POLITICA
Por qué Milei insulta a Lula

Las relaciones internacionales, clásicamente, fueron relaciones entre Estados. Los presidentes se expresaban. al hablar y en la toma de decisiones. en representación de toda una nación. En los últimos tiempos, en Occidente, América Latina y la Argentina, esos vínculos internacionales ya no se rigen por el interés general de cada país. Más bien, nacen de facciones dentro de cada nación, que se asocian, contradicen o discuten con otras similares o distintas del otro país. Se constituyen “familias de partidos” que se convierten en el agente de aquellas relaciones exteriores. Dicha lógica, que domina el vínculo entre la Argentina y Brasil desde hace tiempo, reaparece en el conflicto entre Javier Milei y Lula da Silva.
El enfrentamiento cuenta con una superficie muy estridente, con base en los insultos de Milei hacia Lula. No es la primera vez que el mandatario argentino caracteriza de manera tan sombría a su colega brasileño. Debajo del “show” del conflicto, subyace un ajedrez muy relevante, que se juega a nivel regional y mundial. Milei y Lula, ambos son piezas de un juego mucho más amplio y global.
Milei asistió al acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente que hoy está preso, que se celebró en el estadio Pacaembú de San Pablo. Flavio lleva adelante una carrera un poco accidentada, producto de varios escándalos de corrupción, como grabaciones que lo vinculan con un banquero complicado judicialmente y quien le estaría financiando la campaña.
La participación de Milei en ese lanzamiento ocurre tras su intento por visitar a Jair Bolsonaro en la cárcel. Se vio impedido de hacerlo luego de que un juez del Superior Tribunal Federal de Brasil impusiera mayores restricciones al exjefe de Estado. Sin embargo, Milei lo interpretó como una limitación personal. En consecuencia, durante la ceremonia, Milei calificó a Lula de corrupto y ladrón. Lo trató también de presidiario y cerró con un comentario contra Alexandre de Moraes, magistrado que había impedido su visita a Bolsonaro: lo llamó “basura calva”.
El discurso del Presidente encendió una polémica de suma importancia con las autoridades brasileñas. Formularon dos respuestas. La primera fue del presidente del Superior Tribunal Federal, quien rechaza un agravio contra la Justicia local. La segunda, una determinación del propio Lula Da Silva a través de su canciller Mauro Vieira: llamó en consulta al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli. Es un paso previo a la ruptura de relaciones.
No es la primera vez que ocurre un hecho de esa naturaleza. Había sucedido con otro país relevante para la Argentina, con un gobierno del mismo signo político que el de Brasil: España. Milei había viajado a Madrid para asistir a un acto en apoyo a los candidatos de Vox. En esa tarea, se refirió al presidente Pedro Sánchez y su mujer, ambos vinculados a cuestiones de corrupción, como corruptos. A raíz de ello, la embajada española en Buenos Aires quedó vacante por un largo período de tiempo. Como Lula, Sánchez llamó a su embajadora en consulta. Pero ordenó que no regresara.
En Brasil no tienen intención de escalar el conflicto. Existe una hipersensibilidad respecto de los problemas con la Argentina. Desde siempre, los presidentes y los cancilleres brasileños privilegian aquel vínculo por la importancia que reviste para los intereses del propio país. La sede diplomática en Buenos Aires probablemente sea para Brasil la segunda más significativa en el mundo, después de Washington. A esto se suma que tanto el canciller Vieira como Bitelli son históricamente amigos de la Argentina. Vieira fue embajador en Buenos Aires antes de desempeñarse como embajador en los Estados Unidos, la ONU y como canciller brasileño. Bitelli, actual embajador en Buenos Aires, va por su tercera misión en territorio argentino. Conocen muy bien al país, lo que podría representar un inconveniente para Milei.
La historia comienza con un entrevero de ambos lados. En su momento, Lula da Silva visitó a Joe Biden en la Casa Blanca, cuando Milei se candidateaba a la presidencia. En esa ocasión, Lula le dijo a Biden, a propósito de la irrupción de La Libertad Avanza en el escenario electoral, que en la Argentina peligraba la democracia. A ello se agrega que, cuando la campaña de Sergio Massa naufragaba, apareció al lado del exministro de Economía un equipo profesional y agresivo que había asesorado a Lula también durante los comicios. Milei interpretó que esa jugada había sido orquestada por el mismo brasileño. El Gobierno de Brasil sostuvo siempre que fue Massa quien contrató a aquel grupo de personas después de evaluar lo que hicieron durante la campaña de Lula. Lo que sí es cierto es que el jefe de Estado brasileño recibió a Massa en Brasilia como un amigo al que quería destacar. En ambos países existe la tendencia de que los mandatarios jueguen un partido en la polémica política del otro.
