POLITICA
Pro y LLA aprobaron la desregulación de la VTV en la Ciudad y la ley de “hojarasca” porteña

La Legislatura porteña aprobó el proyecto para desregular la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad. La iniciativa había sido presentada por La Libertad Avanza (LLA) y contaba con el respaldo del jefe de gobierno, Jorge Macri, que buscaba adherir a los cambios propuestos por el ministro Federico Sturzenegger a nivel nacional.
En la sesión de este jueves también se sancionaron, entre otras iniciativas, el proyecto de ley “Hojarasca” con el que LLA pretende eliminar normas “obsoletas” en el distrito y el financiamiento de la linea F de subte. Pro y el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la Ciudad, se mostraron en sintonía en la votación de los tres textos.
El bloque libertario había presentado una iniciativa para modificar el servicio de la VTV en la ciudad. El texto proponía ampliar los plazos de revisión de vehículos particulares, liberar el esquema de precios -hasta ahora el Estado fijaba precios máximos- y abrir el juego para que talleres privados puedan realizar las verificaciones.
Hasta ahora, el servicio estaba concentrado en pocos empresarios que también tallan en el sector del transporte en la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos están siendo investigados en la causa por direccionamiento de la licitación de la VTV bonaerense contra Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de Axel Kicillof.
“Pocas plantas, pocas opciones, poca competencia. Nos dijeron que no había otra alternativa. Nosotros creemos todo lo contrario, creemos que el estado tiene que controlar que la revisión se haga bien, pero no decidir dónde, cómo y con quién tenemos que hacer la revisión técnica, por eso abrimos la competencia”, sostuvo Ramírez. “Una cosa es garantizar la seguridad y otra muy distinta es tener un sistema cerrado”.
El proyecto se sancionó con el apoyo del bloque oficialista Vamos por Más (Pro, la Coalición Cívica y Republicanos Unidos), la Unión Cívica Radical (UCR) y Confianza y Desarrollo, la bancada que preside Emmanuel Ferrario y se referencia con el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta.
Los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (PJ) rechazaron la iniciativa para que la ciudad adhiriera al régimen propuesto por Casa Rosada. Cuestionaban la desregulación de los precios y las dificultades del nuevo modelo para garantizar la calidad y seguridad de las VTV que se realicen en talleres privados.
LLA también logró aprobar, esta tarde, la ley “hojarasca” porteña que -al igual que la norma homónima aprobada a nivel nacional a instancias de Sturzenegger- proponía la eliminación de registros y normas “obsoletas” en el tradicional bastión de Pro. El partido de Javier Milei impulsa desde hace meses una agenda de desregulación y simplificación burocrática en el distrito.
“Durante años se acumularon normas, trámites y requisitos sin sentido. Con hojarasca, eliminamos burocracia y les devolvemos tiempo y libertad a los porteños”, expresó la presidenta de la bancada violeta. Entre otras cuestiones, la normativa dejó sin efecto algunos registros profesionales y regulaciones para actividades comerciales, turísticas y operativas, como restricciones al uso de plazas y parques públicos.
Esta mañana, en la puerta de la Legislatura, guías turísticos se movilizaban en contra de esta normativa, que deroga su registro profesional en la Ciudad. También se registraron protestas en defensa de la educación especial, tras las quejas de docentes por presuntas restricciones a la inscripción de adultos al programa BA Aprende.
Fuerza Patria también rechazó esta iniciativa. “Una vez más, en lugar de afrontar una revisión seria e integral, Jorge Macri se suma a las apuradas a este proyecto de Ley Hojarasca de LLA para subirse al discurso de la desregulación del Gobierno nacional. Y en el medio derogan leyes que hacen a la vida cotidiana y el funcionamiento básico de la Ciudad, como el control de la cadena de frío en las góndolas, el Régimen de promoción de la economía social, o la protección de los espacios verdes públicos”, afirmó Claudia Neira, presidenta de la bancada peronista.
Al igual que LLA, Jorge Macri también consiguió dos triunfos parlamentarios. Por un lado, logró aprobar una reforma del Código Contravencional para endurecer las penas contra “trapitos” y cuidacoches. Era una promesa que había hecho durante la apertura de sesiones de marzo y que se alinea con la agenda de “orden del espacio público” que viene impulsando desde hace meses como un guiño al oficialismo nacional.
El financiamiento de la línea F es el otro proyecto que Pro logró sancionar. El Ejecutivo necesitaba el aval de la Legislatura para contraer deuda para avanzar con la obra de la nueva línea de subterráneo que conectará Palermo y Barracas. El texto aprobado preveía un pasivo máximo de 1350 millones de dólares.
El proyecto de financiamiento se aprobó por amplia mayoría: contó con el respaldo de tradicionales aliados de Vamos por Más como la UCR, pero también de Confianza y Desarrollo, LLA y el peronismo. Su apoyo, de todos modos, no estuvo exento de críticas.
