POLITICA
Preocupación en el Gobierno por el “Súper Niño” y su impacto en el campo: prevén hasta un 90% más de lluvias en diciembre

Muchas veces soslayado por la clase política nacional, los factores climatológicos se están volviendo parte de la conversación producto de los efectos que pueden tener en la dinámica económica. En conversación con Infobae, un altísimo miembro de la Presidencia comentó su preocupación por la dinámica particular que puede tener hacia el último trimestre El Niño, el fenómeno que altera los patrones de lluvia en distintas regiones del mundo y que, para el caso de la Argentina, traerá mayores precipitaciones de lo habitual.
Hubo un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que circuló en la última semana y que habla que indica que la zona núcleo -el corazón productivo del país, que abarca el sur de Córdoba, el norte de Buenos Aires y el centro de Santa Fe— tendrá un 30% más de lluvia en octubre, un 70% más en noviembre y hasta un 90% adicional en diciembre, respecto de los valores normales para esos meses. La mayor intensidad del fenómeno se concentraría en esa ventana de la primavera.
“Nos preocupa que pueda afectar a los rindes de los cultivos que atraviesan esa etapa”, confesó un funcionario que tiene despacho en la Casa Rosada, quien dice mirar “hasta con lupa” los dólares que tiene que tener el Gobierno de cara al año próximo, que es electoral.
El sector agropecuario enfrenta un escenario de doble filo, porque las lluvias extraordinarias representan una oportunidad productiva tras varias campañas marcadas por la sequía, pero también imponen riesgos de anegamiento, pérdida de lotes bajos y proliferación de enfermedades foliares, según expresan los técnicos del BCR.

Hay, no obstante, un factor que modera parcialmente el impacto en la región central: a diferencia de agosto de 2025, cuando las reservas de agua en los perfiles de suelo eran las mejores de los últimos cinco años, hoy el 80% de la región núcleo presenta reservas regulares a escasas. Esa condición de partida actúa como colchón ante el exceso hídrico que se aproxima. Pero lo que podría afectar a las diferentes producciones es la regularidad de las precipitaciones.
La Agencia Federal de Emergencias (AFE) publicó un nuevo documento del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 que identifica que el noreste argentino y la Cuenca del Plata son las regiones con mayor riesgo. Las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires enfrentan el escenario más crítico en términos de inundaciones y crecidas de ríos. El fenómeno se extendería con precipitaciones por encima de lo normal hasta el otoño de 2027, destacan.
En maíz, la estrategia dominante entre los técnicos de la región núcleo es adelantar la siembra entre una y dos semanas respecto de años anteriores, para que el período crítico del cultivo coincida con diciembre el mes de mayor lluvia proyectada y para escapar a los golpes de calor de enero. En soja, la prioridad es adelantar la implantación. Para la soja de segunda, la urgencia es aún mayor. En cuanto a la genética, se prevé un corrimiento hacia grupos de madurez más cortos. El trigo, por su parte, atraviesa actualmente una condición fisiológica muy buena: el 95% de los lotes de la región núcleo se encuentra en estado excelente o muy bueno. Sin embargo, la humedad sostenida combinada con el aumento de temperaturas que traerá la primavera genera preocupación por el avance de enfermedades foliares, en particular la mancha amarilla, que ya comenzó a observarse en algunas zonas de Santa Fe y Córdoba.
En toda la región, productores y asesores trabajan además en obras de infraestructura, es algo que el Gobierno nacional comenzó a poner foco a partir de la inminente llegada de El Niño. A comienzos de mes, Karina Milei viajó a Chaco para encontrarse con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) para intensificar la coordinación de medidas junto a organismos nacionales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

Justamente, este lunes estuvo reunido con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el nuevo director del SMN, Pedro Di Nezio. Se trata de una de las distintas reuniones que viene realizando la AFE; desplegó una agenda de reuniones, herramientas tecnológicas y capacitaciones que involucró a provincias, fuerzas de seguridad, organismos científicos y hasta autoridades de Paraguay. Además de la provincia del Litoral, hoy habrá reuniones de articulación con Salta y Jujuy (27 de agosto) y con Tucumán (28 de agosto), lideradas por el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie.
Esta agenda no solo es impulsada desde el oficialismo, sino también por la oposición al Gobierno. Los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto, y de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmarán el próximo lunes en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno pampeana un convenio de coordinación para la prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño/Oscilación Sur (ENOS), acuerdo que se enmarca en la vinculación hídrica que comparten ambas provincias y que se complementa con la decisión del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (Cirhnop) de implementar un sistema de alertas tempranas para la cuenca que involucra a La Pampa, Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe.
Agricultural Markets,Corporate Events,South America / Central America
POLITICA
Tras la reducción de la condena a José Alperovich, habló la víctima: “Me dignifica”

