siendo partidarios del espacio libertario.

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Luis Caputo, el ministro de Economía, recibió este lunes una noticia que no se sabe si festejará: Kristalina Georgieva dijo que la Argentina no necesita más ayuda financiera. Frente al escenario planteado, no está claro que la declaración sea alentadora. Caputo presentó un programa financiero para transmitir tranquilidad y asegurar que el año próximo se pagarán los bonos. Según su planteo, los inversores renovarán sus títulos en lugar de reclamar el dinero y el Banco Central tendrá suficientes dólares para entregárselos al Tesoro, a cambio de pesos, de modo que pueda afrontar los vencimientos.

La pregunta es si el escenario que presenta Caputo contempla la amenaza de un candidato, como podría ser Axel Kicillof, que puede crecer frente a ese electorado que pretende un cambio. Si aparece, ¿nadie irá a comprar dólares? ¿Todos renovarán su deuda con el Estado? ¿O se necesitará más dinero? Es decir, Caputo parece querer tranquilizar al mercado con un plan financiero presentado para un escenario de absoluta calma. Para eso no se necesita un plan financiero, sino para la hipótesis de que exista un riesgo. En ese caso, las cuentas no están cubiertas y haría falta salir al mercado a pedir dinero o recurrir nuevamente a la billetera de Trump.

Aquí aparece lo que probablemente rige la política exterior y regional de Milei. La decisión de armarle a Trump un club de trumpistas e intervenir en la política brasileña para que gane Bolsonaro y el mandatario estadounidense tenga un aliado importante está pensada a la luz de la principal necesidad de un país como la Argentina: dólares. Y los dólares los tiene Trump. Habrá que ver cómo le va en sus propias elecciones, porque sería problemático que volviera a darle a la Argentina un cheque como el del año pasado, ante un escenario electoral similar o incluso más complejo.

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Hay otro capítulo vinculado con el exterior y tiene que ver con un Estado dentro del Estado: la AFA. La semana pasada trascendió que le retuvieron los celulares a Chiqui Tapia en Nueva York. La AFA desmintió la información y afirmó que eso no había ocurrido. Sin embargo, fuentes muy conocedoras del tema sostienen que sí se los retuvieron. Otra cuestión es si eran los aparatos que usa habitualmente o si esos quedaron en Buenos Aires y él usaba en EE.UU. uno inocuo.

La noticia está vinculada con el avance de las investigaciones en Estados Unidos sobre maniobras relacionadas con la AFA y dinero que pasó por bancos de ese país, lo que habilita su jurisdicción. También trascendió que este jueves un testigo clave aportará datos ante el gran jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida sobre esos movimientos. Están relacionados principalmente con una sociedad de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, ambos muy cercanos a Tapia y todavía más a Pablo Toviggino, dentro de un circuito de relaciones que incluye a Sergio Massa.

Lo importante, en términos generales, es que, si la investigación avanza y los dirigentes de la AFA y sus socios terminan acusados, podría solicitarse su extradición. Tendrían que declarar, ser investigados y eventualmente cumplir algún tipo de prisión preventiva en Estados Unidos. Por eso es fundamental cómo avanzan sus causas en la Argentina. Si un juez los acusara, investigara y eventualmente procesara aquí por los mismos delitos que analiza la Justicia estadounidense, podrían quedar retenidos en el país y evitar la extradición.

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Por lo tanto, es crucial el destino judicial de Tapia, Toviggino, Faroni y los demás investigados en la Argentina. Ellos buscan denodadamente que la Cámara Federal de Casación Penal derive el expediente al juez Adrián González Charvay, de Campana, a quien los imputados consideran un magistrado amigo. La cuestión se resolverá el 12 de agosto y estará en manos de dos jueces. Uno es Mariano Borinsky, quien había considerado que la Cámara de Casación Penal no tenía competencia para intervenir, pero cambió de opinión cuando se planteó enviar la causa a González Charvay. El otro es Diego Barroetaveña, que fue presidente del Tribunal de Ética de la AFA hasta que estalló el escándalo. Algunas personas muy desconfiadas sostienen que todavía ocupa ese cargo y que solo borraron su nombre de la página web de la entidad. Lo más probable es que no sea así y que le hayan aceptado la renuncia.