Un dato que hay que recordar. Durante los gobiernos de Milei y Lula, Brasil se hizo cargo de los intereses de nuestro país en Venezuela, cuando Nicolás Maduro perseguía a los diplomáticos argentinos en Caracas. En ese entonces, Lula olvidó los agravios de Milei y repitió la misma conducta de Brasil respecto de la Argentina en un escenario mucho más dramático: durante la Guerra de Malvinas, Brasil se convirtió también en el representante de los intereses argentinos en Londres.
Hoy Lula está lanzado a la reelección. Compite, según las encuestas, con ventaja respecto de Flavio Bolsonaro -48% contra 43%, respectivamente-. Todos los sondeos de la región presentan sin embargo un problema: menosprecian o no logran fehacientemente capturar el verdadero caudal de votos de la derecha. De ganar Lula, el conflicto se mantendrá. La discusión, en todo caso, pasa por determinar si esta riña es conveniente o no para los intereses de la Argentina. Actualmente, con independencia del resultado, medio país, la Argentina de Milei, está peleada con otro medio país, el Brasil de Lula.
La película es mucho más amplia. En principio, hay un juego de Milei en la región, que nació de la cabeza del “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo: convertir al Presidente en un agente de una política favorable a Trump dentro de América Latina. Esta postura fue adoptada por Cancillería, y tiene por objeto formar una liga pro-Trump en la que debería estar una decena de países. Entre ellos, El Salvador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, ahora Colombia y la Argentina. Dichas naciones servirían de apoyo al presidente de Estados Unidos en su doctrina “Donroe”, réplica de la doctrina Monroe de la década del ‘20 del siglo XIX, que consistía en el siguiente axioma: “América para los americanos”. Milei sirve a esta idea en su intento por conformar esta liga, en clara contradicción con China.
Aquel armado sufre tres restricciones. La idea “América para los americanos” no cuenta con la adhesión de Brasil, México -con Claudia Shenibaum- y Canadá -con Mark Carney-. Son tres límites claros en los tres países más importantes del continente. Es esta la razón por la que el resultado electoral de octubre en Brasil es crucial en este juego. Si Donald Trump quiere tener una plataforma de respaldo a su política en contra de China, nación que ha mostrado grandes avances en América Latina, debe lograr que cambie el signo político del gobierno brasileño. En función de esa estrategia el mandatario estadounidense recibió en el Salón Oval al mismo Flavio Bolsonaro. Falta ver si los insultos de Milei a Lula lo perjudican en un país muy celoso de su autonomía, o lo beneficia. Carney en Canadá, por ejemplo, ganó después de venir perdiendo en las encuestas gracias a los ataques de Donald Trump.
Es de tal dimensión la jugada que resultó en un fenómeno de extrema rareza. En la mañana del lunes, China intervino en el conflicto. La agencia oficial de noticias china informó sobre un pronunciamiento de Xi Jinping sobre el conflicto entre Milei y Lula, en el que reivindicó el derecho de Brasil a no tener injerencias externas en su política. Alentó además una mayor coordinación bilateral y multilateral con Brasil. Por último, felicitó a Brasil por su papel en función de la seguridad y estabilidad internacional “en un momento de volatilidad”, que refiere a la inestabilidad que introduce Trump con guerras como la de Irán.
China acaba de pronunciarse sobre el conflicto en el Mercosur. Lo que está diciendo es: sabemos que no es Milei contra Lula, sino Trump contra nosotros; que el escenario brasileño es un campo de batalla global que los involucra porque quieren ser un actor global con intereses en América Latina.
El gobierno brasileño denuncia que, en su adhesión a Trump, Bolsonaro ya está prometiendo negocios vinculados con la tensión internacional entre EE.UU. y China. Entre otras cosas, le ofrece tierras raras, que son objeto de disputa minera porque constituyen un insumo principal de la industria tecnológica. También propone algo importantísimo y muy dañino para Brasil si se concretara: arancel cero para el etanol. La industria del etanol alimenta todo el mercado automotor brasileño, por lo que esa medida representaría un gran desafío para la economía de ese país.