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación confirmó la culpabilidad del exgobernador José Alperovich por nueve hechos de abuso sexual, aunque disminuyó la sanción de 16 a 14 años de prisión. Tras el fallo, la víctima expresó: “Valoro profundamente esta instancia porque me reafirma y me dignifica”.
Desde su entorno legal destacaron los siete años transcurridos desde la presentación judicial de 2019 y celebraron que se acreditaran los agravantes de poder y vínculo familiar. Al respecto, remarcaron: “Este fallo es también para todas las mujeres que todavía no pueden hablar”.
Redujeron la condena por abuso sexual a José Alperovich: “El imputado no tiene obligación de decir la verdad”
Por mayoría, los camaristas Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse revisaron la sentencia del juez Juan María Ramos Padilla considerando la edad y salud del exmandatario tucumano.
Asimismo, Días cuestionó computar la defensa como agravante al sostener: “el imputado no tiene obligación de decir la verdad”.
En disidencia, el magistrado Daniel Morin votó por invalidar la resolución previa y realizar un nuevo juicio oral.
El tribunal mantuvo además la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por los ataques cometidos entre 2017 y 2018 en Tucumán y Puerto Madero. El fallo acreditó la subordinación laboral y familiar de la denunciante, 35 años menor que el exsenador nacional.
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Abuso sexual,Condena,José Alperovich,Tucumán
POLITICA
A contramano del pedido de Milei, una provincia sube impuestos a su banco y al gas para financiar la educación

