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POLITICA

Privatizaciones: el Congreso remitió pedidos de informes al Ejecutivo y convocaron a un funcionario clave

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En un clima sin ningún tipo de conflicto y tras un acuerdo para no desmadrar el objetivo principal, legisladores oficialistas y opositores consensuaron remitir diversos pedidos de informes al Ejecutivo relacionados con todo el proceso de privatizaciones en marcha que activó la ley Bases, sancionada a mitad de año de 2024.

La decisión fue adoptada por la comisión bicameral de Reforma del Estado y Del Seguimiento de Las Privatizaciones (ley 23.696), que comanda el senador libertario Pablo Cervi (Neuquén). El consenso implica no sólo 15 días hábiles para que el Gobierno reciba y responda los requerimientos, sino una visita para que exponga -se estima un debate tenso-, durante la primera semana del mes próximo, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.

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El esquema de la ley Bases apunta a privatizaciones totales o parciales -según el caso- de AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Energía Argentina (Enarsa), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA). Algunos procesos están más avanzados que otros y, ante cuestionamientos de la oposición sin devolución es que la bicameral tuvo que reactivarse, en octubre del año pasado.

La diputada kirchnerista y vice de la comisión, Ana María Ianni (Santa Cruz), alertó por “procesos de privatización en marcha sobre los que nos enteramos por los medios de comunicación, algo que nos parece que no es lógico” y dejó en claro que lo que se reclama es “información básica”.

Ianni también dijo que es necesario un “control sobre las decisiones que están involucrando el patrimonio público de todos los argentinos, como servicios esenciales y sectores estratégicos”, para poder “validar la transparencia en este proceso, algo tan simple y sencillo, pero que nos está llevando bastante trabajo conseguir”.

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El senador Pablo Cervi preside la comisión (Infobae en Vivo)

La diputada ultra K mencionó varios ítems que deberá precisar el Ejecutivo: informes técnicos, económicos y jurídicos; expedientes completos; cómo se evaluaron las empresas, quién lo hizo y con qué metodología; cuál es el estado de los servicios, cómo se prestan y en qué condiciones, y su impacto territorial; qué inversión en mantenimiento y expansión deberían garantizar los privados, con sus respectivos controles; la situación de empleo y continuidad frente al ajuste de la administración central, así como de los equipos técnicos; y la intervención de los organismos de control, publicidad y el rol de Congreso.

Ianni criticó al presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación Julio Villamonte, sobre quien también pidió que se presente en las próximas semanas para dar explicaciones, así como los referentes de cada una de las empresas involucradas. Revalidó lo comentado por la legisladora el senador kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco), quien sumó un puñado de comentario de índole técnico.

La bicameral también está integrada por los jefes del radicalismo y de Provincias Unidas en la Cámara alta, los correntinos Eduardo Vischi y Carlos Espínola, respectivamente; el senador peronista Adán Bahl (Entre Ríos); y diputados como el libertario Carlos Zapata (Salta) y la cristinista Florencia Carignano (Santa Fe), entre otros.

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En paralelo a esta reunión, la comisión de Acuerdos del Senado, que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), avanzó con otra ronda de pliegos judiciales, en medio de la expectativa por la audiencia pública que se generó para oír las disertaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados como vocales de la Cámara Nacional de Casación Penal porteña, tribunal judicial trascendental a cargo de la supervisión y revisión de lo actuado por los juzgados federales de Comodoro Py.

Por la tarde, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General analizará, con la participación de funcionarios nacionales, el proyecto de Súper RIGI que ya aprobó Diputados y que implicaría eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera.

pablo cervi

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POLITICA

Quirno reclamó el cese de la explotación británica y pidió negociar por Malvinas tras la advertencia de Burnham

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El canciller Pablo Quirno respondió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a las palabras del primer ministro británico, Andy Burnham, quien aseguró que el Reino Unido estaba dispuesto a defender su dominio sobre las Islas Malvinas. Frente a esto, pidió un freno a la explotación petrolera aprobada unilateralmente y llamó a reabrir las negociaciones.

“En respuesta a lo expresado por el señor Primer Ministro del Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas, deseo recordar que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino”, afirmó al inicio de su discurso.

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Tras las declaraciones de Burnham, en donde afirmó que el Reino Unido se mantendrá firme ante “cualquier amenaza” al derecho de los territorios británicos a seguir siéndolo, entre ellos las Malvinas, la Cancillería elevó un pedido a la ONU para solicitar el derecho a réplica en el recinto. Así, esta medida obligó a los representantes británicos a presentarse en la sala y escuchar la postura argentina.