Alrededor de todo esto comienza a circular información del submundo. La palabra clave es pendrive Dicen que Juan Pablo Beacon, antiguo colaborador de Toviggino que luego se peleó con él, tiene uno, y que el juez Ariel Lijo obtuvo otro por una vía diferente. Allí podría haber información sobre los viajes de algún camarista de Casación a Miami y su alojamiento en departamentos de lujo de Sunny Isles y de Aventura, pertenecientes a personas involucradas en estas causas. ¿Le tomaron fotos y lo filmaron a este juez? ¿Asistió a partidos de fútbol invitado por Tapia o Toviggino en Estados Unidos? Es información muy inquietante que puede preocupar al magistrado que probablemente deba intervenir en estos asuntos.

Mientras tanto, existe una gran lupa sobre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por sus relaciones con la AFA y por la influencia concreta que puede ejercer en la designación de magistrados. En momentos en que deben cubrirse 300 vacantes judiciales, podrían llegar personas afines al mundo de la AFA a tribunales que luego recibirán esas causas.

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Mahiques le concedió una entrevista en a Hernán Cappiello, en la que afirmó: “No conozco a Tapia”. Cuando fue consultado concretamente por las causas de la AFA y su capacidad de influir, respondió: “Me sorprende cómo sigo perdiendo tiempo de mi gestión contestando este tipo de preguntas. Lo vuelvo a repetir: no conozco a Claudio Tapia”. No dice nada de Toviggino, en cuya mansión atribuida habría festejado su cumpleaños Carlos Mahiques, padre del ministro y juez de Casación.

Juan Bautista Mahiques hizo esa declaración negando conocer a Tapia el 24 de julio. Sin embargo, apenas unos meses antes, cuando asumió como ministro de Justicia, ante una pregunta sobre su relación con la AFA, le había dicho esto a Luis Majul en LN+: “Conozco a muchos dirigentes del fútbol, lo he dicho en este canal hace dos o tres días, en dos o tres entrevistas que tuve. Yo juré como fiscal general de la ciudad de Buenos Aires e inmediatamente creé, entre otras, la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos. Esa fiscalía tenía que investigar la violencia en el fútbol. A partir de ahí firmé convenios con todos los presidentes de todos los clubes”.

Inmediatamente, se le consultó si tenía relación previa con Tapia o Toviggino. “Sí, los conocía de antes. Yo había estado en el Tribunal de Resolución de Disputas de la FIFA en 2016”, respondió. Es decir, fue funcionario de Tapia y Toviggino. A este último, según dicen, lo llama “Tovi”. No sabemos si Mahiques realizó viajes en el avión atribuido a Toviggino. En los tribunales se sostiene que los abogados del dirigente del fútbol, especialmente Ignacio Jakim, eran recomendados por Mahiques antes de que estallaran los escándalos.

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Lo curioso es que ahora diga que no lo conoce, cuando hace tres meses había afirmado lo contrario, y que además se conozca que como autoridades de la universidad de la AFA figuran Claudio Tapia, Alberto Barbieri y, hasta hace muy poco tiempo, Juan Bautista Mahiques. Es decir, no solo fue funcionario de la entidad y la representó ante un tribunal de la FIFA, sino que también integró su propia universidad, que está presidida por Chiqui Tapia.

Es interesante la captura del Poder Judicial por parte de sectores ligados a la corrupción. Mahiques niega tener relación con ese tipo de captura. Habrá que observar cómo se desarrollan los hechos: si se garantiza la profundización de las investigaciones o si, gracias a todos estos contactos negados, se tiende una vez más un manto de impunidad.




Carlos Pagni,Javier Milei,Lula da Silva,LN+,,Conforme a

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POLITICA

Venta de tierras a extranjeros: constitucionalistas advierten que una decisión del Congreso sería la mejor solución a la tensión entre poderes

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Un decreto del Poder Ejecutivo que derogó una ley, un rechazo del Senado y un fallo de la Corte Suprema desataron la tensión entre los tres poderes del Estado.