USHUAIA.– Con una larga polémica y votación empatada 7 a 7 que se definió por el doble voto de la presidenta del cuerpo, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial. Es una iniciativa del gobernador Gustavo Melella que crea nuevos fondos para la educación a partir de dos cargas tributarias que concentraron la polémica: una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre la distribución de gas natural –actividad que en la provincia presta Camuzzi Gas del Sur– y un adicional del 3% sobre todas las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego (BTF).
La ley era una de las promesas que el Ejecutivo le hizo a la dirigencia Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) para poner fin a un conflicto que incluyó 46 días de paro y acampe en una de las provincias que mantiene menor cantidad de días de dictado de clases.
El caso fueguino refleja un problema que atraviesan casi todas las provincias. Desde que el gobierno nacional dejó de girar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), varias jurisdicciones –entre ellas Tierra del Fuego, Neuquén, Córdoba y Entre Ríos– crearon mecanismos propios para compensar en parte esa pérdida salarial, y los conflictos docentes se multiplicaron en el país.
Al mismo tiempo, la ley va en sentido contrario a la presión de la Casa Rosada para que las provincias bajen Ingresos Brutos, el tributo que el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó como “el peor impuesto”. A mediados de este año, el Banco Central habilitó a los bancos a radicar las cuentas abiertas por vía digital en sucursales de provincias con menor carga tributaria, una medida que apunta contra las jurisdicciones que gravan con más fuerza la actividad financiera.
Cómo se votó
Con el gobernador de viaje y la vicegobernadora Mónica Urquiza a cargo del Ejecutivo la sesión la presidió la legisladora justicialista María Victoria Vuoto (hermana del intendente de Ushuaia, el camporista Walter Vuoto).
Estuvieron presentes 14 de los 15 legisladores y la votación salió empatada, por lo que debió desempatar Vuoto, y lo hizo en sentido positivo.
Resultó decisivo el cambio de postura de Laura Colazo (Partido Verde), que había votado semanas atrás para quitarle la urgencia al proyecto del Ejecutivo. Tras la votación explicó que recibió información adicional del Ministerio de Economía y una evaluación favorable del presidente del Banco de Tierra del Fuego, aunque admitió que “esta ley no es la panacea”.
La norma crea dos fondos. Por un lado, el Fondo Provincial de Infraestructuras, que se nutre de la alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre el código de actividad de distribución de gas. El 40% irá a mantenimiento y nueva infraestructura escolar y el 60%, a obras de redes de gas natural y conexiones domiciliarias.
En segundo lugar, el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), de carácter permanente y de afectación exclusiva, recibe el adicional del 3% al Banco de Tierra del Fuego, el 40% del fondo de infraestructura y otras fuentes: parte de lo que se recaude por revalúos del impuesto inmobiliario rural (cuya valuación se actualizará cada año por IPC), de las utilidades de empresas del Estado, de Terra Ignis Energía S.A. y de futuros ingresos por hidrógeno verde y economía del conocimiento. Su distribución, que la ley define como “orientativa” y que el Ejecutivo puede modificar, es 40% para salario docente, 40% para infraestructura y 20% para equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos.
Las dos cargas tributarias fueron el eje de la discusión desde que el proyecto ingresó, en septiembre. En octubre, el propio Melella había defendido gravar a la distribuidora afirmando que “los comercios pagan Ingresos Brutos; las pymes pagan Ingresos Brutos y todo el que es cuentapropista paga Ingresos Brutos ¿Por qué Camuzzi no va a pagar?”. Ayer, tras la sanción, insistió: “No es un impuestazo, es una herramienta para darle recursos y previsibilidad a nuestro sistema educativo”.
Para la oposición, “los costos terminan trasladándose a la sociedad”, tal como sostuvo Villegas, que cuestionó la carga sobre Camuzzi y sobre el banco. “No se puede pretender solucionar la falta de gestión trasladando la factura a los fueguinos”, agregó.
Por su parte, el legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) puso en duda que la prohibición de traslado se cumpla: dijo que los nuevos tributos, según la ley, no podrán trasladarse a clientes o usuarios, “cosa que no va a suceder. No podemos seguir generando impuestos a la ciudadanía”, afirmó.
El radical Federico Sciurano, que votó en contra, había advertido desde octubre que las dos cargas terminarían afectando a los mismos sectores que la ley pretende beneficiar. “Me parece importante que haya una ley de financiamiento educativo”, aclaró entonces, pero sobre el gravamen al banco provincial fue tajante: “El propio empleado público va a terminar pagando también ese incremento”. Y resumió su objeción: “Lo que te doy te lo saco después a través de un tributo, porque si no lo que estamos discutiendo no tiene sentido”.
Natalia Gracianía, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, ya había planteado la duda en octubre: “Hay que ver quién se va a hacer cargo de este 3%, si lo va a pagar el banco o si se lo va a trasladar a los clientes”. Tras la votación calificó a la norma como “una cáscara vacía, que lo único que hace es dar una salida elegante a los 46 días de paro”.
Melella, en tanto, reconoció las limitaciones y dijo en redes sociales que “esta nueva ley, aunque no alcanza por sí sola, ayuda a contar con más recursos”, dijo, y atribuyó la falta de aumentos salariales al ajuste del gobierno nacional y a la eliminación de programas.
Ese reproche a la Casa Rosada no fue aislado: el oficialismo provincial planteó el debate por el financiamiento educativo como una disputa con el gobierno de Javier Milei. Desde el oficialismo provincial Greve le respondió a La Libertad Avanza: “La verdad, ¿sabe lo que mejoraría la educación de Tierra del Fuego? Que La Libertad Avanza devuelva los 17 programas nacionales que dieron de baja y se desinteresaron por la educación”.
La confrontación, sin embargo, tiene matices: cuando envió el proyecto, en septiembre, Melella venía de abrir un canal de diálogo con la Casa Rosada y respaldaba en líneas generales el Presupuesto 2027 nacional. Desde La Libertad Avanza, Gracianía atribuyó la ley a un acuerdo político entre el gobernador y el secretario general del SUTEF, Horacio Catena.
La sanción llega en un contexto fiscal ajustado: el proyecto de presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo prevé aumentos de impuestos y aún así un déficit de unos $200.000 millones, teniendo en cuenta que 100 mil millones de estos serían cubiertos por la nueva tarifaria.
Sol Agusti,Conforme a
POLITICA
Los motivos que esgrime el Gobierno para no haber votado en la ONU en contra de la violencia de género