Tanto el bloque libertario como Fuerza por Buenos Aires cuestionaron la falta de planificación del gobierno y las sucesivas postergaciones en el llamado a licitación. En la bancada de Rodríguez Larreta, además, apuntaron contra Jorge Macri por el deterioro general de la red subterránea.
“Queremos la Línea F, la G, la I. Pero no creemos que esta gestión esté a la altura de darles a los porteños un transporte público de calidad. Hoy vemos peor frecuencia, problemas de limpieza, estaciones que cierran por meses y anuncios que son solo para la foto”, afirmó Ferrario.
Según pudo saber , el peronismo negoció su apoyo al proyecto de financiamiento a cambio de que Pro acompañara un proyecto del excandidato a jefe de gobierno Leandro Santoro para el desendeudamiento familiar. Detrás de ese acuerdo estuvo el secretario administrativo de la Legislatura Cristian Gribaudo.
Fuentes parlamentarias confirmaron a que el alfil de Daniel “Tano” Angelici ganó, en las últimas semanas, mayor protagonismo en la articulación entre los distintos bloques para auxiliar a un oficialismo que, desde diciembre, es tercera minoría en la cámara. El procurador de la ciudad, Martín Ocampo, también hombre de confianza el operador judicial del macrismo, ya cumplía un rol similar tras bambalinas.
El proyecto de Santoro proponía la creación de una línea de crédito especial del Banco Ciudad de uso exclusivo para la cancelación de deudas personales anteriores a la aprobación de la norma. Además de Pro, el texto recibió el apoyo del radicalismo, los representantes larretistas y la Izquierda. LLA, consideró que, por sí sola, la iniciativa de refinanciamiento es insuficiente y podría resultar perjudicial en el mediano plazo, por lo que se abstuvo en la votación.
Los beneficiarios tendrán hasta 60 días desde la implementación de la ley para acceder al crédito. No podrán adherir los titulares de más de un inmueble, propietarios de vehículos con menos de cinco años de antigüedad, embarcaciones o aeronaves, tenedores de activos financieros o quienes hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos reclamados.
“Facilitarle la refinanciación de deudas a una persona en situación de vulnerabilidad financiera sin brindarle contención no es alivio financiero. Por el contrario, puede generarle una mayor dificultad en el largo plazo”, aseguró la legisladora violeta Solana Pelayo.
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POLITICA
Incomodidad y silencio en el Gobierno por el fallo de la Corte que habilita la venta de tierras a extranjeros

Silencio, incomodidad y preocupación. Así reaccionó el gobierno de Javier Milei al fallo de la Corte Suprema que ayer quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al reponer la vigencia de un artículo del megadecreto 70/2023 impulsado por el Poder Ejecutivo en los primeros días de la gestión libertaria y que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado.
“Genera otra vez controversia en un tema que había sido malo para nosotros, y lo vuelve a traer a la agenda”, contestaron a desde un importante despacho oficial. Las fuentes advirtieron que, como efecto colateral, el fallo de la Corte “pone en riesgo el DNU” que incluía la derogación de la ley que limitaba la venta de tierras rurales, pero también un amplio abanico de temas, que van desde la nueva ley de alquileres, la desregulación del sistema de obras sociales y medicina prepaga y las privatizaciones de empresas públicas.
El riesgo, reconocieron en Balcarce 50, es concreto. El Senado, con una composición muy diferente a la actual, rechazó el decreto de Milei (ideado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger) el 14 de marzo de 2024 con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones, pero la norma quedó vigente, ya que la oposición no consiguió el número suficiente en Diputados para rechazarlo. A partir del reciente fallo de la Corte, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT-Buenos Aires) reclamó la anulación del decreto “ya mismo”, y agregó: “Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamosen el recinto y que se vea quién es quién”, afirmó la legisladora de izquierda en su cuenta de X. Bregman, como otros diputados opositores, ya trabaja en alternativas para forzar una sesión especial e intentar voltear el DNU.
Según pudo saber , desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem, ya comenzaron los contactos con los aliados de centro (Pro y gobernadores) para contrarrestar esos intentos. Cerca de Menem aclararon que “el fallo de la Corte es a favor del Gobierno” y evitaron referencias sobre el “timming” de los miembros del tribunal para expresarse sobre la ley de tierras.
“No se sabe si los opositores tienen número, pero el fallo te vuelve a meter en el barro”, afirmó otra voz del oficialismo, lejana al ala política que encabeza Karina Milei y que tiene a Martín y Eduardo “Lule” Menem como ejecutores principales.
La Corte desestimó ayer una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se dictara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del decreto, que derogó la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. “La Corte dice que la Asociación de Ex Combatientes no tiene legitimación para cuestionar el DNU como lo hace. Y que tampoco hay un caso judicial en curso, como una compra que haya generado un daño”, argumentaron fuentes judiciales con conocimiento del fallo.