El máximo tribunal dejó ayer sin efecto, en la práctica, los límites a la venta de tierras a extranjeros al restituir la vigencia de un artículo del megadecreto 70/2023 de Javier Milei. Tras el fallo, constitucionalistas consultados por coincidieron en que el desenlace de este choque de poderes está en manos del Legislativo. Solo una decisión del Congreso podría ponerle fin.

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En rigor, la Corte Suprema devolvió vigencia al artículo 154 del decreto 70/2023 que estableció la derogación de la Ley de Tierras que fijó límites a la venta de tierras a extranjeros.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata había declarado la inconstitucionalidad del artículo, pero Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimado para demandar en este caso y, así, restituyeron el artículo 154 y, en los hechos, quitaron los límites a la venta de tierras a extranjeros.

En el universo legislativo, el Senado había rechazado el DNU 70 en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados nunca trató el decreto y, en consecuencia, la norma de Milei mantuvo su vigencia, dado que para anular un DNU se requiere el rechazo de ambas cámaras. El fallo de la Corte desató ayer la reacción de los diputados de la oposición, que por estas horas intentan organizarse para derogar definitivamente el decreto.

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Para los constitucionalistas consultados, la clave está en el Congreso. El propio fallo de la Corte aclara que su decisión no implica “interferencia alguna sobre la intervención del Poder Legislativo contemplada en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional [la facultad del Congreso de considerar los DNU] respecto de la mencionada norma”.

Diputados de la oposiciónSantiago Filipuzzi

Dos mecanismos legislativos podrían ser la vía, de acuerdo a distintos constitucionalistas:

El Senado avanzó en el rechazo del DNU en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados jamás tomó la posta. Legisladores como Cecilia Moreau (Unión por la Patria) y Esteban Paulón (Provincias Unidas) llamaron ahora a derogar el decreto en la Cámara baja.

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Ante la consulta de , Pablo Salinas, politólogo especialista en asuntos parlamentarios, detalló que si la oposición en Diputados prosperara con esa jugada, el DNU 70/2023 caería definitivamente. A su vez, explicó que la anulación desecharía el decreto en su totalidad. Y sumó que el tratamiento de los DNU en el Congreso no se rige por los plazos de vigencia de los proyectos de ley. Es decir, el rechazo del Senado que data de marzo de 2024 no perdió estado parlamentario y Diputados lo podría tratar “en cualquier momento”.

El constitucionalista Diego Armesto indicó que el considerando 9° del fallo de la Corte, aquel que destaca la facultad del Congreso de rechazar el DNU, es un mensaje central del fallo, al indicar que “falta el control político que nunca terminó” de ejercer el Congreso.

Al respecto, la constitucionalista Lorena González Tocci dijo en X que era preciso “modificar la nefasta ley 26.122″, que requiere que las dos cámaras del Congreso rechacen un DNU para que caiga y que dispone que el decreto siga en pie incluso con el rechazo de la Cámara de Diputados o del Senado, como ocurre en este caso.

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“Lo mejor es una nueva ley que derogue [el artículo 154]”, consideró Daniel Sabsay, especialista en derecho constitucional. “De todas maneras, el conflicto entre poderes está planteado”, afirmó.

Andrés Gil Domínguez evaluó que el máximo tribunal “esfumó” la división de poderes y precisó que una iniciativa de este calibre debería circunscribirse a dos artículos: uno que derogue el 154 del DNU 70 y otro que reponga la Ley de Tierras. Este es el “camino más fácil”, apuntó. Una nueva norma dejaría atrás el fallo de la Corte.

Los abogados también mencionaron otras alternativas menos robustas, aunque posibles, como la incorporación de límites a la extranjerización de tierras en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Se trata de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que en agosto pasado logró la aprobación del Senado, pero aún no fue tratada en Diputados.

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Marcha por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privadaHernan Zenteno –

El proyecto original eliminaba el tope a la venta de tierras a extranjeros. Tras una fuerte presión política y callejera, el Gobierno debió retirar el capítulo de extranjerización de tierras. Ahora, barajan algunos, la oposición podría restituir los límites en la Cámara baja y devolver el proyecto al Senado.