En otra muestra de la posición geopolítica que la administración libertaria viene sosteniendo desde que asumió, el Gobierno se abstuvo nuevamente en una votación de las Naciones Unidas (ONU) para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, quedando así alineado con los Estados Unidos y ratificando las críticas contra el organismo y su rol, al considerar que la resolución en cuestión buscaba “incorporar agendas ideológicas” detrás de “un título noble”.
A pesar de las críticas por parte de la oposición, en el Poder Ejecutivo defendieron esta decisión y remarcaron que el rechazo estuvo en el contenido del texto y no en el objetivo que declara perseguir.
La medida se aprobó en la Tercera Comisión de la Asamblea General con 175 votos a favor, mientras que la delegación argentina quedó en sintonía con la norteamericana y las de Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, que también se abstuvieron. Somalia fue el único que votó en contra.
“La Argentina condena categóricamente todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Esto incluye, por supuesto, los femicidios. Nuestra abstención en esta votación no tiene absolutamente nada que ver con ese compromiso, que es claro e innegociable”, aseguró a Infobae una fuente de la Cancillería consultada sobre los motivos de la decisión.
En el Palacio San Martín remarcaron que la diferencia no pasa por el título de la resolución, “ni en el objetivo que dice perseguir“, sino en que el documento, a su entender, “incorpora conceptos ideológicos controvertidos y sesgados que desvían la atención de los problemas concretos de violencia que enfrentan” esos grupos sociales.
En este mismo sentido, en Balcarce 50 insisten en que “muchas veces, detrás de títulos nobles, se incorporan agendas ideológicas“, por lo que se debe “analizar el contenido de cada resolución, más allá de su nombre”.

“Del mismo modo que cuando se vota una ley se examina artículo por artículo y se evalúan las obligaciones que genera, en el ámbito internacional debemos hacer exactamente lo mismo”, explicaron.
La resolución, impulsada por un grupo de países europeos, insta a los Estados a reforzar sus políticas para prevenir la violencia de género, incluida la que ocurre en entornos digitales, y menciona garantías vinculadas con los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva. Esos pasajes fueron, según el Gobierno, los que motivaron la decisión de no acompañar el texto.
“La Argentina considera que las resoluciones deben concentrarse en los problemas reales y en las soluciones concretas. Lo importante es prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar justicia. No alcanza con aprobar declaraciones que incorporan conceptos controvertidos sin resolver los problemas de fondo”, plantearon a este medio.
A esa objeción le sumaron una lectura sobre el enfoque general del texto, porque entienden que contiene “muchísimas referencias al género y muy pocas a la mujer“.
“Se termina imponiendo una mirada ideológica por encima de la realidad de las personas, de los Estados, de sus legislaciones y de las políticas públicas que cada país lleva adelante”, señaló la fuente consultada.
En Balcarce 50 negaron, además, que la decisión no responde a una preocupación por la imagen internacional del país, porque no se hizo para cumplir con “las expectativas del establishment multilateral“.
“La posición responde a una evaluación del contenido de las resoluciones y de su capacidad real para atender los problemas de las mujeres. No vamos a acompañar textos simplemente para quedar bien en los organismos internacionales”, remarcaron.

En esta línea, en el Gobierno insistieron con que “las resoluciones de esta naturaleza no garantizan por sí mismas una reducción de los femicidios ni de las muertes maternas“, sino que “lo que produce resultados son las políticas públicas concretas”.
“De hecho, las políticas implementadas por el Gobierno del presidente Javier Milei han permitido, según los datos que manejamos, alcanzar el índice de femicidios más bajo en bastante tiempo”, argumentaron.
En septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario cuestionó que el organismo hubiera dejado de concentrarse en su función de mediar entre los Estados y garantizar la paz y remarcó que “no faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias”.
Además, criticó lo que definió como una expansión de las atribuciones de la ONU sobre asuntos que, a su criterio, deberían resolver los países, por lo que lo calificó como “un leviatán burocrático” dedicado a decidir “cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”.
La decisión que tomó el país en la votación de este martes fue similar a lo ocurrido en noviembre de 2024, aunque en aquella oportunidad directamente rechazó una resolución sobre prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, centrada en el entorno digital.
Esa vez, el texto fue aprobado por 170 países y 13 se abstuvieron, mientras que la delegación argentina quedó aislada incluso de Estados Unidos e Israel, que sí acompañaron la iniciativa.
De hecho, en la Casa Rosada destacaron el cambio de criterio y remarcaron que en esta oportunidad “no se votó en contra ni bloqueó la resolución”, ya que solamente se dejó expresada la opinión de la administración libertaria “frente a los conceptos incorporados”, pero “sin obstaculizar su tratamiento”, lo que consideran ”una diferencia fundamental.
“Nuestra posición es categórica en lo siguiente: estamos en contra de cualquier tipo y forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Precisamente por eso creemos que esta causa debe abordarse con seriedad, sin subordinarla a agendas ideológicas y con medidas concretas que protejan efectivamente a las víctimas”, concluyen.
Diplomacy / Foreign Policy,North America
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