Desde el oficialismo de la Cámara baja destacaron el posteo del exdiputado de la CC-ARI Juan Manuel López, que llamó a tener cuidado con el rechazo al DNU completo. López se alejó hace un tiempo de sus laderos de la CC, “Si eso ocurre [por el rechazo al DNU], el impacto sobre la vida cotidiana y la seguridad jurídica será inmediato: revivirían normas derogadas como la vieja ley de alquileres y quedarían en un limbo avances clave como la posibilidad de contar con internet satelital, entre tantas otras cosas. Es importante pensar alternativas que no alteren abruptamente tantas relaciones jurídicas ya consolidadas”, advirtió el exlegislador. Un argumento que el Gobierno ya utiliza en el diálogo con partidos y mandatarios afines, mientras el Presidente desembarca en París con el objetivo de captar inversores y escenificar el apoyo de 13 gobernadores aliados.
El Gobierno había intentado reformar la ley de tierras rurales el mes pasado en el Congreso, pero debió dar marcha atrás. Subido a la oalista y malvinera postmundial de fútbol, y sin consenso suficiente, el oficialismo debió modificar por presión de sus aliados el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que el Senado iba a debatir al día siguiente. Ahora, en una posición incómoda, Menem se dispone a utilizar esa norma como prenda de negociación con los diputados aliados, a cambio del respaldo al decreto 70/23, considerado vital para la Casa Rosada.
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POLITICA
Con diferencias entre LLA y la oposición, Diputados debate el proyecto que amplía las sanciones por explotación de recursos en Malvinas

En medio del viaje del Presidente Javier Milei a París, la Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas empezó a tratarse en las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y de Legislación Penal, conducidas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.
La estrategia del oficialismo es tener dos encuentros con invitados y, posteriormente, al finalizar la segunda reunión plenaria, programada para el 6 de octubre, firmar los dictámenes correspondientes, y llevarlos al recinto al otro día. La Libertad Avanza trabaja para convocar a una sesión especial para el 7 de octubre con una agenda que incluya el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
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“El tratamiento tendrá todo el tiempo que la importancia del tema lo requiera. Hay un consenso amplio en determinadas partes y en otras no tanto. La reunión informativa y la participación de los funcionarios del Poder Ejecutivo será de mucha utilidad para ir acercando posiciones”, señaló el salteño Carlos Zapata.
El titular de la estratégica comisión de Defensa confirmó la presencia de los funcionarios del Gobierno nacional a partir del mediodía en el debate y estará abierto a escuchar propuestas de la oposición sobre otros invitados, siempre que sean para hablar sobre el tema del proyecto que está en tratamiento.
Puntos centrales
La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.
El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.
El proyecto también establece efectos mucho más amplios que los contemplados en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina.
Además, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.
La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.
Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.
Contrapuntos con aliados
La iniciativa que aún no comenzó su tratamiento ya anticipa una fuerte discusión con sectores aliados como los desarrollistas del MID. El diputado Eduardo Falcone hizo referencia a algunos puntos del proyecto vinculados con cambios a las leyes de seguridad Interior o de Inteligencia y sus alcances a partir de los límites que marca la propia Constitución Nacional que “indica que los actos de guerra o las represalias militares pueden ser decididos solamente por el presidente, y con autorización del Congreso Nacional. El texto actual no contempla ninguna autorización del Congreso, ni para hundir un barco ni para derribar un avión hostil. Lo decidiría el presidente, quien puede delegar ese acto militar en el ministro de defensa, sin intervención del Congreso Nacional”.
El diputado oriundo de Chivilcoy tuvo un cruce por las redes sociales con el asesor presidencial Santiago Caputo sobre el rol que debe tener el Congreso nacional. Caputo le señaló al diputado que: “Creo que lo estás pensando solo limitado a la invasión de una aeronave o buque oficial de un Estado. En ese marco podría entenderse cierta competencia del Congreso debido a que la potestad de declarar la guerra (contra otro Estado) es del Congreso. Pero esto no es eso. Estamos hablando de “vectores” que en 99.99% son civiles. Salvo que estemos discutiendo la hipótesis de si es legítimo declarar la guerra a un agente no estatal en cuyo caso me encontrarás a favor y anti-en contra”.
El PJ por las banderas que flamearon en Malvinas
A 60 años del Operativo Cóndor, el diputado peronista Eduardo Valdés y el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks encabezaron este lunes en la Cámara de Diputados un acto homenaje a los 18 jóvenes argentinos que el 28 de septiembre de 1966 desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas hacia las Islas Malvinas e hicieron flamear allí la bandera argentina.