Sin vía judicial

La resistencia a la anulación de la Ley de Tierras depende del Congreso, dado que –argumentan constitucionalistas– la Corte cierra la puerta, en la práctica, a nuevos reclamos judiciales, por lo que esta vía quedaría desechada virtualmente.

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Gil Domínguez se refirió a la “trampa formalista” de la Corte. Explicó que, si bien el tribunal dice que no falla sobre el fondo de la cuestión (“el presente pronunciamiento no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154”), argumenta que la soberanía territorial solo corresponde al Estado. De esta forma, le “obtura a cualquiera” el camino judicial, alegó.

En la misma línea, Alejandro Carrió puntualizó: “Si esta organización no tiene legitimación, ¿quién tendría la facultad para llevar a la Justicia un planteo de inconstitucionalidad por esta norma? La Corte no plantea eso. Me cuesta imaginar a qué actor le va a estar permitido”.

Patricia Bullrich saluda a los integrantes de la Corte Suprema en la 144 apertura de sesiones ordinarias de 2026Comunicacion Senado

Sabsay coincidió en que sería “difícil” que el máximo tribunal se pronunciara en una dirección opuesta ante otro demandante.

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Félix Lonigro agregó: “De acuerdo al argumento que usó, la Corte le va a rechazar el planteo a todo el mundo porque dice que la defensa de la soberanía no es un derecho colectivo, sino una facultad estatal”.

De todos modos, los constitucionalistas no descartan absolutamente que la Corte pudiera declarar la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto al expresarse sobre el fondo ante otro caso.

Juan Vicente Sola dijo que la Corte Suprema evitó “ingresar sobre el fondo” del planteo, pero que sin dudas consideró la “razonabilidad” de la derogación de la Ley de Tierras vigente desde 2011, que establece un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras (en Nación, provincias y municipios). Sola afirmó: “La Corte en muchos casos decide por la cuestión más sencilla (no necesariamente ingresa sobre el fondo). No tengo duda de que, aunque no lo dijeron, los jueces de la Corte consideraron la razonabilidad de la norma que prohibía [la ley de tierras]”.

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POLITICA

La oposición busca forzar una sesión especial en Diputados para declarar inconstitucional el DNU que habilita la venta de tierras a extranjeros

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Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto la medida cautelar que interrumpía la derogación de la Ley de Tierras, la oposición busca forzar una sesión especial en Diputdos, en contra del DNU 70/2023.

La Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas empezó a tratarse hoy en las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y de Legislación Penal, conducidas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.

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El diputado Martín Lousteau de Provincias Unidas expresó: “Creo que la Corte, más allá de lo jurídico, muestra una desconexión con el sentir de la sociedad que se manifestó de manera muy contundente con la ley de extranjerización de tierras, que el Senado acaba de no convalidar, de rechazar. Entonces, me parece que hay una desconexión profunda”.

“Yo creo que es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/23, lo terminemos de dar de baja”, agregó el diputado de la UCR.

En esa misma línea, añadió: “Yo ya lo voté en el Senado de forma negativa, voy a estar muy contento de poder votarlo en forma negativa de nuevo porque es profundamente inconstitucional”.

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El bloque de Unión por la Patria en Diputados es liderado por Germán Martínez (Foto: Facebook @germanmartinezsantafe).

Desde el peronismo, el diputado Sebastián Galmarini expresó: “Sería muy importante que el Senado sancione la reforma a la ley 26.122 de trámite legislativo de los DNU, para que los Decretos no tengan plena vigencia sin la expresa aprobación de ambas cámaras”.

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Un gremio aliado de Kicillof se desmarcó y lanzó un inédito paro provincial con una larga serie de reclamos

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tendrá la semana próxima un inédito desafío de un sindicato aliado, que pondrá en marcha un paro contra su gestión, con movilización incluida, en reclamo de pases a planta permanente y mejoras salariales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, que respalda al mandatario en su apuesta electoral, le envió una nota con sus demandas al ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, en la que anuncia una huelga el próximo miércoles, 7 de octubre.

