POLITICA
Presión pública, falta de consensos y el rol de los gobernadores: las claves detrás de la caída de la Ley de Tierras
Pese a los numerosos cambios, postergaciones y negociaciones, el Gobierno debió dejar caer el capítulo que ampliaba los límites para la venta de tierras a extranjeros para salvar el resto del paquete de Propiedad Privada. En el oficialismo atribuyeron la derrota legislativa a una combinación de factores que incluyó una fuerte presión pública en contra, la marcha atrás de algunos gobernadores clave y la falta de consensos en el recinto.
“Ayer ya venía complicada la cosa. Hoy salieron varios gobernadores a correrse y ya los votos estaban más lejos. No había forma de que saliera”, analizó en diálogo con TN una fuente ligada a la bancada de La Libertad Avanza en la cámara alta.
En los días previos, en Balcarce 50 admitían que “no sobraba nada”, pero confiaban que las últimas modificaciones al texto negociadas con los aliados alcanzaran para reunir los votos necesarios. Sin embargo, el escenario comenzó a complejizarse cuando dos mandatarios de buen vínculo con el Gobierno salieron a anticipar el rechazo de sus legisladores al capítulo.
“No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, sentenció el neuquino Rolando Figueroa. Por su parte, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, adelantó el rechazo de sus senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y remarcó: “De ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”.
A ellos se sumó la fractura del bloque misionero, dividido por la interna política que se desató entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder del partido provincial, Carlos Rovira, y la situación de otros senadores que adelantaron que no iban a acompañar la iniciativa.
En ese contexto, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, convocó a los representantes de los bloques aliados —la UCR, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz— a una reunión donde, por la falta de consensos sobre el proyecto, se definió retirar el capítulo de tierras de la sesión programada para este jueves.
“La decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso. La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”, aseguraron.
Según pudo saber TN, el Gobierno va a presentar el capítulo de Tierras como ley aparte y dejará el debate para más adelante. Sin embargo, no se definió una fecha y en el oficialismo hay dudas sobre si se abrirá otra ventana próxima para su tratamiento dada la cantidad de proyectos que quiere empujar La Libertad Avanza en el Congreso. “No veo que por ahora insistan, van a priorizar los acuerdos para otros temas”, señaló una fuente legislativa.
Al analizar los motivos de la caída del capítulo, en el Gobierno advirtieron que la presión social que se generó en las provincias fue determinante para que algunos votos que parecían alineados con el proyecto se revirtieran.
“Viene instalándose hace rato ese miedo al capital extranjero, que es indispensable para que haya inversiones y el país crezca”, lamentó uno de los funcionarios que trabajó de cerca en el proyecto.
La batalla perdida en la discusión pública y las repercusiones en las redes
En ese sentido, otro funcionario hizo una autocrítica y consideró que el Gobierno tuvo “muchas fallas, errores no forzados y poca defensa de parte nuestra” ante la opinión pública. “Fue poco clara la redacción. Dio lugar a especulaciones de cosas que no iban a pasar”, agregó.
Según reveló un informe de la consultora INGOB, la discusión alrededor de la extranjerización de tierras tuvo más de 3.5 millones de interacciones en las redes sociales, más de 165 mil menciones y superó los 31 millones de vistas. De ese total de publicaciones analizadas, el 97% manifestaba un sentimiento negativo.
En ese sentido, la consultora señaló que la discusión perforó el techo del círculo político y alcanzó a artistas, influencers, deportistas y figuras del espectáculo, entre ellas personajes de peso como el defensor de la Selección Argentina Lisandro Martínez, las cantantes Lali, Emilia Mernes y Tini Stoessel.
Leé también: Tras retirar el capítulo sobre tierras, el Gobierno asegura tener los votos para la media sanción de la Ley de propiedad privada
“El tema es que quedó entre ser patria o anti-patria y nadie hace un análisis de las normas. Es más, hoy ya las empresas extranjeras compran tierras con mecanismos alternativos”, advirtió un senador a este medio.
Con la caída del capítulo, el Gobierno apunta a rescatar una victoria este jueves cuando trate el resto de la Ley de Propiedad Privada, que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Según afirmaron desde el bloque libertario, esos capítulos cuentan “con amplio respaldo entre los distintos bloques”.
ley de tierras, Senado, Gobierno
POLITICA
Malvinas: el Gobierno denunció a una empresa británica por realizar vuelos sin autorización hacia Chile
El Gobierno denunció este lunes las operaciones realizadas por la empresa británica THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
El presidente Javier Milei ordenó a los equipos de Gobierno “dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e Internacional. Las Malvinas son argentinas”, cierra el texto.
Explotación de hidrocarburos
En tanto, el Gobierno intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para “impedir el inicio o la continuación” de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
Milei también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo, según el comunicado, es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion, y evitar el otorgamiento de nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.
Si Londres no cumple con la intimación, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El comunicado sostiene que la explotación unilateral de esos recursos es “contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable”.
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, publicó Milei en sus redes tras compartir el comunicado. En el texto oficial, el Gobierno también manifestó su “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido frente al discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y remarcó: “La pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas».