Valdés destacó la vigencia histórica y política de aquella acción y reivindicó la necesidad de mantener el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. “Frente a tanto malvinero trucho que aparecen en estos días, homenajear a estos 18 patriotas es un orgullo y renovamos el compromiso de ¡Patria sí, colonia no! Nosotros denostamos a Thatcher y a Pinochet, las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.
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Participaron del homenaje los excancilleres Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Felipe Solá, los ex secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus y Guillermo Carmona, y los exministros Kelly Olmos y Nicolás Trotta.
El Operativo Cóndor fue llevado adelante el 28 de septiembre de 1966 por 18 jóvenes encabezados por Dardo Cabo. El grupo desvió hacia las Islas Malvinas un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Río Gallegos y, una vez en las islas, desplegó siete banderas argentinas y rebautizó Puerto Stanley como Puerto Rivero. A seis décadas de aquella acción, el homenaje en el Congreso buscó recuperar la memoria de sus protagonistas y reafirmar la continuidad del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Malvinas Argentinas, debate, Javier Milei
POLITICA
Sorpresivo ataque de Malena Galmarini contra Martín Guzmán tras sus críticas a Milei: “¡Que vuelva a EE.UU. con su novia!“

La senadora provincial Malena Galmarini cuestionó duramente al exministro de Economía de la Nación Martín Guzmán luego de que criticara las declaraciones en las que el presidente Javier Milei, entre otras cosas, reivindicó el modelo económico de Arabia Saudita con respecto al petróleo.
“Es genial que un señor que se fue un fin de semana por Twitter (ahora X) ahora quiera explicar qué hay que hacer. Dos años después de gestión y no sabía que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) era del Estado. No sabía que él mismo enviaba el dinero para las obras. Dejen de venderse. Dejen de darle aire. ¡Que vuelva a EE.UU. con su novia!“, escribió la funcionaria en su cuenta de la red social.
Este miércoles por la mañana, Guzmán respondió a las acusaciones de la senadora de la Provincia de Buenos Aires. “Ay, Malena Galmarini, el país cada día más dañado por un Presidente al que algunos ayudaron a que ocupe la Casa Rosada y usted en esta. Es obvio que lo que dice de AySA es una mentira bastante patética”, consideró.
Y sumó: “Como es obvio que es más importante que nos dediquemos a frenar la barbarie de un Gobierno que está destruyendo el tejido productivo de una gran parte de nuestra sociedad. Prefiero ocuparme de eso y ayudar a construir un programa económico para el 2027″.
Guzmán —antecesor de Sergio Massa en el Ministerio de Economía durante la presidencia de Alberto Fernández— se había referido a los dichos de Milei durante una entrevista con LN+. “Si yo le hablo de Arabia Saudita, se piensa en petróleo, intensivo en capital. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en Arabia Saudita? Diez millones. ¿Y cuántos hay en el sector petrolero? 200 mil”, introdujo el mandatario y agregó: “Cuando se toma esa actividad, se generan los empleos de esa actividad y los de los que son los insumos. Pero hay una parte que se está omitiendo y que es la más importante de todas, que es los empleos que genera la riqueza”.
“Cuando usted tiene más plata en el bolsillo la va a gastar en otro lado, o la va a ahorrar y va a generar inversión en otro lado. Por eso es emblemático el caso de Arabia Saudita. Derrama, porque hay diez millones de puestos de trabajo, es un barril de petróleo gigante”, destacó Milei.
Al ser consultado al respecto durante una entrevista en Cenital, Guzmán consideró que el análisis del jefe de Estado “no tiene ningún sentido”. “No sabe de lo que está hablando, no estudió el caso. En Arabia Saudita, en el año 2018, el actual príncipe, quien gobierna el país, convocó a los grandes ricos en un hotel millonario. Esas reuniones en las que no podés decir que no… Quedaron detenidos hasta que entregaron la plata. Les sacó la riqueza y les dejó un poco; hizo una redistribución de riqueza brutal para invertir en obras públicas”, explicó Guzmán sobre la situación en el país de Medio Oriente.
“(Milei) habla de una cosa que no tiene idea en Arabia Saudita. La transformación económica que busca dar ahí con métodos que fueron esos, no tiene ningún sentido”, ratificó.
Este comentario fue el que despertó la bronca de Galmarini. Minutos más tarde, a la defensa del exfuncionario se sumó Guillermo Hang, secretario de Comercio Interior durante la gestión de Guzmán al frente de Economía. “Pareciera que Malena Galmarini no entendió la explicación y que su odio personal se impone”, escribió en respuesta al posteo de la esposa de Massa.
“Es mentira lo que dice de AySA, era imposible no saber que era del Estado Nacional porque en el primer mes de gestión ya nos estaba llamando al Ministerio de Economía (MECON) para pedir plata”, acusó. En ese momento, el organismo nacional era dirigido por Galmarini.
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