Además, Bolsonaro ofrece a Trump algo que también propone la Argentina: un sesgo muy antichino en su política comercial y, en general, en su política exterior. No hay que olvidar que Brasil integra el grupo Brics junto con Rusia, la India y Sudáfrica, entre otros, y que ese grupo es liderado por China.
Quiere decir que hay un juego geopolítico en el que el conflicto entre China y Estados Unidos se proyecta sobre Sudamérica y tiene como interlocutores enfrentados a Lula y Milei. Milei está jugando ese partido. Esto permite entender mejor por qué actúa así. No se debe sólo a razones temperamentales. Hay una lógica detrás de esa decisión, vinculada con cierta fragilidad que experimenta el Gobierno ante la opinión pública. Esa fragilidad conecta con lo financiero y, a su vez, lo financiero conecta con Trump.
El índice de confianza en el Gobierno, publicado este lunes, registró una caída del 6,5% en julio respecto de junio y se ubicó en 1,94. Este indicador, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, va de 0 a 5. Traducido a porcentaje, equivale aproximadamente a un 38,8%. Este dato es relevante porque, por una correlación que se mantiene desde hace muchos años, si hoy hubiera elecciones, el Gobierno sacaría, según este indicador, el 38,8% de los votos. Estaría por debajo del 40% y tendría que ir a un balotaje.
Este dato es la última manifestación de una serie de índices que, como informó la Universidad Torcuato Di Tella, muestran que desde diciembre de 2025 hasta ahora la confianza pública en el Gobierno cayó un 21,5%. Es decir, existe un retroceso importante y sistemático de la administración de Milei.
En comparación con lo registrado durante el gobierno de Mauricio Macri, uno podría preguntarse si este índice mostrará una evolución similar a la que tuvo durante esa gestión, que comenzó a caer en 2018 y siguió haciéndolo hasta dejar el poder, aunque remontó al final pero no le alcanzó para ser reelegido. ¿O tendrá una evolución similar a la de Cristina Kirchner, cuyo índice cayó desde 2009, pero se recuperó a partir de 2010, hasta que ganó las elecciones de 2011 con el 54% de los votos? Por ahora, la curva de Milei sigue casi de manera calcada a la de Macri e incluso un poco por debajo. Habrá que ver si rebota como la de Cristina Kirchner o continúa cayendo.
Macri corría con una desventaja: enfrentaba a un peronismo todavía organizado, que terminó ofreciendo una alternativa con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Milei cuenta con una ventaja enorme: la oposición permanece paralizada.
Estamos ante un gobierno que sufre un deterioro sistemático en la opinión pública. Esto también aparece en una encuesta de Poliarquía, la consultora que lidera Alejandro Catterberg, cuyo trabajo fue muy considerado durante los últimos diez días por el establishment.
En cuanto a la aprobación presidencial, el 57% desaprueba la gestión y el 42% la aprueba. La evolución entre enero y julio de 2026 muestra una caída de la aprobación de Milei: pasó del 51% en enero a 42% en julio. El descenso más significativo se produjo entre marzo y abril. La desaprobación siguió el recorrido inverso: fue del 48% al 57%. Esto muestra un problema que el Gobierno obviamente observa y que probablemente genere ansiedad por el efecto de la política económica sobre la economía real, aunque también importa analizarlo desde otro punto de vista.
En cualquier encrucijada electoral es fundamental saber si la gente quiere continuidad o cambio. El 33% se inclina por la continuidad y el 66%, por un cambio. Sin embargo, el dato puede resultar engañoso desde el punto de vista político: si quienes desean un cambio no logran unificar esa expectativa detrás de un candidato predominante y la oferta queda muy fragmentada, puede imponerse una opción de continuidad que esté unificada. Por eso, el dato debe combinarse con la oferta electoral disponible. Por eso, para el Gobierno debería ser importante dividir a la oposición y unificar el frente oficialista, exactamente lo contrario de lo que suele hacer en sus peleas con Pro y con otros actores afines a su electorado.
¿Qué tiene que ver todo esto con los insultos a Lula? Si se mantiene un 66% que busca un cambio y ese porcentaje de votantes termina inclinándose, por vocación o resignación, por un candidato populista, aparece el riesgo de un cambio en la política económica. Además, para el próximo año aparece la incertidumbre respecto de si el Gobierno tendrá suficientes dólares para responder a quienes desconfíen de la situación económica de la Argentina, incluso siendo partidarios del espacio libertario.