En este contexto, Quirno negó que el Reino Unido tuviera derechos soberanos sobre los archipiélagos y las áreas marítimas que los rodean, debido a que se tratan de territorios argentinos bajo ocupación ilegal británica desde enero de 1833.

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Según expresó, aquella acción quebrantó la integridad territorial argentina, con el objetivo de desplazar a las autoridades y a la población nacional que se encontraban establecidas en las islas. Asimismo, indicó que la estrategia de la Corona inglesa fue sustituir a esa población “por súbditos británicos”.

“Este acto, realizado en tiempo de paz y contrario al derecho internacional de la época, nunca fue consentido por la República Argentina, que formuló protestas diplomáticas inmediatas y sostenidas hasta el presente”, apuntó el canciller al hacer referencia al histórico reclamo nacional sobre la soberanía de las islas.

En este sentido, remarcó que la controversia de soberanía entre ambos países está reconocida por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales. Asimismo, subrayó que estos organismos instan “a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa como vía para descolonizar el territorio”.

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De acuerdo con las declaraciones a las que tuvo acceso Infobae, Quirno indicó que el Comité Especial de Descolonización volvió a pronunciarse en ese sentido en junio de este año y expresó que el Gobierno argentino mantiene su disposición a iniciar “negociaciones bilaterales sustantivas” con Londres, en línea con la resolución de la ONU.

Los representantes del Reino Unido, mientras disertaba el canciller Pablo Quirno

“Nuestro país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias, con un multilateralismo eficaz y con un orden mundial basado en reglas”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores argentino.

De la misma manera, instó al Reino Unido a cumplir sus compromisos en materia de descolonización y cuestionó las decisiones unilaterales adoptadas mientras la controversia permanece sin resolver. Un reclamo que fue en línea con el repudio del presidente Javier Milei y el anuncio de sanciones a las empresas petroleras extranjeras (de origen británico e israelí) que planean extraer los recursos naturales de la cuenca norte de las Islas Malvinas.

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En línea con esto, Quirno recordó que la Resolución 31/49 de la Asamblea General —de cuya aprobación se cumplirán 50 años en los próximos días— exhortó a ambas partes a no introducir cambios unilaterales en la situación de las islas durante el proceso recomendado por las Naciones Unidas.

Las partes en una disputa deben abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras la disputa está pendiente de solución”, señaló el canciller, al referirse a ese principio. Tras volver a defender el derecho a reclamar por la soberanía de las islas, Quirno concluyó: “Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas”.

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POLITICA

El respaldo de Trump a Milei en la cumbre del Escudo de las Américas: “Tuvimos una gran victoria en la Argentina”

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Javier Milei volvió a recibir un respaldo público de Donald Trump durante la segunda reunión del Escudo de las Américas, la alianza sobre seguridad regional impulsada por la Casa Blanca. En plena cumbre realizada en la sede de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense destacó a su par argentino al recordar sus triunfos electorales.

“Tuvimos una gran victoria en la Argentina… bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble”, afirmó Trump durante su discurso ante los mandatarios de la región, mientras dirigía la mirada hacia Milei. El republicano repasaba una serie de victorias políticas de aliados latinoamericanos cuando hizo esa referencia al presidente argentino.

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El encuentro se realizó en la Room 6 de la ONU y reunió a representantes de los 15 países que integran el Escudo de las Américas, una iniciativa lanzada por Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y reforzar la cooperación en materia de seguridad. Aunque la Casa Blanca había previsto una participación más extensa, el mandatario estadounidense permaneció unos 14 minutos en la reunión.

Los presidentes José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Luis Abinader (República Dominicana) y Javier Milei (Argentina) participaron de la cumbre del Escudo de las Américas en Nueva York este 22 de septiembre de 2026 (Foto: @OPRArgentina)

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial, Jamieson Greer; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, entre otros funcionarios de alto rango. La presencia de ese equipo reflejó la relevancia que la administración republicana le asigna a la estrategia hemisférica.

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POLITICA

ADEPA advierte sobre posibles impactos negativos para la libertad de prensa en el proyecto de ley de soberanía

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La Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) remitirá a los miembros del Congreso un análisis jurídico del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en el que pondrá el foco en aspectos que podrían causar un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

En un comunicado, ADEPA destacó: “La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”.

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El proyecto en cuestión, enviado la semana pasada al Congreso por el Poder Ejecutivo, incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, en el que propone castigar con prisión de 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales” y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios.

“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones”, continúa el comunicado.

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Y concluye: “Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”.




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