POLITICA
Lijo amplió el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito
El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni para el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, es decir, desde que comenzó su vida activa a los 18 años hasta la fecha a partir de la cual ya fue investigado en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la medida para acceder a sus declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos.
La medida también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, bajo el mismo criterio, por el período comprendido entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.
Por otro lado, Lijo autorizó la realización de una diligencia probatoria para constatar la explicación brindada por el imputado en el requerimiento de justificación patrimonial.
La medida consiste en convocar al defensor Matías Ledesma para que se presente en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración -como ser Sparrow o Electrum- y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.
La resolución de Lijo establece que, una vez realizada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina efectuará una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a cada una de las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas deberán quedar bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.
El requerimiento fiscal
La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que sus integrantes alcanzaron la mayoría de edad, luego de que la defensa atribuyera el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y a operaciones con bitcoin.
Con esta medida, el Ministerio Público Fiscal busca verificar la explicación de la defensa sobre ocho direcciones de bitcoin que habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, monto que fue invocado como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.
Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar las fechas, los montos, las entidades intervinientes, el destino declarado y el resultado de las validaciones de cada operación.
La fiscalía requirió a la ANSES la historia laboral completa de los dos integrantes del matrimonio, con sus aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.
También pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles que hubieran tenido a su nombre. El requerimiento incluye las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad, los gravámenes y los datos de las escrituras.
La investigación también alcanzará a los vehículos y motovehículos registrados, con detalle de dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá remitir esos antecedentes.
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POLITICA
El Gobierno avanza con su estrategia por Malvinas: reclamo ante organismos internacionales, presión sobre petroleras y medidas contra una empresa aérea
El Gobierno sumó este lunes un nuevo capítulo a la ofensiva por las Islas Malvinas que el presidente Javier Milei lanzó a comienzos de septiembre. Desde la cadena nacional, la Casa Rosada avanzó en una batería de medidas para reclamar la soberanía del archipiélago: firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denunció penalmente a petroleras, envió una nueva ley de Soberanía al Congreso y ahora buscará llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
En un comunicado difundido hoy, el Gobierno informó el inicio de un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion y la intimación a Londres para que frene la explotación en la Cuenca Malvinas Norte en un plazo de dos semanas. Si no cumple, la Argentina pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que reclama sobre su plataforma continental.
Además, sumó otro frente: la aviación. Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas contra la empresa Thales UK Limited, a la que acusó de operar en la ruta aérea entre las islas y Punta Arenas, en Chile, con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. La medida coincidió con el Punta Arenas Business Showroom, un encuentro que se realiza entre este lunes y martes con unas 40 empresas para el lanzamiento de la ruta comercial que buscará conectar esa ciudad chilena con las islas.
Una por una, todas las medidas que tomó el Gobierno por Malvinas
La escalada comenzó el 3 de septiembre, cuando Milei habló en cadena nacional. En ese mensaje anunció sanciones para las petroleras que exploran en la zona, la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y la formación de un Consejo de Seguridad nacional.
Al día siguiente, las medidas se instrumentaron a través del Decreto 868/2026 y del Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, publicados en el Boletín Oficial. El primero designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que sanciona la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina. También dispuso que las empresas que incumplan esa ley no puedan vincularse con proyectos admitidos en el RIGI. El DNU, por su parte, reforzó el presupuesto militar: el Gobierno amplió en casi $218.000 millones las partidas de Defensa, aunque solo una parte irá a infraestructura, con eje en la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que había quedado prácticamente congelado durante buena parte de esta gestión.
En paralelo avanzó el frente administrativo. La Cancillería abrió un proceso sancionatorio contra 45 personas humanas y jurídicas de 11 países, entre petroleras, accionistas, fondos, proveedores y asesores, la mayoría vinculadas a Sea Lion. El 8 de septiembre se sumaron otros 15 sujetos y el total llegó a 60 expedientes, aunque la apertura de esos procedimientos no implica sanciones firmes.
También hubo acción penal. El canciller Pablo Quirno y el Procurador General del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia contra cinco empresas vinculadas con la actividad petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, que quedó radicada en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini. Los denunciados son Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. Luego el Gobierno anunció una nueva presentación contra firmas de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum e identificó a 27 empresarios y directivos de esas compañías.
El 17 de septiembre llegó el paso legislativo. Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone modificar la Ley 26.659, vigente desde 2011, y crear un Sistema de Seguridad Nacional junto con la protección de infraestructuras críticas. La iniciativa prevé multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo y penas de 15 a 20 años de prisión por la extracción, transporte o almacenamiento no autorizado de hidrocarburos. El texto extiende el régimen a todos los recursos naturales, renovables o no, y habilita la intercepción y eventual uso de la fuerza contra aeronaves que violen reglas de vuelo o desobedezcan órdenes argentinas, con orden expresa del Presidente para las medidas más drásticas.
Un último eslabón ocurrió la semana pasada en Nueva York. Ante la Asamblea General de la ONU, Milei reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía y cuestionó la explotación de recursos en la zona. La respuesta británica fue inmediata: Londres sostuvo que no puede haber diálogo sobre soberanía salvo que los isleños lo deseen, defendió su derecho a desarrollar los recursos naturales y afirmó que la legislación argentina no se aplica en las islas.
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