Luis Caputo, el ministro de Economía, recibió este lunes una noticia que no se sabe si festejará: Kristalina Georgieva dijo que la Argentina no necesita más ayuda financiera. Frente al escenario planteado, no está claro que la declaración sea alentadora. Caputo presentó un programa financiero para transmitir tranquilidad y asegurar que el año próximo se pagarán los bonos. Según su planteo, los inversores renovarán sus títulos en lugar de reclamar el dinero y el Banco Central tendrá suficientes dólares para entregárselos al Tesoro, a cambio de pesos, de modo que pueda afrontar los vencimientos.
La pregunta es si el escenario que presenta Caputo contempla la amenaza de un candidato, como podría ser Axel Kicillof, que puede crecer frente a ese electorado que pretende un cambio. Si aparece, ¿nadie irá a comprar dólares? ¿Todos renovarán su deuda con el Estado? ¿O se necesitará más dinero? Es decir, Caputo parece querer tranquilizar al mercado con un plan financiero presentado para un escenario de absoluta calma. Para eso no se necesita un plan financiero, sino para la hipótesis de que exista un riesgo. En ese caso, las cuentas no están cubiertas y haría falta salir al mercado a pedir dinero o recurrir nuevamente a la billetera de Trump.
Aquí aparece lo que probablemente rige la política exterior y regional de Milei. La decisión de armarle a Trump un club de trumpistas e intervenir en la política brasileña para que gane Bolsonaro y el mandatario estadounidense tenga un aliado importante está pensada a la luz de la principal necesidad de un país como la Argentina: dólares. Y los dólares los tiene Trump. Habrá que ver cómo le va en sus propias elecciones, porque sería problemático que volviera a darle a la Argentina un cheque como el del año pasado, ante un escenario electoral similar o incluso más complejo.
Hay otro capítulo vinculado con el exterior y tiene que ver con un Estado dentro del Estado: la AFA. La semana pasada trascendió que le retuvieron los celulares a Chiqui Tapia en Nueva York. La AFA desmintió la información y afirmó que eso no había ocurrido. Sin embargo, fuentes muy conocedoras del tema sostienen que sí se los retuvieron. Otra cuestión es si eran los aparatos que usa habitualmente o si esos quedaron en Buenos Aires y él usaba en EE.UU. uno inocuo.
La noticia está vinculada con el avance de las investigaciones en Estados Unidos sobre maniobras relacionadas con la AFA y dinero que pasó por bancos de ese país, lo que habilita su jurisdicción. También trascendió que este jueves un testigo clave aportará datos ante el gran jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida sobre esos movimientos. Están relacionados principalmente con una sociedad de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, ambos muy cercanos a Tapia y todavía más a Pablo Toviggino, dentro de un circuito de relaciones que incluye a Sergio Massa.
Lo importante, en términos generales, es que, si la investigación avanza y los dirigentes de la AFA y sus socios terminan acusados, podría solicitarse su extradición. Tendrían que declarar, ser investigados y eventualmente cumplir algún tipo de prisión preventiva en Estados Unidos. Por eso es fundamental cómo avanzan sus causas en la Argentina. Si un juez los acusara, investigara y eventualmente procesara aquí por los mismos delitos que analiza la Justicia estadounidense, podrían quedar retenidos en el país y evitar la extradición.
Por lo tanto, es crucial el destino judicial de Tapia, Toviggino, Faroni y los demás investigados en la Argentina. Ellos buscan denodadamente que la Cámara Federal de Casación Penal derive el expediente al juez Adrián González Charvay, de Campana, a quien los imputados consideran un magistrado amigo. La cuestión se resolverá el 12 de agosto y estará en manos de dos jueces. Uno es Mariano Borinsky, quien había considerado que la Cámara de Casación Penal no tenía competencia para intervenir, pero cambió de opinión cuando se planteó enviar la causa a González Charvay. El otro es Diego Barroetaveña, que fue presidente del Tribunal de Ética de la AFA hasta que estalló el escándalo. Algunas personas muy desconfiadas sostienen que todavía ocupa ese cargo y que solo borraron su nombre de la página web de la entidad. Lo más probable es que no sea así y que le hayan aceptado la renuncia.