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En una nota presentada ayer, con las firmas de Claudio Arévalo (secretario general) y Eliana Aguirre (secretaria general adjunta), ATE bonaerense le comunicó a Correa que el sindicato “convoca a paro nacional con movilización a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el miércoles 7 de octubre del corriente año”.

El referente principal de ATE en la provincia de Buenos Aires es Oscar De Isasi, quien fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la boleta de Fuerza Patria, en las elecciones del año pasado. Ocupó el puesto 23º y no accedió a una banca. El 2 de marzo, el sindicato hizo un paro en la provincia de Buenos Aires, pero en el marco de una jornada nacional de lucha de ATE. Fue una protesta en la que coincidió el Suteba (que aún conducía Roberto Baradel, también aliado de Kicillof), en la que se responsabilizó al presidente Javier Milei por asfixiar a la provincia y no permitirle ofrecer mejores sueldos.

Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerenseVICTORIA GESUALDI

En su reclamo, el sindicato estatal subraya responsabilidades del gobierno nacional para, en ese contexto, enumerar sus demandas a la administración de su aliado Kicillof. “En el marco del ajuste que impulsa el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y de su impacto sobre las provincias, entendemos que el proyecto de presupuesto de la provincia de Buenos Aires debe contemplar recursos y políticas que permitan garantizar los derechos de las y los trabajadores estatales, fortalecer el Estado provincial y sostener las políticas públicas”, advirtió el gremio en su nota dirigida a Correa.

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ATE bonaerense enumeró siete reclamos al gobierno de Kicillof. Primero, solicitó “la creación de los cargos necesarios para terminar con la precarización laboral en la provincia de Buenos Aires, incorporando a planta permanente a los trabajadores que se encuentran bajo modalidades de contratación precaria”. En segundo término, pidió subir ”la presión impositiva sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, destinando esos recursos a la recuperación y mejora de los salarios de los trabajadores estatales bonaerenses».

En el tercer punto de su nota al ministro de Trabajo, la seccional bonaerense de ATE incluyó un pedido que agita desde hace meses la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), que activó ya varias protestas contra Kicillof en rutas de Cañuelas y Bahía Blanca, entre otros puntos. “Mayores recursos para la conformación del Consejo del Salario Municipal, garantizando una herramienta institucional que permita avanzar en la discusión y mejora de las condiciones salariales” de los municipales.

Los representantes de ATE y otros sindicatos estatales bonaerenses, el jueves pasado, en reunión paritaria con el gobierno provincialATE PBA

Las restantes demandas de uno de los gremios estatales bonaerenses son “el fortalecimiento de la carrera administrativa” con la plena implementación “de un convenio colectivo de trabajo”; la aplicación de un “boleto gratuito” para los estatales que trabajen en las áreas de educación y salud; “la incorporación de mayor cantidad de personal” en áreas como salud, educación y niñez, y “el fortalecimiento de las políticas públicas provinciales” para amortiguar “el impacto social y económico que generan las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional”.

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consultó al Ministerio de Trabajo provincial sobre el conflicto planteado por ATE bonaerense, pero no recibió respuestas.

El jueves de la semana pasada, ATE y el resto de los sindicatos estatales de la provincia retomaron la discusión paritaria con el gobierno de Kicillof. A la espera de una propuesta de aumento, el sindicato que conduce Arévalo informó que “planteó la necesidad de recuperar el poder adquisitivo que viene perdiendo el salario de las y los estatales producto de las medidas de ajuste del gobierno nacional”.

ATE integra la Central de Trabajadores de la Argentina (en su vertiente denominada Autónoma), organización de sindicatos que anunció una medida de fuerza nacional para fines de octubre.

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En otro conflicto que afecta a Kicillof, mañana los sindicatos docentes de la provincia harán paro para reclamar medidas contra los ataques sufridos por docentes, que se multiplicaron en las últimas semanas. Convocan los gremios Suteba, AMET, FEB y Udocba. El martes, tras la agresión de una madre de una alumna a un maestro en la escuela 36 del barrio San José, en el partido de Almirante Brown, los sindicatos hicieron un paro distrital. A ese hecho, se sumó en las últimas horas otra agresión a un docente en Trenque Lauquen.




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