Alrededor de todo esto comienza a circular información del submundo. La palabra clave es pendrive Dicen que Juan Pablo Beacon, antiguo colaborador de Toviggino que luego se peleó con él, tiene uno, y que el juez Ariel Lijo obtuvo otro por una vía diferente. Allí podría haber información sobre los viajes de algún camarista de Casación a Miami y su alojamiento en departamentos de lujo de Sunny Isles y de Aventura, pertenecientes a personas involucradas en estas causas. ¿Le tomaron fotos y lo filmaron a este juez? ¿Asistió a partidos de fútbol invitado por Tapia o Toviggino en Estados Unidos? Es información muy inquietante que puede preocupar al magistrado que probablemente deba intervenir en estos asuntos.
Mientras tanto, existe una gran lupa sobre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por sus relaciones con la AFA y por la influencia concreta que puede ejercer en la designación de magistrados. En momentos en que deben cubrirse 300 vacantes judiciales, podrían llegar personas afines al mundo de la AFA a tribunales que luego recibirán esas causas.
Mahiques le concedió una entrevista en a Hernán Cappiello, en la que afirmó: “No conozco a Tapia”. Cuando fue consultado concretamente por las causas de la AFA y su capacidad de influir, respondió: “Me sorprende cómo sigo perdiendo tiempo de mi gestión contestando este tipo de preguntas. Lo vuelvo a repetir: no conozco a Claudio Tapia”. No dice nada de Toviggino, en cuya mansión atribuida habría festejado su cumpleaños Carlos Mahiques, padre del ministro y juez de Casación.
Juan Bautista Mahiques hizo esa declaración negando conocer a Tapia el 24 de julio. Sin embargo, apenas unos meses antes, cuando asumió como ministro de Justicia, ante una pregunta sobre su relación con la AFA, le había dicho esto a Luis Majul en LN+: “Conozco a muchos dirigentes del fútbol, lo he dicho en este canal hace dos o tres días, en dos o tres entrevistas que tuve. Yo juré como fiscal general de la ciudad de Buenos Aires e inmediatamente creé, entre otras, la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos. Esa fiscalía tenía que investigar la violencia en el fútbol. A partir de ahí firmé convenios con todos los presidentes de todos los clubes”.
Inmediatamente, se le consultó si tenía relación previa con Tapia o Toviggino. “Sí, los conocía de antes. Yo había estado en el Tribunal de Resolución de Disputas de la FIFA en 2016”, respondió. Es decir, fue funcionario de Tapia y Toviggino. A este último, según dicen, lo llama “Tovi”. No sabemos si Mahiques realizó viajes en el avión atribuido a Toviggino. En los tribunales se sostiene que los abogados del dirigente del fútbol, especialmente Ignacio Jakim, eran recomendados por Mahiques antes de que estallaran los escándalos.
Lo curioso es que ahora diga que no lo conoce, cuando hace tres meses había afirmado lo contrario, y que además se conozca que como autoridades de la universidad de la AFA figuran Claudio Tapia, Alberto Barbieri y, hasta hace muy poco tiempo, Juan Bautista Mahiques. Es decir, no solo fue funcionario de la entidad y la representó ante un tribunal de la FIFA, sino que también integró su propia universidad, que está presidida por Chiqui Tapia.
Es interesante la captura del Poder Judicial por parte de sectores ligados a la corrupción. Mahiques niega tener relación con ese tipo de captura. Habrá que observar cómo se desarrollan los hechos: si se garantiza la profundización de las investigaciones o si, gracias a todos estos contactos negados, se tiende una vez más un manto de impunidad.
Carlos Pagni,Javier Milei,Lula da Silva,LN+,,Conforme a
POLITICA
El PRO condiciona un acuerdo electoral con Milei a una mayor articulación legislativa: “No puede ser solo para acompañar”

La negociación entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para construir un eventual acuerdo electoral rumbo al 2027 tiene una condición previa para el partido de Mauricio Macri: mejorar la articulación legislativa antes de avanzar en un entendimiento político y electoral.
Luego de la reunión que mantuvieron este martes en la Casa Rosada, en el PRO destacaron el buen diálogo con el Gobierno, aunque plantearon que la relación entre ambos espacios necesita traducirse en una coordinación concreta en el Congreso. “No puede haber acuerdo electoral si antes no hay articulación legislativa”, advirtieron desde el partido.
En el PRO buscan que la alianza de hecho que se sostiene en el Congreso tenga un correlato en la labor parlamentaria. La intención es que exista una instancia previa de discusión con sus aliados parlamentarios y que no reciban los proyectos del oficialismo al mismo tiempo que la oposición dura, como el peronismo.
“Si somos los aliados y quieren que los defendamos, tiene que haber articulación legislativa previa”, es el planteo que transmiten desde el espacio.
POLITICA
La alternativa que ya evalúan los intendentes ante un escenario incierto por las reelecciones indefinidas

“El tiempo pasa y cada uno debería empezar a trabajar en quién va a ser el candidato de cada municipio. Me parece una buena oportunidad para que los intendentes ocupen los lugares de los diputados y senadores seccionales y de la Cámara de Diputados”. Las palabras del jefe político de Avellaneda, Jorge Ferraresi, plantean un escenario acaso novedoso para el destino político de más de 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires que, de no modificarse la ley que establece que solo pueden ser reelegidos una sola vez, deberán dejar sus distritos.
El regreso de las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires se sostiene como un tema de agenda en el sistema político, pero de momento sin mayores movimientos. La gran mayoría de los jefes comunales apuestan a que, llegado el momento, el tema se discuta. Para Axel Kicillof también es un tema. El gobernador suele plantear que uno de los pocos niveles en los que la gente “cree en la política” es el municipal, que es donde la población lleva su primer reclamo y otras consideraciones en línea con el argumento discursivo de los propios intendentes. Y que si quieren votar a su intendente, ¿por qué impedirlo? Sin embargo, hasta ahora los intentos para habilitar el regreso de las reelecciones indefinidas no han prosperado.
En este esquema, algunos intendentes ya piensan en sus sucesores. En diálogo con Infobae, Ferraresi planteó que si los dirigentes territoriales no pueden ir por una reelección más, también “es una buena oportunidad para que muchos intendentes se propongan para diputados nacionales”. Hoy, Ferraresi trabaja en la construcción nacional de Axel Kicillof y a la par testea una posible candidatura a la gobernación bonaerense. Es uno de los postulantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para disputar la sucesión de Kicillof. Una tira que completan Julio Alak (La Plata), Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura), Carlos Bianco (ministro de Gobierno) y Fernando Espinoza (La Matanza). La poca presencia de dirigentes territoriales en la lista a diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones continúa siendo un reclamo de los jefes comunales, sobre todo lo que reportan en el MDF.

Este grupo plantea que con el desdoblamiento electoral y la presencia de intendentes en las listas seccionales de la elección provincial se traccionó la victoria del peronismo por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. Secuencia que no se repitió luego en la elección nacional.
“La experiencia legislativa de muchos intendentes podría ser muy positiva para la provincia y para la Nación. Muchas veces pasan leyes que son inaplicables porque nadie hace un ejercicio práctico de cómo se resuelve esa ley. Nosotros, que somos especialistas en cuestiones pragmáticas, resolverlas rápidamente y con pocos recursos”, amplió Ferraresi, quien —además— ya tiene sucesora: la exjefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra, que además es su esposa.
Ferraresi no es el único peronista que plantea construir sucesiones para los intendentes ante el embudo que podría provocar la no modificación de la ley que limita las reelecciones. Mariel Fernández de Moreno también tiene un postulante para su sucesión. El presidente del consejo deliberante, Emanuel Fernández. La intendenta de Moreno avanza con la construcción de su candidatura provincial sobre la estructura de La Liga de Intendentes peronistas. Algunos de los integrantes de La Liga aún lamentan el cierre de listas a diputados nacionales por PBA el año pasado, puntualmente por la nula injerencia que tuvieron.
En ese momento, desde el kirchnerismo recordaban que los diputados nacionales que tenían anclaje en el mundo intendentista dentro del peronismo respaldaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que había sellado la administración de Alberto Fernández.
En La Matanza, el intendente Fernando Espinoza tampoco tiene reelección. De no poder renovar, la candidata natural para su reemplazo es la vicegobernadora Verónica Magario, quien ya gobernó el distrito más poblado de la provincia entre 2015 y 2019 y no podrá estar en una fórmula para el ejecutivo bonaerense nuevamente.
En Merlo, el intendente Gustavo Menéndez tampoco tiene reelección. Es probable que como candidata vaya su hermana, Karina, actual presidenta del Concejo Deliberante de su distrito. El mismo escenario hay en San Vicente, por ejemplo. Nicolás Mantegazza no podrá ir por otra elección. Si se sostiene el esquema de unidad la candidata será la Jefa de Gabinete del distrito, Daniela Lasalle.
En el interior bonaerense también se trabaja con el esquema de sucesores. Por caso, el intendente de Chivilcoy, el vecinalista Guillermo Britos, es otro de los que piensan en su sucesión y buscan lugares en la lista por la Cuarta sección electoral o bien en el Congreso. “Si sale la reelección, yo no voy a ser candidato a intendente; posiblemente sea candidato a otra cosa, pero 12 años al frente de un distrito como Chivilcoy son suficientes. La Legislatura tiene que votar la ley porque la Constitución es más que clara, dice que el gobernador y vicegobernador tienen dos mandatos. De los demás no habla”, planteó Britos en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco.

Otro caso del interior se da en Junín. En la ciudad cabecera de la Cuarta sección electoral, el senador provincial y jefe del bloque PRO, Pablo Petrecca que es el intendente en uso de licencia de Junín y referente político, no podrá ir por una reelección en el tramo local en 2027. De momento recorre la provincia con una eventual precandidatura a la gobernación bajo el brazo. Hoy, el candidato del espacio en el municipio será el jefe comunal interino y cuñado del intendente, Juan Fiorini.
Trece intendentes bonaerenses en funciones integraron las listas para la Legislatura provincial en las elecciones del 7 de septiembre de 2025. Fuerza Patria concentró siete postulaciones: Mario Ishii, de José C. Paz, en la Primera Sección; Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, en la Segunda; Mayra Mendoza, de Quilmes, y Mariano Cascallares, de Almirante Brown, en la Tercera; Germán Lago, de Alberti, en la Cuarta; Alejandro Acerbo, de Daireaux, en la Sexta; y Marcos Pisano, de Bolívar, en la Séptima. La nómina combinó candidaturas a diputados y senadores, según la sección electoral.
Somos Buenos Aires llevó a cuatro jefes comunales: Julio Zamora, de Tigre, en la Primera Sección; Pablo Petrecca, de Junín, y Guillermo Britos, de Chivilcoy, en la Cuarta; y Maximiliano Suescun, de Rauch, en la Quinta. La Libertad Avanza, en tanto, postuló a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, como primer candidato a senador por la Primera Sección, y a Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, al frente de la lista de la Quinta. No hubo intendentes en ejercicio entre los candidatos a diputados provinciales de la Octava Sección Electoral, correspondiente a La Plata. Mientras que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, fue candidato a diputado nacional encabezando la lista del espacio Unión Federal.
POLITICA
Los gremios más combativos calcularon cuánto debería ser el salario mínimo: supera los $3,1 millones Copiar título

Según un índice elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a las organizaciones gremiales más combativas de las tres centrales obreras, el salario mínimo debería alcanzar los $3.178.287 mensuales para cubrir las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo vigente.
El relevamiento toma como referencia los gastos necesarios para cubrir las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.
La presentación del índice de octubre se realizó en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), con la participación de dirigentes de sindicatos industriales, estatales, docentes y del transporte, que cuestionaron la política salarial del gobierno de Javier Milei y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
El secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo que el índice busca exponer la situación de los trabajadores frente al ajuste económico. “Dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación”, cuestionó.
Cuánto debería destinarse a alimentación, vivienda y otros gastos
La estimación del FreSU establece que una familia necesita $677.755 para alimentación adecuada y otros $640.994 para acceder a una vivienda digna. A esos gastos se suman $389.223 para salud, $278.679 para educación y cultura y $147.695 para vestimenta.
El cálculo también contempla $685.329 para transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que asigna $349.612 a previsión social. Los sindicatos sostienen que esos componentes permiten establecer un salario mínimo acorde con las necesidades de una familia trabajadora.
El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora (Ftciodyara), Daniel Yofra, explicó que la metodología recupera y actualiza un estudio que realizaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para determinar el salario necesario para garantizar una vida digna.
Según el dirigente, “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU”, sino que responde a los criterios establecidos por la Constitución Nacional y la legislación laboral.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que desde la llegada de Milei al Gobierno los trabajadores privados acumularon una pérdida promedio de $3.192.523, mientras que entre los estatales alcanzó los $16.594.583, según sus estimaciones.
El FreSU está integrado por organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, los gremios aceiteros, docentes, aeronáuticos, marítimos, molineros, papeleros y viales.
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